Se utilizaron gas lacrimógeno y pimienta para dispersar la manifestación frente al edificio donde funciona la Cámara de Diputados, cuya sesión debió ser suspendida a causa de la represión.

Los pueblos originarios de "Levante pela Terra" (Levántate por la Tierra) fueron nuevamente reprimidos este martes por la policía militar de Brasil, cerca del Congreso Nacional en Brasilia, cuando protestaban de forma pacífica en contra un proyecto de ley que amenaza con anular la demarcación de tierras indígenas y viabilizar la apertura de territorios protegidos para la minería.

La policía utilizó gas lacrimógeno y pimienta para dispersar la manifestación frente al edificio donde funciona la Cámara de Diputados, cuya sesión de votación, agendada para este martes, debió ser suspendida a causa de la represión.

A ancianos y niños que se encontraban en la protesta que fue reprimida por la Tropa de Choque de la policía militar, que argumentó que los manifestantes les dispararon flechas e indicaron que un agente resultó herido.

Después, Prensa de la Cámara de Diputados indicó que unos 500 manifestantes "intentaron invadir" un acceso al Congreso y que los heridos fueron dos miembros de la Policía Legislativa y un policía militar, todos con flechas, según la agencia AFP.

Hay informes de niños y ancianos que se sintieron enfermos al inhalar gases lacrimógenos, informó el Consejo Indígena Misionero (Cimi).

"Nuevamente fuimos atacados con irrespeto, como si fuéramos animales; una discriminación muy grande contra los pueblos indígenas", dijo Dário Vitório Kopenawa, del pueblo Yanomami, informó el medio local Brasil de Fato.

La del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva fue de las primeras voces que se alzó para repudiar la represión.

"La cobardía con la que la policía de Brasilia reprimió las manifestaciones de los pueblos indígenas es inaceptable. La sociedad brasileña debe rechazar la banalización de estas agresiones. Un país que no respeta a sus pueblos originarios no puede avanzar", advirtió el ex mandatario en su cuenta de la red Twitter.

Ante las imágenes publicadas por la Asociación de Pueblos Indígenas Brasileños (Apib) que muestran la brutal represión de la policía disparando a la multitud de manifestantes que intentan huir, también el Partido de los Trabajadores alertó a través de Twitter que hay que "frenar el avance del fascismo y el odio en Brasil".

"La policía ataca a los pueblos indígenas con bombas y gas frente a la Cámara. Brasil necesita purgar el fascismo que contamina nuestra sociedad. La movilización popular es fundamental para frenar el avance del fascismo y el odio en Brasil", agregó la publicación.

Por su parte, Joenia Wapichana, la primera diputada indígena de Brasil, consideró que se trató de un "día bastante preocupante en lo que respecta a las manifestaciones, pero también a la democracia".

En la agenda estaba tratar el proyecto de la ley PL 490, una de las prioridades del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA).

El texto prevé, entre otras medidas, la creación de un marco temporal para delimitar tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas.

Según el texto, aquellas son las que, a la fecha de promulgación de la Constitución del 5 de octubre de 1988, se encontraban habitadas por los pueblos originarios de forma permanente.

El texto agrega, entre las condiciones para reconocerlas como tierras ocupadas, si son utilizadas para actividades productivas; son esenciales para la preservación de los recursos ambientales necesarios para el bienestar; y si son necesarias para la reproducción física y cultural, según los usos, costumbres y tradiciones.

Los críticos argumentan que el texto va más allá de los límites de un reglamento y trata de cambiar los preceptos constitucionales a través del derecho común.

Las entidades vinculadas a los derechos indígenas también afirman que la Constitución funciona de manera retroactiva, lo que salvaguarda los derechos territoriales violados antes de 1988.

En cambio, los defensores del proyecto afirman que solo pretende dar "seguridad jurídica" a los agricultores. La represión de este martes es la segunda que sufre la movilización indígena.

El jueves pasado, representantes de más de 35 pueblos indígenas se manifestaron frente al edificio de la Fundación Nacional Indígena (Funai), en Brasilia, cuando fueron atacados por la Policía Militar.

En ese entonces, los militares también utilizaron bombas de gas lacrimógeno y gas pimienta y desplegaron el tropa de choque, mientras que los indígenas, en cambio, tiraron flechas y objetos.

Según el medio O Globo, también se registraron actos contra la propuesta en otros estados, como Acre y Alagoas.

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Se trata de ocho restos de integrantes ancestrales del pueblo Querandí, restituidos a través de un convenio con el Municipio de Tigre. Se trata del primer antecedente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Ocho restos humanos de miembros ancestrales del pueblo Querandí fueron restituidos el pasado 6 de marzo a la Comunidad Punta Querandí de Dique Luján en el Municipio de Tigre. El acto se desarrolló en la sede del Instituto Nacional de Antropología, en el barrio porteño de Belgrano. Se trata del primer antecedente de restitución de restos a las comunidades originarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Gobierno bonaerense, a través de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), en cumplimiento de una resolución de 2019 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), restituyó a la Comunidad Indígena Punta Querandí los restos humanos excavados durante la década del ’90 de los sitios arqueológicos Arroyo Garín, La Bellaca I y La Bellaca II, que se encuentran situados en las cercanías de su territorio comunitario.

Luego del acto se realizó una marcha que trasladó los tres cofres de madera con los restos humanos a un parque próximo ubicado en las Barrancas de Belgrano. Los representantes de la comunidad firmaron con el intendente de Tigre, Julio Zamora, un acuerdo de custodia temporal de los restos hasta sus entierros definitivos previstos para los próximos meses. Quedan por restituir 42 cuerpos encontrados en 1925 en el sitio arqueológico Arroyo Sarandí, además de otro centenar hallado en Escobar, Campana y otros distritos.

Este nuevo triunfo de Punta Querandí llega luego de haber conseguido meses atrás el reconocimiento de la propiedad comunitaria de su territorio, a través de un convenio con el Municipio de Tigre.

“Nuestra sangre y nuestra memoria viven»

La ceremonia oficial se realizó en la sede del INAPL, donde trabajan los arqueólogos que tenían los esqueletos en custodia. Los restos fueron recibidos por Reinaldo Roa y Santiago Chara, del Consejo de Ancianos, y Soledad Roa, del Consejo de Mujeres, entre otras y otros integrantes de Punta Querandí.

Soledad Roa agradeció “a la Nación, la Provincia y el Municipio, y a los hermanos de otras comunidades que nos acompañaron en esta lucha”. Además agregó la importancia del hecho ya que reconoce la preexistencia indígena en Buenos Aires al mismo tiempo que “reconoce que aún estamos acá, que nuestra sangre y nuestra memoria vive”.

Por su parte, Reinaldo Roa expresó: “Hay que luchar, hermanos, por la vida. Nosotros no estamos en contra de nadie, estamos a favor de la vida”. Mientras que a su turno, Santiago Chara manifestó: “Gracias a todos. Ahora nos vamos a sentir más enteros, porque nos faltaba una parte”.

En el acto oficial estuvieron funcionarios y funcionarias de distintos organismos estatales que intervinieron en el proceso: el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Facundo Moreno, el secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, Nehuen Sosa; el Director Provincial de Patrimonio Cultural, Pedro Delheye; la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda; el coordinador del programa de restituciones de dicho organismo, Fernando Pepe; la Subsecretaria de Derechos Humanos de Tigre, Natalia Reynoso; la Directora del Instituto Nacional de Antropología, Leonor Acuña; el Defensor del Pueblo de la Nación, Juan José Böckel; y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Roxana López, entre otras autoridades.

Punta Querandí: la primera recuperación de ancestros en el AMBA

Afuera del Instituto de Antropología aguardaron la salida de la comunidad y de los ancestros casi un centenar de personas entre miembros de comunidades y organizaciones indígenas, movimientos sociales, ambientales, académicos, instituciones locales de Dique Luján y dirigentes políticos. «Allí se generó un momento de reflexión y de fuertes denuncias contra lo que se calificó como ciencia racista; hubo ceremonias, abrazos, danzas, música y cantos reivindicativos. Se sentía la emoción por conquistar un derecho inédito en el conurbano: la primera recuperación de ancestros«, informó el sitio Punta Querandí.

“Fue un día muy fuerte, eran sentimientos encontrados, de alegría y por otro lado bronca porque (los ancestros) estuvieron presos en cajas de cartón”, manifestó la cacica Cintia López de la Comunidad Qompi de Garín y referente de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar, a la que pertenece Punta Querandí. Junto a ella estuvieron muchos miembros de su comunidad y el artesano qom Amancio Rojas de la localidad Ricardo Rojas, también representante de la Unión.

“Los ancestros vuelven a su territorio después de años de maltrato y encierro dentro del INPL”, definió Mayra Juárez, docente kolla-guaraní que milita en el medio de comunicación TeleSISA. “Fue muy emocionante esperarlos, verlos salir y recibirlos. Una jornada de lágrimas y nudos en la garganta”, señaló Mayra quien durante 2012 y 2013 participó activamente de Punta Querandí.

Delia Claros tomó la palabra representando a la Comunidad Pluriétnica Tres Ombúes de La Matanza, que protege un espacio arqueológico conocido como “sitio Ezeiza”, resistencia iniciada hace más de diez años. De esta comunidad estuvieron Valentín Callamullo, Paula Alvarado Mamani, Jakeline Mariaka, Guillermo Mamani, Amaru Barrios, entre otros. “Es una pequeña porción de reparación, queda muchísimo por hacer. Es un gran paso volver a traer a nuestros hermanos”, señaló Delia y remarcó que Buenos Aires es territorio ancestral querandí, chaná y guaraní, entre otras nacionalidades.

“Hoy estamos recibiendo a los ancestros físicamente, aunque espiritualmente ya están con nosotros. Fueron ellos los que han movido esta fuerza necesaria para lograr esta restitución”, resaltó Miriam Liempe del Pueblo Mapuche, Secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de CTA Autónoma y referente del Parlamento Plurinacional de Argentina. Y advirtió: “Todavía se hacen ciudades arriba de cementerios. Necesitamos organizarnos y abrir conciencia”.

Por su parte, la comunicadora quechua Zulema Enriquez, docente y militante del Encuentro Plurinacional de Argentina, expresó: “Se cierra un ciclo de lucha, de organización y concientización dando cuenta de que Buenos Aires es indígena, pluricultural y plurinacional”.

Otra mirada la aportó Laura Zalazar del Pueblo Kolla y de la Red de Memoria India en Buenos Aires. “Punta Querandí fue un lugar de resignificación de mi identidad”, señaló. En ese sentido, subrayó que la lucha fortaleció a los indígenas en la urbanidad. Y destacó el rol que tuvieron los medios de comunicación indígenas, alternativos y comunitarios.

«Es importante la reparación histórica«
La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, calificó el acto como “un gran momento porque es un proceso de mucha lucha de la comunidad de Punta Querandí en Tigre, es la mayor restitución que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires y está en el marco que ha dado el presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso: la reparación histórica”.

“Este paso que se ha dado aquí va a ser visto y va a ser imitado ojalá por muchas comunidades. Los restos humanos que se encuentran en museos o en colecciones privadas y públicas, tienen que descansar en paz en sus territorios”, señaló en declaraciones al Periódico Renacer.

Esta restitución es “histórica” y “combativa”, subrayó por su parte Fernando Pepe, coordinador del Programa de Restitución de Restos Humanos del INAI, ya que “la comunidad resistió contra todo y todos desde 2004″. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, su responsable Matías Moreno destacó que se vivieron “muchas matanzas y genocidios” y “por eso es importante en la reparación histórica un Estado presente”. En ese sentido, subrayó que “es muy importante que en términos ejecutivos se haya trabajado con el municipio, la provincia y la nación” y mencionó la voluntad de seguir dando respuestas a las demandas de los Pueblos Originarios.

Por su parte, el jefe comunal Julio Zamora expresó a los medios que “es un acto reparador y un hito muy importante” que se suma a otro triunfo que es el proceso de reconocimiento de la propiedad comunitaria, para que en Punta Querandí “se desarrollen políticas destinadas a visibilizar las problemáticas que viven los pueblos originarios, para que puedan inculcar los idiomas para que no se pierdan y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con mantener de pie y viva la historia de aquellos que vivieron antes de los españoles aquí”.

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Estudio demuestra el aporte que los pueblos indígenas hacen a la conservación de la naturaleza.

Junio 2021

El 91 por ciento de las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales se encuentra en buenas o moderadas condiciones ecológicas, revela un estudio elaborado por 30 expertos en conservación en colaboración con líderes indígenas y organizaciones de derechos humanos.

El estado de las tierras y territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales es el primer análisis espacial integral que muestra la extensión de las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales a nivel mundial, su estado ecológico actual, el valor de su biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y las presiones que continúan enfrentando estos territorios las personas y comunidades que dependen de ellos.

Los autores concluyen en que este estudio proporciona pruebas inequívocas y convincentes de que los objetivos mundiales de diversidad biológica serán inalcanzables sin la plena inclusión de las comunidades indígenas y locales.

Recalcan la importancia de reconocer y respetar los derechos, los enfoques de gobernanza y los esfuerzos de conservación de los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de sus tierras.

Destacan como ejemplo a la Amazonia, hogar de más de 3 millones de indígenas, pertenecientes a 500 pueblos y diferentes nacionalidades. El conocimiento tradicional y ancestral de los pueblos indígenas amazónicos, plantea soluciones para aprovechar los recursos naturales de manera sostenible y frenar la degradación ambiental.

Explican que las Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB) son sitios críticos para la persistencia de la biodiversidad, que a su vez sustenta nuestro planeta, sus ecosistemas y todos los que dependen de ellos, incluida la vida humana.

A su vez, la conectividad de los ecosistemas tiene relación directa con la conectividad de los pueblos indígenas, por lo que el deterioro y fraccionamiento de los ecosistemas resulta en la pérdida de cohesión territorial indígena.

Durante generaciones, estas tierras han sido protegidas y conservadas por las comunidades que viven dentro y junto a ellas, destacando el papel crucial que los pueblos indígenas y las comunidades locales han desempeñado durante mucho tiempo en la conservación de la naturaleza a nivel mundial.

“Nuestra relación con la naturaleza es una relación de más de 10,000 años. A lo largo de estos años hemos podido, con nuestra cultura, con nuestra cosmovisión, con nuestra forma de respetar la naturaleza, lograr preservar ese 91por ciento que señala el informe”, dijo José Gregorio Díaz Mirabal, Coordinador General de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

A pesar de que la tradición oral característica de los pueblos indígenas ha dificultado la documentación de su conocimiento tradicional y ancestral, existen evidencias de su amplio conocimiento sobre el manejo sostenible de los recursos naturales, que se traduce en el estado de conservación de sus territorios.

El informe recalca la necesidad de incorporar y conectar el conocimiento tradicional en la búsqueda de soluciones ambientales a todo nivel. “Nuestra cultura es oral. Nosotros no expresamos nuestro conocimiento en una teoría científica, pero lo expresamos en la práctica, es ahí donde está la diferencia. El conocimiento tradicional no contradice la ciencia occidental, esta debe unirse con el conocimiento indígena. Es hora de que juntemos esos conocimientos y le demos valor a nuestros sabios indígenas”, señaló Díaz Mirabal.

A medida que los países miran hacia adelante para negociar un nuevo marco global de biodiversidad a finales de este año, este informe subraya la importancia de garantizar que los pueblos indígenas y las comunidades locales sean reconocidos y apoyados para sostener, defender y restaurar sus tierras y territorios como parte de los esfuerzos de conservación.

El informe destaca que más de una cuarta parte de las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales podrían enfrentar grandes presiones de desarrollo en el futuro.

Un enfoque de conservación basado en los derechos ayudará a garantizar que los pueblos indígenas y las comunidades locales logren el pleno reconocimiento de sus derechos sobre la tierra y los recursos, el respeto por su liderazgo y gobernanza, así como su consentimiento libre, previo e informado en la creación de áreas protegidas y conservadas.

El informe concluye que cualquier esfuerzo de conservación global, incluidos los llamados para proteger y conservar al menos el 30 % de la tierra, el agua dulce y los océanos del mundo para 2030, depende de una fuerte participación y liderazgo de los pueblos indígenas y las comunidades locales y será inalcanzable sin ellos.

“La mayoría de los territorios de los pueblos indígenas tienen grandes amenazas, que en esta pandemia se han agudizado. Una de ellas es la falta de reconocimiento de la titularidad de las tierras de los pueblos indígenas. Esa es una amenaza histórica, no reciente. La mayoría de los territorios indígenas en la cuenca amazónica todavía no están titulados, sobre todo los que están mejor conservados,” agregó Díaz Mirabal.

“Gran parte de los territorios indígenas ya están concesionados a petroleras, mineras, sin respetar que ahí estamos los pueblos indígenas. Es por eso que la falta de titulación es una debilidad”, concluyó.

“Si bien es alentador ver que se está generando un impulso para abordar esta crisis natural sin precedentes del planeta, es fundamental que ya no se pase por alto el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la conservación de la naturaleza. Mientras intentamos reparar nuestra relación quebrantada con la naturaleza, debemos aprender de los custodios históricos de la naturaleza y apoyar plenamente sus esfuerzos para proteger, defender y restaurar sus tierras y aguas. Para crear un futuro sostenible, resiliente y positivo para la naturaleza y para todos, debemos actuar hoy y reconocer y aprovechar las contribuciones de conservación de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, dijo Delfin Jr. Ganapin, líder de la práctica de Gobernanza Global para WWF.

El caso colombiano

Nuestro país, además de ser una de las naciones más biodiversas del mundo, cuenta con una gran diversidad cultural, representada en 87 pueblos indígenas que hablan 65 lenguas diferentes. Allí la Amazonia es fundamental, pues en ella habitan nada menos
que 62 pueblos indígenas (el 71 % del total), que hablan cerca de 42 lenguas diferentes (64 % del total).

Estos pueblos, además, son propietarios del 54% de los 48,3 millones de hectáreas que comprende esta región del país, distribuidas en cerca de 212 resguardos indígenas. Allí se encuentra el 62 % de los bosques aún existentes en la región.

Aunque la importancia de los territorios indígenas de la Amazonia ha sido parcialmente reconocida por el gobierno nacional a través acuerdos referentes a aspectos como la reducción de la deforestación, la restauración de ecosistemas transformados y en transformación, y la protección de sistemas de conocimiento tradicional asociados a la biodiversidad, aún queda mucho camino por recorrer en el reconocimiento efectivo de su papel.

Por eso, hablar de la conservación de la Amazonia colombiana es hablar de los pueblos indígenas que habitan dichos territorios, de sus esfuerzos por combatir los modelos económicos que buscan en el extractivismo el soporte de la economía, así como a los diversos actores involucrados que en medio del abandono estatal buscan su enriquecimiento con actividades ilegales. Cualquier esfuerzo de conservación desarrollado en esta región es inocuo si no los tiene en cuenta.

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Poner la lupa en la equidad es clave para América Latina y el Caribe, una región donde la pandemia también ha concentrado los efectos adversos en los más marginados, exacerbando aún más las disparidades ya existentes. Las mujeres en el sector informal se vieron desproporcionalmente afectadas por la pérdida de empleo. Las tasas más altas de morbilidad y mortalidad por covid-19 que enfrentan las poblaciones afrodescendientes, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas en la región reflejan condiciones estructurales de pobreza.

En Colombia, las tasas de letalidad por caso son más altas para afrocolombianos e indígenas colombianos (3,24% y 3,19%, respectivamente) en comparación con la tasa general de letalidad por caso de 2,54%. En Brasil, la tasa de mortalidad de pacientes hospitalizados con covid-19 es más alta para afrobrasileños que para la población blanca (33,7% vs. 30,3%).

En Colombia, las tasas de letalidad son más altas para afrocolombianos e indígenas (3,24% y 3,19%) que la general, de 2,54%
A medida que se implementan los planes de vacunación es fundamental asegurar que condiciones como la raza o la discapacidad no sean un obstáculo para la inmunización. Considerando el incendio que es la desigualdad en la región, es importante mostrar el progreso en tiempo real, demostrando la cobertura por raza, etnicidad, residencia geográfica, edad, género y nivel de educación. El monitoreo en tiempo real no solo sirve para demostrar el alcance de los esfuerzos por desplegar las vacunas y sofocar rumores que pueden afectar la aceptación general de la vacuna, sino que también, proporciona información necesaria para diseñar acciones correctivas al identificarse brechas.

Ante esta situación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) decidió estudiar qué conlleva un énfasis en equidad. El contenido de las campañas de comunicación debe adaptarse culturalmente y ser trasladado por los líderes de cada comunidad. El Ministerio de Salud de Australia ha creado comités representando a pueblos indígenas, comunidades multiculturales y personas con discapacidad que están apoyando en la creación de materiales adaptados. Y estos, además, se están transmitiendo por radio, televisión, e Internet en 15 lenguas indígenas.

Para reducir las barreras de acceso, se deben desarrollar mecanismos para solicitar traductores de lenguas indígenas y protocolos de accesibilidad para proporcionar ajustes razonables a personas con discapacidad en los sitios de vacunación. Siguiendo esta misma lógica, es clave que la vacuna sea distribuida de forma consensual. Un proceso de consulta con comunidades indígenas es fundamental.

En Alaska, la estrategia de vacunación consistió en asociarse con autoridades locales, con los servicios de salud indígenas y se implementaron campañas móviles. El estado tiene una de las tasas de inmunización más altas de Estados Unidos
En Alaska, la estrategia de vacunación consistió en asociarse con autoridades locales, con los servicios de salud indígenas y se implementaron campañas móviles. El estado tiene una de las tasas de inmunización más altas de Estados Unidos. Brasil priorizó repartir las vacunas en territorios indígenas y ha inmunizado al 58,7% de sus adultos a través de campañas móviles. Este tipo de estrategia sirve para llegar a comunidades con poco acceso a servicios de salud, y beneficiar a personas que no pueden viajar a lugares donde se administren vacunas por barreras de distancia, costo, inaccesibilidad del sistema de transporte o riesgo de violencia contra mujeres o personas LGBTQ+.

Los planes de vacunación deben ser transparentes, pero no inmutables. Incluso los que están mejor diseñados deben actualizarse después de monitorear resultados provisionales. En el Reino Unido, se encontró que la probabilidad de estar vacunado era dos veces más grande para personas blancas que para personas afrodescendientes. En Estados Unidos, la tasa de vacunación es dos veces más alta para personas blancas (19%) que para latinos (9%) y casi dos veces más alta que para personas afrodescendientes (11%), según datos de 44 de los 52 estados.

Los resultados en el Reino Unido y Estados Unidos han impulsado esfuerzos adicionales para llevar las vacunas a poblaciones vulnerables, incluyendo la creación de grupos de trabajo enfocados en la equidad dentro de la distribución de vacunas. En muchos estados de Estados Unidos se están utilizando “mapas calientes” para mostrar los códigos postales donde las tasas de inmunización son bajas y las tasas de infección están aumentando; posteriormente, se implementan nuevos sitios de vacunación en comunidades vulnerables. Siguiendo los criterios de elegibilidad, las personas que viven en estas comunidades tienen prioridad para las citas.

Lo mismo es necesario para América Latina y el Caribe. Lo último que se quiere es replicar la desigualdad que se evidencia a través de la sociedad en los planes de vacunación. Si bien, continuaremos escandalizados por historias de personas que se aprovechan del sistema y las consecuencias pueden ser apropiadas, debemos abordar la equidad de manera sistémica con un ojo pegado a los datos, para asegurar que poblaciones vulnerables no se queden atrás.

Suzanne Duryea es economista principal de la División de Género y Diversidad del BID y María Antonella Pereira es consultora de la División de Género y Diversidad del BID.

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Los movimientos campesinos y los pueblos indígenas están teniendo un rol protagónico en el Paro Nacional en Colombia, que lleva 7 días consecutivos en las calles, con una violenta respuesta estatal. Defensa a la producción nacional, no discriminación y freno de las fumigaciones con glifosato son parte de los reclamos.
mayo, 2021

Con las consignas “¡Que caiga el mal gobierno!” y “El campo se respeta”, las organizaciones campesinas y movimientos indígenas de Colombia participan activamente del paro nacional que lleva 7 días consecutivos de protestas en todo el país. El gobierno de Iván Duque respondió a las masivas protestas pacíficas, cortes de ruta y cacerolazos con una incesante represión policial que ya dejó 37 muertos, 222 heridos y 831 detenciones arbitrarias, según el reporte de la ONG Temblores. “Al mal gobierno le decimos que la lucha es por la vida, que no nos callarán y que vamos a fortalecer las movilizaciones”, sentenciaron desde el Coordinador Nacional Agrario (CNA). La semana próxima Duque recibirá al Comité Nacional del Paro, que llevará su pliego de reclamos, entre ellos, los del campesinado.

La chispa que encendió las movilizaciones en todo el país fue el intento de reforma tributaria anunciado por Duque, que contemplaba un incremento del IVA en los alimentos de la canasta básica, y tuvo que ser retirado por el gobierno colombiano ante la contundente respuesta popular. “El paro y la movilización social lograron derrotar la reforma tributaria”, celebró la organización Dignidad Agropecuaria Colombiana en su último comunicado y adelantó: “En el agro la lucha continúa”.

El Movimiento de Autoridades Indígenas Occidente (AISO) también anticipó este jueves la continuidad de las protestas y anunció que 1.000 luchadoras y luchadores del pueblo Misak y Nasas están en marcha a la ciudad de Cali “en el marco del paro nacional que hemos convocado desde el pueblo Colombiano para parar la economía del país. Seguimos en movilización permanente y avanzamos hacia una huelga general nacional”. La CNA también llamó el martes a las 60 organizaciones campesinas que la conforman para “fortalecer los escenarios de movilización” en todo el país.

En el marco de un conflicto que permanece abierto, a pesar de la obligada convocatoria del gobierno de Duque al diálogo, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina condenó las “políticas totalmente contrarias que desfavorecen al común de los trabajadores del país y con ella a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes” y la respuesta “desproporcionada” de control militar del movimiento y la protesta social y exigió que “haya los controles políticos necesarios ante los abusos y desmanes del gobierno y su fuerza púbica”.

Según el relevamiento de la ONG Temblores, que a través de su programa de denuncia de violencia institucional viene cruzando la información sobre la represión del gobierno colombiano a las protestas, desde el 28 de abril hasta ayer se había registrado los siguientes abusos:

222 víctimas de violencia física
37 víctimas de violencia homicida
831 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes
312 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas
22 víctimas de agresiones oculares
110 casos de disparos de armas de fuego
10 víctimas de violencia sexual

De la Rebelión de las Ruanas al Paro Nacional, los reclamos campesinos

El pliego exigido por el Comité Nacional del Paro va más allá de la derrumbada ley de reforma tributaria y reúne reclamos vinculados con la actual crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, la asistencia social y exigencias pendientes desde la denominada Rebelión de las Ruanas, la protesta protagonizada por los campesinos en 2013, que muchos analistas marcan como la semilla de las revueltas callejeras en Colombia contra el modelo neoliberal.

Entre los 7 puntos consolidados en el pliego del Comité Nacional del Paro hay tres que involucran de manera particular a campesinos e indígenas:

Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.
No discriminación de género, diversidad sexual y étnica.
Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.
El comunicado del CNA —titulado “La semilla de la dignidad germina abonada con la lucha popular”— advierte que «desde el campo colombiano seguimos en pie de lucha y cerramos filas en torno al clamor del pueblo colombiano: que caiga el mal gobierno como exigencia central de la lucha» y responsabiliza a las políticas de derecha en general y al partido Centro Democráctico de Iván Duque, en particular, por “la misería, el hambre, la pobreza, la represión, los crímenes de Estado y el desempleo en el país”.

En ese tono, la CNA reiteró las reivindicaciones del campesinado colombiano que amplían lo sostenido en el pliego del Comité del Paro en cuanto reclaman una reforma agraria integral, “como avance para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria”; la desarticulación del paramilitarismo como política de Estado y desmilitarización de los territorios y la “renegociación de los tratados de libre comercio que afectan al campesinado y el pueblo colombiano”.

Desde la organización Dignidad Agropecuaria Colombiana coincidieron en el reclamo urgente de la renegociación de los tratados de libre comercio y levantaron otras de las banderas que llevan los campesinos en las movilizaciones callejeras: «No más importaciones de alimentos que podemos producir». Además, recordaron otras cuentas pendientes como “los elevados costos de fertilizantes y demás insumos, los bajos precios para los productos del agro nacional, la solución definitiva a las deuda bancarias y con el agrocomercio” y la grave situación de los arroceros colombianos.

“Hemos estado firmes en la lucha de toda una nación. Hemos tenido que vivir 20 años con el mismo gobierno, pero no nos cansamos, no se cansó este pueblo colombiano. Esta generación no espera nada de este presidente, en todos estos años nos dieron mentiras, represión, corrupción , represión y 6.402 crimines en manos de los paramilitares. Espero la renuncia del gobierno de Iván Duque”, sintetizó una joven referente del Pueblo Misak. Las protestas en Colombia siguen y la solución al conflicto parece marcarlo el pulso de las calles.

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