Agosto de 2021

El Tribunal Electoral de Salta denegó una presentación que solicitaba incluir idiomas de los pueblos originarios en las pantallas del sistema de votación electrónica. El motivo de la decisión fue que estas ya habían sido aprobadas por lo que no podían ser modificadas para las elecciones legislativas provinciales del 15 de agosto.

El organismo respondió al pedido realizado por un partido político salteño, que solicitaba garantizar el acceso al voto en el idioma de los pueblos originarios.

En particular, la presentación reclamaba que “se permita al votante elegir su lengua en las pantallas y botones del sistema de voto electrónico y en los audios disponibles” y que “se emitan manuales y material de ayuda en dichas lenguas originarias”.

“Sabíamos que en el tiempo que quedaba era materialmente imposible solucionar este problema, pero queríamos que al menos se comprometieran para el futuro”, expresó, luego de recibir la respuesta del tribunal.

Fuentes judiciales informaron que la audiencia para fijar las pantallas del sistema de votación electrónica de Salta ya se había realizado, y en el momento no se realizó este planteo, por lo que el Tribunal respondió que ya no se podían formular las modificaciones solicitadas.

El “tema del lenguaje” en el idioma de los grupos originarios hubiera sido importante porque “no existen medios de comunicación disponibles”.

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Cientos de miembros de pueblos nativos han acampado en Brasilia para presenciar un juicio histórico en el Supremo que definirá la demarcación de sus territorios

Hay 1000 indígenas frente a las puertas del edificio del Tribunal Supremo Federal (STF) en Brasilia. Es miércoles 31 de agosto, y el grupo ve en una gran pantalla el juicio que puede determinar el futuro de todos los pueblos nativos de Brasil. Muchos están sentados, otros bailan con pinturas en la cara y en el cuerpo y con adornos de colores. Los magistrados de la Corte acaban de reanudar el juicio sobre el proceso del “hito temporal”, que definirá la demarcación de las tierras indígenas y el porvenir de los indios, y que continúa esta semana en la capital brasileña. El hito propone que solo se reconozcan los pueblos que estaban en sus tierras en 1988, el año en que se promulgó la Constitución después del régimen militar (1964-1985).

El Congreso brasileño decide extinguir la Amazonia

Los guardianes de la Amazonia quieren su parte de la pasión por el açai, la baya ‘milagrosa’
Ni un centímetro más para los indígenas o la biodiversidad en el Brasil de Bolsonaro

Hoy los indígenas son dueños de un 12,2% de las tierras de Brasil, según la Fundación Nacional del Indio (Funai). Sin embargo, varios pueblos pelean en la justicia por las tierras de sus ancestrales de donde fueron expulsados por dueños de haciendas, madereros y exploradores de piedras preciosas. Varios procesos de expulsión ocurrieron durante la dictadura, que dejó a los pueblos originarios vulnerables, mientras se priorizó el desarrollo económico en la selva. Durante la democracia se restauraron algunos de sus poderes y se demarcó parte de sus tierras.

Casi 40 años después, se ven amenazados de nuevo bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro, que no demarcó ninguna tierra más. En pleno cambio climático, la decisión de la Corte ya no se trata de defender al casi 1 millón de indios que viven en Brasil. Los pueblos nativos son agentes naturales de preservación del medio ambiente en el país que ha visto la deforestación avanzar violentamente con Bolsonaro.

A cuatro quilómetros del edificio de la Corte, cientos de indígenas de distintas etnias provenientes de todas las regiones del país armaron carpas donde protestan desde hace más de una semana para reivindicar el derecho a las tierras. “Somos vistos como extranjeros en nuestro propio país”, resume Valdelice Veron, una guaraní-kaiowá de Mato Grosso do Sul. Veron es alta, tiene ojos pequeños y una mirada triste. Aún así, muestra una gran disposición para resistir. “Hoy, a diferencia de cuando se promulgó la Constitución, hablamos portugués, no tenemos miedo. No saldremos de nuestros bosques y tampoco dejaremos salir a quienes entren”.

El grupo cuenta con el apoyo de varios políticos que visitaron el campamento durante la semana. Guilherme Boulos (Partido Socialismo y Libertad), candidato en las últimas elecciones municipales, hizo acto de presencia este miércoles. Luís Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) no acudió, pero envió un breve audio, que reprodujo la presidenta de su partido, Gleisi Hoffmann, en el que enaltecía la lucha indígena.

Tienen en contra, sin embargo, a la poderosa agroindustria interesada en avanzar con plantaciones de soja, creación de ganado y abrir espacio para carreteras. Son ellos quienes le dan soporte al presidente Bolsonaro en su cruzada por reducir el espacio de los indígenas. También la Cámara de los Diputados refuerza la lucha en contra los indígenas a través de un proyecto de ley, que impone la tesis del hito temporal en la legislación, que establece, entre otras cosas, la apertura de los territorios para la explotación de proyectos y permite el contacto con indígenas aislados.
Hoy existen 680 procesos de demarcación de tierras indígenas, de los cuales 443 son de territorios homologados, con sus límites definidos, y reconocidos oficialmente. Los demás son reivindicados por pueblos nativos cuyas delimitaciones están en trámite, bajo una compleja evaluación, que incluye la pesquisa antropológica de sus tierras ancestrales.

El juicio puede durar días o semanas. Durante toda la tarde del miércoles, la pantalla improvisada que veían los indígenas mostraba a abogados y activistas involucrados en el proceso haciendo sus defensas en este debate histórico. El hito temporal que desean los terratenientes puede excluir muchos de los procesos de demarcación que se arrastran hace años en la justicia y ponen en riesgo las tierras ya oficializadas como indígenas. “Los indígenas sin territorio no son indígenas”, dice Jaciene Brito, de la etnia tupinambá, en el estado de Bahía.

Lucas de Matos, de la etnia Bororó, recordaba a sus antepasados para fortalecer sus anhelos. “Si no tenemos buenas noticias, vamos a cantar, a llamar a nuestros ancestros. Somos indígenas, no desistimos fácilmente”. Acampados durante más de diez días, muchos se despidieron de Brasilia este miércoles. Aun así, el campamento no se desmontará. Este fin de semana comenzaron a llegar mujeres indígenas para la marcha de las mujeres, que tendrá lugar entre el 7 y el 11 de septiembre. El acto genera la incertidumbre sobre posibles enfrentamientos, ya que empieza justo el día en que se espera que partidarios de Bolsonaro salgan a las calles para defender al presidente.

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Se requieren medidas urgentes para enfrentar las consecuencias de la pandemia entre los pueblos indígenas, afectados en forma desproporcionada por la pobreza y la informalidad. Un análisis de OIT destaca que es necesario afrontar la emergencia sanitaria y también “una marginación centenaria”.

Lima – Las vulnerabilidades arrastradas desde antes de la crisis actual se traducen en consecuencias particularmente graves de la COVID-19 para 55 millones de mujeres y hombres indígenas que viven en América Latina y el Caribe, de acuerdo con un análisis de OIT difundido hoy que hace un llamado tanto a enfrentar la emergencia sanitaria como a reducir “una marginación centenaria”

“Un conjunto de distintas vulnerabilidades socioeconómicas, sanitarias y ambientales en el contexto de la COVID-19 exponen a los pueblos indígenas y tribales a los efectos particularmente graves de la crisis actual”, destacó el documento de OIT, que lanzó una alerta ante los efectos de la pandemia sobre 476 millones de personas indígenas en el mundo de las cuales 11,5% viven en esta región.

El Director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, destacó que “la cara más nefasta de esta pandemia es la de la desigualdad, porque la enfermedad y sus consecuencias sociales y económicas afectan más a los que menos tienen, como son los pueblos indígenas y tribales quienes a menudo carecen de protección social y suelen tener acceso limitado a cualquier tipo de atención en salud.

“Además de vivir en condiciones de precariedad, en la región una vasta mayoría de mujeres y hombres indígenas trabajan en condiciones de informalidad en los sectores más afectados por la crisis, lo cual se traduce en la pérdida de los medios de vida”, agregó Pinheiro.

En América Latina y el Caribe la tasa de informalidad entre trabajadores indígenas es de 82%, casi 30 puntos porcentuales del 54% para la población en general, de acuerdo con un informe publicado a comienzos de este año en ocasión del 30 aniversario del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, 1989 (núm. 169) .

El mismo informe destaca que los pueblos indígenas y tribales constituyen 8,5% de la población, pero son 30% de las personas en pobreza extrema. El 31,7% de la población ocupada indígena en la región no ha tenido ninguna formación, frente a 12,8% de los no indígenas, y menos de 30% han tenido educación intermedia y avanzada, frente a más de 48% de los no indígenas.

La OIT destaca que la situación social y económica producida por la COVID-19 ha generado situaciones como la “migración inversa” de personas que retornan a sus comunidades ante la falta de medios de subsistencia, lo que sumado a otros movimientos de personas que circulan en medios rurales aumentan los riesgos de contagio. Es importante además hacer esfuerzos para garantizar la protección de los indígenas que viven en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial.

El documento dice que “varios países han adoptado medidas específicas para evitar que la COVID-19 se propague hacia las comunidades indígenas y dentro de ellas”, pero de acuerdo con la OIT será necesario redoblar esfuerzos debido a la velocidad del contagio y a la severidad de sus efectos económicos.

En cuanto al impacto sobre el empleo, el análisis recuerda que en todo el mundo decenas de millones de mujeres y hombres indígenas también han estado trabajando en sectores particularmente afectados por la crisis causada por la COVID-19, desde los servicios, incluido el trabajo doméstico, la hostelería y el turismo, hasta el comercio, el transporte, la manufactura y la construcción.

A medida que las pérdidas de ingresos afectan a los trabajadores en general, sus consecuencias son especialmente graves para las mujeres y los hombres indígenas, dado que tienen más probabilidades de estar ocupados en condiciones de informalidad.

La OIT advierte sobre “efectos en cascada de los colapsos económicos, con signos alarmantes de pérdida de ingresos, inseguridad alimentaria y efectos agravados en las mujeres indígenas”.

“Con la reducción de la demanda y de la posibilidad de ofrecer su mano de obra, sus bienes y sus servicios debido a los cierres, las perturbaciones de la cadena de suministro y la crisis económica imperante en general, la capacidad de los pueblos indígenas para adquirir productos básicos, incluidos los alimentos, está disminuyendo y el espectro de la hambruna se cierne sobre muchos hombres y mujeres indígenas”.

Las recomendaciones de medidas que hace la OIT apuntan en primer lugar a las necesidades urgentes de protección ante la pandemia, incluidas las de prevención, información en lenguas nativas, o atención sanitaria de emergencia, así como otras de apoyo y protección sostenidos para los trabajadores, los empresarios y las comunidades indígenas para hacer frente a la crisis que afectará a los mercados laborales en el futuro próximo.

Además, destaca la importancia de fortalecer la institucionalidad que se ocupa de los pueblos indígenas que presentan deficiencias en todo el mundo. “La crisis causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto estas deficiencias, ya que los gobiernos a menudo no pueden responder adecuadamente a las necesidades de protección de las comunidades indígenas, con su participación plena y efectiva”, agrega el documento.

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En junio del 2021, los pobladores indígenas de Caquetá vieron cinco embarcaciones ilegales cerca de las comunidades de Berlín y La Tagua. Imágenes satelitales de una organización que prefiere no ser revelada para proteger a su personal en campo llegaron a mostrar hasta 19 embarcaciones en el mismo mes en el río Puré, uno de sus afluentes.

Según Víctor Moreno, coordinador del proyecto Paisajes Amazónicos Sostenibles de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), poner en operación una balsa minera puede costar hasta 150 millones de pesos (cerca de 39.000 dólares), y el pago para quienes trabajan en las embarcaciones, alrededor de seis u ocho personas, no supera los 3 millones de pesos quincenales (787 dólares) con jornadas de trabajo de hasta 20 horas diarias.

Los militares en sus actividades de control y algunos habitantes locales, según cuenta Moreno, manifiestan que los verdaderos dueños, a los que se les llama “gasteros”, están en ciudades como Cali, Medellín o Bogotá —bien lejos de los daños ambientales—.

Amenazas

Intangible. Así se nombra a gran parte del territorio de casi un millón de hectáreas del Parque Nacional Natural (PNN) Río Puré, ubicado entre el río Caquetá y el río Putumayo, en el extremo sur de la Amazonia colombiana. Es la tierra de los indígenas no contactados, los yurí-passé, que se creían extintos hasta que en 2012 el investigador Roberto Franco comprobó que hace más o menos 120 años ellos eligieron internarse en la selva para aislarse del mundo occidental. Hoy, la minería ilegal a lo largo del río Caquetá y sus afluentes, como el río Puré, se convirtió en un nuevo riesgo para su existencia.

Daniel Aristizábal, coordinador del proceso de Pueblos en Aislamiento Planicie Amazónica de la organización Amazon Conservation Team, destaca varios riesgos. El primero: que se viole su deseo de no ser contactados. Para evitar controles militares, indica, quienes ejercen la minería ilegal se adentran en las selvas buscando rutas sin presencia estatal.

El PNN Río Puré, donde habitan los aislados, es una de esas rutas y la posibilidad de que los indígenas reconozcan que hay extraños pisando su territorio no es poca. Para Aristizábal, esto lleva al segundo riesgo: que el miedo al contacto los esté arrinconando y haciendo cada vez más pequeño el espacio por el que transitan.

El tercer peligro es que los mineros ilegales de las balsas también cazan y pescan, lo que se traduce en una reducción de recursos para que los yurí-passé mantengan sus formas de vida.

El cuarto riesgo, y uno de los más grandes, según dice Aristizábal, es que los aislados contraigan nuevas enfermedades. Por ejemplo, si algún minero está infectado de malaria y es picado por un mosquito, este luego puede llevar la infección a los no contactados y causar una epidemia.

A todo este escenario de preocupación se suma, por supuesto, la contaminación por mercurio que deja la minería ilegal. Aristizábal cree que las enfermedades que se ven en los resguardos indígenas de la cuenca media del río Caquetá —como malformaciones en fetos y afectaciones neurológicas— también se estarían dando en territorio de los aislados ya que los efectos se pueden extrapolar e incluso asumir como mayores, pues el río Puré es mucho más angosto y tiene muchas más balsas ilegales buscando oro.

Si el mercurio está causando un exterminio en la población, señala el experto de Amazon Conservation Team, se trataría de un fenómeno muy silencioso y sin testigos.

Deterioro en la salud

Desde 1986, el río y sus pueblos han recibido constantemente lo que la minería desecha: mercurio. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición y consumo de este metal pueden ser tóxicos, provocar graves trastornos neurológicos y causar alteraciones en fetos y niños en sus primeros años de vida. Es más, en poblaciones indígenas que practican la pesca de subsistencia en países como Colombia y Brasil, la OMS ha observado que entre 1,5 y 1,7 de cada 1.000 niños presentan un leve retraso mental causado por el consumo de pescado contaminado.

El mercurio que se usa para separar el oro y la tierra del río llega a las aguas y, allí, las bacterias del ecosistema lo transforman en metalmercurio —su forma más tóxica—, después pasa a algas y plantas y luego a los peces. Es una preocupación mayor pues todas las comunidades indígenas en la parte media y baja del río basan su dieta en la pesca y esta es su mayor fuente de proteína.

En septiembre del 2018, un muestreo realizado por la Secretaría de Salud del Caquetá, Parques Nacionales Naturales y el Ministerio de Justicia en las 12 comunidades (ver gráfica) que forman parte del resguardo Puerto Zábalo encontró que en la comunidad Los Monos sus habitantes registraron hasta 100 microgramos de mercurio por litro de sangre. Cuatro veces el máximo permitido.

Muestreo realizado por la Secretaría de Salud del Caquetá, Parques Nacionales Naturales y el Ministerio de Justicia en las 12 comunidades.

¿Quiénes están detrás?

Fuentes en territorio aseguran que quienes están detrás de la minería ilegal son los mismos que controlan los cultivos ilícitos de la zona: las disidencias y grupos de crimen organizado. De hecho, en un análisis histórico que va desde 1970 hasta 2019, GAIA Amazonas encontró que cuando aumenta la bonanza del oro baja el narcotráfico, y viceversa. En efecto, en el 2018, el comandante de la Brigada del Ejército Contra la Minería Ilegal, coronel Carlos Alberto Montenegro, dijo que la minería ilegal era más rentable que el narcotráfico.

Tan solo durante los primeros seis meses del 2020, el Ejército destruyó 20 dragas usadas para extraer oro del río Caquetá. Las Fuerzas Armadas aseguraron que pertenecían, en su mayoría, a disidencias de las Farc o al grupo criminal ‘clan del Golfo’.

Sin embargo, Víctor Motta, poblador indígena uitoto y secretario de Salud del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas en Colombia, cree que la solución no está en atacar dragas, sino en trabajar con las comunidades indígenas para que sean ellas mismas quienes planteen los caminos que quieren seguir.

CAROL SÁNCHEZ

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