Mientras en Bolivia la población indígena ronda el 41% y el 24,8% en Perú, en Brasil apenas llega al 0,4%. En la Argentina, alcanza el 2,3%. Acceder a la educación suele ser dificultoso para estos grupos generalmente por falta de recursos económicos, obligados también a recorrer mayores distancias. Luchan, además, contra los prejuicios y la discriminación.

El cuestionario del Censo 2022 incluía preguntas en cuatro lenguas originarias sobre si el entrevistado se consideraba indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios. Unas 955.000 personas se identificaron como indígenas o de ascendencia indígena en primera generación.

En estos días, Sandra Toribio celebró haber alcanzado el anhelo de sus ancestros al convertirse en la primera integrante de la comunidad wichi en recibirse de médica. Es la 11ª estudiante indígena que egresa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste como becaria del Programa Pueblos Indígenas. Muchos fueron los obstáculos que debió sortear Sandra desde sus primeros años de jardín de infantes y primaria bilingüe, en los que aprendió sobre la base de su lengua indígena. Criada en Ingeniero Juárez, un pueblo del oeste formoseño, agradece los esfuerzos de sus padres para que ella y sus hermanos pudieran estudiar.

Si bien primero se inclinó por la docencia, la suerte quiso que pensara luego en ingresar a la universidad para seguir una carrera a la que sumará seguramente sus conocimientos ancestrales y que conllevará mayores beneficios para sus pares wichis.

Advertida por los suyos respecto de las injusticias hacia su comunidad, admite que le costó adaptarse, pero hoy ve coronados todos sus esfuerzos. Su valioso ejemplo confirma la importancia de democratizar el acceso a la educación para todos por igual.

 

El Gobierno del Paraguay lleva adelante un plan de acción para garantizar la seguridad de toda la población, y especialmente de los niños y adolescentes, durante el desarrollo de la Marcha Campesina 2025. El Ministerio de Salud activó el código rojo en toda su red, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia habilitó “Espacios de Cuidado” y a través de un trabajo coordinado, el Gobierno busca garantizar la protección integral los ciudadanos menores de edad.

Un total de 34.000 efectivos de la Policía forman parte del Plan de Seguridad en todo el país, de los cuales 12.000 estarán en Asunción y el área metropolitana. “Vamos a encargarnos de la prevención, la seguridad, el acompañamiento y por sobre todo la integridad, la vida de las personas, como así también de sus bienes”, explicó el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez.

Por su parte, el Ministerio de Salud activó el “código rojo”, que pone al sistema en situación de alerta para la cobertura sanitaria durante los tres días de manifestaciones, en todas sus redes y servicios. También acompaña de cerca las movilizaciones, especialmente desde las inmediaciones del ex Seminario Metropolitano y de la Plaza Uruguaya de Asunción, donde se realizan las principales concentraciones. En estos lugares, la brigada de salud está lista para activar el código de emergencia, ante posibles incidentes.

Todo el operativo del Gobierno se desarrolla de forma interinstitucional, con participación del Ministro de la Niñez y la Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Derechos Humanos del Misterio del Interior, entre otras instituciones del Estado.

Los niños primero

En el marco de las acciones de protección durante la Marcha Campesina 2025, los funcionarios el Dispositivo de Respuesta Inmediata del Ministerio de la Niñez, conocidos como “Chalecos Rojos”, dan seguimiento a la situación de los niños y niñas, y también se encargan de brindar servicios de desayuno y merienda a niños y adolescentes. Ayer 25 de marzo, casi 170 pequeños de los grupos indígenas recibieron el alimento que necesitaban.

Así mismo, los “Chalecos Rojos” realizan monitoreos preventivos en las plazas donde se prevé mayor concentración de personas. Hasta el jueves 27 de marzo, el Ministerio de la Niñez estará cubriendo las marchas en jornadas de 24 horas, mediante el despliegue de 100 Chalecos Rojos y brindando atención en los “Espacios de Cuidado”, habilitados para los más pequeños.

El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) acompaña este operativo de seguridad velando particularmente por la protección y el respeto de los derechos de los grupos indígenas, en cumplimiento de su misión institucional de defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas.

Los funcionarios del Dispositivo de Respuesta Inmediata del Ministerio de la Niñez acompañarán a los agentes de la Policía Nacional y, cuando las circunstancias impliquen riesgos para la integridad de los niños, solicitarán su traslado. Recordemos que el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia pidió no incluir en la marcha a niños, niñas y adolescentes, para garantizar su protección.

Itinerarios

El operativo del Gobierno busca garantizar la seguridad y la libertad de expresión, así como el libre tránsito de las personas en la Capital y otros puntos del país. Hoy 26 de marzo, la marcha será de los partidos políticos y mañana jueves 27 se realizará la tradicional marcha anual de la Federación Nacional Campesina. El Gobierno prevé la llegada de un total de hasta 6.000 personas durante esta semana, para la marchas que llegará hasta el microcentro capitalino.

En la marcha se prevé una concentración en la Plaza Uruguaya a las 18:30 y una marcha posterior hasta la Plaza de la Democracia. Otro de los puntos donde habrá una concentración en las plazas junto al Congreso Nacional.

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El proyecto denominado "El chineo en la voz de las mujeres", realizado entre enero y abril de 2023 en el norte de Salta, revela la reiteración de la queja de las mujeres originarias respecto del sistema judicial provincial.

Por Maira López
En el proyecto denominado "El chineo en la voz de las mujeres", realizado entre enero y abril de 2023, en el norte de Salta, se revela que mujeres indígenas sostienen que cuando pretenden denunciar violaciones sexuales a mujeres y niñeces indígenas el sistema de justicia es inaccesible para ellas por razones de discriminación y racialización hacia los pueblos originarios. "Se burlan de mi denuncia", fue una de las frases que se recogió de la investigación llevada adelante por Iniciativa Spotligh y la Red "Las Macachas" de Salta.

El proyecto se llevó adelante en la comunidad wichí Carboncito, de Embarcación; en otra comunidad de General Ballivián, y en una comunidad del Pueblo Tapiete de la ciudad de Tartagal, todas ubicadas en el departamento San Martín. La presentación de los resultados se realizó este último viernes en el Mercado Artesanal de la ciudad de Salta.

El objetivo era explorar y visibilizar los sentidos y valoración que las mujeres indígenas atribuyen a las violaciones sexuales de mujeres y niñeces de esa población, que también se conoce como "chineo" (en el caso de las violaciones en banda cometidas por personas no indígenas), aunque esa denominación es resistida por otras referentas indígenas, entre ellas la fallecida mujer wichí Octorina Zamora, quien sostenía que el uso de esta palabra implicaba un sesgo racista. También denunciaba que hay hombres indígenas que actúan como entregadores.


En la investigación cualitativa que se presentó el viernes último los datos más relevantes refieren a que en las comunidades relevadas existe un desconocimiento generalizado de la palabra chineo; mientras que en algunas de ellas, el término es considerado estigmatizante. En esa línea, las mujeres que participaron del proyecto reconocieron a estas violencias como "violación en grupo, abusos por criollos, chaqueños (por los habitantes de la región del Chaco salteño)". Algunas de sus declaraciones fueron: "me usaron", "me violaron", "me agarraron".

Además, cuestionaron que cuando quieren hacer denuncias formales se observa "inaccesibilidad a la justicia por discriminación y racialización", afirmación que se sostiene en relatos como: "no me atienden cuando voy a denunciar", "no me creen", "se burlan de mi denuncia". De esta manera, cuestionaron al sistema judicial y a los procesos de investigación penal que involucran personas de los pueblos originarios. Puntualmente, se cuestionan el trámite que se sigue desde el momento en que se quiere asentar la denuncia en las comisarías hasta el seguimiento de los casos.

Ya hubo presentaciones evidenciando este mal proceder de la justicia. En junio del año pasado la ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, solicitó mediante una denuncia presentada ante la fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto, que se investiguen las responsabilidades sobre hechos de violencia de género, violencia psicofísica, abuso sexual y femicidio, de las que son víctimas niñas, adolescentes y mujeres de comunidades de distintos pueblos indígenas (mayoritariamente el Wichí) que habitan los departamentos San Martín y Rivadavia, en el norte de la provincia de Salta.

Otros de los datos relevantes que destacó el proyecto está vinculado con la inaccesibilidad a los "estratos educativos superiores por sus condiciones económicas y la carencia de docentes bilingües". Las mujeres manifestaron sus intenciones de continuar su trayectoria formativa, pero "no entiendo bien el castellano", mencionó una de ellas. Otra situación también mostró que intentaron conseguir becas, sea en la Universidad Nacional de Salta o en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), pero "no me la dieron".


En sintonía, se observó que existe un "escaso reconocimiento profesional de las lenguas maternas", dado que se denunció que el sistema educativo de la provincia no reconoce la titularización de la lengua materna de las docentes indígenas.

Además, se visibilizó la imposibilidad del acceso a viviendas seguras puesto que las familias contaron que hacen sus casas con lonas y nylon descartados de las fincas cercanas a sus territorios. Esta denuncia va en línea con la apropiación histórica y creciente de los territorios ancestrales que obliga a las familias a emprender migraciones forzadas. "Estamos en El Acampe (Misión Chaqueña), como guardianas de nuestros territorios desde hace ya 6 meses" sin respuesta de ninguna institución pública, afirmó una mujer.

A la situación se sumó la deficiente accesibilidad al agua potable ya que no se cuenta con infraestructura para ello, provocando "contaminación de aguas y suelos por agroquímicos de los grandes productores", señaló el informe. Entre las declaraciones de las mujeres se destacan: "los aviones nos fumigan y las acequias se contaminan", "caminamos kilómetros para llegar a una bomba de agua y sale sucia, agua con barro".

Los desafíos del Estado

La Red Las Macachas está conformada por la Fundación GEMA, el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, la Asociación Pacha Lab, la Fundación Markani y la ONG Aynis. Desde la Red afirmaron que es "urgente y necesario que todos los actores de la sociedad y, especialmente, el Estado" asuman un compromiso real para la búsqueda de políticas públicas diseñadas desde las perspectivas de interculturalidad, de interseccionalidad y de género.

Entre las propuestas que presentaron el último viernes, pidieron que las normativas vigentes tipifiquen las violaciones en banda a mujeres e infancias indígenas como "crímenes de práctica racista y colonial con la máxima pena posible y esos sean de carácter imprescriptibles". También, apuntaron a que se promueva la modificación, incorporación o creación de una normativa con la consulta y participación activa de los pueblos originarios que contemplen la cosmovisión y cosmogonía de sus estructuras políticas y sociales que logre un verdadero acceso a la justicia.

Instaron a que se diseñen protocolos adecuados de acompañamiento para las distintas violencias y vulnerabilidades a mujeres e infancias originarias que consideren sus lenguas, prácticas ancestrales, cosmovisión, cosmogonía.

Asimismo, señalaron que se debe promover procesos formativos para mujeres y jóvenes indígenas donde "fortalezcan sus habilidades para generar sus propias investigaciones fuera de los paradigmas estereotipados academicistas,con un enfoque de derechos de mujeres e infancias indígenas". En sintonía, también instaron a que se genere que "las mujeres y diversidades indígenas accedan a cupos de espacios de decisión en lugares de participación política".

Por último, solicitaron que las organizaciones sociales y civiles que son "reconocidas con perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad, tengan un espacio de participación activa en el diseño, gestión y monitoreo de las politicas públicas".

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San José, Costa Rica, 25 de febrero de 2025 – La quinta edición del Foro Permanente de Ministras, Viceministras y Altas Funcionarias de las Américas (FOPEMA) culminó con un firme llamado a promover la participación de las mujeres en la política agrícola y a reconocer su valioso aporte en la economía del cuidado. En un contexto donde solo tres países de la región cuentan con ministras de Agricultura, el foro subrayó la urgencia de políticas públicas inclusivas que garanticen el acceso equitativo a oportunidades para las mujeres rurales.

Visibilización del trabajo de cuidados: un desafío pendiente

Uno de los temas centrales abordados fue la economía del cuidado y la sobrecarga de trabajo no remunerado que enfrentan las mujeres rurales, quienes dedican hasta siete horas diarias a estas tareas, lo que representa entre el 15 % y el 25 % del PIB. Equipos de especialistas en agricultura, igualdad y estadística, así como representantes gubernamentales, compartieron estrategias para cuantificar y redistribuir esta carga. Entre las iniciativas presentadas, destacaron programas como el Programa Chile Cuida, en Chile, que incluye centros de atención y autobuses de cuidado, y el Diplomado en cuidados de Panamá, que apoya a mujeres rurales a través de créditos para emprendimientos.

Además, se celebraron los avances en la medición del trabajo de cuidados, con encuestas de uso del tiempo realizadas en 23 países y la estimación de su valor en el PIB. Sin embargo, aún persisten desafíos, como la falta de financiamiento sostenible y la escasez de datos sobre las realidades de las mujeres rurales.

Buenas prácticas que transforman vidas

El foro también presentó ejemplos exitosos de iniciativas transformadoras para las mujeres rurales. Entre ellas, destacaron las salas comunitarias de cuidado en Argentina, que ofrecen acceso a servicios de educación y salud, y la Red de cuidados para personas recolectoras de café en Costa Rica. Colombia compartió sus avances en la cuantificación del trabajo de cuidados y la promoción de la agroecología con enfoque de género, mientras que México destacó el reconocimiento del trabajo de cuidados de las mujeres indígenas como un pilar clave de la economía.

Financiamiento para la equidad de género

Entidades financieras como CAF y FMBBVA hicieron hincapié en la importancia de invertir en infraestructura de cuidados, el acceso a créditos y la digitalización de servicios financieros. Asimismo, propusieron fortalecer las alianzas público-privadas para garantizar modelos de cuidado sostenibles en las zonas rurales.

Corresponsabilidad y políticas públicas con perspectiva de género

El foro concluyó con un firme llamado a transformar la estructura del trabajo de cuidados en el ámbito rural, destacando la necesidad de políticas públicas con enfoque de género, la redistribución de la carga de cuidados, el fortalecimiento de alianzas estratégicas y la inclusión de los hombres en estas labores.

«Es fundamental colocar a las mujeres en el centro de las políticas públicas para garantizar un desarrollo agrícola equitativo e inclusivo», afirmó Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica.

Desde el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), se reafirmó el compromiso de seguir impulsando el reconocimiento del trabajo de cuidados y promoviendo la igualdad de género en los sistemas agroalimentarios del hemisferio.

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En muchos países el trabajo infantil es principalmente un problema agrícola. En todo el mundo, el 60 por ciento de todos los niños trabajadores con una edad comprendida entre los 5 y los 17 años trabajan en la agricultura (incluidos el cultivo, la pesca, la acuicultura, la silvicultura y la ganadería) lo que equivale a más de 98 millones de niñas y niños. La mayoría de estos niños trabajadores (el 67,5 por ciento) son miembros de la familia que no cobran ninguna retribución. En el sector agrícola, este porcentaje es mayor. Además, los niños entran muy pronto en el mercado laboral –en algunos casos, se trata de niños que tienen entre 5 y 7 años1. La agricultura es uno de los tres sectores más peligrosos en lo que se refiere a fallecimientos relacionados con el trabajo, accidentes no mortales y enfermedades profesionales. Alrededor del 59 por ciento de todos los niños entre 5 y 17 años en trabajos peligrosos se encuentran en la agricultura.

La pobreza junto con el acceso limitado a una educación de calidad, unas tecnologías agrícolas inadecuadas, un difícil acceso a la mano de obra adulta, unos altos riesgos y peligros, así como unas actitudes tradicionales respecto a la participación de los niños a las actividades agrícolas son las principales causas del trabajo infantil en la agricultura. Puede ser positivo que los niños participen en algunas actividades no peligrosas, pues favorece la transferencia de conocimientos entre generaciones y la seguridad alimentaria de los niños en especial en los cultivos familiares, la pesca a pequeña escala y la ganadería. Es importante establecer una distinción entre tareas ligeras que no causan ningún daño al niño y el trabajo infantil, el cual interfiere con la escolarización obligatoria y puede perjudicar la salud del niño o su desarrollo físico y mental, en función de las horas y de las condiciones de trabajo, la edad del niño, las actividades realizadas y los riesgos que acarrean.

La participación en algunas actividades agrícolas debe diferenciarse del trabajo infantil. Unas tareas adaptadas a la edad del niño que conlleven riesgos menores y que no representen un obstáculo a la escolarización y al disfrute del tiempo libre pueden perfectamente formar parte de una infancia normal en un contexto rural. Puede ser positivo que los niños participen en algunas actividades no peligrosas, pues favorece la transferencia de conocimientos entre generaciones y la seguridad alimentaria de los niños en especial en los cultivos familiares, la pesca a pequeña escala y la ganadería. Los jóvenes acostumbrados a desempeñar ciertas tareas agrícolas tienen más confianza en sí mismos, más autoestima y están más seguros de sus capacidades profesionales. Por consiguiente, es importante establecer una distinción entre tareas ligeras que no causan ningún daño al niño y el trabajo infantil, el cual interfiere con la escolarización obligatoria y puede perjudicar el desarrollo personal y la salud del niño, en función de las horas y de las condiciones de trabajo, la edad del niño, las actividades realizadas y los riesgos que implica.

Sub-sectores
El trabajo infantil es muy frecuente en todos los sub-sectores agrícolas, aunque con características diferentes:

Cultivo de la tierra
Pesca y acuicultura
Silvicultura
Ganadería
Aspectos transversales

Los avances realizados en la eliminación del trabajo infantil en la agricultura han sido lentos debido a las características específicas del sector. Esta situación es difícil de resolver debido a algunos factores como las lagunas existentes en las legislaciones nacionales sobre el trabajo familiar agrícola, la falta de sindicatos fuertes, la división de la mano de obra, la insuficiente capacidad de los inspectores de trabajo para cubrir áreas rurales remotas, el contexto familiar en el que trabajan muchos niños sin retribución ni contrato, la continuidad entre los hogares rurales y el lugar de trabajo y las tradiciones que fomentan la participación de los niños en las actividades agrícolas desde una temprana edad.

La discriminación de género, la edad y las normas culturales distinguen el tipo de trabajo realizado por niñas y niños así como el número de horas trabajadas y el derecho a la educación. Las diferencias de género en el trabajo infantil aumentan con la edad. En muchos casos, considerando las tareas domésticas las niñas trabajan más horas que los niños, lo que les deja menos tiempo para los estudios. Estos aspectos pueden surgir en todos los sub-sectores de la agricultura:

Normas internacionales de trabajo sobre trabajo infantil en la agricultura

La Alianza internacional de cooperación

La Alianza internacional de cooperación sobre el trabajo infantil y la agricultura es una iniciativa global que reúne las acciones de la OIT, la FAO, el FIDA, el CGIAR y la UITA desde el 2007. Fue creada con el objeto de promover la participación de organizaciones agrícolas en los esfuerzos mundiales por eliminar el trabajo infantil en la agricultura. La pobreza y la aplicación inadecuada de la legislación laboral son algunas de las causas del trabajo infantil en la agricultura y a ellas se suma la naturaleza peligrosa del trabajo agrícola. Para erradicar esta práctica es necesario corregir la estructura de la producción agrícola. Las partes interesadas del sector agrícola cumplen un papel importante en esta materia.

La Alianza ha logrado un reconocimiento creciente dado su compromiso permanente con los diálogos de políticas sobre trabajo infantil, tales como la 2ª y 3ª Conferencias mundiales sobre trabajo infantil. Las actividades de promoción y sensibilización han ayudado a generar una mayor comprensión de este tema y de la necesidad de lograr que los profesionales agrícolas y laborales unan esfuerzos, conocimiento y experiencia para eliminar el trabajo infantil. La Alianza también lleva a cabo actividades de desarrollo de capacidades a nivel nacional con el fin de apoyar a los actores principales del sector agrícola para abordar cuestiones relativas al trabajo infantil en políticas y programas nacionales, servicios de extensión y actividades de seguimiento. La labor que cumple la Alianza en el contexto nacional, regional y mundial incluye:

Promover la cooperación entre partes interesadas de la agricultura y del trabajo y garantizar la coherencia de las políticas y los programas sobre prevención del trabajo infantil.

Mejorar los medios de vida rurales y la productividad de las actividades que generan ingresos.

Hechos sobresalientes

Conferencia internacional sobre el trabajo infantil en la agricultura
28-30 de julio de 2012, Washington DC, Estados Unidos
La agricultura siendo un sector prioritario de su estrategia, Global March contra el Trabajo Infantil organiza una Conferencia internacional sobre el trabajo infantil en la agricultura. (página en inglés)
- Documento final
Formación y fortalecimiento de capacidades sobre el trabajo infantil: cada año el Centro Internacional de Formación de la OIT (CIF-OIT) organiza cursos regulares y programas de formación a medida a nivel nacional. La próxima edición del curso "Harvesting a future without child labour: eliminating harmful practices in agriculture" [En busca de un futuro sin trabajo infantil: eliminar las prácticas perjudiciales de la agricultura] se llevará a cabo en mayo de 2012. Para más información sobre los próximos cursos, visite la página sobre trabajo infantil del CIF-OIT.
Romper el ciclo de la pobreza: Llevar a los niños y niñas del trabajo a la escuela – Reseñas de políticas.
1 OIT: Intensificar la lucha contra el trabajo infantil – Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (Ginebra, 2010).

 

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