marzo 9, 2026

Hace veinte años, entre el 7 y el 10 de marzo de 2006, se celebró en Porto Alegre (Brasil) la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD). Esta conferencia histórica reunió a Estados de todo el mundo junto con movimientos sociales y actores de la sociedad civil que representaban a campesinos, pueblos indígenas y otras comunidades similares, con el fin de subrayar la importancia de las reformas agrarias redistributivas y el acceso equitativo a los recursos naturales, abordados desde una perspectiva política colectiva y basada en los derechos humanos.

Justo antes de la Conferencia, entre el 6y el 9de marzo de 2006, el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP), anteriormente conocido como Comité Internacional de Planificación de ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria, principal facilitador de la participación de los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil en la ICARRD, organizó el Foro «Tierra, territorio y dignidad» , un espacio independiente y autónomo diseñado para permitir que los movimientos sociales se reunieran para debatir, articular sus posiciones y desarrollar propuestas que se incorporaran a la Conferencia.

El Foro tenía como objetivo amplificar las luchas de los movimientos sociales por la tierra, el agua, las semillas, los caladeros, los bosques y el desarrollo rural agroecológico, presentar propuestas basadas en la soberanía alimentaria sobre la reforma agraria, denunciar la represión y la violencia en los espacios rurales, al tiempo que se promovían estrategias de resistencia contra la criminalización de las luchas rurales y se cuestionaba el modelo de desarrollo imperante.

Los años siguientes trajeron consigo victorias. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra (VGGT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) se construyeron sobre los cimientos de la Conferencia de Porto Alegre.4

A pesar de estos logros, siguen existiendo retos persistentes. Dos décadas después de la ICARRD, la tierra sigue siendo una cuestión fundamental. La concentración extrema de la propiedad de la tierra, la inseguridad de la tenencia y el acaparamiento de tierras a gran escala por parte de intereses extractivos y agroindustriales siguen impulsando la pobreza rural, alimentando el hambre de más de 730 millones de personas y desplazando a comunidades, mientras que las presiones agravantes del cambio climático, la discriminación de género y la exclusión de los jóvenes amenazan aún más los medios de vida y el futuro de los pequeños productores y las comunidades rurales de todo el mundo.5

Así pues, una vez más, el Grupo de Trabajo sobre Tierra, Bosques, Agua y Territorios (Grupo de Trabajo) del CIP organizó un espacio preparatorio los días 22 y 23 de febrero de 2026 denominado «Foro de Pueblos y Movimientos Sociales: Unidos por la Tierra, el Agua, los Territorios y la Dignidad», con el fin de recopilar propuestas concretas antes de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), celebrada en Cartagena (Colombia) entre el 24 y el 28 de febrero de 2026.

La ICARRD+20 tiene por objeto evaluar de manera exhaustiva los sistemas de tenencia de la tierra a nivel mundial, evaluar la aplicación y la eficacia de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y promover la reforma agraria y el desarrollo rural mediante sistemas agroalimentarios justos, resilientes y sostenibles. Mediante la promoción de la cooperación internacional, especialmente en materia de justicia social y climática, la Conferencia pretende garantizar que las comunidades rurales sean reconocidas como custodias de la tierra, los territorios y los ecosistemas. 6 Al mismo tiempo, el CIP también ha esbozado su visión, en la que pide una reforma agraria basada en cuatro pilares: el reconocimiento de los derechos indígenas y consuetudinarios sobre la tierra, los territorios y el agua; la redistribución de la tierra y los bienes comunes naturales, incluyendo límites a la acumulación por parte de empresas y militares; la restitución a las comunidades desposeídas por el acaparamiento de tierras, el colonialismo, la ocupación y los conflictos; y una regulación estricta de los mercados de tierras para proteger los

El Foro de Pueblos y Movimientos Sociales se inauguró con las declaraciones de los coordinadores de los grupos de trabajo para establecer la agenda.

Saul Vicente, del Consejo Internacional de Tratados Indios (IITC), lamentó que, veinte años después de la ICARRD, los movimientos sociales sigan exigiendo «tierra, territorio y dignidad», a pesar de logros como las VGGT, la UNDRIP y la UNDROP. Instó a que los derechos sobre la tierra y el territorio se sitúen en el centro de las respuestas globales a las crisis climática, alimentaria y social, y afirmó la disposición de los movimientos a ofrecer soluciones o defender los bienes comunes a través del Foro de los Pueblos en la ICARRD+20.

Nuri Martínez, de La Vía Campesina (LVC), acogió con satisfacción la decisión de celebrar la ICARRD+20 en Colombia, reconociendo el compromiso político del Gobierno con la reforma agraria y su reconocimiento constitucional de los campesinos como titulares de derechos. Identificó un enemigo común en el imperialismo y el modelo económico extractivo que amenaza tanto a las comunidades rurales como a los gobiernos progresistas de toda la región, y pidió una fuerte coordinación y una declaración audaz de los movimientos sociales para mantener y avanzar en la lucha.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el reconocimiento del autogobierno indígena en la comunidad de Chiapas. Se le exige a los Congresos locales a dar marco jurídico para garantizar sus derechos.

Comunidad indígena en México

Detalles del fallo de la Suprema Corte sobre la comunidad San Cristóbal de las Casas ¿Qué implica la autogobernación indígena?
Durante una sesión extraordinaria llevada a cabo en Tenejapa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a una comunidad tzotzil de La Candelaria para que el Congreso de Chiapas emita la legislación necesaria que le permita ejercer su derecho al autogobierno.

El asunto, elaborado bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, se originó luego de que esta comunidad -perteneciente a San Cristóbal de las Casas- realizara una Asamblea Comunitaria en la que decidió iniciar gestiones ante autoridades estatales para hacer valer su derecho a la autonomía y al autogobierno indígena, conforme a su propio sistema normativo.

Comunidad tzotzil de La Candelaria, México

Una comisión designada presentó ante el Congreso local la solicitud para que se reconociera a la comunidad como sujeto de derecho público. No obstante, las autoridades de Chiapas rechazaron la petición al argumentar que no existía fundamento legal para atenderla. Frente a esta negativa, la comunidad promovió una demanda que dio origen al amparo 344/2025.

Detalles del fallo de la Suprema Corte sobre la comunidad San Cristóbal de las Casas

La propuesta de la ministra planteó otorgar la protección constitucional y ordenar al Poder Legislativo estatal que expida un marco normativo que haga posible el ejercicio efectivo del autogobierno.

La resolución del Alto Tribunal obliga a las autoridades de Chiapas a adoptar, en un plazo máximo de 90 días, las medidas necesarias para garantizar este derecho, incluida la asignación proporcional de los recursos públicos que correspondan.
Durante la sesión del Pleno -a la que asistieron autoridades tradicionales y habitantes de la comunidad- la funcionaria indicó que los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y advirtió que reconocer su autonomía sin reglas claras ni recursos suficientes equivale a negarla en los hechos.

¿Qué implica la autogobernación indígena?

Tras la decisión, Loretta Ortiz Ahlf enfatizó que el autogobierno indígena no es una postura política ni depende de la voluntad de las autoridades en turno, sino que forma parte de los compromisos internacionales asumidos por México. En esa línea, recalcó que los derechos de los pueblos indígenas son obligatorios y no meramente simbólicos.

Por su parte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz afirmó que esta resolución refleja una justicia más cercana a la ciudadanía, particularmente a quienes históricamente han quedado relegados.

Con este criterio, la Corte Suprema determinó que los congresos locales deberán armonizar sus marcos legales para hacer viable, en la práctica, el ejercicio del autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas.

Fuente aquí

28 de febrero, 2026
Tal como fue aprobado por Diputados, representa un claro obstáculo para la Soberanía Alimentaria y el desarrollo rural con arraigo en nuestro país, y un golpe a la posibilidad de aplicar el mandato de Naciones Unidas en torno a los derechos de los trabajadores rurales.

Durante los más de 20 años que lleva el proceso de discusión de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) primó un espíritu poco democrático, de espaldas a los ciudadanos, ocultando información y bajo el fuerte lobby de las corporaciones. Ahora, el Congreso argentino se apresura votar la aprobación exprés de este acuerdo sin mediar reflexión, mientras el Parlamento europeo ralentizó el proceso al derivarlo al tribunal de justicia de la Unión Europea.

Llama la atención el rol de los diputados y diputadas de nuestro país que aceleran la aprobación en nombre del “desarrollo”, en nombre de supuestos beneficios para el agro e incluso apelando a argumentos geopolíticos. Sin embargo, no existen estudios que sustenten cuáles serían esos beneficios. Recientemente fueron publicados dos documentos: el “Acuerdo de asociación Mercosur – UE”, de más de 4 mil páginas, y el texto completo del acuerdo, de cerca de 3 mil páginas. ¿Los diputados que lo aprobaron los habrán leído y estudiado tan rápido?

El “campo argentino” al que se refieren los diputados se limita al sector agroexportador, subordinado a las corporaciones transnacionales. Un “campo” que está lejos de representar la realidad de las economías regionales y la diversidad agraria nacional. Pequeños y medianos productores, cooperativas, campesinos y agricultores familiares no tienen nada que festejar. Por el contrario, este acuerdo representa un peligro concreto a su supervivencia.

Los puntos débiles del acuerdo

En primer lugar, analizando específicamente las cadenas de valor agroalimentarias, hay que señalar que este acuerdo está desactualizado. No contempla las asimetrías económicas que existen entre la Unión Europea y el Mercosur. La UE posee mayor capacidad técnica, sistemas estadísticos sofisticados y una dinámica de monitoreo permanente que no poseemos en el Mercosur. Además, en Europa tienen mucha más escala, con una estructura productiva más integrada, siendo la única excepción el complejo oleaginoso.

Los productores europeos cuentan con la Política Agrícola Común (PAC), que en el periodo actual (2021-2027) cuenta con un total asignado de 386.600 millones de Euros, de los cuales 291.100 millones son destinados a ayudas directas a la renta de agricultores y 95.500 millones van a Desarrollo Rural, lo que incluye medio ambiente, innovación y cohesión territorial.

Como si fuera poco, la primera ministra Georgia Meloni negoció su voto por otros 45.000 millones para salvaguarda de los productores europeos. La Política Agrícola Común no desaparece en el marco del acuerdo: para el período 2028-2034 ya se aprobaron otros 300.000 millones.

En contraposición, los productores argentinos, especialmente los pequeños y medianos, no cuentan con respaldo financiero ni políticas de sostén de ningún tipo.

Por otro lado, el acuerdo no integra como sujeto a las corporaciones transnacionales que en los últimos años han adquirido un papel de dominio de mercado y del intercambio comercial. Las corporaciones proveen insumos (pesticidas, semillas, maquinaria) y son los agentes que exportan e importan la producción a ambos lados del Atlántico. Invisibilizarlas y no generar cláusulas y regulaciones en torno a su función y comportamiento implica no contar con herramientas reales que permitan establecer una relación complementaria y garantizar, de ese modo, los estándares ambientales que supuestamente incluirá el acuerdo.

Grupos como Cargill o Bunge controlan la producción de origen en Argentina, y puertos, fletes marítimos y crushing (procesamiento industrial) en Europa, lo que vuelve al productor altamente dependiente al no tener acceso directo al mercado europeo.

La asimetría entre los Estados y las corporaciones es uno de los verdaderos problemas del desarrollo de nuestra región. Frente a los términos del acuerdo, quienes quedan en mejores condiciones son empresas con escala internacional, capacidad financiera y estructura jurídica sofisticada. No son las pymes ni cooperativas. El rol dominante de las corporaciones relativiza las posibilidades de que prime el espíritu de complementariedad y sostenibilidad ambiental: las reglas se regirán por el exclusivo principio de la ganancia corporativa.

Pero para el sector del “campo que alimenta” hay más consecuencias negativas. En el caso de la propiedad intelectual, particularmente en semillas, el acuerdo establece que las legislaciones nacionales deben adecuarse al Acta UPOV-91, es decir, resignar los derechos de conservación, uso propio y capacidad de desarrollo de nuevas variedades que aun tienen los agricultores argentinos. Y, en el plano comercial, entregar el enorme mercado interno del Mercosur al ingreso de productos agrícolas que están respaldados por la Política Agrícola Común (PAC) de la UE.

Así, los pequeños y medianos productores ven en riesgo el mercado brasileño en productos como el ajo, el vino o el aceite de oliva, y el mercado argentino en otros como lácteos, carne de cerdo, huevos, carne de oveja y quesos de cabra, chacinados, tomates triturados y conservas en general (todos productos que en Europa cuentan con la protección de la PAC, alto desarrollo tecnológico, certificación de origen, tecnología y trazabilidad).

Actualmente, con los aranceles de alrededor del 20% que mantiene el Mercosur para el tomate, de igual manera los productores compiten con la fuerte importación de concentrado de tomate italiano. A partir de ahora, es de esperar que, al perder esos aranceles, los tomates respaldados por UE rebalsen las góndolas argentinas.

Si ya durante los últimos años el precio por el tomate pagado al productor en finca estaba estancado, el nuevo escenario sería el final para miles de productores. Si Brasil ya no puede arancelar el ajo español (o incluso el chino, que triangulan empresas de la UE), el ajo de los productores mendocinos dejará de ser competitivo; quedará saturado el mercado interno y, también en este caso, quedarán en la ruina los productores locales.

Este acuerdo no solo reduce aranceles, sino que también limita las capacidades de intervención del Estado para establecer las posibilidades de desarrollo armónico y con arraigo que nuestro campo requiere.

Derechos vulnerados

La gran mayoría de los productores de Argentina que garantizan arraigo y trabajo rural son agricultores familiares y campesinos, sector que requiere políticas activas e inversiones en formalización, trazabilidad y escala. Así lo reconoció Naciones Unidas al adoptar la Declaración de Derechos Campesinos, no solo llamando la atención del rol que el sector cumple a la hora del desarrollo y la lucha contra el hambre y el cambio climático, sino estableciendo la importancia de las políticas publicas que los Estados deben llevar a cabo para garantizar sus derechos. Este documento, aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas, demanda que los Estados establezcan políticas de reforma agraria, agregado de valor, intervención de mercados para establecer precios justos, protección de la biodiversidad y del derecho a las semillas, acceso a la innovación y al desarrollo tecnológico agroecológico, y que tengan espacios de consulta a la hora de establecer políticas que incidan en el ejercicio pleno de sus derechos y la vida rural.

La II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Ciradr+20) se realiza desde el 23 al 28 de febrero en Cartagena (Colombia). Es convocada para promover el derecho a la tierra para las poblaciones campesinas e indígenas a nivel global. “Lo que hoy nos amenaza es la mercantilización de la naturaleza. Se debe tener en cuenta a los territorios como un centro de autodeterminación y de vida”, afirma Nury Martínez, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) de Colombia, organización integrante de La Vía Campesina. Actualmente, el uno por ciento de las grandes explotaciones de tierra concentra el 70 por ciento de las tierras agrícolas mundiales. Y los establecimientos de pequeña escala solo cuentan con el 12 por ciento de las tierras.

La primera Ciradr, realizada en Brasil en 2006, definió los compromisos internacionales para el acceso equitativo a la tierra, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural inclusivo. Veinte años después y con Colombia como anfitriona, la Conferencia reúne a gobiernos, organizaciones internacionales, representantes de la agricultura familiar, pueblos indígenas y personas del sector académico para actualizar el diálogo sobre la reforma agraria.

El concepto y la práctica de reforma agraria tiene múltiples aristas. El histórico dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, João Pedro Stédile, en su artículo “Conceptos y tipos de reforma agraria“ (incluido en el libro Experiencias de reforma agraria en el mundo), explica que esta noción se adoptó en el siglo XX como una síntesis de programas o propuestas para democratización del acceso a la tierra en cada país. Sin embargo, a lo largo de la historia, hubo procesos similares aunque no se llamaron explícitamente “reforma agraria“. Sucedieron en Europa, Asia, América (incluido Estados Unidos) y África.

El sociólogo chileno Sergio Gómez, en el texto “Reformas Agrarias en América Latina en el siglo XX“, destaca las experiencias de México en la primera mitad del siglo XX (con el lema zapatista de “la tierra para quien la trabaja“); de Bolivia a mediados de siglo y de Cuba post revolución, entre otras. Señala que en solo dos países de la región la reforma agraria no llegó a plantearse como tal en el siglo pasado: Argentina y Uruguay. Y explica que eso ocurrió porque, en el auge de las reformas, estos países no contaban con un "problema agrario" sino que sus "agriculturas eran altamente eficientes, conectadas a los principales mercados agropecuarios mundiales de la época".

También apunta que, en la actualidad, las políticas de reforma agraria se dan por expropiaciones o por diversas formas de asignación de tierras. Un ejemplo de ello es la experiencia del MST brasileño de “ocupar, resistir y producir“ en grandes latifundios improductivos.

A la historia transitada se suman los desafíos del presente: la alta concentración de tierras en manos de multinacionales, la necesidad de planificar las políticas rurales en clave feminista, la iniciativa de mejorar la situación de la tenencia de la tierra de las familias campesinas y de restituir las robadas a los pueblos indígenas.

En las vísperas del encuentro, Martínez apunta: “El agronegocio se fundamente en los agrotóxicos y el monocultivo. Y consideramos que las reformas agrarias en los diferentes países deben estar basadas en la soberanía alimentaria y en la agroecología”. Afirma que la distribución de la tierra incluye al agua y a las semillas.

Distribución de la tierra ante el poder corporativo

La Segunda Conferencia de Reforma Agraria se propone actualizar estos debates con aspectos como la seguridad y la soberanía alimentaria, la inseguridad de la tenencia por parte de las comunidades campesinas e indígenas y la gobernanza de la tierra. La convocatoria institucional define a la reforma agraria como “el conjunto de políticas que buscan redistribuir, regularizar o democratizar el acceso y uso de la tierra, especialmente para las poblaciones rurales excluidas“.

En 2012, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) ratificó un conjunto de directrices universales y voluntarias. Las mismas están orientadas a los gobiernos para salvaguardar el derecho de las personas a poseer, ordenar y acceder a la tierra, la pesca y los bosques. Pero no son vinculantes. Y diversos datos afirman que lo que se incrementó en los últimos decenios es la concentración de la tierra en pocas manos.

El Transnational Institute marca cómo se consolidó la compra de tierras a gran escala. Por ejemplo, 30.000 hectáreas adquiridas en Nigeria por la empresa estadounidense Dominion Farms, en 2011, para producir arroz. Otro caso: 60.000 hectáreas adquiridas en Camboya por el político y empresario local Ly Yong Phat, en 2006, para producir caña de azúcar. O las 900.000 hectáreas compradas en Argentina por la compañía italiana Benetton, en 2002, para monocultivos y cría de ovejas.

En muchas instancias, agrega el informe, se sobrepasan los marcos formales-legales preexistentes para dar la apariencia de legalidad. Algunos de los casos más destacados conllevan acoso, intimidación y violencia contra las comunidades. Y destacan que la inversión en tierras se relaciona más con la especulación de su valor que con iniciativas productivas.

El presidente anunció que la delimitación del territorio sagrado de la Sierra Nevada se decidirá mediante consulta previa con las comunidades, quienes participarán en una asamblea en las playas para refrendar el nuevo documento

El presidente Gustavo Petro convocó a las comunidades indígenas a las playas de Santa Marta para la firma de un nuevo decreto que restablece la protección de la Línea Negra, tras la anulación del anterior marco legal por parte del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado anuló el Decreto 1500 de 2018, medida que afectó a la delimitación y protección de los territorios sagrados de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta. La noticia generó alerta en distintos sectores, especialmente después de que el expresidente Juan Manuel Santos advirtiera sobre los riesgos que esta decisión implicaría para la integridad de las comunidades indígenas.

Las playas de Santa Marta serán el sitio donde las comunidades indígenas decidirán sobre la protección y expansión de su territorio ancestral.

Consulta previa y participación indígena

El presidente subrayó que el proceso para definir el nuevo límite de la Línea Negra incluirá una consulta previa con las comunidades indígenas involucradas. Según lo publicado por Petro, la consulta se realizará en formato de asamblea, donde las comunidades decidirán en conjunto si se amplía el territorio sagrado. “La consulta previa es la asamblea de las comunidades indígenas del territorio decidiendo si se expande el territorio sagrado”, explicó el presidente.

El presidente enfatizó que el campesinado de la zona debe comprender el valor de estos territorios y la función de los indígenas como protectores del agua y de los ecosistemas. “El campesinado de la Sierra Nevada puede entender nuestra amistad y la entrega de tierras en las haciendas de los paracos por fuera de la línea negra. Lo sagrado es sagrado y el agua es sagrada”, señaló Petro.

Llamado a la unidad y rechazo a actores externos

En su mensaje, Gustavo Petro hizo un llamado a la unidad de los pueblos originarios para defender sus territorios ante cualquier amenaza. Además, rechazó la presencia de actores armados y fuerzas externas que puedan vulnerar la autonomía y la paz en la región. “En el corazón del mundo debe haber fuerza indígena unida y no paracos ni policías cómplices”, indicó el mandatario.

El presidente también propuso que se establezca una Entidad Territorial Indígena (ETI) en la Sierra Nevada de Santa Marta, como parte de una visión de autonomía y gobierno propio para las comunidades de la región. El nuevo decreto busca preservar las reservas de montañas y fuentes de agua esenciales para las comunidades.

Próximos pasos y contexto histórico

El acto de la firma del nuevo decreto se realizará en las playas de Santa Marta, un lugar simbólico por haber sido escenario de resistencia indígena durante siglos. Petro invitó a las comunidades a participar en la asamblea, conocida como kurunkúa, donde se tomará la decisión final sobre la extensión de la Línea Negra y el reconocimiento del territorio sagrado.

El mandatario concluyó su mensaje con un llamado al respeto por la diversidad y la libertad en la región: “Si el corazón del mundo se une, se une la humanidad. Que respire libertad la Sierra Nevada”.

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