septiembre 2025

Carlos Duarte integra del grupo de expertos de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Campesinos. Aporta una mirada que va de su país (Colombia) a lo regional y global. No tiene dudas de la importancia fundamental de la vida y producción campesina, pero también remarca las dificultades ante tres actores: las potencias globales, las corporaciones y la falta de apoyo de los estados nacionales. Y remarca una necesidad tan actual como postergada: la reforma agraria.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (Undrop) es el instrumento legal internacional para la defensa de los derechos de los pueblos a sus territorios, semillas, agua y bosque. La Undrop (por sus siglas en inglés) fue construida e impulsada por La Vía Campesina durante casi dos décadas hasta ser aprobada en diciembre de 2018 por la Asamblea General de la ONU. Pasaron otros cinco años, octubre de 2023, hasta que el Consejo de Derechos Humanos estableció la creación de un Grupo de Trabajo —otro logro de La Vía Campesino para imponer una figura más amplio que la del "relator"— y, finalmente, en abril de 2024 se oficializaron los cinco expertos independientes para integrarlo, uno por cada continente. Carlos Duarte, profesor e investigador del Instituto de Estudios Interculturales Javeriana de Cali (Colombia) es el presidente-relator por América Latina.

Duarte se convirtió en el primer experto en representación de América Latina tras un extenso recorrido como asesor de organizaciones colombianas como el Coordinador Nacional Campesino (CNA), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y siendo parte de la gestión de conflictos territoriales para la Agencia Nacional de Tierras de Colombia.

Integró también la comisión de expertos que desarrolló el concepto de “campesinado” en Colombia, a partir del cual se crearon categorías de autoidentificación para el Instituto Nacional de Estadística, un hito reciente en un país con alrededor de 14 millones de campesinos, que no figuraban en los registros censales.

“Como grupo de trabajo nuestro mandato principal es promover la Declaración, acompañar a los Estados en la implementación y acompañar a la sociedad civil a promover sus derechos, a socializar la Declaración y a vigilar que no se cometan infracciones contra los sujetos de derecho”, explica Duarte. La norma tiene siete años y su implementación, con el respaldo del grupo de expertos, un año.

En América Latina solo Ecuador la incorporó con rango constitucional, mientras que países como Estados Unidos —donde personas alcanzadas por la declaración, como los trabajadores rurales migrantes, están siendo perseguidos— ni siquiera la respaldó en la votación de 2018.

 

El desafío del grupo de expertos también es grande frente a la oleada de gobiernos de derecha que niegan las instancias multilaterales —la Cancillería argentina no dio respuesta a la visita de Duarte—, por lo que el trabajo con las organizaciones campesinas y de la sociedad civil son fundamentales para el grupo al recibir denuncias sobre violaciones a los artículos de la Undrop y realizar manifestaciones ante los Estados. “Es importante que la sociedad conozca el procedimiento, conozca el grupo de trabajo y pues nos utilice”, convoca Duarte.

El experto señala que aún queda camino por recorrer y que la propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) todavía no utiliza la categoría de “campesino/campesina”, sujeto de derecho declamado en el artículo 1, sino la de “agricultura familiar” o “pequeño productor”, con la carga política que eso tiene.

Respecto de cómo llevar las declaración a los espacios de debate como la COP de Cambio Climático o Biodiversidad, Duarte indica la importancia de construir “un grupo de países, los llamados ‘Core Group’, que entiendan la importancia de la declaración y promuevan la discusión en las instancias multilaterales”.

Bolivia fue el país de América Latina que más impulsó la declaración —hoy en un cambio de gobierno tras 20 años del MAS—. Otros que la impulsan (o con los que se podría profundizar respaldos) son Colombia, Brasil y México. “Las empresas, como la sociedad civil, tampoco tienen un asiento directo en las tomas de decisiones multilaterales, pero sí tienen músculos de cabildeo mil veces más fuertes frente a los Estados que los grupos de trabajo. Finalmente, es una discusión de geopolítica internacional”, indica Duarte.

“Si los campesinos no tienen tierra se pone bajo amenaza la soberanía alimentaria”

El lugar del campesinado

—¿Quién tiene el poder sobre lo que comemos?

—Un breve bosquejo del sistema agroalimentario mundial, más o menos, nos indica que hay una gran dependencia de los granos, de las commodities en circuitos largos de producción. Es decir, procesos de transnacionalización de la producción de alimentos que funcionan tanto para asegurar los carbohidratos más básicos (arroz, trigo, maíz, soja) como también para la producción animal, la proteína animal proveniente del ganado vacuno, avícola y porcino que se alimentan de esas mismas commodities. Ese modelo depende, de manera muy fuerte, de circuitos largos de producción agroindustrial y masiva. Allí tenemos a los famosos "graneros del mundo", que son Europa del Este, Brasil, Argentina. Y, en otro nivel, China y Estados Unidos, que tienen el dominio de esos alimentos fundamentales. El modelo del neoliberalismo y la transnacionalización hizo que las dietas alimentarias dependieran, cada vez más, de esas cadenas largas de suministro, a su vez, enraizadas en paquetes tecnológicos muy fuertes (con modificación genética y filogenética de semillas) y paquetes de agroinsumos asociados. Este es un modelo dominante de la alimentación en el mundo, determinado por los commodities, la exportación y el agronegocio. Pero lo importante es que no es el único.

—El otro modelo es el campesino…

—Hay una gran variedad de circuitos regionales cortos y locales de producción, comercialización y consumo, que, paradójicamente, tanto a nivel mundial como en América Latina son los que se echan al hombro la mayoría de la dieta alimentaria que se consume en el mercado interno. Estamos hablando de toda la producción de horticultura y de diferentes productos regionales que se consumen de forma local. La dinámica global nos muestra que la pequeña producción campesina, en menos de dos hectáreas, es responsable de cerca del 40 por ciento de los alimentos que se consumen en los países. Esa tasa varía de acuerdo a cada país, pero lo que es importante es que todavía, y creo que Argentina hace parte de eso, gran parte de los alimentos que se consumen están sustentados en esa pequeña producción.

—Por un lado hay explotaciones agropecuarias de menos de dos hectáreas que producen alrededor del 40 por ciento de los alimentos que abastecen al mercado interno. Al otro lado, está el modelo del agronegocio transgénico, que según los informes más actuales como el de "Los señores de la tierra", publicado por FIAN, marcan que el 70 por ciento de las tierras cultivables están en manos del uno por ciento de los propietarios. Es un desequilibrio muy marcado.

—Sí. Lo que es importante marcar es que en ese 60 a 70 por ciento de alimentos que se producen a través de la agroindustria, hay una mixtura: hay agroindustria, producciones realizadas por firmas y corporaciones muy grandes, pero también hay agricultura familiar o producciones familiar de pocas hectáreas, un modelo que en Estados Unidos, Australia o Canadá se conoce como "farmer", familias productoras que pueden tener entre 50, 200 y 500 hectáreas y lo trabajan con la fuerza de la familia, porque está absolutamente mecanizadas, con tractores y un montón de paquetes tecnológicos, que hace que 500 hectáreas las pueda desarrollar una familia. Entonces eso cabe dentro de agricultura familiar extensiva, pero no cabe dentro de pequeña producción, de menos de dos hectáreas. El anclaje de esa agricultura familiar extensiva y del agronegocio con los paquetes tecnológicos es muy fuerte. Y ese modelo amenaza el territorio de la pequeña producción.

—En ese punto, la Declaración de la ONU introduce el concepto de “campesinado” para marcar un sujeto de derecho que se diferencia de este concepto amplio de “agricultura familiar”...

Martes 14 de octubre de 2025

En este Día Internacional de las Mujeres Rurales, hacemos un llamado a una acción concreta para avanzar en la igualdad, los derechos y el empoderamiento de las mujeres y niñas que viven en entornos rurales. Cada día, ellas alimentan a las comunidades, protegen el medio ambiente y promueven el desarrollo sostenible. Invertir en ellas es tanto un acto de justicia como una garantía para nuestro futuro compartido.

Durante generaciones, las mujeres en zonas rurales han impulsado movimientos colectivos por el cambio, movilizando comunidades, influyendo en políticas y abogando por causas de importancia vital como la justicia climática. Su liderazgo sigue tendiendo puentes entre la acción local y el progreso global, incluso cuando las áreas rurales son las más afectadas por la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria, impactando especialmente a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Si las tendencias actuales continúan, 351 millones de mujeres y niñas seguirán viviendo en pobreza extrema para 2030.

Frente a estos desafíos, el testimonio de Verene Ntakirutimana, de Ruanda, evidencia cómo el empoderamiento de las mujeres en entornos rurales genera cambios tangibles y duraderos. Con el apoyo del Programa Conjunto sobre el Empoderamiento Económico de las Mujeres Rurales, pasó de la agricultura de subsistencia a dirigir un pequeño y próspero negocio. Su éxito transformó las actitudes comunitarias: desafiando estereotipos, promoviendo la toma de decisiones compartida e inspirando a otras personas a seguir su ejemplo.

El tema de este año, “Mujeres rurales en ascenso”, es tanto un homenaje como un llamado a la acción. Avanzar en sus medios de vida, liderazgo, derechos y resiliencia —como se establece en la Agenda de Acción Beijing+30— es fundamental. Iniciativas como el Año Internacional de las Mujeres Agricultoras en 2026, la Década Interamericana por los Derechos de Todas las Mujeres, Adolescentes y Niñas en Entornos Rurales (2024–2034), así como movimientos comunitarios como Mujeres hacia el Kilimanjaro, ofrecen oportunidades poderosas para visibilizar su trabajo, hacer oír sus voces y reconocer sus derechos.

Cuando las mujeres rurales se empoderan, los campos progresan, las familias prosperan y las sociedades se transforman, impulsando la visión de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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Representantes indígenas de Argentina, Bolivia, Chile y Perú se reunieron en El Moreno, Jujuy, para denunciar los impactos de la minería de litio en sus territorios. Foto: Jenny Salazar

Desde hace más de 50 años y gracias a su perseverante activismo, el movimiento indígena ha incidido en el ámbito internacional para lograr el reconocimiento de nuestros derechos colectivos, como pueblos, dentro de los Estados. El cambio climático, que atenta contra toda la humanidad y nuestra Madre Tierra, nos plantea la necesidad de incidir frente a los Estados. Sin dudas, somos los Pueblos Indígenas quienes enfrentamos los mayores impactos del calentamiento global. La transición energética necesaria para afrontar el cambio climático debe contemplar los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, sus conocimientos ancestrales y los objetivos de desarrollo sostenible.

La transición energética, como proceso de cambio hacia un sistema energético más sostenible, es necesaria y urgente para mitigar el cambio climático y cumplir con el Acuerdo de París. Para ello es imperioso reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir el consumo de energía e incrementar la participación de las energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica). Además, se debe reducir la dependencia de los combustibles fósiles y, promover la innovación y el desarrollo tecnológico.

El marco normativo de la República Argentina respecto a los Pueblos Indígenas tiene rango constitucional: se reconoce su preexistencia y el derecho a la propiedad comunitaria de sus territorios y la gestión de sus recursos naturales. Si bien la Argentina ha suscrito el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, no existen leyes que reglamenten la propiedad comunitaria ni la Consulta Previa, Libre e Informada. Por ello, el acceso de los Pueblos Indígenas al pleno ejercicio de sus derechos colectivos específicos suele quedar sujeto a la voluntad de los Estados nacional y provincial.

Retrocesos normativos y vulneración de derechos en Argentina

La República Argentina firmó y ratificó el Acuerdo de París. En diciembre de 2020, Argentina presentó la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional y se comprometió a no superar la emisión neta de 359 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2030, de conformidad con el artículo 4.4 del Acuerdo. No obstante, las actuales acciones del gobierno apuntan a una dirección contraria. El presidente Javier Milei, quien niega el cambio climático e insiste que “es otra mentira que se cae”, ordenó el retiro de la misión argentina en el tercer día de la COP29, celebrada en la ciudad de Bakú (Azerbaiyán), lo cual generó una gran conmoción entre las delegaciones.

Además, en el último tiempo, el gobierno ha introducido algunos cambios normativos que generan importantes y preocupantes vulneraciones en los derechos de nuestras comunidades indígenas. Estas medidas desregulan los sistemas de control sobre actividades extractivistas y tienen un impacto significativo sobre los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. Asimismo, promueven y favorecen la explotación intensiva de recursos naturales mediante la derogación de leyes calificadas como “restrictivas” y la eliminación de estructuras estatales de supervisión, lo que refleja un enfoque de liberación total en sectores como el agropecuario, energético y minero.

A su vez, el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia 1083/2024 que deroga la última prórroga a la Ley de Emergencia Territorial Indígena. La finalización de la emergencia territorial expone a las comunidades a posibles desalojos (algunos ya han empezado a concretarse), lo cual contribuye a una conflictividad que debe evitarse en forma inminente con la sanción definitiva de la ley de instrumentación de la propiedad comunitaria indígena. Además, en 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia “Lhaka Honat vs Argentina”, en la cual, la Corte obliga a la Argentina a que adopte “medidas legislativas y/o de otro carácter para dotar de seguridad jurídica el derecho humano de propiedad comunitaria indígena”.

Un nuevo tipo de colonialismo

En este contexto adverso para los derechos indígenas, avanza la explotación del litio, un mineral crítico para la transición energética. La Directora Ejecutiva Adjunta de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Pía Marchegiani, sostiene que en los últimos años se ha registrado un aumento vertiginoso en la demanda del litio, debido a las crecientes presiones del Norte Global para avanzar hacia un modelo de transición energética. “¿Qué pasa con los ecosistemas y los derechos humanos?”, cuestiona la especialista.

Efectivamente, se han intensificado las denuncias de los Pueblos Indígenas debido a la explotación de los recursos naturales, que realizan las empresas con el apoyo de gobiernos provinciales y nacional, sin considerar los informes de impacto ambiental ni los derechos humanos de quienes sufren las consecuencias. Por ello, si bien es urgente abandonar la explotación y consumo de los combustibles fósiles, hacerlo replicando el modelo actual de uso desmedido de los recursos naturales perpetuará las mismas lógicas del modelo energético actual: un esquema extractivista abusivo, individualista y violatorio de los derechos humanos.

La lógica colonialista se intensificó en las últimas décadas en toda la región por la concentración de tierra y recursos en manos de grandes corporaciones extranjeras habilitadas por los gobiernos locales. No obstante, las organizaciones indígenas están respondiendo.
La extracción de litio ha causado graves daños en varias regiones de Argentina. Este fenómeno no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una larga historia de saqueo y sacrificio de bienes naturales que se repite en todo el continente. Desde la colonización europea, los territorios de América Latina han sido concebidos como reservas de materias primas para el Norte global. En este contexto, las resistencias frente al extractivismo evidencian una continuidad en la defensa de los territorios.

La lógica colonialista se intensificó en las últimas décadas en toda la región como parte del proceso de concentración de tierra y recursos en manos de grandes corporaciones extranjeras habilitadas por los gobiernos locales. No obstante, las organizaciones indígenas están respondiendo.

Colombia

Con rostros de alegría y voces firmes que claman “¡Esta tierra sí es mía!”, cien mujeres campesinas de Planeta Rica y Sahagún, muchas de ellas cabezas de familia, recibieron 1.162 hectáreas de tierra como parte del Programa Especial de Acceso a Tierras para Mujeres Rurales. La adjudicación fue realizada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el marco de la Reforma Agraria impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los predios, adquiridos mediante compra voluntaria a privados, marcan un antes y un después para las beneficiarias, quienes por años trabajaron como jornaleras en tierras ajenas. Hoy, gracias al Decreto 1396 de 2024, son propietarias legales de sus parcelas, listas para sembrar y producir alimentos para sus comunidades.

“Nos sentimos felices y orgullosas por este regalo que nos ha hecho el presidente Gustavo Petro y Felipe Harman, director de la ANT. Antes no éramos escuchadas, pero ahora tenemos tierra, proyectos y esperanza”, expresó Denis Zarabia Reyes, integrante de la Asociación Rosmu y beneficiaria en el corregimiento Campo Bello.

Los tres predios entregados en Planeta Rica —La Pintada, Nuevo Horizonte y otro adicional— suman 940 hectáreas, mientras que en Sahagún se adjudicaron 222 hectáreas del predio La Macarena. Esta entrega eleva a 18.000 las hectáreas distribuidas por la ANT en Córdoba, consolidando un paso histórico en la redistribución de la tierra en una región marcada por la concentración de la propiedad y el conflicto armado.

Durante el acto de entrega, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, subrayó la importancia de este avance para el campo colombiano: “Aquí no estamos expropiando, estamos construyendo paz desde el acceso voluntario a la tierra. Hoy nace la Ruta de Acceso Integral para Mujeres Rurales, y ellas, con perrenque, sembrarán futuro, alimentos y dignidad”.

Esta entrega también se enlaza con procesos de reparación colectiva. El pasado 8 de mayo, en Planeta Rica, la ANT entregó 210 hectáreas del predio Martirio a víctimas del conflicto pertenecientes a la ANUC, fortaleciendo así la justicia territorial y el desarrollo rural con enfoque de género y reparación.

Con acciones como estas, el Gobierno Nacional busca transformar el modelo de tenencia de tierras, con el respaldo de ganaderos y empresarios que, en un gesto sin precedentes, han ofrecido voluntariamente sus predios para avanzar en la Reforma Agraria y darles a las comunidades campesinas un nuevo horizonte de dignidad y autonomía.

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En el marco del Día Nacional de la Niñez Indígena, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) celebramos y honramos a las niñas y niños indígenas de Colombia: semillas de los pueblos, portadores de la vida y guardianes del futuro.

La niñez indígena no es solo el mañana, es el presente que florece en medio de los territorios y comunidades. Cuidar sus sueños significa defender la vida, la cultura y la memoria de los pueblos originarios. Su bienestar es inseparable de la defensa de los territorios, pues crecer con amor, salud, identidad y libertad es un derecho fundamental que debe ser garantizado sin discriminación, miedo ni violencia.

Reafirmamos que la niñez indígena debe estar lejos de la guerra y del reclutamiento forzado. La niñez no pertenece a ningún conflicto armado, pertenece a la vida y a la alegría. Decimos con fuerza: no al despojo, no al miedo, no a la violencia.

El cuidado de las niñas y los niños indígenas es un compromiso colectivo: es abrazo de comunidad, tejido de afecto, protección espiritual y compromiso compartido con la vida y el territorio. Su protección no depende únicamente de las familias, sino de la responsabilidad integral de pueblos, comunidades y del Estado.

Escuchar sus voces es reconocer su derecho a ser oídos, a decidir y a participar en la construcción de sus territorios. Sus palabras son semilla y guía que orienta la vida colectiva.

En este Día Nacional de la Niñez Indígena reiteramos: cuidar la niñez es cuidar la vida misma, el futuro de nuestros pueblos y la dignidad de toda Colombia.

¡Defender a la niñez indígena es defender la vida y los territorios!

 

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