El proyecto denominado "El chineo en la voz de las mujeres", realizado entre enero y abril de 2023 en el norte de Salta, revela la reiteración de la queja de las mujeres originarias respecto del sistema judicial provincial.

Por Maira López
En el proyecto denominado "El chineo en la voz de las mujeres", realizado entre enero y abril de 2023, en el norte de Salta, se revela que mujeres indígenas sostienen que cuando pretenden denunciar violaciones sexuales a mujeres y niñeces indígenas el sistema de justicia es inaccesible para ellas por razones de discriminación y racialización hacia los pueblos originarios. "Se burlan de mi denuncia", fue una de las frases que se recogió de la investigación llevada adelante por Iniciativa Spotligh y la Red "Las Macachas" de Salta.

El proyecto se llevó adelante en la comunidad wichí Carboncito, de Embarcación; en otra comunidad de General Ballivián, y en una comunidad del Pueblo Tapiete de la ciudad de Tartagal, todas ubicadas en el departamento San Martín. La presentación de los resultados se realizó este último viernes en el Mercado Artesanal de la ciudad de Salta.

El objetivo era explorar y visibilizar los sentidos y valoración que las mujeres indígenas atribuyen a las violaciones sexuales de mujeres y niñeces de esa población, que también se conoce como "chineo" (en el caso de las violaciones en banda cometidas por personas no indígenas), aunque esa denominación es resistida por otras referentas indígenas, entre ellas la fallecida mujer wichí Octorina Zamora, quien sostenía que el uso de esta palabra implicaba un sesgo racista. También denunciaba que hay hombres indígenas que actúan como entregadores.


En la investigación cualitativa que se presentó el viernes último los datos más relevantes refieren a que en las comunidades relevadas existe un desconocimiento generalizado de la palabra chineo; mientras que en algunas de ellas, el término es considerado estigmatizante. En esa línea, las mujeres que participaron del proyecto reconocieron a estas violencias como "violación en grupo, abusos por criollos, chaqueños (por los habitantes de la región del Chaco salteño)". Algunas de sus declaraciones fueron: "me usaron", "me violaron", "me agarraron".

Además, cuestionaron que cuando quieren hacer denuncias formales se observa "inaccesibilidad a la justicia por discriminación y racialización", afirmación que se sostiene en relatos como: "no me atienden cuando voy a denunciar", "no me creen", "se burlan de mi denuncia". De esta manera, cuestionaron al sistema judicial y a los procesos de investigación penal que involucran personas de los pueblos originarios. Puntualmente, se cuestionan el trámite que se sigue desde el momento en que se quiere asentar la denuncia en las comisarías hasta el seguimiento de los casos.

Ya hubo presentaciones evidenciando este mal proceder de la justicia. En junio del año pasado la ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, solicitó mediante una denuncia presentada ante la fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto, que se investiguen las responsabilidades sobre hechos de violencia de género, violencia psicofísica, abuso sexual y femicidio, de las que son víctimas niñas, adolescentes y mujeres de comunidades de distintos pueblos indígenas (mayoritariamente el Wichí) que habitan los departamentos San Martín y Rivadavia, en el norte de la provincia de Salta.

Otros de los datos relevantes que destacó el proyecto está vinculado con la inaccesibilidad a los "estratos educativos superiores por sus condiciones económicas y la carencia de docentes bilingües". Las mujeres manifestaron sus intenciones de continuar su trayectoria formativa, pero "no entiendo bien el castellano", mencionó una de ellas. Otra situación también mostró que intentaron conseguir becas, sea en la Universidad Nacional de Salta o en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), pero "no me la dieron".


En sintonía, se observó que existe un "escaso reconocimiento profesional de las lenguas maternas", dado que se denunció que el sistema educativo de la provincia no reconoce la titularización de la lengua materna de las docentes indígenas.

Además, se visibilizó la imposibilidad del acceso a viviendas seguras puesto que las familias contaron que hacen sus casas con lonas y nylon descartados de las fincas cercanas a sus territorios. Esta denuncia va en línea con la apropiación histórica y creciente de los territorios ancestrales que obliga a las familias a emprender migraciones forzadas. "Estamos en El Acampe (Misión Chaqueña), como guardianas de nuestros territorios desde hace ya 6 meses" sin respuesta de ninguna institución pública, afirmó una mujer.

A la situación se sumó la deficiente accesibilidad al agua potable ya que no se cuenta con infraestructura para ello, provocando "contaminación de aguas y suelos por agroquímicos de los grandes productores", señaló el informe. Entre las declaraciones de las mujeres se destacan: "los aviones nos fumigan y las acequias se contaminan", "caminamos kilómetros para llegar a una bomba de agua y sale sucia, agua con barro".

Los desafíos del Estado

La Red Las Macachas está conformada por la Fundación GEMA, el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, la Asociación Pacha Lab, la Fundación Markani y la ONG Aynis. Desde la Red afirmaron que es "urgente y necesario que todos los actores de la sociedad y, especialmente, el Estado" asuman un compromiso real para la búsqueda de políticas públicas diseñadas desde las perspectivas de interculturalidad, de interseccionalidad y de género.

Entre las propuestas que presentaron el último viernes, pidieron que las normativas vigentes tipifiquen las violaciones en banda a mujeres e infancias indígenas como "crímenes de práctica racista y colonial con la máxima pena posible y esos sean de carácter imprescriptibles". También, apuntaron a que se promueva la modificación, incorporación o creación de una normativa con la consulta y participación activa de los pueblos originarios que contemplen la cosmovisión y cosmogonía de sus estructuras políticas y sociales que logre un verdadero acceso a la justicia.

Instaron a que se diseñen protocolos adecuados de acompañamiento para las distintas violencias y vulnerabilidades a mujeres e infancias originarias que consideren sus lenguas, prácticas ancestrales, cosmovisión, cosmogonía.

Asimismo, señalaron que se debe promover procesos formativos para mujeres y jóvenes indígenas donde "fortalezcan sus habilidades para generar sus propias investigaciones fuera de los paradigmas estereotipados academicistas,con un enfoque de derechos de mujeres e infancias indígenas". En sintonía, también instaron a que se genere que "las mujeres y diversidades indígenas accedan a cupos de espacios de decisión en lugares de participación política".

Por último, solicitaron que las organizaciones sociales y civiles que son "reconocidas con perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad, tengan un espacio de participación activa en el diseño, gestión y monitoreo de las politicas públicas".

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San José, Costa Rica, 25 de febrero de 2025 – La quinta edición del Foro Permanente de Ministras, Viceministras y Altas Funcionarias de las Américas (FOPEMA) culminó con un firme llamado a promover la participación de las mujeres en la política agrícola y a reconocer su valioso aporte en la economía del cuidado. En un contexto donde solo tres países de la región cuentan con ministras de Agricultura, el foro subrayó la urgencia de políticas públicas inclusivas que garanticen el acceso equitativo a oportunidades para las mujeres rurales.

Visibilización del trabajo de cuidados: un desafío pendiente

Uno de los temas centrales abordados fue la economía del cuidado y la sobrecarga de trabajo no remunerado que enfrentan las mujeres rurales, quienes dedican hasta siete horas diarias a estas tareas, lo que representa entre el 15 % y el 25 % del PIB. Equipos de especialistas en agricultura, igualdad y estadística, así como representantes gubernamentales, compartieron estrategias para cuantificar y redistribuir esta carga. Entre las iniciativas presentadas, destacaron programas como el Programa Chile Cuida, en Chile, que incluye centros de atención y autobuses de cuidado, y el Diplomado en cuidados de Panamá, que apoya a mujeres rurales a través de créditos para emprendimientos.

Además, se celebraron los avances en la medición del trabajo de cuidados, con encuestas de uso del tiempo realizadas en 23 países y la estimación de su valor en el PIB. Sin embargo, aún persisten desafíos, como la falta de financiamiento sostenible y la escasez de datos sobre las realidades de las mujeres rurales.

Buenas prácticas que transforman vidas

El foro también presentó ejemplos exitosos de iniciativas transformadoras para las mujeres rurales. Entre ellas, destacaron las salas comunitarias de cuidado en Argentina, que ofrecen acceso a servicios de educación y salud, y la Red de cuidados para personas recolectoras de café en Costa Rica. Colombia compartió sus avances en la cuantificación del trabajo de cuidados y la promoción de la agroecología con enfoque de género, mientras que México destacó el reconocimiento del trabajo de cuidados de las mujeres indígenas como un pilar clave de la economía.

Financiamiento para la equidad de género

Entidades financieras como CAF y FMBBVA hicieron hincapié en la importancia de invertir en infraestructura de cuidados, el acceso a créditos y la digitalización de servicios financieros. Asimismo, propusieron fortalecer las alianzas público-privadas para garantizar modelos de cuidado sostenibles en las zonas rurales.

Corresponsabilidad y políticas públicas con perspectiva de género

El foro concluyó con un firme llamado a transformar la estructura del trabajo de cuidados en el ámbito rural, destacando la necesidad de políticas públicas con enfoque de género, la redistribución de la carga de cuidados, el fortalecimiento de alianzas estratégicas y la inclusión de los hombres en estas labores.

«Es fundamental colocar a las mujeres en el centro de las políticas públicas para garantizar un desarrollo agrícola equitativo e inclusivo», afirmó Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica.

Desde el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), se reafirmó el compromiso de seguir impulsando el reconocimiento del trabajo de cuidados y promoviendo la igualdad de género en los sistemas agroalimentarios del hemisferio.

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En muchos países el trabajo infantil es principalmente un problema agrícola. En todo el mundo, el 60 por ciento de todos los niños trabajadores con una edad comprendida entre los 5 y los 17 años trabajan en la agricultura (incluidos el cultivo, la pesca, la acuicultura, la silvicultura y la ganadería) lo que equivale a más de 98 millones de niñas y niños. La mayoría de estos niños trabajadores (el 67,5 por ciento) son miembros de la familia que no cobran ninguna retribución. En el sector agrícola, este porcentaje es mayor. Además, los niños entran muy pronto en el mercado laboral –en algunos casos, se trata de niños que tienen entre 5 y 7 años1. La agricultura es uno de los tres sectores más peligrosos en lo que se refiere a fallecimientos relacionados con el trabajo, accidentes no mortales y enfermedades profesionales. Alrededor del 59 por ciento de todos los niños entre 5 y 17 años en trabajos peligrosos se encuentran en la agricultura.

La pobreza junto con el acceso limitado a una educación de calidad, unas tecnologías agrícolas inadecuadas, un difícil acceso a la mano de obra adulta, unos altos riesgos y peligros, así como unas actitudes tradicionales respecto a la participación de los niños a las actividades agrícolas son las principales causas del trabajo infantil en la agricultura. Puede ser positivo que los niños participen en algunas actividades no peligrosas, pues favorece la transferencia de conocimientos entre generaciones y la seguridad alimentaria de los niños en especial en los cultivos familiares, la pesca a pequeña escala y la ganadería. Es importante establecer una distinción entre tareas ligeras que no causan ningún daño al niño y el trabajo infantil, el cual interfiere con la escolarización obligatoria y puede perjudicar la salud del niño o su desarrollo físico y mental, en función de las horas y de las condiciones de trabajo, la edad del niño, las actividades realizadas y los riesgos que acarrean.

La participación en algunas actividades agrícolas debe diferenciarse del trabajo infantil. Unas tareas adaptadas a la edad del niño que conlleven riesgos menores y que no representen un obstáculo a la escolarización y al disfrute del tiempo libre pueden perfectamente formar parte de una infancia normal en un contexto rural. Puede ser positivo que los niños participen en algunas actividades no peligrosas, pues favorece la transferencia de conocimientos entre generaciones y la seguridad alimentaria de los niños en especial en los cultivos familiares, la pesca a pequeña escala y la ganadería. Los jóvenes acostumbrados a desempeñar ciertas tareas agrícolas tienen más confianza en sí mismos, más autoestima y están más seguros de sus capacidades profesionales. Por consiguiente, es importante establecer una distinción entre tareas ligeras que no causan ningún daño al niño y el trabajo infantil, el cual interfiere con la escolarización obligatoria y puede perjudicar el desarrollo personal y la salud del niño, en función de las horas y de las condiciones de trabajo, la edad del niño, las actividades realizadas y los riesgos que implica.

Sub-sectores
El trabajo infantil es muy frecuente en todos los sub-sectores agrícolas, aunque con características diferentes:

Cultivo de la tierra
Pesca y acuicultura
Silvicultura
Ganadería
Aspectos transversales

Los avances realizados en la eliminación del trabajo infantil en la agricultura han sido lentos debido a las características específicas del sector. Esta situación es difícil de resolver debido a algunos factores como las lagunas existentes en las legislaciones nacionales sobre el trabajo familiar agrícola, la falta de sindicatos fuertes, la división de la mano de obra, la insuficiente capacidad de los inspectores de trabajo para cubrir áreas rurales remotas, el contexto familiar en el que trabajan muchos niños sin retribución ni contrato, la continuidad entre los hogares rurales y el lugar de trabajo y las tradiciones que fomentan la participación de los niños en las actividades agrícolas desde una temprana edad.

La discriminación de género, la edad y las normas culturales distinguen el tipo de trabajo realizado por niñas y niños así como el número de horas trabajadas y el derecho a la educación. Las diferencias de género en el trabajo infantil aumentan con la edad. En muchos casos, considerando las tareas domésticas las niñas trabajan más horas que los niños, lo que les deja menos tiempo para los estudios. Estos aspectos pueden surgir en todos los sub-sectores de la agricultura:

Normas internacionales de trabajo sobre trabajo infantil en la agricultura

La Alianza internacional de cooperación

La Alianza internacional de cooperación sobre el trabajo infantil y la agricultura es una iniciativa global que reúne las acciones de la OIT, la FAO, el FIDA, el CGIAR y la UITA desde el 2007. Fue creada con el objeto de promover la participación de organizaciones agrícolas en los esfuerzos mundiales por eliminar el trabajo infantil en la agricultura. La pobreza y la aplicación inadecuada de la legislación laboral son algunas de las causas del trabajo infantil en la agricultura y a ellas se suma la naturaleza peligrosa del trabajo agrícola. Para erradicar esta práctica es necesario corregir la estructura de la producción agrícola. Las partes interesadas del sector agrícola cumplen un papel importante en esta materia.

La Alianza ha logrado un reconocimiento creciente dado su compromiso permanente con los diálogos de políticas sobre trabajo infantil, tales como la 2ª y 3ª Conferencias mundiales sobre trabajo infantil. Las actividades de promoción y sensibilización han ayudado a generar una mayor comprensión de este tema y de la necesidad de lograr que los profesionales agrícolas y laborales unan esfuerzos, conocimiento y experiencia para eliminar el trabajo infantil. La Alianza también lleva a cabo actividades de desarrollo de capacidades a nivel nacional con el fin de apoyar a los actores principales del sector agrícola para abordar cuestiones relativas al trabajo infantil en políticas y programas nacionales, servicios de extensión y actividades de seguimiento. La labor que cumple la Alianza en el contexto nacional, regional y mundial incluye:

Promover la cooperación entre partes interesadas de la agricultura y del trabajo y garantizar la coherencia de las políticas y los programas sobre prevención del trabajo infantil.

Mejorar los medios de vida rurales y la productividad de las actividades que generan ingresos.

Hechos sobresalientes

Conferencia internacional sobre el trabajo infantil en la agricultura
28-30 de julio de 2012, Washington DC, Estados Unidos
La agricultura siendo un sector prioritario de su estrategia, Global March contra el Trabajo Infantil organiza una Conferencia internacional sobre el trabajo infantil en la agricultura. (página en inglés)
- Documento final
Formación y fortalecimiento de capacidades sobre el trabajo infantil: cada año el Centro Internacional de Formación de la OIT (CIF-OIT) organiza cursos regulares y programas de formación a medida a nivel nacional. La próxima edición del curso "Harvesting a future without child labour: eliminating harmful practices in agriculture" [En busca de un futuro sin trabajo infantil: eliminar las prácticas perjudiciales de la agricultura] se llevará a cabo en mayo de 2012. Para más información sobre los próximos cursos, visite la página sobre trabajo infantil del CIF-OIT.
Romper el ciclo de la pobreza: Llevar a los niños y niñas del trabajo a la escuela – Reseñas de políticas.
1 OIT: Intensificar la lucha contra el trabajo infantil – Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (Ginebra, 2010).

 

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Pilar Puentes   27 Ene 2025   América del Sur

El país tiene el reconocimiento inicial de dos pueblos indígenas en aislamiento: los yurí y los passé.

Se tiene indicios de otros 16 pueblos, pero aún falta un largo camino para tener una confirmación.
Hace un año se emitió una medida cautelar que ordena la protección de los yurí y los passé, pero comunidades indígenas colindantes y organizaciones no gubernamentales advierten pocos avances.
El Ministerio del Interior no ha avanzado con el cumplimiento del Decreto 1232 de 2018 que ordena la protección de los pueblos en aislamiento.

Cinco datos clave

En medio de la selva amazónica colombiana viven pueblos indígenas en aislamiento del mundo occidental. En lo profundo de esta región, y lejos de las ciudades, habitan indígenas que se resisten ante la llegada de la minería, la deforestación, los grupos armados, el narcotráfico y la religión. Oficialmente, Colombia tiene sólo dos pueblos en aislamiento con presencia confirmada y territorialidad identificada. Sin embargo, desde su descubrimiento y confirmación en 2010 continúan bajo amenaza.

Las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades indígenas que viven cerca de los aislados han realizado grandes esfuerzos para proteger su territorio y mantenerlos alejados del contacto. La Unidad de Restitución de Tierras (URT) logró que en 2023 el juzgado de Cundinamarca emitiera una medida cautelar para los yurí y los passé, con el fin de protegerlos de la creciente minería en el río Puré, en la frontera con Brasil.

Sin embargo, el avance en la protección de estos pueblos y la confirmación de otros grupos indígenas en aislamiento en la Amazonía colombiana siguen siendo lentos. Según miembros del equipo de Amazon Conservation Team (ACT), una organización que ha dedicado décadas a investigar y proteger a estos pueblos, hay indicios de otros 16 grupos en aislamiento, “pero es fundamental confirmar su existencia para garantizar su conservación y su protección”.

Para expertos y comunidades indígenas que limitan con los aislados, esta situación es una carrera contra el tiempo. Temen que se repita la historia de los nukak, quienes al salir de su aislamiento enfrentaron una serie de amenazas devastadoras. En 1988, un pequeño grupo de nukak llegó al municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare y después de ese primer acercamiento con el mundo occidental, la mitad de su población murió a principios de la década de 1990 por gripe y problemas respiratorios. Las presiones por la tierra en la que habitan, los llevó a dejar su vida nómada y concentrarse en un pequeño espacio en San José del Guaviare. La deforestación, el mercado de tierras ilegal, la ganadería, los cultivos de coca y la presencia de grupos armados no les permite retornar libremente al territorio del que fueron expulsados.

Roberto Franco, politólogo y quien era la principal autoridad en temas de pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonía colombiana, fue el autor de Cariba Malo, la investigación que llevó a la confirmación de la existencia de los yurí y los passé. En su libro narró lo que hoy sigue siendo vigente: “Los indígenas aislados son un asunto que a pocos interesa, pues si acaso son percibidos como algo folclórico”. Desde su descubrimiento en 2010, el Estado colombiano no ha hecho otro reconocimiento de un pueblo en aislamiento.

Los Nukak se vieron forzados a entrar en contacto con otras poblaciones debido al conflicto armado colombiano.

La mirada internacional
En el mundo hay por lo menos 200 grupos de indígenas en aislamiento o en contacto inicial que desde hace siglos conservan sus culturas, su lengua y modos de vida en lo más profundo de la naturaleza.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que estos pueblos residen en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Perú y Venezuela. En la región, el país que cuenta con el menor número de pueblos aislados confirmados por el Estado es Colombia, en contraste con Perú que tiene registros de la existencia de al menos 26 pueblos indígenas y otros dos por confirmar. Brasil, con 28 pueblos confirmados y 86 por confirmar, es el país con más aislados.

La identificación, reconocimiento de los pueblos indígenas en aislamiento y su protección efectiva sigue siendo un desafío. Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en 2024 se hizo un llamado para la protección y el respeto al derecho de no contacto.

La presiones y amenazas a los aislados en Colombia no son muy distintas a las de países vecinos. Por ejemplo, en Ecuador han sido amenazados por la exploración y explotación del petróleo en su territorio. Aunque en agosto de 2023 la ciudadanía ecuatoriana decidió en una consulta popular —con el 58.95 % de los votos— dejar bajo tierra el petróleo del Parque Nacional Yasuní, en el que viven las aislados Tagaeri y Taromenane, y expulsar a las empresas que operan allí, el cumplimiento no se ha hecho efectivo.

Los peligros

“Los pueblos no contactados de la Amazonía no tomaron la decisión de cortar con el resto de la humanidad de una manera voluntaria, lo hicieron obligados, hace cientos de años, por simple supervivencia”, manifestaron los voceros de ACT, que prefieren omitir sus nombres por la difícil situación de seguridad en la Amazonía, al referirse a las distintas amenazas que enfrentan estos pueblos indígenas. Huyeron de los peligros que el ‘cariba malo’ —hombre blanco— les ofreció desde su llegada a la selva.

Con el tiempo los peligros han cambiado, los indígenas ya no huyen de las caucherías, que desde 1879, y por más de 30 años, esclavizó a los pueblos originarios de la Amazonía hasta diezmarlos. Ahora huyen de la minería ilegal, que no solo navega por los ríos que traspasan fronteras, sino que también les deja mercurio que consumen cada día sin saberlo.

Cientos de kilómetros para un control médico, discriminación por parte de los profesionales de la salud, negativa a que decidan sobre su propio cuerpo, afectación por agrotóxicos. Son hechos confirmados en una investigación del CELS, realizada durante dos años, con mujeres rurales de Argentina. El rol clave de las organizaciones campesinas para exigir el cumplimiento de derechos.

Mujeres campesinas y acceso a la salud

“Muchas mujeres resignan la propia salud por la sobrecarga en sus tareas cotidianas de sostenimiento de la vida.” La frase, que resonará en el cuerpo de toda mujer que la lea, forma parte del inicio del informe “Campesinas. Organización para la salud” elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que explora el acceso a ese derecho básico por parte de las campesinas en Argentina. La investigación muestra que la desigualdad de género se ve agravada aún más cuando esas mujeres habitan en parajes y poblaciones rurales. Los resultados son concluyentes: las malas condiciones de acceso a la atención médica, la sobrecarga en las tareas de cuidado y la falta de políticas públicas hacen que no accedan al derecho a la salud.

Una de las conclusiones del estudio es que las mujeres de zonas rurales no cuentan con disponibilidad del mismo tratamiento que en zonas urbanas, sobre todo cuando se trata de acceder a métodos anticonceptivos, controles ginecológicos frecuentes, el seguimiento de un embarazo o las posibilidades de su interrupción, y adecuada atención del momento del parto y el postparto.

La investigación, a la que se puede acceder aquí, recupera testimonios de mujeres de distintas provincias del país. En ellos se revela que, en el campo, todo queda lejos y a contramano. Las largas distancias por recorrer para llegar a un lugar de atención primaria se agrava por la falta de profesionales especializados y la imposibilidad de darle continuidad a los tratamientos.

Las conversaciones en los territorios fueron clave para relevar la realidad que viven cotidianamente. Las autoras del informe, Daiana Aizenberg y Agustina Bender, explican que estuvieron con comunidades campesinas alejadas de las capitales de Santiago del Estero, Mendoza, Misiones y Jujuy. También visitaron la zona de Abasto, en la provincia de Buenos Aires, donde se ubica el cinturón hortícola platense.

Las dificultades se transitan de forma diferente y con distintas estrategias, pero en todos los casos las mujeres campesinas quedan más lejos de gozar de sus derechos. En ese contexto, mencionan las propias entrevistadas, las organizaciones campesinas son una respuesta fundamental para el ejercicio de los derechos negados por un Estado que pocas veces llega a las comunidades rurales.

Entre lo que dice el marco legal, que es un paraguas amplio, y las maneras en que esos derechos se garantizan, hay un trecho, resumen las autoras. “Los derechos están, pero poder acceder es una tortura” subraya Leti, una de las entrevistadas en Quimilí, Santiago del Estero.

Las mujeres de Quimilí deben recorrer 200 kilómetros hacia la capital de la provincia para acceder al hospital regional más cercano. Para las infancias, el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) Eva Perón y el Hospital de Niños son los dos establecimientos que más valoran, pero también se encuentran en la capital. El dato grafica la “tortura” que implica el lograr una atención adecuada.

La odisea para conseguir un turno

La salud depende de las condiciones estructurales de acceso. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) —recuerda el informe— esto incluye la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo, agua potable, alimentación y vivienda adecuadas”.

En las zonas rurales de Argentina, la infraestructura adecuada para facilitar la atención médica siempre queda lejos. Las distancias que deben recorrer muchas mujeres para encontrar lugares de atención impiden la consulta de control. Sólo se llega a la consulta cuando pasa algo grave. Además de los problemas y gastos que implican el traslado, la odisea no termina allí. Es habitual que los turnos no sean el mismo día. Si eso ocurre, tienen que conseguir un lugar para quedarse en la capital o, en el peor de los casos, viajar nuevamente hasta sus casas y volver en unos meses.

“Concurren a atenderse cuándo ya no pueden más del dolor. Antes que atender sus propias dolencias, les dan prioridad a los niños o a las personas adultas mayores. Resignan su propia salud, el autocuidado, por la sobrecarga de tareas.”, cuenta Lucía de la Vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS y del relevamiento realizado. De este modo, la prevención de los problemas de salud queda absolutamente relegada.

Una de las entrevistadas (solicitó mantener anonimato), de la comunidad misionera de San Antonio, afirma: “Es tan complicado hacerse estudios médicos, que me los termino haciendo únicamente cuando estoy embarazada”. A la dificultad de las distancias, se le suma la complejidad de la logística familiar para el cuidado de su salud. Los viajes que realizan en esa provincia son de 120 a 170 kilómetros, para llegar a las ciudades de Eldorado, Puerto Iguazú y San Vicente. Allí se encuentra la mayoría de los hospitales de alta complejidad.

A las dificultades materiales se le suma la incomprensión. Las campesinas manifiestan sentirse, y con frecuencia, juzgadas por el personal de salud durante las consultas. En algunos casos reciben críticas sobre el tiempo que pasa entre una consulta y la siguiente, sin considerar la odisea que implica movilizarse. No faltan relatos que señalan también un fuerte cuestionamiento sobre el uso que ellas hacen de la medicina ancestral: “Te anulan, te hacen olvidar tu sabiduría. Después ellos se quedan sin remedios, y nosotras sin el pan y sin la torta”, dice en el informe Guadalupe, una de las integrantes de la Red Puna (en Jujuy), organización que es parte del MNCI Somos Tierra.

Ese acceso sin equidad a la salud se profundiza aún más cuando sólo se depende de la atención pública. En las zonas en las que se depende sólo de instituciones estatales, éstas se encuentran en menor cantidad y con menos complejidad para la atención. Con la cantidad de personal médico y de enfermería ocurre lo mismo.

Según los datos publicados por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (2024), aproximadamente el 32 por ciento de los establecimientos de salud del país son públicos. Sin embargo, en el NOA y en el NEA los establecimientos públicos alcanzaron proporciones que superan este promedio, con 42 por ciento y 53 por ciento respectivamente. El NEA y NOA fueron las de mayor relación de establecimientos públicos por habitantes.

Estas regiones, a su vez, tuvieron la mayor frecuencia de Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), que —en algunos casos— logran achicar las distancias. Pero en la mayoría de ellos, según el relevamiento del CELS, no se cuenta con medicamentos, equipamiento ni personal médico de especialidades necesarias.

Cuerpos y vidas a la deriva

La vida sexual y reproductiva de una mujer abarca múltiples aspectos. Esos accesos inequitativos a los servicios más básicos de salud las alejan del pleno goce de sus derechos y de la posibilidad de tomar elecciones informadas sobre sus cuerpos. Lo mismo sucede con los partos y sus controles, tanto antes como luego del nacimiento.

Muchas campesinas de Santiago del Estero hacen sus controles en puestos móviles o “camioncitos de salud”. En esos casos, las distancias se achican. Pero el recorrido de estas postas móviles no siempre es constante ni frecuente. En Bernardo de Irigoyen (Misiones) y en Quimilí (Santiago del Estero), las mujeres campesinas relatan que jamás recibieron los resultados de sus estudios de papanicolau (que sirve para detectar el cáncer de cuello uterino), colposcopía (examen de cuello de útero, vagina y vulva) y mamografía, por lo que quedaron sin saber su estado de salud.

A pesar de las leyes nacionales de Parto Humanizado y de Protección Integral de las Mujeres, las campesinas relatan que los sentimientos, percepciones, experiencias y saberes sobre el propio cuerpo, muchas veces resultan ignorados durante el proceso de pre y post parto. Maltrato verbal o físico, deslegitimación, restricción de información sobre los procesos y las decisiones que pueden tomar, medicalización al momento del parto y escaso acompañamiento fueron algunos de los temas que se repitieron.

La violencia obstétrica persiste en muchas clínicas y hospitales. El 79 por ciento de la violencia obstétrica es de tipo psicológica, el 40 por ciento es física y el 14,7 por ciento de las personas que se comunicaron a la línea 144 informaron haber sufrido violencia sexual.

Los relatos ilustran esos números. “Ser mujer, marrona y campesina es un orgullo para Susana, pero en el hospital de La Plata donde se atiende son sesgos de discriminación: ‘Te ven con esa tonada de que sos de provincia y te dejan de lado’", se lee en el informe. El mismo cuenta también la historia de otra mujer, en Santiago del Estero, a quien le negaron la internación cuando comenzó su trabajo de parto. Su bebé falleció; a ella le realizaron un legrado (raspaje del útero con una cureta) y le dieron el alta. Otro caso fue el de Leonor, que pasó la noche parada en el pasillo del Hospital de La Banda (Santiago del Estero), con su hija recién nacida y luego de una episiotomía, porque faltaban camas y no había más colectivos para volver a Quimilí.

La episiotomía es un corte que se hace en el tejido entre la abertura vaginal y el ano durante el parto, y dicha práctica está cuestionada incluso por la Organización Mundial de la Salud. ”A dos de cada tres personas gestantes primerizas en nuestro país les hacen episiotomías”, denuncian desde el CELS.

Como estrategia ante lo complejo de asistir a un centro de salud cuando llegan los síntomas del parto, algunas mujeres rurales optan por cesáreas programadas. “María, vecina de Quimilí, prefiere organizar su parto de ese modo porque vive muy lejos del hospital, no tiene vehículo y se le dificulta volver a realizarse los controles; entonces una internación de varios días le resulta más conveniente. No es que no haya hospital público en Quimilí, pero derivan todos los partos a la capital provincial. La cesárea, que debería aparecer como una práctica médica extraordinaria, se impone muchas veces por la complejidad logística”, dice el informe.

Otra dificultad es el acceso a los anticonceptivos. El relevamiento cuenta que, en Misiones, Miriam decidió, ante el nacimiento de su quinto hijo, solicitar una ligadura tubaria (método anticonceptivo permanente). Su intención era aprovechar el parto para realizar la intervención. Sin embargo, en el hospital de Eldorado se la negaron sin motivo y le ofrecieron en su lugar colocarle un dispositivo intrauterino (DIU, otro método no permanente), a los dos meses. A Mónica, de Bernardo de Irigoyen, el ginecólogo le pidió la autorización de su esposo para realizarle una ligadura tubaria (pese a lo que dice la ley para estos casos). A Laura se la negaron porque “aún era joven y podía arrepentirse”.

Entre objetores y agrotóxicos

Toda mujer debe decidir sobre su cuerpo y su embarazo. En las comunidades rurales, muchas no pueden decidir por las consecuencias de los agrotóxicos que interrumpen sus embarazos. En otros casos, cuando son ellas quienes quieren ejercer el derecho a no continuar una gestación, encuentran trabas concretas que cercenan sus derechos.

Según el Centro de Derechos Reproductivos, las mujeres fumigadas tienen un 75 por ciento más de posibilidades de sufrir un aborto espontáneo en el primer trimestre de gestación. “Fue en las asambleas donde surgió un tema que no habíamos contemplado al comienzo de la investigación: la incidencia de los agrotóxicos en los abortos involuntarios. En varios lugares, los testimonios se repetían, y eran coincidentes, además de la pérdida de embarazos referenciaban descomposturas y reacciones en la piel o problemas respiratorios relacionados con el uso de agrotóxicos”, explican desde el CELS. El informe contiene todo un capítulo específico sobre el tema.

En 2015, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia advirtió que existen vínculos documentados entre la exposición prenatal a sustancias químicas ambientales y los resultados adversos para la salud. En agosto de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió un informe del Centro de Derechos Reproductivos y otras organizaciones en el que señala la evidencia científica sobre las consecuencias de la exposición al glifosato y otros pesticidas.

Los impactos de los agrotóxicos en la salud humana, especialmente en la salud reproductiva, incluyen trastornos de fertilidad, abortos involuntarios, nacimiento de niños y niñas con bajo peso, riesgo de parto prematuro, preeclampsia (complicación del embarazo potencialmente severa caracterizada por una presión arterial elevada), aumento de hospitalizaciones post parto por infecciones en mujeres, malformaciones congénitas, infecciones y hasta aumento en la probabilidad de muerte de recién nacidos.

Por otra parte, el aborto elegido, en las comunidades rurales, no está exento de debates que aún atraviesan el tema, pero, concretamente, la posibilidad de acceder al derecho al aborto se enfrenta de lleno con la presencia de muchísimos impedimentos, que se hacen más notorios en las provincias más conservadoras. La oposición de efectores de salud a la práctica y el número de objetores en el sector público son un obstáculo real.

En el Hospital de San Antonio (Misiones), se grafica en la investigación, el equipo de salud es objetor. “Por lo tanto, quienes opten por interrumpir su embarazo deberán desplazarse hasta Pozo Azul, una localidad a 100 kilómetros de distancia. La vigencia y cercanía de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo todavía está atravesada por sesgos morales y religiosos que, en algunos casos, obstaculizan la apropiación de derechos conquistados. Aún así, las organizaciones sociales toman la decisión política de acompañar el plan de vida de sus integrantes”, resalta.

Sostener y tejer comunidad

En este presente de achicamiento y desmembramiento del Estado todo hace prever que el acceso a la salud integral, ya en deuda, se complique aún más. Ahí, desde siempre, están y estarán las propias mujeres acuerpándose para tejer redes. Y para seguir exigiendo que el derecho a la salud sea posible para todas, independientemente de la condición social, económica, laboral, de género, de capacidad y de ubicación geográfica. Cuidar a quienes cuidan y a quienes nos alimentan se hace urgente y necesario en un presente que pareciera olvidarse de la importancia del sostenimiento de la vida.

“Hoy nos encontramos con las provincias haciendo malabares y con el Estado nacional que se ha corrido. Sin insumos, sin medicamentos y con el desmantelamiento de programas enteros destinados a prevenir embarazos en adolescentes, por ejemplo”, explican desde la Coordinación de Agenda Feminista del CELS.

El organismo de DDHH detalla que “las organizaciones sociales funcionan como puente para llegar al primer nivel de atención a la salud. Muchas veces garantizan el plato de comida, así como dan apoyo escolar y juegos para niños y niñas. Son el telar de solidaridad y afecto en un tejido social cada vez más desintegrado”. También marca la necesidad de reconocer y fortalecer el rol de las promotoras de salud y de género y garantizar la representación de las organizaciones campesinas e indígenas en las mesas de trabajo y en los espacios de definición de las políticas públicas que afecten a sus comunidades.

Los cuidados comunitarios son estratégicos para el desarrollo de las comunidades rurales, por su inserción territorial, por las posibilidades de sostenibilidad y por la pertenencia a una trama cultural común. “Lo que vimos y escuchamos a lo largo de todas las entrevistas es que el acompañamiento de las organizaciones de la propia comunidad es clave para tratar de sortear tantos obstáculos. En algunos casos las ayudan a gestionar los turnos, pero en todos son quienes se encargan de insistir para que no se pierda esa conciencia de la necesidad del autocuidado. Algo que resulta fundamental”, afirma de la Vega.

“Una señora se nos acercó en Misiones y nos compartió un consejo que practica y comparte con otras: ‘Aunque estés tapada de trabajo, tomate unos matecitos y, aunque sea, dedicate una hora para vos’. Ese registro, ese espacio que nos damos, para pensarnos, son algunos de los aprendizajes que nos trajimos de esos encuentros. Y resultan centrales para poder conectarse”, comenta.

Esa autoconciencia, ese reconocimiento, esa conexión con el propio cuerpo, no es suficiente, pero es un primer paso necesario para escucharse. Este “parar la pelota” se da fundamentalmente a través de talleres. Pero el acompañamiento no se queda sólo ahí. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), por citar un ejemplo, sostiene una red de promotoras de salud. Ellas trabajan para generar esa conciencia y juegan un rol de comunicación con el Estado que resulta clave para atender las demandas y para garantizar el acceso a tratamientos o a medicación antes escasos, hoy cada vez más lejanos.

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