Facultad de Ciencias Sociales

N18

ENTREVISTA A FRANCESCO TONUCCI

Por Gustavo Sarmiento *

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Recibido 13 de mayo de 2011. Aceptada 20 de mayo de 2011.

“¿Saben quién es este hombre?”, preguntó una maestra a los 35 chicos que lo rodeaban en círculo, en el segundo subsuelo de la Casa de la Cultura. Después de un breve silencio, Alexis, de unos 10 años, se animó: “él inventó la Ciudad de los Niños”.
Hace 20 años, Franceso Tonucci, pedagogo e investigador italiano, director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Cognición del Consejo Nacional de Investigaciones en Roma, creó el proyecto en su ciudad natal de Fano, con el primer objetivo de “empezar la experiencia de que los chicos salgan de casa sin necesidad de que los adultos los acompañen”. A los doce meses le agregó la idea de un Consejo de Niños, elegido por sus pares cada dos años, quienes reuniéndose, juegan y diseñan iniciativas concretas que las elevan al jefe de gobierno, en búsqueda de una ciudad “con los chicos y no para los chicos”.

_ ¿Cómo ve a las ciudades argentinas en relación a los niños?
Yo vengo frecuentemente porque hay mucho interés sobre la propuesta que estoy llevando desde hace 20 años. Rosario se juntó en esta experiencia ya en el 96, cuando Hermes Binner entró en la intendencia de Rosario. Le gustó mucho este proyecto, se enamoró. Este es un proyecto del que hay que enamorarse porque es bastante complicado escuchar a los niños y tener en cuenta lo que proponen. Siempre son propuestas que obligan a cambios y los cambios cuestan. Lo que encuentro es que aquí se sigue trabajando en este sentido.

_ ¿Tenían pensado tratar el proyecto de ir solos a la escuela en Ciudad?
_ En Rosario hay un proyecto de hace 10 años. Lo llaman “Caminos escolares”, que los niños puedan moverse con suficiente autonomía para ir y volver de la escuela. Aquí eso ya lo estaban haciendo años antes, ahora está bastante parado, y querían aprovechar de mi presencia para discutir juntos y volver a proponerlo. Y que haya un acompañamiento de los comerciantes, que se comprometan poniendo una pegatina “Tienda amiga de los niños”, para que ellos puedan entrar a hacer pipí, llamar a su casa por si tienen un problema, para un vaso con agua o una curita. Es una propuesta muy fuerte, interesante, de un cambio real, porque actualmente es impensado que un niño de 6, 7, 8 años salga de su casa a la mañana y se vaya a la escuela. Hay que prepararla bien, estudiar los recorridos, mirar los puntos de dificultad, y cuando se arregla bien conseguimos resultados impresionantes. En Italia tenemos un promedio de autonomía de niños de 6 a 11 años de sólo un 10%. Cuando proponemos este cambio, conseguimos llegar al 50 o 60%. Cambia significativamente. Esta creo que es la condición de mayor seguridad que podemos crear a los niños, mucho más que poner cámaras o policías en la calle. Los niños son “capaces” de producir seguridad. Si hay niños que recorren la ciudad, la ciudad se hace segura. Es un efecto contrario, paradójico, porque nosotros no dejamos salir a los niños pensando que la calle es peligrosa. Yo pienso, y tengo datos para confirmarlo, que la calle es insegura porque no hay niños. Los niños que recorren la ciudad en la misma hora en grupos producen una tensión ciudadana que crea un ambiente molesto para los delincuentes. Un delincuente necesita un ambiente descuidado, de manera que si hay una preocupación pública es un lugar incómodo para ellos. Esto se demostró aquí en Buenos Aires, como en todo el mundo, en 2005. El responsable del área de seguridad urbana declaró públicamente que en los barrios donde se hacían estas experiencias de autonomía de los niños los hechos criminales habían bajado un 50%. Es un dato impresionante.

_ Su visión es muy interesante para el debate actual en la Argentina sobre el tema de la seguridad. Una propuesta en Provincia de Buenos Aires es bajar la edad de inimputabilidad.
_ Puede imaginar que yo estoy totalmente en contra de esta idea. Pero no por un hecho romántico de la niñez, sino porque creo que es absolutamente inadecuada. Si el objetivo es reducir la delincuencia juvenil tenemos que hacernos dos preguntas: una, ¿Por qué estos chicos son delincuentes a los 12 o 13 años? Y segunda, ¿Cuáles son los medios para recuperarlos? Ponerlos en una cárcel es como un chiste, porque todo el mundo sabe que la cárcel es la mejor escuela de delincuencia que tenemos, muy bien organizada. Al hablar de chicos muy jóvenes la perspectiva de rehabilitación debería ser trascendental. Otra responsabilidad muy fuerte de por qué estos chicos son delincuentes es que la sociedad los ha perdido, sobre todo la escuela. Normalmente son niños que la han abandonado. Esta es una responsabilidad enorme, cada niño que la escuela pierde es un niño consignado en la delincuencia. Nosotros en Italia lo vivimos con las mafias. A estos chicos que la escuela echa, los delincuentes le dicen: “no te preocupes, yo te reconozco, tanto que te doy una pistola y te doy dinero si haces esto, yo confío en ti”. Por lo tanto hay una sociedad, que para nosotros es la otra, la mala, que da confianza a estos niños. Y la sociedad buena, la nuestra, que no confía en ellos y los pierde.

_ ¿Cada vez observa menos autonomía y libertad en los niños?
_ Totalmente. Yo digo siempre que si tengo que mostrar una diferencia profunda, probablemente la más fuerte, entre mi infancia y la de mi nieta de 3 años, es esta diferencia de autonomía, de movimiento. Aquí hay una contradicción. La autonomía de movimiento que tenía yo respecto a mi padre era la misma. Los dos teníamos como ámbito de movimiento nuestra ciudad, pequeña, de 50 mil habitantes, y como medio: la bicicleta. Las diferencias eran muy pocas. Ahora, la autonomía de movimiento de los adultos ha explotado y la de los niños se ha derrumbado, ha desaparecido casi completamente. Con lo cual, hay una relación entre estas dos cosas. Los niños no pueden salir de casa porque hay demasiados padres que la están recorriendo con sus autos. Pero hay otra contradicción muy fuerte y peligrosa: están perdiendo la posibilidad de moverse de casa niños que han conseguido, al contrario, una enorme autonomía de información y de comunicación, que nosotros no teníamos. Nosotros la única información que recibíamos era lo que nos daba la escuela. Hoy, los niños con internet y la televisión, saben todo y pueden acceder a conocimientos impresionantes, más que los adultos, porque muchas veces manejan esto con mas seguridad y lo usan mas que nosotros. Y pueden comunicarlo. En mi infancia la única manera de comunicarme con otros era salir de casa y encontrar al otro. Hoy, lamentablemente los niños reciben un móvil a los 8 o 9 años, una lástima porque es un engaño para los niños, una forma para controlarlos de lejos, porque el pacto que los padres hacen, y esto es una manera para describir la relación que tenemos adultos con chicos es el de concederles salir, a cambio de que no apaguen nunca el celular. ¿Qué significa? Que yo no tengo confianza contigo, y quiero controlarte siempre. Es interesante y preocupante notar que estamos impidiendo a nuestros hijos salir de casa y vivir experiencias fundamentales como el juego o el riesgo, que va desapareciendo de la vida cotidiana porque nuestros hijos viven siempre vigilados por adultos. Y van acumulando un deseo de riesgo, ganas, una presión, que va a explotar en la adolescencia. Ahí se colocan los grandes riesgos. Abuso de alcohol, drogas, tabaco, sexualidad precoz, accidentes de motos y autos, que en Italia es la primera causa de muerte, y hasta suicidios juveniles. No es verdad que es un problema de la adolescencia, es una coherente consecuencia de errores infantiles. Y enfrente a todo esto, los adultos están asumiendo papeles raros, como si fueran abogados de sus hijos. Antes, por ejemplo, entre escuela y familia había una alianza terrible para los niños, no había remedio, si tenía una mala nota en la escuela tenía consecuencias en la casa. Ahora es frecuente que un niño que llega con mala nota a la casa, tiene un padre que le dice: no te preocupes, mañana voy yo a la escuela y le explico cómo es. Casi como una amenaza a los profesores. Esta creo que es una equivocación educativa fatal.

_ ¿Qué es lo primero que habría que modificar en la escuela?
_ Entre la temporada en la que cual yo frecuenté la primaria y hoy hay una diferencia social profunda. Yo podía empezar con 30 compañeros y llegaba a 5to con 15. Era una escuela para pocos. Hoy la diferencia sustancial, que es un gran éxito de la democracia, es que todos los niños acuden a la escuela y completan la obligación escolar. Al frente de esta novedad impresionante y positiva, la duda que yo tengo es que la escuela se ha quedado para pocos. Se ofrece para todos algo que era adecuado para pocos, por lo cual la mayoría no entiende, no puede seguir. A pesar que repitan o no repitan, en Italia hoy no repiten, la primaria garantiza que sigue el mismo grupo porque tienen el mismo maestro. Qué significa una escuela para pocos, es una escuela que tiene su programa, sus lenguajes privilegiados, que normalmente son lectura, escritura, cálculo, historia, geografía. Y una escuela para todos debería ser al contrario, una escuela que se abra a las diversidades. Deberían ser reconocidos y aceptados lenguajes como la música, el canto, el arte, la destreza manual y las habilidades del cuerpo, junto con todo el resto. Esto no quiere decir que a mí me gustaría que un niño sea reconocido como muy bueno sin saber escribir. Yo de pequeño siempre fui un buen dibujante, y tenía 10 en dibujo, pero en Lengua y Matemática ni hablar, tenía problema para llegar a 6 al final de cada año, por lo cual yo sufrí mucho. Y a pesar de ser el mejor en dibujo, era un alumno regular y mediocre. No me hacían explotar. Como no me veía reconocido por lo que sabía hacer mejor, tampoco tenía un empuje para abordar lo que me faltaba. Esto es un ejemplo de cómo la escuela no es para todos. Para ser para todos debería ser abierta a los aportes que llevan los alumnos, por lo cual el programa verdadero se construye día a día, no es algo que los maestros llevan casi a secreto.

_ No sé si le ha llegado la información que en la Argentina el gobierno nacional ha lanzado un canal enteramente dedicado a los niños (Paka Paka) sin publicidad privada, que no es subido a su grilla por Cablevisión, el operador de cable del Grupo Clarín, en el marco de una pelea que tiene con el gobierno. ¿Tiene alguna opinión sobre el tema?
_ Que se hagan cosas así para los chicos, me parece perfecto. Si pueden entrar los mismos chicos programando, interviniendo, como autores y conductores de transmisiones, me parece mejor. Yo varias veces entré en esto y lo hacen muy bien, con mucha alegría. Que sobre esto, nosotros adultos, sigamos con nuestras peleas, me parece ridículo. Los niños no deberían ser de nadie, ni de la derecha ni de la izquierda. Pero lo veo con nuestros proyectos de los chicos, que confían en la política, que es su fuerza y su debilidad. El proyecto lo asume el intendente y su gabinete, cuando cambia el sentido político de la administración muchas veces se pierde.

_ El año pasado hubo en la ciudad una experiencia donde 30 colegios fueron tomados por sus alumnos como forma de protesta por las condiciones edilicias y la falta de ejecución del presupuesto educativo. El gobierno porteño los criticaba y les decía que a la escuela se va sólo a estudiar y no a hacer política ¿Cómo ve esa idea de reclamo?
_ Una experiencia europea bastante consolidada, que nació como forma de protesta de manera similar a esta, y ahora se está repitiendo en los años, es que por un tiempo que pueden ser 15 días, los niños se hacen propietarios, dueños de la escuela y organizan cursos ellos, viviendo ahí. Es una forma de protesta. Yo creo que todas estas formas, si nosotros adultos conseguimos abrir canales con estos jóvenes, van a a ser útiles y productivas. Chicos que viven un mes dentro de la escuela tienen que solucionar muchos problemas, de convivencia, de organización, de limpieza, creo que sería interesante. Todas las veces que podemos ofrecer a niños de distintas edades momentos de autonomía, vale la pena.

_ Aquí el Consejo de los Derechos a la Niñez de la Ciudad ha sido denunciado porque más del 50% de los niños internados en instituciones de salud mental son enviados por ese organismo, sobre todo los de bajos recursos.

_ Nosotros en Italia, desde hace muchos años tenemos sobre estos temas una certidumbre muy clara: no hay psiquiátricos. Se han abierto desde los años ´70. Y hemos hecho batallas muy importantes para que las escuelas especiales se cerraran. Hoy está reconocido el derecho de todos los niños con cualquier caso de minusvalía de entrar en la escuela pública, de todos, con un apoyo, pero con el derecho de vivir la experiencia con compañeros de la misma edad y durante todo el tiempo. Esta es una actitud fundamental que reconoce el derecho a la diversidad, que vale tanto en el campo físico como en el psíquico y el social. Vivir todos juntos es una de las pocas medidas para salir de los problemas y de los conflictos.

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1Un estracto de la entrevista fue publicada en: tiempo.elargentino.com/notas/los-ninos-producen-seguridad12/05/11. La nota es un trabajo de Gustavo Sarmiento.

TRAS LOS PASOS DE LOS PRIMEROS PICAPEDREROS. EL ESTUDIO DE LAS CANTERAS ARQUEOLÓGICAS DEL CENTRO Y SUR DE TANDILIA

Lic. Mariano Colombo
CONICET-Área de Arqueología y Antropología, Municipalidad de Necochea.
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Recibido 3 de mayo de 2011. Aceptado 23 de mayo de 2011

RESUMEN

En el siguiente trabajo se desarrolla la metodología empleada para el estudio de los sitios arqueológicos de obtención de rocas del centro y sur de Tandilia, visitados durante el pasado prehispánico por los grupos cazadores y recolectores pampeanos. Se describen brevemente los primeros resultados alcanzados, entre los que se destacan una significativa ampliación de la zona en la que se dio el abastecimiento, el registro de distintas modalidades de explotación de rocas y un primer fechado radiocarbónico para el área de estudio.

Palabras clave: Canteras; talleres; centro-sur de Tandilia; modalidades de abastecimiento de rocas.

ABSTRACT

GOING AFTER THE FIRST STONECUTTERS.THE STUDY OF THE ARCHAEOLOGICAL QUARRIES IN THE SOUTH-CENTRAL TANDILIA RANGE. This paper presents the methodology applied to study the sites of raw materials procurement in the south central portion of the Tandilia ranges that were visited by Pampaean hunter-gatherers during the prehispanic past. It briefly describes the most important preliminary results, among wich it is outlined, a significant expansion of the known procurement area, the identification of different modalities of raw material acquisition and the first radiocarbonic date for the study area.

Keywords: Quarries; workshops; south central Tandilia; modalities of raw material procurement.

INTRODUCCIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO

Las colecciones arqueológicas de la subregión Pampa Húmeda, suelen componerse por una variedad acotada de materias primas líticas. Específicamente, los artefactos en piedra tallada de los sitios ubicados en la llanura interserrana, la depresión del salado y el sistema serrano de Tandilia se presentan principalmente sobre rocas cuarcíticas, ftanitas y dolomías silicificadas (Bayón et al 2006).
El interés arqueológico por las fuentes de dichas materias primas es un tema relevante en la arqueología pampeana de los últimos años y diversos esfuerzos han reunido información sobre ellas (ver recopilación en Flegenheimer y Bayón 2002). En este trabajo recopilaremos las tareas realizadas con el objetivo de generar conocimientos sobre los afloramientos naturales y las canteras y talleres de una de las materias primas más representadas en distintos sitios arqueológicos pampeanos, las ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas (OGSB).

El área de estudio se ubica en el centro y sur del sistema serrano de Tandilia e incluye sectores de los partidos de Necochea, Lobería, Tandil y Benito Juárez. Se extiende aproximadamente 85 km de largo (entre las localidades de Barker (Pdo de B. Juárez) y San Manuel (Pdo de Lobería) y unos 25 km de ancho, entre los pueblos de Claraz (Pdo de Necochea) y La Numancia (Pdo de Tandil) (Figura 1)

Figura Nº 1: Área de estudio, en el centro y sur del sistema serrano de Tandilia. En rojo, el área prospectada a pie.

ANTECEDENTES

Las ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas han sido las materias primas líticas más utilizadas por los cazadores y recolectores que poblaron distintos sectores de la actual provincia de Buenos Aires. Así, estas rocas son las más representadas en la llanura Interserrana (Polítis 1984, Martínez 1999), depresión del Salado (González 2005) y sitios serranos del centro y este de Tandilia (Mazzantti 1993; Flegenheimer 2004; Mazzia 2010/2011), desde momentos tan tempranos como la transición Pleistoceno-Holoceno. Asimismo estas rocas aparecen secundariamente en la porción norte de Tandilia, donde predominan las ftanitas o chert locales (Barros y Messineo 2004, 2006) y en algunos sitios de la franja litoral costera, donde el recurso más explotado fueron los rodados costeros (Bayón y Zabala 1997; Bonomo 2005). Finalmente, dichas materias primas componen de manera minoritaria colecciones del área del Río Curacó (Pcia de La Pampa) y la desembocadura de los ríos Colorado y Negro (Pcia de Rio Negro) (Armentano 2004; Berón 2006; Prates 2008); de manera que se han identificado a unos 500 Km de las fuentes de origen.
Debido a esta amplia distribución espacio-temporal, la ubicación de los afloramientos naturales de estas rocas, ha sido un tema de interés desde los comienzos de la arqueología pampeana (Ameghino 1881). A pesar de ello, debieron pasar casi 80 años para que los sitios de aprovisionamiento de estas rocas fueran conocidos arqueológicamente. Hacia mediados de los años ´90, en el marco de prospecciones arqueológicas en extensas porciones de Tandilia, se comunicó la existencia de una amplia área de canteras y talleres de OGSB blancas, en las inmediaciones de la localidad de Barker, partido de B. Juárez (Flegenheimer et al. 1996, 1999). Posteriormente, se retomaron las actividades, ampliando las prospecciones (Paulides 2005). Como resultado, hasta el presente se conocían unos 6 km² de cerros, que incluían 6 sitios arqueológicos de obtención de rocas. Estos fueron interpretados como un área de canteras y talleres (Flegenheimer et al. 1999) con extensas evidencias de aprovechamiento de clastos y filones (Flegenheimer et al. 1996, Paulides 2007b), de los que principalmente se estudiaron los núcleos de uno de esos talleres (Paulides 2006, 2007a). Con respecto a la temporalidad en la ocupación de dichos sitios, el único dato con el que se contaba era un fechado sobre materia orgánica de un perfil con material arqueológico asociado, que indicaba que el complejo de canteras de Arroyo El Diamante habían sido visitado al menos hace unos 4529 AP (Flegenheimer et al. 1999)

LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS ACTUALES

En vistas de las grandes dimensiones del área potencial de afloramientos de OGSB y de la poca extensión conocida, a principios del año 2008 se comenzó a llevar adelante un plan integral de investigaciones en el zona centro y sur de Tandilia. Los objetivos fueron delimitar los afloramientos naturales de ortocuarcitas de buena calidad para la talla y registrar la extensión total de canteras y talleres arqueológicos, con el fin de comenzar a generar información sobre ellos. Por esto, dicho plan incluyó distintas etapas de trabajos de campo, de creciente detalle sobre el terreno, que luego darían paso a una serie de actividades de laboratorio. A continuación se detalla el plan y las actividades realizadas.

EL DISEÑO DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN

Un primer momento del trabajo tuvo que ver con la tarea fundamental de diseñar un plan de actividades consecutivas, a modo de pasos lógicos encadenados. De esta manera se comenzaría por una recopilación de mapas del área de estudio, que incluyeran cartas geológicas de disposición de rocas, mapas topográficos, imágenes aéreas y satelitales y finalmente mapas rurales. Los trabajos en fuentes de materias líticas suelen implicar grandes cantidades de materiales que no pueden trasladarse al laboratorio, por lo que antes de comenzar los relevamientos de campo y a partir de la lectura bibliográfica específica (Nami 1992, Paulides 2005, Belardi et al. 2006), se confeccionaron planillas para recopilar información en el campo. Estas incluyeron todos los rasgos posibles a tener en cuenta, tales como el tipo de materia prima (calidad, color, estado de la roca), aspectos cuantitativos (dispersión, densidad, distribución de los materiales), las evidencias de aprovechamiento, el estrato geomorfológico en el que aparecían los sitios y características generales del lugar (vegetación, visibilidad, accesibilidad, etc.)

LAS PROSPECCIONES

Las prospecciones se realizaron en dos etapas. En un primer momento se emprendieron viajes en vehículo con el fin de hacer un acercamiento inicial al área de estudio y comprender realmente sus dimensiones, zonas de mayor potencialidad, testear rocas de los caminos rurales, etc. Ello permitió un mejor conocimiento de ambiente y el paisaje y facilitó el diseño de la segunda etapa de prospecciones. Estas se realizaron a pie, sobre superficie mayor al 30 % de área total de cerros a estudiar, relevando en total 56 km². Durante estas tareas se marcaron sitios arqueológicos con GPS, se recolectaron datos generales y se tomaron muestras diagnósticas de materias primas y artefactos de distintas porciones del área de estudio (Ver figura 2).

Figura Nº 2. Sitios de obtención de OGSB registrados durante las prospecciones. Con los triángulos sitios de explotación de clastos, con asteriscos los de aprovechamiento de filones. Los círculos marcan sitios con excavaciones para extraer materias primas líticas y los cuadrados los sitos excavados.

LAS EXCAVACIONES Y LOS TRABAJOS ESPECÍFICOS EN LOS SITIOS

Finalmente, en función de los sitios conocidos durante las prospecciones se decidió elegir algunos lugares de interés particular con el fin de obtener datos más detallados. De esta manera se seleccionaron una serie de canteras y talleres para realizar medidas de tamaños del sitio y densidades de artefactos e identificar las principales actividades allí realizadas. Por otro lado, se realizaron excavaciones sistemáticas en dos sitios con características diferentes con el fin de observar materiales en estratigrafía y obtener posibles fechados radiocarbónicos.

LOS TRABAJOS DE LABORATORIO

Una vez finalizadas las tareas de campo, se plantearon una serie de trabajos de laboratorio que se encuentran en curso. Entre ellos, los más importantes, son los de cortes petrográficos, con el fin de establecer variaciones mineralógicas al interior de las ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas según su lugar de afloramiento, comparar dichas rocas con las colecciones de referencia de distintas zonas de la región pampeana y realizar tareas de experimentación con el fin de comprender las modalidades tecnológicas en torno a la extracción de materias primas.

RESULTADOS PRELIMINARES

En primer lugar, las prospecciones permitieron delimitar el área de afloramientos naturales de las OGSB de buena calidad para la talla, al interior del sector centro sur de Tandilia. Estas se ubican entre las localidades de Barker (Pdo. de B. Juárez) y La Numancia (Pdo. de Tandil), abarcando unos 30 km lineales del sistema serrano (MAPA). Hacia el E y NE de esta zona se encuentra el límite con los afloramientos de rocas del basamento (Pdo de Tandil), mientras que al sur, aparecen los afloramientos de Ortocuarcitas de la Formación Balcarce (Pdo de Lobería).
En cuanto a los sitios de explotación de OGSB, el panorama se ha ampliado notoriamente, en tanto se han registrado 50 canteras y talleres nuevos, lo que amplía 7 veces el área de abastecimiento visitada por los cazadores y recolectores pampeanos.
Dentro de esta cantidad de sitios nuevos, se pudieron identificar distintas modalidades de extracción de rocas. Entre ellas, se ha registrado la talla de clastos sueltos en cimas y laderas, la explotación de filones y grandes bloques de piedra y la excavación de amplios sectores de terreno en sitios donde afloran materias primas de características singulares. Cada una de estas formas de obtención de rocas debió implicar diferentes técnicas de talla, empleo de variadas herramientas e inversiones diferentes de tiempo y fuerza de trabajo.
Por otra parte, hemos constatado que en el área el aprovechamiento de otras materias primas diferente de las OGSB es mínimo, de modo que de manera muy aislada pueden observarse ftanitas o dolomías talladas. Además se han hallado fuentes potenciales de otras materias primas presentes en el área, tales como granitoides y cristales de cuarzo, así como también pigmentos y arcillas.
En cuanto a las excavaciones, por una parte se han sondeado diferentes aleros ubicados en las inmediaciones de los sitios de obtención de materias primas descriptos, muchos de ellos con material en superficie y en estratigrafía. De ellos sólo uno se ha excavado sistemáticamente, en la zona de la Numancia (ver figura 2). Este reparo (Alero La Esperanza), se encuentra a unos 100 mt de una cantera en la que se extrajeron rocas blancas y moteadas, principalmente desde el filón. En el sitio se realizaron tareas de talla de las rocas obtenidas en la cantera (ver figura 3), de modo que es considerado como un taller aledaño a la fuente. Sobre una muestra de carbones, obtenidas a unos 25 cm de profundidad, se efectuó un fechado radiocarbónico que arrojó 5100 AP, siendo esta la primera datación obtenida para los sitios de abastecimiento de OGSB.

El otro sitio excavado es una cantera-taller a cielo abierto ubicada en la cima de un cerro en La Numancia. Este sitio (Santa Rosa 2) es uno de los pocos encontrados en el que las OGSB explotadas no son blancas, sino principalmente de colores rojizos, rosados y naranjas-amarronados, en muchos casos con vetas de diversos colores. En la superficie del terreno pueden verse amplios sectores removidos y excavados con el fin de obtener materias primas de buena calidad, lo que generó una extensa modificación del paisaje en esa porción del cerro. Durante la excavación se realizó una trinchera de 1 x 4 mt, con profundidades variables que llegan hasta 1,40 mt. Se recuperaron una gran cantidad de materiales arqueológicos, entre los que se destacan los bifaces, diversos artefactos formatizados, percutores y núcleos de distintos tamaños y por otro lado, una importante cantidad de material óseo, perteneciente a distintas especies entre las que se encuentran representadas los cérvidos, armadillos y roedores.

Figura Nº 3. Alero la Esperanza. Detalle del alero y la excavación y los materiales. A, b y c núcleos y fragmentos de núcleos; d y e fragmentos de percutores de cuarzo f y g artefactos retocados.

PALABRAS FINALES

El plan de investigaciones descripto sirvió para abordar una amplia zona de terreno de la que se tenían pocos conocimientos. La aplicación de una metodología ordenada en base a pasos sucesivos de actividades en el terreno, con niveles crecientes de detalle, permitió observar una amplia porción del paisaje serrano tanto en su extensión, recopilando datos “macro”, como en sitios puntuales, registrando información específica.
Las observaciones realizadas nos permiten asegurar que la zona centro-sur de Tandilia, ubicada entre las localidades de San Manuel y Barker, fue recurrentemente visitada por los pobladores pampeanos durante el pasado. En cuanto al área en que afloran las OGSB de buena calidad para la talla, entre Barker y La Numancia, podemos decir que debió ser reiteradamente ocupada desde la transición Pleistoceno-Holoceno. Esto queda evidenciado por la importante dispersión areal de los rasgos de canteo de rocas, la gran intensidad en la explotación de las fuentes, las características de algunos artefactos y la presencia de materias primas de la zona en diversas colecciones arqueológicas de la región pampeana, pertenecientes a distintos momentos temporales.
En el presente restan completar una serie de estudios entre los que se encuentran los cortes delgados y análisis mineralógico de muestras de rocas tomadas de distintas fuentes, con el fin de establecer análisis de procedencias más seguros, que posibiliten establecer diferencias al interior de las ortocuarcitas según las zonas de procedencia, así como también los estudios experimentales que nos permitan observar y comparar las estrategias empleadas para la extracción de rocas, las técnicas de reducción de clastos y de astillamiento de filones, entre las que se encuentran el posible uso del fuego o cuñas.
Asimismo, se encuentran en proceso de análisis las colecciones recientemente excavadas; creemos que estas resultan de vital importancia para comprender la dinámica cultural en el área en relación a la obtención de materias primas líticas.

El área centro-sur de Tandilia cuenta con un recurso muy utilizado durante el pasado prehispánico bonaerense, que son las ortocuarcitas del Grupo sierras Bayas. Por ello creemos que la zona debió ser una porción del ámbito serrano especialmente connotada, es decir, cargada de significados especiales. A su vez, las investigaciones realizadas permitieron observar que la obtención de estas rocas durante épocas pasadas, fue una actividad bastante más compleja de lo que se tenía en cuenta hasta el presente.

AGRADECIMIENTOS

A los propietarios de los establecimientos rurales donde se desarrollaron los trabajos por su comprensión y hospitalidad; al Falcon por tantas idas y vueltas; a la Cele por la lectura y Nora, Cristina, Rodrigo, Natacha y resto de equipo por el apoyo. Por su puesto a Lourdes, Justi y Camilo, que fueron el “marco conceptual de referencia” de las ideas aquí volcadas.

Archivo interactivo

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POLITIS, G. 1984 Investigaciones arqueológicas en el área interserrana bonaerense. Etnía 32: 7-52. PRATES, L. 2008 Los indígenas del Río Negro. Un Enfoque arqueológico. Sociedad argentina de Antropología, Buenos Aires.

Licenciada en Antropología con orientación en Antropología Social

Lic.Betiana Patricia Pintado

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Betiana Patricia Pintado es Licenciada en Antropología orientación Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Oriunda de Huanguelén partido de Coronel Suárez, cursó sus estudios secundarios en el Instituto de Enseñanza Media “A. Brown”. Comenzó a estudiar Antropología en el año 2002 y reside permanentemente en Olavarría desde ese año. Se graduó en el año 2010 con la tesis “GANADERIA: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRABAJO RURAL”. Un estudio etnográfico en la estancia “La Magdalena”, Partido General La Madrid. Bajo la dirección de Hugo Enrique Ratier. Desarrolló su trabajo de campo en una estancia perteneciente a la localidad vecina de General La Madrid (en 2006 y 2007). A lo largo de la tesis la autora cuenta cómo se va modificando el trabajo rural a partir de las Nuevas Tecnologías.

Su análisis abarca los diferentes trabajos rurales practicados tanto por el hombre como de su familia, mostrando las relaciones que éstos entablan a partir de su trabajo. La tesis se centra en el análisis del trabajo ganadero en época de parición y cómo esta nueva estructura tecnológica modifica al conjunto familiar. La licenciada especializó su formación de grado en perspectivas Rurales, estudios de antropología rural (teniendo en cuenta cuestiones de trabajo, genero) y etnografía en términos generales. Desde el año 2003 hasta 2007 fue Integrante del grupo de investigación: “Asociativismo y poder en la Campaña bonaerense”, dirigido por el Lic. Hugo Ratier con financiamiento de la UBACyT. A partir de marzo de 2007 al presente es auxiliar de investigación del NURES (Núcleo Regional De Estudios Socioculturales) Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, Universidad Nacional del Centro de la Pcia de Bs As. Bajo la dirección de la Dra. Alicia G Villafañe. Al año siguiente (2008) se incorporó al grupo de investigación “Pueblos de campaña como sujetos políticos, la lucha por el derecho al arraigo”. Dirigido por Hugo Enrique Ratier, Facultad de Filosofía y Letras. Hasta la actualidad sigue siendo integrante. En septiembre de 2009 integró el Proyecto de Voluntariado Universitario “Patrimonio, Turismo y Desarrollo en Olavarría: la construcción participativa de itinerarios turísticos”. Resolución SPU Nº 347/09, Expediente Nª 4335/09, hasta Septiembre de 2010. A desarrollar en la localidad de Villa Alfredo Fortabat, Partido de Olavarría, bajo la dirección de la Dra. Alicia G. Villafañe. FACSO UNICEN.
En marzo de 2010 desarrolló tareas de difusión de la carrera de Licenciatura en Antropología Social en el marco del Curso de Integración a la Vida Universitaria (CIVU) en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. Universidad Nacional del Centro de la Pcia. De Bs As.
En abril de 2006 hasta el 2008 obtuvo la beca en investigación y docencia del grupo GIAAI. Grupo de Investigación en Antropología y Arqueología Industrial. Perteneciente al NURES (Núcleo Regional de Estudios Socioculturales) Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Bs As. Bajo la dirección del Mg. Carlos Paz. En junio del 2008 hasta el 2010 ganó la beca de investigación y docencia del proyecto PICTO UNCPBA 2004/22895. “Relevamiento y actualización de información estratégica para apoyo a la gestión pública”. Dirigida por la Dra. Alicia Villafañe.
En los años 2004, 2005, 2006 fue Ayudante Alumna ad-honorem en el Taller I, Iniciación a las Técnicas de Investigación Antropológica. De la Carreras de Licenciatura en Antropología con orientación en antropología social y arqueológica, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales a cargo del Profesor titular Lic. Hugo Ratier.
Desde el año 2004 hasta la actualidad ha desarrollado diversas publicaciones en diferentes congresos, jornadas y encuentros antropológicos. En el año 2005 fue coordinadora de las primeras Jornadas de antropologías social del Centro Bonaerense.
Desde el 2003 hasta el presente es colaboradora Ad-Honorem en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría. Realizando tareas de fichado de libros, revistas entre otras publicaciones científicas y ayudando a la atención al público en dicha biblioteca.
Desde el año 2007 hasta la actualidad es integrante fundadora de Jácara colectiva feminista, grupo dedicado a cuestiones de equidad de género; donde han realizado diferentes actividades como dictados de talleres y charlas sobre sexualidad, genero, violencia y derechos.
En la actualidad integra el grupo de investigación de Antropología Médica, bajo la dirección del Dr. Marcelo Sarlingo. Radicada en el NURES-FACSO.

EL INCÓMODO LUGAR DEL ANTROPÓLOGO EN LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL

Dr. Marcelo Sarlingo
Departamento de Antropología Social - Facultad de Ciencias Sociales (UNCPBA). Av. Del Valle 5737 (CP 7400) Olavarría.
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Recibido 3 de octubre de 2010. Aceptado 14 de marzo de 2011

RESUMEN

El artículo resume aspectos controversiales de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental en la Pcia. de Buenos Aires, y en un contexto complejo de implementación de política ambiental, a partir de experiencias prácticas recientes en el tema. Se puntualiza el origen de los procedimientos técnicos y se describen las insuficiencias de la política ambiental local. En este contexto, se puntualiza también dificultades inherentes al rol del antropólogo social en la producción de información sobre impactos ambientales.

Palabras clave: Evaluación de Impacto Ambiental; Política Ambiental; antropología.

ABSTRACT

PONER TÍTULO EN INGLÉS This article trace some controversial aspects of Environmental Impact Assessment procediments in Pcia. de Buenos Aires, Argentina, in complex contexts of environmental policy, and based in newly practices in the issue. To call someone attention to the origin of the IEA and local environmental policy´s inadequacy. In this specific context, the analisys of the social anthropologist´s role in IEA references is boarded.

Keywords: Anthropology; Environmental Policy; Environmental Impact Assessment.

INTRODUCCIÓN

En términos abstractos, generales y normativos, el rol que le cabe al antropólogo social en las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) se reduce a una descripción de un conjunto de ítems referidos al orden de “lo cultural”. Este conjunto de ítems pretende dar cuenta, indiciariamente, de los elementos en el ámbito de la cultura y la sociedad que se verán impactados por la implementación del proyecto que motiva los procedimientos de EIA. Toda transformación de la Naturaleza es simultáneamente transformación de la esfera de la Cultura, y el papel del antropólogo es estimar los efectos (positivos o negativos) previniendo inclusive la aparición de potenciales conflictos.
Porque en la inmensa mayoría de los procedimientos de EIA “lo cultural” es postulado como un orden opuesto al de la naturaleza, y en esta oposición (que a la vez es extrañamiento) se funda todo conflicto. De la misma forma que los seres humanos occidentales delimitamos “lo ambiental”, que surge como interacción entre la Naturaleza y la Cultura, la figura del antropólogo se ubica en un punto de cruce entre la rigidez técnica de los instrumentos de evaluación de impacto y la multiplicidad de niveles de la Cultura que genera tales impactos. En este lugar de interacción se le exige una tarea imposible: reducir a unos pocos ítems e indicadores toda la riqueza de la realidad cultural, la riqueza humana y su dinámica cambiante.
Es por esta razón, o sea, por el incómodo papel que le corresponde a los profesionales de la Antropología que se dedican a las EIA, que vale la pena analizar algunos elementos de nuestro contexto de sociedad sub-desarrollada en un mundo que cambia aceleradamente en múltiples direcciones. En este contexto se destaca la omnipresencia de una racionalidad totalmente centrada en el utilitarismo económico, noción que justamente desde la Antropología se ha deconstruido a lo largo de la segunda mitad del siglo veinte. Y en el marco de esta racionalidad, los estudios de impacto ambiental son el producto de factores ecológicos y socioculturales que son imposibles de desconocer para aquellos actores sociales que reducen todos los análisis a metodologías costo-beneficio, y que se filtran en la prolijidad de los balances bajo la forma de desorden social y conflicto por la apropiación de los recursos naturales. El antropólogo, como profesional, maneja categorías teóricas y conceptuales muchísimo más ricas y profundas para poder entender estos procesos que las que se aportan habitualmente desde los dominios de la economía clásica o de la macroeconomía. Sin embargo, esta riqueza rara vez puede ser desplegada.

EL ORIGEN DEL CONCEPTO DE “IMPACTO AMBIENTAL”

Roberto Fernández (Fernandez, R, 2000) consigna que la noción de impacto ambiental – y su consecuencia técnica, la Evaluación de Impacto Ambiental – se origina en concepciones territorialistas, generadas por los aportes de la geografía a los enfoques amplios en los que se desarrollaban las primeras delimitaciones científicas de lo ambiental. Los ámbitos de surgimiento se vinculaban al desarrollo de los grandes emprendimientos hidroeléctricos y las carreteras regionales, transformaciones impulsadas totalmente por una lógica ingenieril pura. En este tipo de transformaciones, la racionalidad de la intervención técnica se concentraba exclusivamente en la obtención de las metas económicas y materiales del proyecto, ignorando la generación de “efectos secundarios”, “molestias” o “eventos imprevistos”. Cuando se manifiestan estas consecuencias, resulta que se anulan por mucho los beneficios prometidos, como sucedió en el célebre caso de la represa de Assuan, en Egipto, que alteró todo el curso estacional del Río Nilo y generó una destrucción del ecosistema en tal escala que terminó haciendo inútil la generación de energía y el manejo de cierto reservorio de agua en zonas desérticas.

Así es que las EIA surgieron para poder consignar de antemano ciertos impactos predecibles, incluyendo aspectos economicistas que no escapan en absoluto al análisis ya citado de Fernández, y que permitían pensar en la viabilidad de un proyecto cuando se podía recuperar el capital invertido y cuando los efectos ambientales colaterales podían gestionarse de alguna forma. De manera tal que las EIA tratan de internalizar costos ambientales y sociales que ingenieros y economistas imaginan, ignoran a sabiendas, y que terminan introduciéndose al análisis a partir del conflicto que, más tarde o más temprano, estalla de múltiples maneras. Por esta razón es incómodo el papel de los científicos sociales en las EIA: deben describir y plantear alternativas de intervención en una realidad plagada de conflictos o consecuencias cuya internalización choca manifiestamente con la lógica interesada de quienes disponen la transformación del mundo y la correspondiente obtención de ganancias.

COMO DESVIRTUAR UN INSTRUMENTO TÉCNICO: INSUFICIENCIAS DE LAS EIA EN LA PCIA. DE BUENOS AIRES

La política ambiental de la Provincia de Buenos Aires otorga centralidad al procedimiento legal de Evaluación de Impacto Ambiental desde mediados de los años ´90, procedimiento que aparece legislado a partir de la sanción de la Ley 11.459, conocida como “Ley de Radicación de Industrias”, y que en realidad recoge una modalidad de política ambiental que en EE.UU. y Europa se había instalado varias décadas antes.
Este procedimiento legal de EIA está integrado por una serie de disposiciones administrativas por las cuales las personas jurídicas que van a modificar el ambiente bonaerense solicitan autorización al Estado, y deben presentar un estudio técnico multidisciplinario, mediante el cual se demuestra el alcance de estas modificaciones. Las autoridades provinciales, en la actualidad quiénes dirigen el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), anteriormente la Secretaría de Política Ambiental, deben analizar y aprobar el estudio para que el proponente pueda operar y avanzar con sus inversiones.
Pero, a poco de andar se notan algunos aspectos problemáticos: cada estudio técnico que integra la Evaluación de Impacto Ambiental es complejo, la capacidad de gestionar la parte burocrática (circulación de expedientes de manera ágil, verificación in situ de los datos contenidos en los estudios técnicos, etc.) que muestra el OPDS es escasa, y los sectores que representan al capital industrial y productivo radicado en la Pcia. de Buenos Aires no aceptaron claramente las obligaciones del procedimiento legal. Algunos de ellos, como los propietarios de cerealeras, lucharon en la década pasada por desencuadrarse de las dos leyes más importantes (la 1.1723 y 11.459), buscando que las Evaluaciones de Impacto Ambiental de las cerealeras (muchas de ellas ubicadas en zonas residenciales de las ciudades bonaerenses, que se fueron poblando por los procesos de expansión urbana) no se rigieran por la normativa ambiental provincial.

Más allá de estos aspectos, me parece importante abordar el mismo origen de la insuficiencia del procedimiento. Las visiones jurídicas centradas en lo administrativo y que diferencian la etapa denominada “Estudio Técnico de Impacto Ambiental” (elaborada por profesionales de diversas disciplinas, según textos básicos como Conesa Fernández-Vitora 1997; Estevan Bolea, 1977, o compilaciones como Peinado Lorca, y Sobrini Sagaseta De Ilurdoz, 1997, resúmenes técnicos como Iribarren, , 1997, o recopilaciones más voluminosas como Grasetti,1998, o lineamientos básicos como EPA, 2000), se originan en las distinciones establecidas en el modelo de política ambiental norteamericano, en el cual dentro del concepto de Evaluación de Impacto Ambiental se consignan los aspectos que abarcan desde la presentación de un proyecto por un proponente, hasta la declaración de los impactos ambientales de la actividad propuesta por parte de la autoridad ambiental. Esta concepción se originó en la National Environment Policy Act (NEPA), aprobada a principios de los años ´70, que es la más amplia ley norteamericana que organiza las acciones del gobierno federal en materia de política ambiental.

Obviamente, estas distinciones tienen su razón de ser en virtud de las características del sistema legal en donde se originan, donde es sabido que la justicia aparentemente funcionaba con mayor independencia que en Latinoamérica. Luego de la implementación de las políticas ambientales impulsadas por los sucesivos gobiernos de la familia Bush en EE-UU, de los permanentes y repetidos desastres ecológicos en pleno territorio de los países desarrollados, del resquebrajamiento de la racionalidad protestante centrada en las libertades individuales y la concentración de poder de la industria de armamentos y de las grandes corporaciones trasnacionales, esto puede consignarse como parte de un pasado reciente. Pero no hay que olvidar que las múltiples regulaciones y transparencias del juego político y económico que se dan en los países desarrollados todavía le otorgan mayor sentido a tales distinciones. Donde hay una organización estatal con capacidad de control y con autoridad para sostener regulaciones, tiene lógica que desde el poder se autorice a intereses privados o a otras áreas del sector público a modificar el ambiente de cierta manera. Este encuadre jurídico luego fue tomado en otros países como Canadá, Alemania, Francia e Irlanda, y así se fue consensuando que la Evaluación de Impacto Ambiental significa un procedimiento que se inicia con la proposición de un proyecto y culmina con una declaración de impacto ambiental del mismo. Hoy existen, en el Occidente post-industrial dos métodos para determinar las actividades que están sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental:
A) El primero de ellos se llama categorizador o clasificista (conocido en la jerga técnica como “sistema europeo”), y toma en cuenta el tipo de proyecto u obra de que se trate, los alcances, tamaño, volúmenes de energía y desechos y ubicación (si se desarrolla en áreas ecológicamente sensibles). Este criterio habilita a las autoridades de política ambiental de los diferentes países en los que se lo aplica a distinguir proyectos que requieren necesariamente una EIA, proyectos que requieren una EIA en el caso de que sus impactos superen cuantitativamente determinadas medidas tenidas como parámetro, y proyectos que requieren una EIA según la sensibilidad ecológica o el grado de contaminación del área afectada.
B) El segundo criterio se denomina “discrecional” (o también conocido como “sistema norteamericano”) porque las autoridades deciden discrecionalmente cuando un determinado emprendimiento requiere una EIA. Este sistema parte de una clasificación que en realidad es un listado amplio y que admite la incorporación de ítems de proyectos que no estén inicialmente considerados en el listado propuesto.
Muchos países, incluidos la mayoría de los que se agrupan en la UE, adoptan un sistema mixto que unifica los dos criterios. Para ambos enfoques básicos, y aún para la posición más ecléctica que aprovecha lo mejor de ambos, el problema central es la existencia de los denominados “desplazamientos”, o sea, de impactos ambientales que no son consignados por los estudios técnicos y que luego provocan daños irreversibles, insusceptibles de ser evaluados con dinero. Muchos de ellos provienen de que algunos proyectos no requieren ser evaluados según el criterio categorizador, no merecen tampoco EIA según el criterio discrecional, pero la acumulación de proyectos similares en ecosistemas conectados termina por producir un impacto grave que queda fuera de lo que las autoridades previeron.
En este caso, la ley Nº 11.459 ejemplifica el sistema discrecional, ya que en su formulación está prevista una fórmula polinómica para determinar las exigencias legales (explicada en el anexo I de la ley). Aporta también varios listados que orientan la categorización de las industrias y por lo tanto, la obligatoriedad de las EIA. Pero esta normativa definida desde el Estado es percibida por los industriales y productores como un costo adicional, ya que los gastos administrativos y técnicos deben ser sufragados por los mismos. En principio, hubo varios períodos de demoras a la aplicación de esta ley, por lobbys de diferentes sectores y pedidos de postergación sostenidos por agrupaciones sectoriales, sobre todo de PyMES. Pero los mecanismos más variados se dieron en materia de las prácticas concretas de técnicos independientes que comenzaron a desarrollar un incipiente nicho de mercado a partir de la realización de estudios técnicos y de todos los trámites de categorización ante la SPA.
Muchos de estos técnicos, en su mayoría ingenieros, alentados por las facilidades que otorgaban los plazos legales, por la escasez de profesiones con competencias amplias en lo ambiental (que no se enseñaba como carrera de grado en nuestro país, hasta bien entrados los ´90), aprovecharon las ventajas que otorgaba un mercado en formación y aprendieron rápidamente a bajar los costos de los estudios técnicos. La realización concreta de las EIA se da en relaciones constituidas por intereses (empresariales, técnicos, políticos partidarios, etc.) y mediadas por códigos mercantiles. Y otras artimañas para minimizar los impactos (por ej. las que van desde declarar menores volúmenes de materia y energía transformados hasta no consignar ciertas características de métodos y tecnologías que producen determinados volúmenes de subproductos y desechos) se apoyan en la percepción acerca de la debilidad del Estado para implementar controles, para verificar con sus propios recursos los resultados de las EIA pagadas por los comitentes del sector privado. En este “mercado”, se conocen perfectamente las modalidades de operación burocrática del OPDS, las demoras en las categorizaciones, las dificultades con las inspecciones, la falta de recursos generalizada para monitorear a las aproximadamente 40.000 industrias radicadas en el territorio bonaerense.
Esta cuestión evidencia un aspecto que está desde la misma formulación legal del procedimiento: el Estado autoriza a la modificación del ambiente a personas y empresas con existencia jurídica, pero esta autorización es un proceso formalmente cerrado, está totalmente en manos de la autoridad provincial y no tiene ningún mecanismo que implique una apertura en el proceso de decisión a otros actores. No me refiero sólo a la atribución de categorías, sobre todo lo referente a la categorización de industrias peligrosas, sino a todo lo que la categorización habilita: el control sobre las actividades de la industria, vía monitoreos técnicos y auditorías ambientales, y el dominio sobre la administración pública en esta materia. También, todo este proceso de EIA es unilineal: el Estado autoriza a modificar el ambiente a cada entidad jurídica que lo solicita, pero todavía no ha logrado agrupar y replantear de manera sistematizada toda la información que proviene de cada estudio técnico individual.
Lo puntualizado anteriormente quiere decir que el sistema de política ambiental de la Pcia. de Buenos Aires no tiene ni siquiera una visión sincrónica (ni mucho menos diacrónica o procesual) del impacto ambiental real que causan las más de 30.000 industrias bonaerenses. Sólo se registra la información puntual de cada estudio, se registran los profesionales que realizan la EIA, pero esto no se unifica en un sistema de información global que permita entender cuál es el impacto sobre los ecosistemas, y cuáles son los recursos humanos que la sociedad dispone para registrar y estudiar estos impactos, ni mucho menos se devuelve esta información al conjunto de la sociedad. El simple dato de cuántos residuos industriales se producen, se vierten y se gestionan por año en los ecosistemas bonaerenses es imposible de ser construido. Mucho menos, la calidad y las particularidades de tales residuos industriales.
Hay otros aspectos que limitan la eficacia de las Evaluaciones de Impacto Ambiental y de sus resultados técnicos. Por ejemplo, se puede utilizar una EIA para justificar a posteriori una decisión que ya se ha tomado sobre criterios costo/beneficio, en vez de hacerla funcionar como un aspecto clave del proceso de toma de decisiones ( por ej., en el caso del enorme puente de cuatrocientos metros de largo, tendido sobre las vías del Ferrocarril Roca, y construido por la Municipalidad de Olavarría durante el año 1999 y concluido en el 2000, la EIA sólo acentúa los impactos positivos e ignora los negativos); se puede redactar la descripción de los impactos en términos tan generales (por ejemplo “pérdida de la vida silvestre” o “eliminación de la vegetación”) que carecen de significado, o llevar cantidades enormes de información irrelevante para oscurecer los impactos graves, abrumando a los funcionarios examinadores (como en el caso de la EIA de la fábrica L´Amalí, perteneciente en su momento al Grupo Fortabat) y dificultando los monitoreos posteriores. Así es que estas situaciones terminan siendo eficaces para opacar los procesos de transformación de la Naturaleza, ya que la citada legislación que normativiza el procedimiento de EIA las considera un documento confidencial, no sujeto al acceso de cualquier persona u organismo ajeno al Estado que quiera consultarlo y contrastar los datos que se presentan a la autoridad oficial con otros que provengan de investigaciones realizadas por grupos vecinales, por ONG ambientalistas o por consultores verdaderamente “independientes”. En las EIA mencionadas en el párrafo anterior, el acceso a las mismas se dio de manera totalmente informal, a la manera de “comunicaciones personales”, en función de contactos por fuera de los procesos oficiales y debido a relaciones de carácter personal con profesionales que tuvieron acceso parcial a las mismas. Es por esta razón que no es posible citar ni siquiera un título de estos estudios y que estos aspectos pueden ser negados “oficialmente”. Sin embargo, estos mecanismos no parecen diferir demasiado de otros estudios de consultoría en cualquier otro ámbito, o de otros aspectos con que comúnmente el “Estado Bobo” se deja engañar.

Por último, algunos aspectos de la utilidad de las EIA están definidos por el contexto de política ambiental en que se utilizan. Por ejemplo, los diferentes espacios que componen el Parque Industrial de Olavarría albergan casi un centenar de industrias de diferente tipo y envergadura. Hace ya cuarenta años, desde 1973, que la “cuestión ambiental” es un área específica de política ambiental dentro de los aparatos estatales. Sin embargo, a nivel municipal, el aparato de política ambiental es casi inexistente, las áreas medioambientales siempre estuvieron fragmentadas y dependientes de otras. Que no exista una secretaría exclusiva para los problemas ambientales en un partido que obtiene el 33 % del PBI de la actividad industrial, y que el único organismo esté dentro de la oficina que gestiona líneas de desarrollo económico muestra el claro sesgo ideológico del poder municipal. No hay casi personal completamente formado en temáticas específicas, mucho menos hay inspectores capacitados en las cuestiones ambientales que requieren detalles y seguimiento. En más de 25 años de democracia no se definió ni un lineamiento claro de gestión ambiental integral, articulando Estado, ciudadanía y sectores privados, la información ambiental está ausente y ni hablar de las irregularidades: emprendimientos empresariales de cuatro décadas de antigüedad nunca fueron inspeccionados y hasta se sabe de algunos que nunca presentaron evaluación de impacto ambiental y funcionaron siempre con habilitaciones provisorias. Los ciudadanos ignoramos absolutamente todo lo que se hace con los residuos peligrosos de las empresas del Parque Industrial. No tenemos idea de cuánto o qué residuos se generan, no sabemos cómo se gestionan, y mucho menos hay alguna transparencia desde el Estado municipal que permita facilitar una posible construcción de información. La educación ambiental se limita a cuestiones cosméticas y a operaciones de marketing, que terminan consolidando ideologías con tópicos infantiles pero que operan trasladando las responsabilidades ambientales a los ciudadanos y a los consumidores, saturados además por propaganda dirigida a convencer a las personas que el deterioro ambiental y la proliferación de contaminantes son responsabilidades colectivas, cuando en realidad se puede identificar claramente todas las etapas de cualquier proceso socio-técnico que genere riesgo ambiental. En esta dinámica, la simple EIA de cualquier proyecto es necesaria pero está lejos de ser suficiente.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Los elementos controversiales puntualizados arriba reaparecieron recientemente en nuestra práctica profesional, y han motivado parte de estas reflexiones. En síntesis, hay dos caminos que pueden marcarse para que un antropólogo social pueda sustancializar sus intervenciones, aún en estos contextos de política ambiental. El primero de ellos tiene que ver con la necesidad de enmarcar el trabajo de evaluación de impacto en un modelo de ciencia post-normal, que admite una relación técnica ampliada con la comunidad en la que se implementarán los proyectos propuestos. Así lo hemos podido trabajar en una experiencia de evaluación ambiental solicitada por COOPELECTRIC (Sarlingo y Baldi, 2010). En esta experiencia se expusieron y se discutieron públicamente los elementos del proyecto de implementación de una sub-estación transformadora, se realizaron cuatro asambleas de discusión con participación comunitaria y se elaboró un informe que recoge todos los aspectos controversiales y las disidencias que se presentaron públicamente. Como resultado de este proceso, antes de la realización de la obra propuesta, se conocen las controversias y se han expresado públicamente por diferentes canales, anticipando la emergencia de diferentes perspectivas de interpretación del riesgo ambiental.
El otro camino pasa por un trabajo de construcción de la información estructurado sobre las condiciones habituales del saber antropológico, que privilegia visiones holísticas, sucesivos acercamientos a los discursos de los sujetos, y la utilización de diferentes tipos de acercamientos etnográficos. Puede que estas cuestiones choquen con las exigencias empresariales y con la misma fragmentación de los requisitos formulados desde la ley. Frecuentemente se presenta este camino como una opción técnica basada en un requisito básico de ejercicio profesional. Para hacer antropología, no queda otra opción que utilizar este instrumental. Otras formas de trabajo no pueden denominarse “antropología”. Pero entonces llegamos a otra problemática que excede en mucho estas reflexiones y será motivo de otros enfoques.

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Fernández, Roberto. 2000. La Ciudad Verde. Teoría de la Gestión Ambiental Urbana”.Buenos Aires, Espacio Editorial.

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Iribarren, Federico. 1997. Evaluación de Impacto Ambiental. Su enfoque jurídico. Buenos Aires, Ediciones Universo.

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Sarlingo, Marcelo y Balde, Romina. 2010. Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto “Instalación Sub-estación transformadora de rebaje de 33/13,2 KV – 2 x 15 MVA”. Institución comitente: Coopelectric. Olavarría, FACSO- FIO, UNICEN.

DERECHOS EN LA HISTORIA: CAMBIOS Y TENSIONES A PARTIR DE LA CATEGORÍA GÉNERO

Lic. Patricia Pérez
Departamento de Comunicación Social - Facultad de Ciencias Sociales (UNCPBA). Av. Del Valle 5737 (CP 7400) Olavarría.
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Recibido 3 de abril de 2011. Aceptado 12 de mayo de 2011

RESUMEN.

En este breve artículo se intentará visualizar cómo la sanción y la adquisición de determinados derechos han sido conquistas de sectores sociales organizados a los efectos de obtener un mayor reconocimiento ciudadano. Esos reconocimientos se han ido sucediendo de modo paulatino, en contextos específicos y siempre han dejado espacio para el surgimiento de nuevos reclamos. El continuum de nuevos reclamos se da porque, por un lado, la condición de universalidad es una naturalización tramposa de un estado particular de cosas y por otro, es sabido que la sociedad va modificando dinámicamente sus modos de relacionamiento haciendo más o menos visible ese estado de cosas.¿Qué sucede con el principio de igualdad cuando se enfrenta con la diversidad? Observaré cómo los casos del denominado matrimonio igualitario, los proyectos de ley sobre identidad de géneroy la “deuda democrática” en referencia al derecho al aborto ponen en debate conceptualizaciones sobre los imaginarios sociales rígidos que no aceptan la igualdad en la diversidad.

RESUMEN.

En este breve artículo se intentará visualizar cómo la sanción y la adquisición de determinados derechos han sido conquistas de sectores sociales organizados a los efectos de obtener un mayor

reconocimiento ciudadano. Esos reconocimientos se han ido sucediendo de modo paulatino, en contextos específicos y siempre han dejado espacio para el surgimiento de nuevos reclamos. El continuumde nuevos reclamos se da porque, por un lado, la condición de universalidad es una naturalización tramposa de un estado particular de cosas y por otro, es sabido que

la sociedad va modificando dinámicamente sus modos de relacionamiento haciendo más o menos visible ese estado de cosas.¿Qué sucede con el principio de igualdad cuando se enfrenta con la diversidad? Observaré cómo los casos del denominado matrimonio igualitario, los proyectos de ley sobre identidad de géneroy la “deuda democrática” en referencia al derecho al aborto ponen en debate conceptualizaciones sobre losimaginarios sociales rígidos que no aceptan la igualdad en la diversidad.

Palabras clave: Derechos; género; diversidad ;heteronormatividad.

ABSTRACT

RIGHTS IN HISTORY: CHANGES AND TENSION FROM THE GENDER CATEGORY. In this publication we discuss how the sanctioning and acquisicion of certain rights become conquests of organized social sectors in order to obtain larger citizenship recognition.
Such recognition has been gradually realized in specific contexts where room for the development of new claims becomes available.
The continuum og new claims is the result of, on one hand, the condition of universality is tricky naturalization of a particular state of affairs and, on the other hand, it is known that society dinamically modifies its ways of relating making somewhat visible such a state of affairs.
We embark on a brief historical tour on the realization of fundamental rights within the “classical liberalism” philosophy, to then attempt to picture what occurs with women’s rights when in the last part of the last and at the beginnings of the current centuries we observe the absence of rights to those outside the binary social construction: male/female.
The possibility of acquiring new rights with the view of gaining citizenry expansion and recognition problematizes the idelogical worldviews traditionally considered as the only valid possibilities.
What happens with the principle of equality when confronted to diversity?
We observe how in cases of the so-called egalitarian marriage, the legal bills concerning gender identity, and the democratic debt in relation to the right to abortion inject in the debate conceptualizations about rigid social narratives that do not accept equality in diversity.
Keywords: Rights; gender; diversity; heteronormativity.

INTRODUCCIÓN

No hay (…) naturaleza humana universal, como tampoco existe la verdad ni la justicia universales. Nuestras creencias son locales y particulares y contingentes, pero esto no quiere decir que no se pueda avanzar ni cambiar Barret y Phillips (1992).

La sanción y la adquisición de determinados derechos han sido conquistas de sectores sociales organizados a los efectos de obtener un mayor reconocimiento ciudadano. Esos reconocimientos se han ido sucediendo de modo paulatino, en contextos específicos y siempre han dejado espacio para el surgimiento de nuevos reclamos. El continuum de nuevos reclamos se da porque, por un lado, la condición de universalidad es una naturalización tramposa de un estado particular de cosas y por otro, es sabido que la sociedad va modificando dinámicamente sus modos de relacionamiento haciendo más o menos visible ese estado de cosas.
Se efectuará un breve recorrido histórico acerca de la consecución de los derechos fundamentales en el marco del denominado “liberalismo clásico”, para luego intentar visualizar qué sucede con los derechos cuando de mujeres se trata y más tarde aún, en las postrimerías del siglo pasado y a inicios del presente se hace visible la ausencia de derechos de aquellos sujetos que quedaban por fuera de la construcción social binaria hombre/mujer. La posibilidad de adquisición de nuevos derechos a los efectos de lograr una ampliación y un reconocimiento ciudadano tensiona las cosmovisiones ideológicas pensadas tradicionalmente como válidas. ¿Qué sucede con el principio de igualdad cuando se enfrenta con la diversidad? Se verá cómo los casos del denominado matrimonio igualitario, los proyectos de ley sobre identidad de género y la “deuda democrática” en referencia al derecho al aborto ponen en debate conceptualizaciones sobre los imaginarios sociales rígidos que no aceptan la igualdad en la diversidad.

LOS DERECHOS EN LA HISTORIA

Los derechos ciudadanos son pensados como el conjunto de normas que regulan heterónomamente (es decir desde afuera de las propias voluntades) el accionar de amplias mayorías de hombres y mujeres en la sociedad. Fueron conquistas históricas que lograron concretar niveles mayores de autonomía de los sujetos a instancias de intereses particulares de diferentes organizaciones que coinciden en dar luchas específicas a los efectos de impulsar y sostener determinados derechos. Lo anterior implica que fueron apareciendo y dándose escalonadamente en el tiempo, siempre situados en referencia al contexto de aplicación de los mismos1. Acuñados cada uno de estos en diferentes momentos históricos, conjugarían las posibilidades para el desarrollo de una sociedad más equitativa –con las reservas propias de las desigualdades intrínsecas que genera el sistema capitalista-. Sin embargo, es el Estado –en tanto la institución que ha marcado al resto de las instituciones en la modernidad – quien debe garantizar, regular y operativizar sin excepciones desde las instancias políticas que corresponden los intereses de mayor autonomía de los ciudadanos/as. El estado es quien, teóricamente, debe intervenir a los efectos de disminuir las desigualdades.
Se verá sintéticamente cuál ha sido el recorrido histórico que se fue dando en la conquista de derechos, a sabiendas de que solamente existe ciudadanía plena cuando se goza sin restricciones de la totalidad de los derechos existentes en una sociedad dada.
Los derechos civiles (la libertad individual, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de contratación, el derecho a la propiedad privada, la igualdad ante la ley, etc.), que son conocidos como los “derechos fundamentales”, hacen su aparición en el marco del liberalismo imperante en el siglo XVIII. La preocupación de los pensadores del liberalismo clásico se centraba en el establecimiento de límites claros hacia el accionar intrusivo de los gobiernos en las diferentes esferas de la vida. Asimismo, los derechos políticos (poder elegir representantes políticos y ser elegido en el ejercicio del poder) surgen en el S. XIX y postulan la participación de las personas en el ejercicio concreto del poder político, bien como electores o bien como representantes. Se asegura el derecho al sufragio y el derecho de asociación política. Tanto los derechos civiles como los derechos políticos son conocidos como “derechos de primera generación” y se materializan en la reconocida Declaración Universal de los derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, con el auge del movimiento obrero y de la aparición de partidos políticos de ideología socialista, se los comienza a calificar “como meras `libertades formales´ -en sentido marxista- si no se garantizan a su vez otro tipo de derechos: los económicos, sociales y culturales” (Gómez Isa 1999:23). Así, aparecen los “derechos sociales” (que incluye el derecho a la vida, a la igualdad, a la elección, al ambiente, derecho de los/as consumidores, de las mujeres, de movimientos étnicos, etc.) que son propios del siglo. XX y son los llamados “derechos de segunda generación”; tienden a establecer condiciones imprescindibles para el goce del conjunto de los mismos. También incluyen los derechos a la educación, a la cultura, al trabajo, a la seguridad social, etc.

Los derechos, como enunciados propios de la racionalidad occidental, están conformados bajo una impronta etnocéntrica2, (Kottack 2002:29), pensada como sesgo particular originado a partir de la pertenencia a una determinada etnia. Racionalidad occidental moderna que se transforma y muta -en procesos simbólico y materiales de imposición de cosmovisiones del mundo- en racionalidad universal y que se caracteriza por

“el sistema de reglas con pretensión de validez que orienta la acción de los hombres en relación a consigo mismos (mundo subjetivo), con los otros (mundo social) y con las cosas (mundo objetivo). La experiencia de sí, de los otros y de los objetos se configura por la puesta en juego de esta racionalidad que adopta históricamente formas distintas. Éstas se encarnan en instituciones y discursos determinando los tipos de visibilidad posibles...” (Vazquez García y Moreno Mengíbar 1997:40).

Se supone, desde esa misma racionalidad, que la adquisición de determinados derechos llevaría de modo intrínseco una condición de universalidad, y en este sentido, los derechos se han legislado históricamente desde tal premisa. Sin embargo resulta pertinente que nos preguntemos quiénes son los sujetos que han conformado ese universal y cuáles son las características más distintivas que poseen. Es innecesario explicitar que no existe un “hombre universal occidental blanco y burgués”, pero sí que bajo este acápite se han producido uniformes legislaciones que promueven la adquisición de derechos y consecuentes prácticas que excluyen las particularidades de otros y de otras que no entran bajo esa rúbrica. Es propio de la racionalidad occidental la práctica que, avalada desde la ciencia que esa misma racionalidad promueve,

“parcela, clasifica, opone, divide, entre los casilleros del bien y el mal, la mente y el cuerpo, lo permitido y lo prohibido, lo natural y lo cultural, el hombre y la mujer, lo masculino y lo femenino... polaridades que no son absolutas, ni esenciales, ni universales, y que es necesario visibilizar para esclarecer, desmontar para reconstruir” (Cabral 2000: 57).

Y, bajo esta atribución de sentidos ideológica sobre la que se cimientan las prácticas, es que se legisla.

Los derechos también están imbuidos de cierto androcentrismo3, (Moreno Sardá 1986:16), entendido como una forma particular de organizar el mundo bajo la lógica masculina y que incluye a las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas.
Ambas particularidades dejan por fuera de consideración a todos aquellos sujetos que no sean hombres, blancos, burgueses y occidentales. Entonces, la forma en la que se presentan esos derechos, naturalizando la ideología que subyace en ellos, reviste una ficción o apariencia de universalidad al tiempo que se sostiene veladamente una lógica íntegramente masculina que ha dejado de lado todo sujeto que no sea hombre con cualidades construidas en torno de la masculinidad dominante. La idea de “hombre” que excluye a la idea de “mujer” se vincula, en este marco, con aquellos cuya orientación sexual sea la heterosexual. La racionalidad occidental que confecciona derechos con sesgos etnocéntricos y androcéntricos, tampoco considera a los hombres que hayan decidido optar por una orientación sexual diferente que los aleja de esa idea de masculinidad dominante, dado que se supone que estos han decidido “renunciar” simbólicamente a los privilegios que la sociedad les ha otorgado.

LAS MUJERES, LOS DERECHOS, LA CIUDADANÍA

Frances Olsen (2000) expresa que con la aparición del liberalismo clásico (incluso antes, desde los postulados de Platón) se conforma también un pensamiento dual que implica la construcción de oposiciones binarias: racional/irracional, activo/pasivo, pensamiento/sentimiento, etc. Ese pensamiento dual se organiza a partir de la sexualidad y la jerarquía, entre otras variables, que tienen a naturalizar o tomar como dado la superioridad masculina. Los efectos de esa naturalización alcanzan también a la esfera de los derechos.

Se identifica a los hombres natural e inmutablemente con el ámbito de lo que es concebido como racional, con el espacio del pensamiento y con el poder; a su vez, se ubica a las mujeres en la otra parte de la dualidad, y se las caracteriza como irracionales, sentimentales, etc.
Se las excluye del espacio público -que “naturalmente” le corresponde al hombre- y se las relega al espacio doméstico. Durante siglos ha operado una cierta despolitización “invisible” sobre la base de la atribución de roles específicos a las personas de acuerdo a su sexo biológico. Así, se le asigna a la mujer una relación de pertenencia “natural” a la esfera privada/doméstica al tiempo que se la excluye de lo público y político (se argumenta que son pasivas, emocionales, sentimentales, etc. poco “competentes” para el arte de la política que se vivencia en la arena pública). Las mujeres, entonces, han quedado por fuera de la discusión/participación para la obtención de una ciudadanía plena al tiempo que se posicionaba a los varones como a los únicos destinatarios legítimos de los derechos (Young 1996:99). Entonces, al derecho se le confieren los mismos atributos que a los hombres y existen aún para las mujeres y para quienes no son hombres heterosexuales, como ya se adelantó, una serie de obstáculos para participar plenamente de la ciudadanía dado que ese proyecto occidental propio de la modernidad tenía como destinatario a los hombres (Ávila 1999:57).
El derecho, dentro del sistema de dominación masculina es criticado desde el feminismo y según enuncia Frances Olsen, “las estrategias del feminismo para poner en cuestión la teoría jurídica son análogas a las estrategias feministas para poner en cuestión el dominio masculino en general” (Olsen 2000: 22).
Estos derechos pretendidamente universales pueden entenderse como producto del denominado proyecto de la modernidad, que según Jürgen Habermas, fuera formulado en el siglo XVIII y

“consiste en desarrollar las ciencias objetivadoras, los fundamentos universalistas de la moral y el derecho y el arte autónomo, sin olvidar las características peculiares de cada uno de ellos y, al mismo tiempo, en liberar de sus formas esotéricas las potencialidades cognoscitivas que así manifiestan y aprovecharlas para la praxis, esto es, para una configuración racional de las relaciones vitales” (Habermas 1988:27).

Modernidad y ciudadanía se conjugan como dos dimensiones claves de la propuesta de organización social que estuvieron presentes en la conformación de los estados modernos.
De modo tal que se produce una discriminación en torno de la diversidad y en relación a todo sujeto que no sea “hombre-blanco-occidental”. La construcción binaria de lo social sólo incluye dos sexos (macho y hembra) a los que a su vez les confiere, durante el proceso de constitución del orden simbólico de la sociedad, las ideas acerca de lo que deben ser “idealmente” cada uno de ellos, despojando de toda posibilidad identitaria a aquellos otros por fuera del orden binario.
Las ciencias biológicas, han considerado que los humanos “vienen en dos sexos” (Lamas 2001:158), pero desde hace ya un tiempo se ha incorporado -para entender la realidad biológica de la sexualidad- el concepto de intersexo (características fisiológicas en las que se combinan elementos de lo masculino con lo femenino). La dicotomía hombre/mujeres -más que una realidad biológica- es una realidad del orden de lo simbólico-cultural, que se refuerza en la lógica del pensamiento binario y hace que nos forjemos ciertas representaciones sociales.

Ahora bien, la visualización y presencia de quienes no se consideran ni hombres ni mujeres (intersexos) y de quienes sostienen una orientación sexual por fuera del orden binario (gays, lesbianas, travestis y bisexuales), sobre todo hacia finales del siglo XX, pone en debate todo un cúmulo de conceptualizaciones y prácticas heteronormadas establecidas ideológicamente como válidas. La ineludible presencia de cuerpos e identidades diversas, incomoda y desestabiliza ámbitos disciplinares que son portadores de la lógica universal masculina como la biomedicina, lo jurídico, lo político y también lo mediático, entre otros campos.

LA TENSIÓN EN TORNO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS EN LOS CASOS DEL MATRIMONIO UNIVERSAL, LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y EL ABORTO

Sobre finales del siglo pasado y comienzos del presente, se movilizan e impulsan grupos -que integran colectivos diversos en torno de reivindicaciones vinculadas con la ciudadanía sexual- hacia el debate y la lucha para lograr estar considerados y formar parte plena de esto que llamamos sociedad.
Podría afirmarse que así como el derecho puede ser un elemento de dominación y subordinación de sujetos “no hombres” también puede conformarse como instrumento capaz de lograr el cambio social tendiente a la igualdad. En este sentido, como se ha señalado al inicio de este artículo, las reivindicaciones sociales siempre se dan en el marco de un contexto social determinado y sobre la base de la movilización de algunos sectores sociales que deciden apoyar una causa determinada. Nuestro país, pareciera ser que está atravesando un momento particular en cuanto a la ampliación de derechos refiere. María Alicia Gutiérrez, sostiene que “los gays, las lesbianas, los trans, las travestis y el conjunto de las diversidades alzan la voz para reclamar por su condición de identidad específica, pero también, por un universal ciudadano que los excluye” (Gutiérrez 2010:26).
La ampliación de la ciudadanía implica la aparición de fuertes tensiones entre sectores sociales que pujan por intereses e ideologías diferentes. Estas tensiones se dan en torno de la puesta en debate de conceptos tales como la idea de diversidad, la idea de igualdad y su contraparte, la desigualdad. Nociones que, situadas en determinados momentos históricos y entendidas de una manera o de otra, evidencian las posibilidades concretas que los sujetos tiene para acceder o no a determinados derechos. El concepto de diversidad sexual, que se ha instalada públicamente en la agenda política implica pensar que existe un amplio espectro de comportamientos y deseos sexuales propios de la sexualidad humana, y en este sentido, todos y todas somos distintos; ahora bien, sobre la base de las elecciones particulares de casa sujeto se han producido desigualdades de orden jurídico. No todas las personas gozan de la denominada “igualdad de derechos”, dada la imposición de cosmovisiones y racionalidades que “etiquetan” y valorizan a las personas en vinculación directa con sus orientaciones sexuales; también se desvaloriza y estigmatiza una construcción identitaria diferente a la provista por la biología y se descree de las posibilidades que el género pueda modificar y conformar una la elección que puede operar cambios profundos en las personas. Simultáneamente, en teoría, todos los sujetos estarían considerados en igualdad si hubiera basamento en la idea de “dignidad humana” entendida como valor esencial e intransferible de todo ser humano sólo por el hecho de serlo. Y es el Estado, como institución fundante de la sociedad contemporánea, quien niega la posibilidad de lograr la igualdad de derechos, por omisión o por negación, al no considerar ni valorizar la evidencia de la diversidad.

Finalmente, las modificaciones que puedan obtenerse en el orden legislativo traerían cambios culturales que minimizarían la discriminación y contribuirían a la disipación de prejuicios. Es probable que estos cambios deban adjudicarse a muchos/as luchadores y activistas de las causas vinculadas a las cuestiones de diversidad y por supuesto a las mujeres que componen los múltiples feminismos.

MATRIMONIO IGUALITARIO. PUNTA DE LANZA

El año pasado, más precisamente en el mes de julio, se promulgó la denominada “Ley de Matrimonio Igualitario” Nº 26.618 que introduce modificaciones tanto en el Código Civil como en la Ley Nº 18.248 (de nombres). La sanción de la ley Nº 26.618 amplía la condición de ciudadanía en términos de equiparación de derechos humanos; no se trata solamente de la posibilidad de contraer matrimonio para las personas de mismo sexo y minimizar la discriminación, sino que abarca y modifica una multiplicidad de cuestiones vinculadas por ejemplo con el reconocimiento de la descendencia, con la herencia, con la posibilidad de gozar el o la cónyuge de una obra social en lo vinculado al cuidado de la salud, con la posibilidad de hacerse acreedor/a de una pensión por viudez. Significa reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo equiparándolos a los propios de las parejas heterosexuales
Este resultado se concreta por el accionar fundado de las organizaciones LGBT (gays, lesbianas, bisexuales y trans, más precisamente la “Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans”) quienes logran poner en agenda política y pública, y desde una postura militante, las demandas del colectivo.

Pero, este adelanto en la igualación de derechos ciudadanos no estuvo exento de fuertes discusiones y posicionamientos en torno de lograr la negativa de su sanción. Resulta ser que el hecho de subsanar las diferencias jurídicas, que implica a las personas que poseen orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual, afecta y desafía la totalidad de la legislación vinculada a una particular y retrograda idea de “familia” y “matrimonio” que sostienen los sectores civiles más conservadores de la sociedad junto con la iglesia católica4. Pero al mismo tiempo, se refuerza de manera renovada una de las instituciones más tradicionales “constitutivas” de cierta idea de familia como lo es el matrimonio. De ahora en más, los matrimonios ya no serán solamente una institución que tenga como objetivo “unir” contractualmente a un hombre y a una mujer “respetando” el binarismo pensado como natural, sino que podrán darse y proponerse otras opciones de “casamiento” más acordes con los intereses de quienes están por fuera de lo establecido históricamente.

IDENTIDAD DE GÉNERO. DERECHO EN PROCESO

El clima auspicioso vinculado con la ampliación de derechos para el pleno goce de la ciudadanía logrado tras la sanción del denominado “matrimonio igualitario”, ha impulsado el envío a la cámara de diputados de dos proyectos que proponen la sanción de una ley de Identidad de Género.

“La propuesta de una Ley de Identidad de Género reactiva lo que travestis, trans y otros grupos sostienen como “la gesta del nombre propio”, que implica ser nominado y registrado legalmente del modo que la subjetividad de la persona lo reclama, siendo sometido, de lo contrario, a violencia subjetiva por discordancia entre el sexo biológico y el género cultural y/o psicológico”. (Gutiérrez. 2010:27)

El derecho a la identidad es un bien tutelado por la Constitución Nacional en varios de sus artículos (Art. Nº 19, Art. Nº 33 y Art. Nº 75 inciso 19) como así también por una serie de Tratados Internacionales de Derechos Humanos los cuales poseen rango constitucional5, pero es un derecho vulnerado de manera continua al no hacerse operativos los mecanismos que impidan tal situación. En definitiva, es el mismo Estado garante de determinados derechos y para algunos sujetos, el que niega en este caso el derecho a la identidad de género.
Las instancias particulares en las que más se ven afectadas las personas transexuales se relacionan con toda una legislación de corte autoritario que penaliza la diferencia a través de una serie extendida en el territorio de los denominados “códigos de faltas” o “códigos contravencionales”. Normativas que en su aplicación concreta no se dedican a la penalización de conductas prohibidas, sino que tienden a penalizar sujetos y condiciones de vida (Zaffaroni 2005: 49) que para la moralidad dominante, encargada mayoritariamente de intentar imponer en legislación su visión ideológica del mundo, constituyen desviaciones de los parámetros que se conciben como “normales” en relación a lo que debe ser un hombre o una mujer.
Asimismo, para Claudia Vázquez Haro (2011), los requisitos de la normativa para la obtención del DNI, regulados por la resolución Nº 663/92 de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas vulneran el derecho a la identidad personal al exigir que “las fotografías deberán dar lugar a interpretaciones erróneas del sexo”.
La demanda por el reconocimiento del género, pone en fuerte tensión y en entredicho la construcción social de la dualidad hombre-mujer; formalmente se reconoce lo que es considerado socialmente como hombre –mujer. Las personas trans no son parte de ese orden binario, hecho que significa quedar marginadas de las prestaciones y beneficios que el hecho de “formar parte” de la sociedad tiene.

Estos registros indican que el cuerpo material y su imagen simbólica vinculada a determinados cánones se constituyen como lugar de disputa. ¿Quiénes tienen derechos sobre el propio cuerpo? ¿Quiénes no? ¿Quiénes son los que deciden al respecto?

DERECHO AL ABORTO. “LA GRAN DEUDA DE LA DEMOCRACIA"6

Motivos de variada índole han mantenido en nuestro país soterrada la discusión de una práctica extendida, no legalizada y criminalizada como el aborto. En este sentido, el derecho que impide la acción de abortar en condiciones sanitarias adecuadas se ha sostenido y materializado sobre bases ideológicas contrarias a los intereses de un amplio colectivo de mujeres. Así, las decisiones del fuero de lo íntimo y particular, vinculadas al propio cuerpo, se ven reguladas desde un dispositivo jurídico que suele resultar adverso a los intereses del colectivo. Desde hace unos años, diversas organizaciones de mujeres luchan por revertir este estado de situación que se relaciona directamente con el derecho que posibilite elegir sobre la decisión de abortar. La situación de clandestinidad e ilegalidad en la que se realizan los abortos, coinciden varias especialistas en el tema7, no hace disminuir su práctica y además implica consecuencias mayores en términos de salud pública. Para Marta Rosemberg,

“las mujeres que recurren al aborto en la clandestinidad y la pobreza están privadas no sólo de la protección adecuada de su salud, sino del goce de los adelantos tecnológicos y científicos, del acceso a la información, de la seguridad que se proclama uno de los bienes sociales que debe ser amparado por el estado, de una vida libre de violencia, discriminación y tortura, (…) Entramado de derechos que forman parte del plexo de los derechos humanos bajo cuyo paraguas nos amparamos y que decimos respetar y promover. Esta es, entonces, una deuda social que debe ser saldada”. (Rosemberg. 2010:3)

Las políticas públicas de salud para las mujeres deben superar el estadío que focaliza y posibilita la atención integral dentro de los programas materno-infantiles para arribar a la consolidación de una nueva etapa en la que se concreten los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo también el derecho al aborto. Entonces, para sumar derechos y ampliar la ciudadanía, resulta necesario proveer de coberturas gratuitas y universales, en todos los casos que así las mujeres en uso de sus facultades mentales lo requieran.

En la actualidad, dice Mariana Carbajal,

“en la Cámara baja hay dos proyectos que despenalizan y legalizan el aborto. Uno, elaborado por la Campaña (Nacional por el Derecho al Aborto), que tiene ya el apoyo de casi cincuenta diputados. Y otro, promovido por el partido Nuevo Encuentro. Son iniciativas similares: consagran el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo en el primer trimestre de gestación. De hecho, todos los diputados de NE apoyan también el otro proyecto.” Mariana Carbajal8(Diario Página 12. 29/11/2011)

El aborto, como claro desafío al mandato social de la maternidad incomoda e implica vivir una maternidad, para quien la desee, por fuera de la mera función biológica que lo permite, por fuera de las atribuciones sociales dadas a la mujer y a la construcción de la moral dominante del “deber ser” mujer, saldando ese determinismo biológico que constriñe parte de las identidades femeninas. Eli Bartra (1992: 25), agrega que el aborto es una práctica fastidiosa, dado que “representa una seria fisura en la ideología patriarcal y en el dominio que se ejerce sobre la mujer como género”.
La vulneración histórica de derechos de ciudadanía ejercida en este caso sobre las mujeres debe ser revertida necesaria y urgentemente, a los efectos de evitar la muerte materna, a los efectos de asegurar el derecho a la salud, a los efectos de no violar tratados internacionales que poseen rango constitucional y, básicamente para tener la opción de elegir, por el derecho a decidir sin la tutela del estado y sus leyes sobre nuestro cuerpo. Los sectores conservadores que se oponen a que las mujeres tomen iniciativas y decisiones sobre la propiedad de su cuerpo.

CONCLUSIONES PROVISORIAS

Foucault, en varios de sus escritos problematiza la noción de “vida”. Advierte cómo desde el establecimiento del capitalismo aparece un fuerte interés por regular los aconteceres relativos a la vida, a los efectos de controlarlos y de ser necesario, de modificarlos (Foucault.1998:86). Cuerpo y política son dos realidades que, para el autor, deben pensarse entrelazadas dado que el cuerpo es “blanco” de múltiples intervenciones políticas. E incluso, adelantaba que las futuras luchas políticas serían aquellas vinculadas con la vida, con lo viviente. Pareciera ser que su análisis se compatibiliza con las luchas actuales en torno de garantizar el matrimonio para personas de igual sexo, la identidad de género y del derecho al aborto.
Los sectores más conservadores de la sociedad, como la iglesia católica y sus organizaciones referenciadas en la sociedad civil, son la voz cantante y opositora del derecho al aborto, pero también se oponen a consagrar como derecho a la identidad de género e hicieron lo propio con el derecho al matrimonio igualitario.
Son además, quienes más fuertemente presionan en el Congreso –a través de sus representantes- para no producir modificaciones en materia de derechos. Sostienen, desde las más altas jerarquías, que la vida es un “don” otorgado por su dios y que por lo tanto, solamente ese dios tiene derecho a quitarla. También, se oponen a pensar que la identidad sexual es una construcción social dado que mantienen una postura biologicista-binaria en relación a la sexualidad desconociendo los derechos de las uniones no heterosexuales. Y siempre a contramano, es negada la posibilidad de pensar en la diversidad como enriquecimiento de la experiencia humana, o peor aún, la patologizan.
Estos discursos religiosos que refuerzan la desigualdad de derechos y que pretenden imponerse como naturales pueden ser revertidos a partir del trabajo articulado y sistemático de organizaciones sociales que promueven el cambio. Claro ejemplo lo constituye el trabajo llevado adelante por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y transexuales (http://www.lgbt.org.ar) y por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina –ATTTA- (http://www.attta.org).

También es importante destacar la fuerte organización de mujeres en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en todo el territorio nacional que funciona desde 2005 y articula el accionar de más de 300 instituciones (Ver http://www.abortolegal.com.ar). De modo tal que estarían dadas –no sin escollos- las condiciones que posibilitan la ampliación de los derechos de la ciudadanía. El gran desafío que viene es de índole cultural e implica desterrar la construcción binaria inscripta en los imaginarios de la sociedad que mayoritariamente se acepta y se reconoce a sí misma en la heteronormatividad.

Archivo interactivo

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NOTAS

1-En este sentido, por ejemplo, en América Latina los derechos políticos estuvieron largamente vedados durante el siglo XX como consecuencia de los continuos Golpes de Estado que llevaron al poder a diversos gobiernos dictatoriales militares.

2-Es la tendencia a considerar la propia cultura como superior y a aplicar los propios valores culturales para juzgar el comportamiento y las creencias de personas criadas en otras culturas. El etnocentrismo es un universal cultural” (Kottack. 2002:29)

3-“ El androcentrismo "consiste en considerar al ser humano de sexo masculino como el centro del universo, como la medida de todas las cosas, como el único observador válido de cuanto sucede en nuestro mundo, como el único capaz de dictar leyes, de imponer la justicia, de gobernar el mundo. Es precisamente esta mitad de la humanidad la que posee la fuerza (los ejércitos, la policía), domina los medios de comunicación de masas, posee el poder legislativo, gobierna la sociedad, tiene en sus manos los principales medios de producción y es el dueño y señor de la técnica y la ciencia.”(Moreno Sardá. 1986:16).

4- La ideología particular y dominante de la iglesia católica está a destiempo/contramano del sentir mayoritario y de las realidades que se vivencian en lo cotidiano al no avalar un modelo de matrimonio y de familia más inclusivo no heteronormado.

5-Ver Constitución Nacional: Convención Americana de DDHH; Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Convención de los Derechos del Niño.

6- Para ver cómo transcurre en el tiempo histórico reciente el debate sobre el aborto en Argentina, ver: Brown, Josefina. 2008. “El aborto como bisagra entre los derechos reproductivos y sexuales”. En: Pecheny, Mario y otros. Todo sexo es político. Estudios sobre sexualidades en Argentina. Libros del Zorzal, Buenos Aires.

7-Mollman, Marianne. Carbajal, Mariana. 2010. Aborto en Debate (Aportes para una discusión pendiente. Buenos Aires, Paidós. Rosemberg, Marta,etc.

8-Artículo Publicado en Diario Página 12. “Por el derecho a decidir” Autora: Mariana Carbajal http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-165133-2011-03-29.html

N18

artículo sarmiento

artículo Colombo

artículo Betiana Pintado

artículo Sarlingo

artículo Patricia Pérez

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