Poner la lupa en la equidad es clave para América Latina y el Caribe, una región donde la pandemia también ha concentrado los efectos adversos en los más marginados, exacerbando aún más las disparidades ya existentes. Las mujeres en el sector informal se vieron desproporcionalmente afectadas por la pérdida de empleo. Las tasas más altas de morbilidad y mortalidad por covid-19 que enfrentan las poblaciones afrodescendientes, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas en la región reflejan condiciones estructurales de pobreza.

En Colombia, las tasas de letalidad por caso son más altas para afrocolombianos e indígenas colombianos (3,24% y 3,19%, respectivamente) en comparación con la tasa general de letalidad por caso de 2,54%. En Brasil, la tasa de mortalidad de pacientes hospitalizados con covid-19 es más alta para afrobrasileños que para la población blanca (33,7% vs. 30,3%).

En Colombia, las tasas de letalidad son más altas para afrocolombianos e indígenas (3,24% y 3,19%) que la general, de 2,54%
A medida que se implementan los planes de vacunación es fundamental asegurar que condiciones como la raza o la discapacidad no sean un obstáculo para la inmunización. Considerando el incendio que es la desigualdad en la región, es importante mostrar el progreso en tiempo real, demostrando la cobertura por raza, etnicidad, residencia geográfica, edad, género y nivel de educación. El monitoreo en tiempo real no solo sirve para demostrar el alcance de los esfuerzos por desplegar las vacunas y sofocar rumores que pueden afectar la aceptación general de la vacuna, sino que también, proporciona información necesaria para diseñar acciones correctivas al identificarse brechas.

Ante esta situación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) decidió estudiar qué conlleva un énfasis en equidad. El contenido de las campañas de comunicación debe adaptarse culturalmente y ser trasladado por los líderes de cada comunidad. El Ministerio de Salud de Australia ha creado comités representando a pueblos indígenas, comunidades multiculturales y personas con discapacidad que están apoyando en la creación de materiales adaptados. Y estos, además, se están transmitiendo por radio, televisión, e Internet en 15 lenguas indígenas.

Para reducir las barreras de acceso, se deben desarrollar mecanismos para solicitar traductores de lenguas indígenas y protocolos de accesibilidad para proporcionar ajustes razonables a personas con discapacidad en los sitios de vacunación. Siguiendo esta misma lógica, es clave que la vacuna sea distribuida de forma consensual. Un proceso de consulta con comunidades indígenas es fundamental.

En Alaska, la estrategia de vacunación consistió en asociarse con autoridades locales, con los servicios de salud indígenas y se implementaron campañas móviles. El estado tiene una de las tasas de inmunización más altas de Estados Unidos
En Alaska, la estrategia de vacunación consistió en asociarse con autoridades locales, con los servicios de salud indígenas y se implementaron campañas móviles. El estado tiene una de las tasas de inmunización más altas de Estados Unidos. Brasil priorizó repartir las vacunas en territorios indígenas y ha inmunizado al 58,7% de sus adultos a través de campañas móviles. Este tipo de estrategia sirve para llegar a comunidades con poco acceso a servicios de salud, y beneficiar a personas que no pueden viajar a lugares donde se administren vacunas por barreras de distancia, costo, inaccesibilidad del sistema de transporte o riesgo de violencia contra mujeres o personas LGBTQ+.

Los planes de vacunación deben ser transparentes, pero no inmutables. Incluso los que están mejor diseñados deben actualizarse después de monitorear resultados provisionales. En el Reino Unido, se encontró que la probabilidad de estar vacunado era dos veces más grande para personas blancas que para personas afrodescendientes. En Estados Unidos, la tasa de vacunación es dos veces más alta para personas blancas (19%) que para latinos (9%) y casi dos veces más alta que para personas afrodescendientes (11%), según datos de 44 de los 52 estados.

Los resultados en el Reino Unido y Estados Unidos han impulsado esfuerzos adicionales para llevar las vacunas a poblaciones vulnerables, incluyendo la creación de grupos de trabajo enfocados en la equidad dentro de la distribución de vacunas. En muchos estados de Estados Unidos se están utilizando “mapas calientes” para mostrar los códigos postales donde las tasas de inmunización son bajas y las tasas de infección están aumentando; posteriormente, se implementan nuevos sitios de vacunación en comunidades vulnerables. Siguiendo los criterios de elegibilidad, las personas que viven en estas comunidades tienen prioridad para las citas.

Lo mismo es necesario para América Latina y el Caribe. Lo último que se quiere es replicar la desigualdad que se evidencia a través de la sociedad en los planes de vacunación. Si bien, continuaremos escandalizados por historias de personas que se aprovechan del sistema y las consecuencias pueden ser apropiadas, debemos abordar la equidad de manera sistémica con un ojo pegado a los datos, para asegurar que poblaciones vulnerables no se queden atrás.

Suzanne Duryea es economista principal de la División de Género y Diversidad del BID y María Antonella Pereira es consultora de la División de Género y Diversidad del BID.

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Los movimientos campesinos y los pueblos indígenas están teniendo un rol protagónico en el Paro Nacional en Colombia, que lleva 7 días consecutivos en las calles, con una violenta respuesta estatal. Defensa a la producción nacional, no discriminación y freno de las fumigaciones con glifosato son parte de los reclamos.
mayo, 2021

Con las consignas “¡Que caiga el mal gobierno!” y “El campo se respeta”, las organizaciones campesinas y movimientos indígenas de Colombia participan activamente del paro nacional que lleva 7 días consecutivos de protestas en todo el país. El gobierno de Iván Duque respondió a las masivas protestas pacíficas, cortes de ruta y cacerolazos con una incesante represión policial que ya dejó 37 muertos, 222 heridos y 831 detenciones arbitrarias, según el reporte de la ONG Temblores. “Al mal gobierno le decimos que la lucha es por la vida, que no nos callarán y que vamos a fortalecer las movilizaciones”, sentenciaron desde el Coordinador Nacional Agrario (CNA). La semana próxima Duque recibirá al Comité Nacional del Paro, que llevará su pliego de reclamos, entre ellos, los del campesinado.

La chispa que encendió las movilizaciones en todo el país fue el intento de reforma tributaria anunciado por Duque, que contemplaba un incremento del IVA en los alimentos de la canasta básica, y tuvo que ser retirado por el gobierno colombiano ante la contundente respuesta popular. “El paro y la movilización social lograron derrotar la reforma tributaria”, celebró la organización Dignidad Agropecuaria Colombiana en su último comunicado y adelantó: “En el agro la lucha continúa”.

El Movimiento de Autoridades Indígenas Occidente (AISO) también anticipó este jueves la continuidad de las protestas y anunció que 1.000 luchadoras y luchadores del pueblo Misak y Nasas están en marcha a la ciudad de Cali “en el marco del paro nacional que hemos convocado desde el pueblo Colombiano para parar la economía del país. Seguimos en movilización permanente y avanzamos hacia una huelga general nacional”. La CNA también llamó el martes a las 60 organizaciones campesinas que la conforman para “fortalecer los escenarios de movilización” en todo el país.

En el marco de un conflicto que permanece abierto, a pesar de la obligada convocatoria del gobierno de Duque al diálogo, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina condenó las “políticas totalmente contrarias que desfavorecen al común de los trabajadores del país y con ella a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes” y la respuesta “desproporcionada” de control militar del movimiento y la protesta social y exigió que “haya los controles políticos necesarios ante los abusos y desmanes del gobierno y su fuerza púbica”.

Según el relevamiento de la ONG Temblores, que a través de su programa de denuncia de violencia institucional viene cruzando la información sobre la represión del gobierno colombiano a las protestas, desde el 28 de abril hasta ayer se había registrado los siguientes abusos:

222 víctimas de violencia física
37 víctimas de violencia homicida
831 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes
312 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas
22 víctimas de agresiones oculares
110 casos de disparos de armas de fuego
10 víctimas de violencia sexual

De la Rebelión de las Ruanas al Paro Nacional, los reclamos campesinos

El pliego exigido por el Comité Nacional del Paro va más allá de la derrumbada ley de reforma tributaria y reúne reclamos vinculados con la actual crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, la asistencia social y exigencias pendientes desde la denominada Rebelión de las Ruanas, la protesta protagonizada por los campesinos en 2013, que muchos analistas marcan como la semilla de las revueltas callejeras en Colombia contra el modelo neoliberal.

Entre los 7 puntos consolidados en el pliego del Comité Nacional del Paro hay tres que involucran de manera particular a campesinos e indígenas:

Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.
No discriminación de género, diversidad sexual y étnica.
Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.
El comunicado del CNA —titulado “La semilla de la dignidad germina abonada con la lucha popular”— advierte que «desde el campo colombiano seguimos en pie de lucha y cerramos filas en torno al clamor del pueblo colombiano: que caiga el mal gobierno como exigencia central de la lucha» y responsabiliza a las políticas de derecha en general y al partido Centro Democráctico de Iván Duque, en particular, por “la misería, el hambre, la pobreza, la represión, los crímenes de Estado y el desempleo en el país”.

En ese tono, la CNA reiteró las reivindicaciones del campesinado colombiano que amplían lo sostenido en el pliego del Comité del Paro en cuanto reclaman una reforma agraria integral, “como avance para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria”; la desarticulación del paramilitarismo como política de Estado y desmilitarización de los territorios y la “renegociación de los tratados de libre comercio que afectan al campesinado y el pueblo colombiano”.

Desde la organización Dignidad Agropecuaria Colombiana coincidieron en el reclamo urgente de la renegociación de los tratados de libre comercio y levantaron otras de las banderas que llevan los campesinos en las movilizaciones callejeras: «No más importaciones de alimentos que podemos producir». Además, recordaron otras cuentas pendientes como “los elevados costos de fertilizantes y demás insumos, los bajos precios para los productos del agro nacional, la solución definitiva a las deuda bancarias y con el agrocomercio” y la grave situación de los arroceros colombianos.

“Hemos estado firmes en la lucha de toda una nación. Hemos tenido que vivir 20 años con el mismo gobierno, pero no nos cansamos, no se cansó este pueblo colombiano. Esta generación no espera nada de este presidente, en todos estos años nos dieron mentiras, represión, corrupción , represión y 6.402 crimines en manos de los paramilitares. Espero la renuncia del gobierno de Iván Duque”, sintetizó una joven referente del Pueblo Misak. Las protestas en Colombia siguen y la solución al conflicto parece marcarlo el pulso de las calles.

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Quito / Guayaquil - ABR 2021

El voto de las comunidades indígenas es un bien preciado en Ecuador. Representa entre el 7% y el 10% del censo nacional y quien lograra atraerlo para sí tendría en un puño el triunfo en Ecuador. Lo sabía Andrés Arauz, el candidato promovido por el expresidente Rafael Correa; y lo sabía también su rival, el conservador Guillermo Lasso. La lógica política dice que Arauz debería quedarse con esos votos, pero las divisiones entre los líderes del movimiento indígena y un viejo historial de desencuentros con Correa limitaban el apoyo de las comunidades.

La grieta política parte en dos Ecuador

Rafael Correa, el político ausente que define la elección en Ecuador

Pachakutik es el nombre del brazo político que representa al indigenismo ecuatoriano. En las elecciones de 2006, el movimiento analizó la posibilidad de acompañar a Correa con un candidato a vicepresidente. La idea no terminó de madurar y Pachakutik presentó a su propio aspirante, sin mucho éxito: sumó solo el 2,1% de los votos. Correa, sin embargo, les hizo un sitio en su Gabinete y puso una mujer quechua de Sarayaku como Secretaria de Comunicación. Pero la buena sintonía no prosperó.

La ruptura maduró poco a poco, a medida que las bases indígenas sacaban la cabeza en las zonas rurales para reclamar obras, carreteras o para frenar la explotación minera en sus territorios. En el punto máximo de la tensión, el Gobierno correísta equiparó las revueltas con actos terroristas e intentos de sabotaje a la producción de petróleo, la principal fuente de divisas de Ecuador. Hubo entonces detenidos, entre ellos el último candidato a la presidencia por Pachakutik, Yaku Pérez, y pesos pesados de la dirigencia indígena, como Lourdes Tibán y o Salvador Quishpe. Las heridas de aquel divorcio siguen abiertas.

Hoy, el movimiento indígena está dividido frente a Arauz, al menos desde la dirigencia. “La problemática es diferente en la sierra centro, en la Amazonia o en la sierra norte, donde las comunidades se dedican al comercio”, dice Jacobo García, analista político electoral. “El error está en homogeneizar. Tienes parte del mundo indígena que es favorable a Correa porque se vio beneficiado por su obra pública y tienes otro mundo indígena que rechaza la lógica correísta desarrollista, basada en el uso de los recursos naturales”, explica. Esas divisiones explican en parte la complejidad de las redes de apoyos y rechazos a las candidaturas de Arauz y Lasso en la segunda vuelta.

Pachakutik y su candidato Yaku Pérez, tercero en la primera vuelta electoral, han hecho campaña por el voto nulo. El partido es el brazo político de la Conaie (Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador), cuyo líder, Jaime Vargas, pidió, sin embargo, el voto por Arauz. Yaku Pérez tildó entonces a Vargas de “cadáver político”, mientras durante el cierre de campaña de Arauz, celebrado el jueves en Quito, flamearon banderas de Pachakutik.

El mitin del candidato correísta contó con una importante presencia de dirigentes indígenas. Entre ellos estuvo Nanky Sant, un shuar de la Amazonia que probó suerte como candidato a diputado. “Ahora mismo la única opción que tenemos los pueblos y nacionalidades aquí en Ecuador es la opción del progresismo que representa Andrés Arauz”, dice Nanky Sant. El dirigente asegura que el voto indígena irá masivamente hacia Arauz, y que el llamado al voto nulo de un sector de Pachakutik es evidencia de sus divisiones internas. “Un 90% no está de acuerdo con los actuales dirigentes de Pachakutik y con los que están promoviendo de manera resentida el voto nulo”, dice.

 

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El presidente de Trenes Argentinos Infraestructura rubricó convenios con Oscar Farías, representante de la Antigua Comunidad Mapuche Melinao. A través del compromiso firmado, se aceptó el uso de los terrenos de la Estación Olascoaga, en Bragado, para fortalecer la identidad cultural.

Viernes 23 de abril de 2021

Trenes Argentinos Infraestructura (TAI) y la Antigua Comunidad Mapuche Melinao (ACMM) llegaron a un acuerdo para fortalecer el desarrollo del pueblo originario en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. En definitiva, el titular de TAI, Alexis Guerrera, firmó un convenio con el presidente de la ACMM, Oscar Farías, para consolidar el uso de tierras y evitar el desarraigo de la comunidad.

Se trata de la aceptación del uso precario de los terrenos de más de 4.600 metros cuadrados en la Estación Olascoaga, en el partido bonaerense de Bragado. Con el compromiso establecido entre Guerrera y Farías, la comunidad mapuche podrá establecerse en el predio y desarrollar actividades socio culturales para, de esa manera, apostar al fortalecimiento identitario y a la medicina originaria.

“Desde el Estado tomamos la iniciativa de fortalecer el rol de sujetos de derechos de los pueblos originarios”, sostuvo Guerrera luego de alcanzar el convenio. En esa línea, el presidente de TAI remarcó que “con este acuerdo, además de avanzar en una reparación histórica y reconocer derechos humanos que no deben pasarse por alto, estamos ayudando a fomentar el desarrollo de la comunidad mapuche en la región”.

El convenio firmado, en las oficinas de Trenes Argentinos Infraestructura, establece que la Comunidad Mapuche Melinao conservará los terrenos de modo tal de garantizar que no sufra modificaciones que alteren el espíritu del mismo.

En ese sentido, el representante de la comunidad, Farías, agradeció la intervención de TAI para la protección y el uso de las tierras. “Es un logro muy importante para la comunidad. Estamos agradecidos de poder preservar nuestra identidad cultural”, señaló.

Así, TAI marca un precedente en materia de políticas públicas destinadas al apoyo y la consolidación de los pueblos originarios.

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Especialistas en Derecho señalan que la reforma aprobada por la Cámara de Diputados es insuficiente para proteger el legado cultural de los pueblos originarios
DARINKA RODRÍGUEZ
09 ABR 2021

La identidad cultural de México está a la venta, pero no son los pueblos los que se quedan con las ganancias. Mientras que un sarape confeccionado a mano por artesanos de Saltillo puede costar entre 500 y 3.000 pesos mexicanos (entre 25 y 150 dólares, aproximadamente), una marca como Carolina Herrera o Louis Vuitton puede vender una pieza casi idéntica entre 1.000 y 4.000 dólares. El atractivo visual de los bordados, esculturas, pinturas y otras artesanías de México han provocado que decenas de empresas se hayan apropiado del patrimonio cultural de los pueblos originarios de México, sin que sus creadores vean un solo centavo por su trabajo, esfuerzo y creatividad.

Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó, mediante una aplastante unanimidad, una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, en la que se añade una fracción que reconoce las obras de los pueblos y comunidades indígenas como “objeto de protección de derechos de propiedad intelectual”. Esta reforma aún tiene que ser aprobada por el Senado para que se reconozca por primera vez el trabajo colectivo de los indígenas.

Pero del reconocimiento no se come ni se pagan las cuentas. Decenas de empresas (de origen principalmente asiático) lucran con la estética de los pueblos indígenas sin que ninguna ley mexicana pueda hacer algo al respecto. Carlos Martínez Negrete, promotor cultural y defensor de Derechos Humanos de los pueblos indígenas, indica en entrevista que la reforma aprobada por los legisladores es insuficiente. “El impacto hacia las comunidades se genera en la publicidad digital y en la empatía que una marca genera con el consumidor, a través de una falsa responsabilidad social”, señala.

Esculturas, pinturas, pero principalmente textiles que imitan la estética de pueblos originarios de Latinoamérica y México, se comercializan a través de internet desde los cinco y hasta los 50 dólares. Los bordados de Tenango de Doria (Hidalgo), huipiles que imitan a las elaboraciones de Oaxaca o playeras estampadas con la piedra del Sol (el calendario Azteca), son vendidas a través de páginas de internet que constantemente cambian su dirección y lugar de origen.

Carlos Hernández León, académico de estudios jurídicos y sociales del Tecnológico de Monterrey, indica en entrevista que la iniciativa de reforma a la ley, como está redactada, tiene deficiencias que afectan a la colectividad. “Las figuras que han sido explotadas a través del tiempo siguen perteneciendo al dominio público y al final del día, la protección a la obra de los pueblos indígenas quedaría en letra muerta”, señala el académico.


Una prenda con la imagen de la Piedra del Sol se vende en 45 dólares (unos 900 pesos mexicanos) en una página estadounidense.

Patrimonio intangible y millonario

Los casos más visibles de apropiación cultural se han dado por parte de marcas reconocidas como Zara (propiedad de Inditex), Nestlé o Mango, todos ellos entre 2014 y 2019. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que advirtió que “México no cuenta con un marco jurídico adecuado que atienda las especificidades y características propias de los pueblos y comunidades indígenas, mismo que haga efectivo su derecho a la protección” de su patrimonio cultural.

Para Martínez Negrete, la protección de las creaciones artísticas de los pueblos originarios no solo tiene que venir de una ley, sino de los gobiernos locales. “Todos los diputados por una supuesta empatía dicen proteger los elementos culturales de los pueblos indígenas, pero en los hechos se sigue abusando comercialmente”, comenta.

Pese a su riqueza cultural y patrimonio artístico, las comunidades indígenas de México viven en pobreza extrema. El 72% de las personas pertenecientes a una población indígena son víctimas de esa situación, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Adicionalmente, la mayoría de los artesanos de México pierde entre 25 y 30% de sus ganancias por el regateo que hacen los consumidores, de acuerdo con un sondeo realizado por la Red de Artesanos y Productores de la Ciudad de México.

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