Organizaciones sociales formaron un corredor de asistencia, pero también quedaron rodeados
"Llegaron los policías, me apuntaron, me tiraron al piso, y me pusieron una rodilla en la espalda, quiero que todos sepan lo que estamos pasando". Antu Morales es mapuche, tiene 8 años y es parte de la Lof Quemquemtrew, una comunidad de Río Negro que la fiscal Betiana Cendón ordenó desalojar el 24 de septiembre a la madrugada. Más de cincuenta efectivos de la Policía de El Bolsón ingresaron violentamente al territorio recuperado, y a los tiros y golpes se llevaron detenidos a Alejandro Morales, Mauro Vargas y Lautaro Cárdena. La disputa entre la familia Rocco, que ocupa las tierras de recuperación ancestral, estaba en una instancia de diálogo. Pero una falsa denuncia de encapuchados en la zona y el procedimiento policial tensaron la situación. Organizaciones sociales, de derechos humanos y de pueblos originarios armaron un corredor humanitario porque quienes resistieron el desalojo quedaron encerrados tras un cerco policial, sin comida ni ropa. Una comisión intentó llevarles provisiones y abrigo pero también los sitiaron y los reprimieron, de modo que la ayuda no llegó a su destino.
"Pedí adelantar la audiencia para ingresar la ayuda humanitaria con alimentos y abrigo, pero la mantuvieron firme para mañana (miércoles 29) a las 13, no quieren la mesa de diálogo, han hecho provocaciones para romperla y quieren un muerto, es muy grave", dijo a Página/12 Orlando Carriqueo, secretario de la Coordinadora Mapuche Tehuelche de Río Negro. En una nota dirigida a la fiscal Cendón, al Procurador y a la Defensoría Penal, Carriqueo expresó que "atento a la gravedad de la situación alimentaria y de abrigos en que se encuentran, rodeados de fuerzas de seguridad y teniendo en cuenta las temperaturas bajo cero durante la noche, es que solicito se adelante la audiencia a los efectos que se dé urgente tratamiento a la ayuda humanitaria solicitada". Sin embargo, Carriqueo no logró apurar los tiempos de la fiscalía.
Adolfo Pérez Esquivel y autoridades nacionales se comunicaron con la gobernadora de esa provincia, Arabela Carreras, para interceder en el tenso conflicto. Antes de perderse en el cerro, donde no tendrá señal en su celular, Carriqueo explicó que se trata de "una tierra fiscal, no hay titular como dicen algunos medios". Y agregó que "el Gobierno de Río Negro no respeta a las comunidades viejas ni a las nuevas, hay otra orden de desalojo para una familia de la comunidad Cañumil, que tiene más de 130 años en el territorio y todos los papeles en regla: el relevamiento de la ley 26.160 y la carpeta técnica". Es precisamente esa norma la que debería impedir los desalojos de las comunidades de pueblos originarios, cuya prórroga ya cuenta con dictamen en el Senado.
La Lof Quemquemtrew había realizado la recuperación de territorio ancestral que ocupa Rolando Rocco, cabeza visible de un entramado empresarial mayor que obtuvo un extrañamente generoso permiso para explotar un predio durante 90 años, condonaciones de deuda y apoyos económicos no reintegrables para la tala rasa del bosque, y la implantación de pinos. Con esa maniobra, explicada en detalle por Gustavo Figueroa en Wallmapu, periodismo de mar a mar, Rocco se atribuye la propiedad de una zona que es mapuche por excelencia. El fiscal Francisco Arrien de El Bolsón se hizo presente el martes 21 y mantuvo un intercambio con la Lof, y se comprometió a esperar la realización de un trawun de comunidades, a partir del cual se comunicaría la decisión adoptada en conjunto el lunes 27. Se le había solicitado a Arrien el cese del hostigamiento por parte de la policía que merodeaba al territorio, y la garantía de que no se acose ni impida el acceso de los integrantes de las distintas Lof que se acercarían al trawun. Sin embargo, la fiscal en jefe de Bariloche Betiana Cendón solicitó al juez Ricardo Calcagno una orden de identificación de personas que devino en desalojo.
"El viernes 24 se desató una cacería violenta contra la comunidad, vulnerando y violando sistemáticamente los derechos humanos. Más de 50 efectivos de la policía pertenecientes a la COER (Cuerpos de Operaciones Especiales y Rescate) fueron responsables de la balacera, en un procedimiento que está prohibido por leyes y pactos internacionales respecto del tratamiento de pueblos indígenas. Los cuatro detenidos estuvieron en tres comisarías diferentes de Bariloche, permaneciendo desaparecidos por horas, pese a la búsqueda insistente por parte de comunidades y vecines", expresaron en un comunicado desde la comunidad violentada. Los detenidos fueron liberados pero se les abrieron causas judiciales, otra estrategia repetida de hostigamiento contra personas del pueblo mapuche desde 2017.
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