Los movimientos campesinos y los pueblos indígenas están teniendo un rol protagónico en el Paro Nacional en Colombia, que lleva 7 días consecutivos en las calles, con una violenta respuesta estatal. Defensa a la producción nacional, no discriminación y freno de las fumigaciones con glifosato son parte de los reclamos.
mayo, 2021

Con las consignas “¡Que caiga el mal gobierno!” y “El campo se respeta”, las organizaciones campesinas y movimientos indígenas de Colombia participan activamente del paro nacional que lleva 7 días consecutivos de protestas en todo el país. El gobierno de Iván Duque respondió a las masivas protestas pacíficas, cortes de ruta y cacerolazos con una incesante represión policial que ya dejó 37 muertos, 222 heridos y 831 detenciones arbitrarias, según el reporte de la ONG Temblores. “Al mal gobierno le decimos que la lucha es por la vida, que no nos callarán y que vamos a fortalecer las movilizaciones”, sentenciaron desde el Coordinador Nacional Agrario (CNA). La semana próxima Duque recibirá al Comité Nacional del Paro, que llevará su pliego de reclamos, entre ellos, los del campesinado.

La chispa que encendió las movilizaciones en todo el país fue el intento de reforma tributaria anunciado por Duque, que contemplaba un incremento del IVA en los alimentos de la canasta básica, y tuvo que ser retirado por el gobierno colombiano ante la contundente respuesta popular. “El paro y la movilización social lograron derrotar la reforma tributaria”, celebró la organización Dignidad Agropecuaria Colombiana en su último comunicado y adelantó: “En el agro la lucha continúa”.

El Movimiento de Autoridades Indígenas Occidente (AISO) también anticipó este jueves la continuidad de las protestas y anunció que 1.000 luchadoras y luchadores del pueblo Misak y Nasas están en marcha a la ciudad de Cali “en el marco del paro nacional que hemos convocado desde el pueblo Colombiano para parar la economía del país. Seguimos en movilización permanente y avanzamos hacia una huelga general nacional”. La CNA también llamó el martes a las 60 organizaciones campesinas que la conforman para “fortalecer los escenarios de movilización” en todo el país.

En el marco de un conflicto que permanece abierto, a pesar de la obligada convocatoria del gobierno de Duque al diálogo, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina condenó las “políticas totalmente contrarias que desfavorecen al común de los trabajadores del país y con ella a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes” y la respuesta “desproporcionada” de control militar del movimiento y la protesta social y exigió que “haya los controles políticos necesarios ante los abusos y desmanes del gobierno y su fuerza púbica”.

Según el relevamiento de la ONG Temblores, que a través de su programa de denuncia de violencia institucional viene cruzando la información sobre la represión del gobierno colombiano a las protestas, desde el 28 de abril hasta ayer se había registrado los siguientes abusos:

222 víctimas de violencia física
37 víctimas de violencia homicida
831 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes
312 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas
22 víctimas de agresiones oculares
110 casos de disparos de armas de fuego
10 víctimas de violencia sexual

De la Rebelión de las Ruanas al Paro Nacional, los reclamos campesinos

El pliego exigido por el Comité Nacional del Paro va más allá de la derrumbada ley de reforma tributaria y reúne reclamos vinculados con la actual crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, la asistencia social y exigencias pendientes desde la denominada Rebelión de las Ruanas, la protesta protagonizada por los campesinos en 2013, que muchos analistas marcan como la semilla de las revueltas callejeras en Colombia contra el modelo neoliberal.

Entre los 7 puntos consolidados en el pliego del Comité Nacional del Paro hay tres que involucran de manera particular a campesinos e indígenas:

Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.
No discriminación de género, diversidad sexual y étnica.
Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.
El comunicado del CNA —titulado “La semilla de la dignidad germina abonada con la lucha popular”— advierte que «desde el campo colombiano seguimos en pie de lucha y cerramos filas en torno al clamor del pueblo colombiano: que caiga el mal gobierno como exigencia central de la lucha» y responsabiliza a las políticas de derecha en general y al partido Centro Democráctico de Iván Duque, en particular, por “la misería, el hambre, la pobreza, la represión, los crímenes de Estado y el desempleo en el país”.

En ese tono, la CNA reiteró las reivindicaciones del campesinado colombiano que amplían lo sostenido en el pliego del Comité del Paro en cuanto reclaman una reforma agraria integral, “como avance para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria”; la desarticulación del paramilitarismo como política de Estado y desmilitarización de los territorios y la “renegociación de los tratados de libre comercio que afectan al campesinado y el pueblo colombiano”.

Desde la organización Dignidad Agropecuaria Colombiana coincidieron en el reclamo urgente de la renegociación de los tratados de libre comercio y levantaron otras de las banderas que llevan los campesinos en las movilizaciones callejeras: «No más importaciones de alimentos que podemos producir». Además, recordaron otras cuentas pendientes como “los elevados costos de fertilizantes y demás insumos, los bajos precios para los productos del agro nacional, la solución definitiva a las deuda bancarias y con el agrocomercio” y la grave situación de los arroceros colombianos.

“Hemos estado firmes en la lucha de toda una nación. Hemos tenido que vivir 20 años con el mismo gobierno, pero no nos cansamos, no se cansó este pueblo colombiano. Esta generación no espera nada de este presidente, en todos estos años nos dieron mentiras, represión, corrupción , represión y 6.402 crimines en manos de los paramilitares. Espero la renuncia del gobierno de Iván Duque”, sintetizó una joven referente del Pueblo Misak. Las protestas en Colombia siguen y la solución al conflicto parece marcarlo el pulso de las calles.

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Quito / Guayaquil - ABR 2021

El voto de las comunidades indígenas es un bien preciado en Ecuador. Representa entre el 7% y el 10% del censo nacional y quien lograra atraerlo para sí tendría en un puño el triunfo en Ecuador. Lo sabía Andrés Arauz, el candidato promovido por el expresidente Rafael Correa; y lo sabía también su rival, el conservador Guillermo Lasso. La lógica política dice que Arauz debería quedarse con esos votos, pero las divisiones entre los líderes del movimiento indígena y un viejo historial de desencuentros con Correa limitaban el apoyo de las comunidades.

La grieta política parte en dos Ecuador

Rafael Correa, el político ausente que define la elección en Ecuador

Pachakutik es el nombre del brazo político que representa al indigenismo ecuatoriano. En las elecciones de 2006, el movimiento analizó la posibilidad de acompañar a Correa con un candidato a vicepresidente. La idea no terminó de madurar y Pachakutik presentó a su propio aspirante, sin mucho éxito: sumó solo el 2,1% de los votos. Correa, sin embargo, les hizo un sitio en su Gabinete y puso una mujer quechua de Sarayaku como Secretaria de Comunicación. Pero la buena sintonía no prosperó.

La ruptura maduró poco a poco, a medida que las bases indígenas sacaban la cabeza en las zonas rurales para reclamar obras, carreteras o para frenar la explotación minera en sus territorios. En el punto máximo de la tensión, el Gobierno correísta equiparó las revueltas con actos terroristas e intentos de sabotaje a la producción de petróleo, la principal fuente de divisas de Ecuador. Hubo entonces detenidos, entre ellos el último candidato a la presidencia por Pachakutik, Yaku Pérez, y pesos pesados de la dirigencia indígena, como Lourdes Tibán y o Salvador Quishpe. Las heridas de aquel divorcio siguen abiertas.

Hoy, el movimiento indígena está dividido frente a Arauz, al menos desde la dirigencia. “La problemática es diferente en la sierra centro, en la Amazonia o en la sierra norte, donde las comunidades se dedican al comercio”, dice Jacobo García, analista político electoral. “El error está en homogeneizar. Tienes parte del mundo indígena que es favorable a Correa porque se vio beneficiado por su obra pública y tienes otro mundo indígena que rechaza la lógica correísta desarrollista, basada en el uso de los recursos naturales”, explica. Esas divisiones explican en parte la complejidad de las redes de apoyos y rechazos a las candidaturas de Arauz y Lasso en la segunda vuelta.

Pachakutik y su candidato Yaku Pérez, tercero en la primera vuelta electoral, han hecho campaña por el voto nulo. El partido es el brazo político de la Conaie (Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador), cuyo líder, Jaime Vargas, pidió, sin embargo, el voto por Arauz. Yaku Pérez tildó entonces a Vargas de “cadáver político”, mientras durante el cierre de campaña de Arauz, celebrado el jueves en Quito, flamearon banderas de Pachakutik.

El mitin del candidato correísta contó con una importante presencia de dirigentes indígenas. Entre ellos estuvo Nanky Sant, un shuar de la Amazonia que probó suerte como candidato a diputado. “Ahora mismo la única opción que tenemos los pueblos y nacionalidades aquí en Ecuador es la opción del progresismo que representa Andrés Arauz”, dice Nanky Sant. El dirigente asegura que el voto indígena irá masivamente hacia Arauz, y que el llamado al voto nulo de un sector de Pachakutik es evidencia de sus divisiones internas. “Un 90% no está de acuerdo con los actuales dirigentes de Pachakutik y con los que están promoviendo de manera resentida el voto nulo”, dice.

 

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El presidente de Trenes Argentinos Infraestructura rubricó convenios con Oscar Farías, representante de la Antigua Comunidad Mapuche Melinao. A través del compromiso firmado, se aceptó el uso de los terrenos de la Estación Olascoaga, en Bragado, para fortalecer la identidad cultural.

Viernes 23 de abril de 2021

Trenes Argentinos Infraestructura (TAI) y la Antigua Comunidad Mapuche Melinao (ACMM) llegaron a un acuerdo para fortalecer el desarrollo del pueblo originario en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. En definitiva, el titular de TAI, Alexis Guerrera, firmó un convenio con el presidente de la ACMM, Oscar Farías, para consolidar el uso de tierras y evitar el desarraigo de la comunidad.

Se trata de la aceptación del uso precario de los terrenos de más de 4.600 metros cuadrados en la Estación Olascoaga, en el partido bonaerense de Bragado. Con el compromiso establecido entre Guerrera y Farías, la comunidad mapuche podrá establecerse en el predio y desarrollar actividades socio culturales para, de esa manera, apostar al fortalecimiento identitario y a la medicina originaria.

“Desde el Estado tomamos la iniciativa de fortalecer el rol de sujetos de derechos de los pueblos originarios”, sostuvo Guerrera luego de alcanzar el convenio. En esa línea, el presidente de TAI remarcó que “con este acuerdo, además de avanzar en una reparación histórica y reconocer derechos humanos que no deben pasarse por alto, estamos ayudando a fomentar el desarrollo de la comunidad mapuche en la región”.

El convenio firmado, en las oficinas de Trenes Argentinos Infraestructura, establece que la Comunidad Mapuche Melinao conservará los terrenos de modo tal de garantizar que no sufra modificaciones que alteren el espíritu del mismo.

En ese sentido, el representante de la comunidad, Farías, agradeció la intervención de TAI para la protección y el uso de las tierras. “Es un logro muy importante para la comunidad. Estamos agradecidos de poder preservar nuestra identidad cultural”, señaló.

Así, TAI marca un precedente en materia de políticas públicas destinadas al apoyo y la consolidación de los pueblos originarios.

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Especialistas en Derecho señalan que la reforma aprobada por la Cámara de Diputados es insuficiente para proteger el legado cultural de los pueblos originarios
DARINKA RODRÍGUEZ
09 ABR 2021

La identidad cultural de México está a la venta, pero no son los pueblos los que se quedan con las ganancias. Mientras que un sarape confeccionado a mano por artesanos de Saltillo puede costar entre 500 y 3.000 pesos mexicanos (entre 25 y 150 dólares, aproximadamente), una marca como Carolina Herrera o Louis Vuitton puede vender una pieza casi idéntica entre 1.000 y 4.000 dólares. El atractivo visual de los bordados, esculturas, pinturas y otras artesanías de México han provocado que decenas de empresas se hayan apropiado del patrimonio cultural de los pueblos originarios de México, sin que sus creadores vean un solo centavo por su trabajo, esfuerzo y creatividad.

Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó, mediante una aplastante unanimidad, una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, en la que se añade una fracción que reconoce las obras de los pueblos y comunidades indígenas como “objeto de protección de derechos de propiedad intelectual”. Esta reforma aún tiene que ser aprobada por el Senado para que se reconozca por primera vez el trabajo colectivo de los indígenas.

Pero del reconocimiento no se come ni se pagan las cuentas. Decenas de empresas (de origen principalmente asiático) lucran con la estética de los pueblos indígenas sin que ninguna ley mexicana pueda hacer algo al respecto. Carlos Martínez Negrete, promotor cultural y defensor de Derechos Humanos de los pueblos indígenas, indica en entrevista que la reforma aprobada por los legisladores es insuficiente. “El impacto hacia las comunidades se genera en la publicidad digital y en la empatía que una marca genera con el consumidor, a través de una falsa responsabilidad social”, señala.

Esculturas, pinturas, pero principalmente textiles que imitan la estética de pueblos originarios de Latinoamérica y México, se comercializan a través de internet desde los cinco y hasta los 50 dólares. Los bordados de Tenango de Doria (Hidalgo), huipiles que imitan a las elaboraciones de Oaxaca o playeras estampadas con la piedra del Sol (el calendario Azteca), son vendidas a través de páginas de internet que constantemente cambian su dirección y lugar de origen.

Carlos Hernández León, académico de estudios jurídicos y sociales del Tecnológico de Monterrey, indica en entrevista que la iniciativa de reforma a la ley, como está redactada, tiene deficiencias que afectan a la colectividad. “Las figuras que han sido explotadas a través del tiempo siguen perteneciendo al dominio público y al final del día, la protección a la obra de los pueblos indígenas quedaría en letra muerta”, señala el académico.


Una prenda con la imagen de la Piedra del Sol se vende en 45 dólares (unos 900 pesos mexicanos) en una página estadounidense.

Patrimonio intangible y millonario

Los casos más visibles de apropiación cultural se han dado por parte de marcas reconocidas como Zara (propiedad de Inditex), Nestlé o Mango, todos ellos entre 2014 y 2019. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que advirtió que “México no cuenta con un marco jurídico adecuado que atienda las especificidades y características propias de los pueblos y comunidades indígenas, mismo que haga efectivo su derecho a la protección” de su patrimonio cultural.

Para Martínez Negrete, la protección de las creaciones artísticas de los pueblos originarios no solo tiene que venir de una ley, sino de los gobiernos locales. “Todos los diputados por una supuesta empatía dicen proteger los elementos culturales de los pueblos indígenas, pero en los hechos se sigue abusando comercialmente”, comenta.

Pese a su riqueza cultural y patrimonio artístico, las comunidades indígenas de México viven en pobreza extrema. El 72% de las personas pertenecientes a una población indígena son víctimas de esa situación, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Adicionalmente, la mayoría de los artesanos de México pierde entre 25 y 30% de sus ganancias por el regateo que hacen los consumidores, de acuerdo con un sondeo realizado por la Red de Artesanos y Productores de la Ciudad de México.

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Desde el inicio de la pandemia, más de 160.000 niños indígenas se mantienen aún alejados de las aulas con el fin de evitar el contagio. El director de Ayuda en Acción en Honduras, Roberto Bussi, cuenta cómo se vive el día a día en las comunidades rurales del país centroamericano.
MAR 2021

Cada población indígena de las que habitan en Honduras tiene diferentes usos, creencias y costumbres. Pero hay algo que es común a todas: la preocupación de las familias, docentes y de toda la comunidad por el hecho de que sus niños y niñas aún no hayan regresado a la escuela con normalidad. En algunos casos, ni siquiera han vuelto. Les preocupa porque saben que esto agudiza los niveles de analfabetismo y dificulta el acceso a la educación, un desafío al que aún no se le encuentra salida.
Para millones de niños, ir a la escuela también significa esquivar el hambre

Lecciones de una pandemia: qué hemos aprendido en el peor año para la educación

En el municipio de Erandique, en el departamento de Lempira, la población pertenece a la etnia lenca. La profesora Ana Carranza, realmente preocupada, cuenta la difícil situación que atraviesan los niños y niñas en las comunidades a las que atiende. El año pasado, dice, el 100% no fueron a clases. Con apoyo de Ayuda en Acción, los estudiantes recibieron visitas domiciliarias de algunos maestros y maestras, pero a largo plazo su educación y sus derechos se resienten.

La mayoría de las familias de Erandique piensa que no hay razón para seguir posponiendo la educación de sus hijos

Este curso escolar muchas familias no matricularon a sus hijos e hijas en las escuelas porque no están de acuerdo con esta modalidad y porque “montaña arriba” casi no hay contagios de covid-19. La mayoría de las familias piensa que no hay razón para seguir posponiendo la formación de sus hijos. Mientras no haya garantías para volver a clases, un grupo de nuestro voluntariado entrega cartillas de aprendizaje de lengua y matemáticas a docentes de la zona para que la educación llegue puerta a puerta.

LA MUSKITIA, SIN INFRAESTRUCTURAS QUE PERMITAN LA SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS

En La Muskitia, el departamento más grande de Honduras, la situación es similar. Pese a ser el pulmón de Centroamérica, es sin embargo conocido por la pobreza y la desigualdad. Su infancia no puede acceder a una educación de calidad desde hace un año. A ello se suma la escasez o inexistencia de servicios públicos como electricidad y agua potable, que hace que, en una hipotética vuelta a las aulas, esta no pueda ser 100% segura.

La última vez que viajé a La Muskitia las escuelas cerradas formaban parte del paisaje. Hoy tienen otra función: se han reconvertido en centros de triaje para atender a pacientes con covid-19.

En Yoro los docentes están preocupados con un previsible regreso a las aulas, algo en lo que trabaja el Gobierno del país. El protocolo de seguridad en el que se trabaja pasa por la separación entre pupitres, pero las aulas en La Muskitia son demasiado pequeñas. Esto implica hacer varios grupos de clases, pero tampoco hay suficientes aulas... Algo tan sencillo de solucionar en países con recursos, aquí se torna un imposible.

CAMBIAR SU FUTURO CON ENERGÍAS RENOVABLES

En la comunidad de Mirasol antes no había luz, ni en la escuela ni en la comunidad. Hoy, sin embargo, al contrario de lo que ocurre en otras comunidades y municipios, el índice de matriculación escolar ha aumentado. ¿Por qué?
Hace unos años instalamos paneles solares para llevar energía eléctrica a la escuela, a un aula tecnológica y al centro de salud. Hoy las familias, muchas de ellas retornadas desde las grandes ciudades del país como consecuencia del impacto del coronavirus, quieren que sus hijos e hijas se conecten al mundo a través del aula tecnológica, única en la zona.

Tras el parón educativo que supuso el coronavirus, los niños y niñas de Mirasol miran al futuro con más esperanza gracias a las energías renovables. En Mirasol estas mejores condiciones van a permitir una apertura total del centro educativo, asegurando la salud de 10 niños y niñas por día. Junto al profesor miskito Mardoqueo Harris estamos preparando ya las charlas y actividades que se realizarán tras un año sin escuela: la prevención de la transmisión de la covid-19 será fundamental. Por eso instalaremos lavamanos portátiles fabricados por jóvenes emprendedores de la zona. De esta forma apoyamos también el empleo y la generación de oportunidades entre la población adulta.

CONSTRUIR UNA NUEVA NORMALIDAD DONDE LA NIÑEZ ESTÉ EN EL CENTRO

Desde el comienzo de la pandemia, nuestro trabajo de campo ha sido continuo, especialmente en las zonas del país con índices de pobreza más altos. En momentos tan complicados nuestro mensaje fue contundente: necesitábamos decirles a todas las niñas, niños y familias que estábamos con ellos, que no los dejaríamos solos.

Volver a la normalidad no es una opción, es una necesidad imperante. Pero esa normalidad deberá siempre garantizar los derechos de la infancia, apostar por una educación realmente equitativa que haga frente a la pobreza a la vez que impulsa los sueños y la dignidad de cualquier estudiante, en cualquier rincón del mundo.
Roberto Bussi. (director de Ayuda en Acción Honduras).

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