La eliminación del Instituto de Agricultura Familiar y el ataque de Milei al campesinado

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Escrito por Carolina Mariano

Categoría: articulos

Publicado: 16 Agosto 2025

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Con el despido de 900 trabajadores —muchos con más de veinte años de trabajo—, el Gobierno vació los territorios del apoyo técnico que recibían familias campesinas, pueblos indígenas y cooperativas. Se movilizaron hasta la Secretaría de Agricultura, exigieron las reincorporaciones y denunciaron la política oficial de destrucción de economías regionales. Voces de norte a sur.

Por Nahuel Lag
El decreto 462/2025 anunciado el último día de las facultades delegadas puso en letra una realidad que los campesinos y pueblos indígenas de todo el país sufren desde marzo de 2024: la disolución del Instituto de Agricultura Familiar Campesinas e Indígena (Inafci). Para justificar la disolución, el decreto habla de personal en todo el territorio “sin una distribución que responda a criterios basados en necesidades”, de “una fuerte carga burocrática y estructural que no demostró ser eficaz” o falta de “procedimientos de seguimiento” sobre los proyectos. Sin embargo, escuchar las voces de los técnicos y técnicas de todo el país, precarizados durante todos los gobiernos, permite desarmar los argumentos oficiales. Y queda en evidencia la decisión presidencial para quitar del territorio a quienes asistían a 250 mil pequeños productores en todo el país: dejar el territorio sin Estado que asista a los pequeños productores y dar vía libre a los negocios del extractivismo.

Delegados, técnicos y técnicas despedidos (y otras reincorporados mediante medidas cautelares), nucleados en ATE-Agricultura Familiar realizaron una acción en la puerta del histórico edificio de la Secretaría de Agricultura en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es sostener el reclamo por la reincorporación de todos los trabajadores y evitar “el desmantelamiento definitivo, extremando la vulnerabilidad de los pueblos, la soberanía alimentaria y la defensa de los territorios y el agua para la vida”.

Hace más de un año, el vocero Manuel Adorni anunció la intervención y cese de contratos de los 900 técnicos y técnicas —ingenieros agrónomos, trabajadores sociales y profesionales de carrera— y prometió reducirlo a un planta de 60 personas en la sede de la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, un grupo de alrededor de 50 trabajadores del organismo disuelto permanece en el edificio central de la Secretaría de Agricultura en Paseo Colón y menos de 20 fueron reinstalados en sus puestos en el resto del país.

“La decisión del gobierno fue desterritorializar la política pública de la agricultura familiar, retirarse de las provincias, la política pública para este sector ya no existe”, denuncia Eliana Negrete, técnica del organismo con 16 años de trabajo con productores desde la Puna hasta los cordones hortícolas bonaerenses. “En la Ciudad de Buenos Aires no están los productores ni las productoras, no está el campo, lo que hicieron fue retirarse de las provincias", agrega.

Los argumentos oficiales del decreto de disolución —las negociaciones en el Congreso no pusieron al Inafci en la lista de los que no podían ser disueltos como pasó con el INTA o el INTI— surgen de la intervención que estuvo al mando de Inés Liendo —abogada y militante macrista ajena al sector— que se limitó a cerrar las oficinas de las provincias y dejar sin infraestructura (autos, computadoras) el organismo.

"La interventora jamás pidió un informe provincial. La oficina se cerró y todo lo que estábamos trabajando quedó archivado. Nadie fue a preguntar nada. Lo que dicen es para justificar el cierre, con nosotros instalaron la idea de los ñoquis”, denuncia Néstor “Bily” Wilvers, trabajador despedido de Chubut, donde acompañaba proyectos productivos de organizaciones campesinas e indígenas del valle hasta la cordillera.

Siembra de tomate en Andalgalá.

El decreto 462 confirmó que lo único que quedará en pie de la Ley 27.118 de “Reparación Histórica de Agricultura Familiar” será el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf), bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura por “cumplimiento de la normativa Mercosur N° 25/07”.

Pero quienes aún permanecen contratados por el Estado no tienen diálogo ni con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta —hombre del ministro Luis Caputo—, ni con el subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos, que debería estar a cargo del área. “Estamos moviéndonos para buscar información. Es tanta la desidia que nadie nos dice nada, mientras que los productores nos siguen consultando a nosotros”, explica Negrete.

Tres décadas con trabajadores precarizados
El Gobierno, al disolver el Inafci (creado por decreto en 2022), eliminó el organismo de aplicación de la Ley 27.118, sancionada en 2014 y reglamentada recién en 2023. Es un punto de quiebre de una política estatal que se construyó por goteo desde la creación del Programa Social Agropecuario (PSA) en la década del 90, materializada en el organigrama del Estado con la Secretaría de Agricultura Familiar tras la pelea con “el campo” por la Resolución 125 (en 2008) y desfinanciada durante el macrismo con la Sociedad Rural al frente del Ministerio de Agroindustria.

“Tras décadas de precarización y lucha por nuestro derecho a la estabilidad laboral ante cada gobierno de turno, hoy continuamos repudiando un nuevo intento del gobierno nacional por concretar el desmantelamiento definitivo”, denunciaba ATE-Agricultura Familiar en la previa de la acción realizada esta semana. El punto débil de la política para el sector fue, en gran parte, la precarización de los trabajadores que lo llevaban adelante.

Matías Gibaja, vino con su familia desde capital veinte años atras, buscando cambiar el modo de vida, Desde ese momento compraron con su compañera un terreno y comenzaron a producir agroecologia. Primero se dedicaron a la fruta fina y la elaboración de dulces. Luego pasaron a dedicarse a la verdura agroecolica y a la venta en el pueblo de trevelin. También abren los sábados y domingos para que la gente visite y compre directamente en la chacra Anduin.
Foto: Alumbra - Minga
“Este Gobierno no negocia con nosotros y no negocia con nadie. Lo que estamos haciendo es mantener un fueguito encendido para cuando esto cambie”, se da fuerzas Anastasia García, trabajadora social y técnica del Inafci despedida después de 15 años de trabajar con campesinas y comunidades indígenas en Jujuy. "La primera autocrítica, desde lo gremial, es haber pasado tantos años sin estar en planta permanente, a pesar de que con este Gobierno todos los empleados estatales están en peligro".

Belén Agnelli es ingeniera agrónoma de agricultura familiar desde la época del PSA y en los últimos ocho años trabajó junto a grupos de mujeres campesinas dedicadas a la cría cabras y elaboración de derivados, como dulce de leche y quesos, en el nordeste de Córdoba. “Al Inafci le faltó fortalecer el proceso de las políticas para la agricultura familiar con la incorporación de todos los trabajadores que tenemos más de 20 años en territorio”, reconoce y advierte que las políticas para el sector quedaron amenazadas ante la imposibilidad de “pensar que el trabajo que realizás durante años tenga continuidad”.

“No hay muchos técnicos que quieran ir a territorio y si encima es tan precario… ¿qué profesionales quieren ir monte adentro? El Estado no generó ninguna de esas condiciones”, afirma.

“Bily” Wilvers también mirá en retrospectiva y marca que faltaron más técnicos en territorio, más herramientas para profundizar las políticas, pero sincera como sus compañeras que el problema actual es “borraron la institución no solo a los despedidos”. Y alerta sobre el peligro que enfrentan campesinos y pueblos indígenas con poblaciones envejecidas y jóvenes emigrando a la ciudad por la falta de oportunidades, sin una política integral que dé infraestructura y valorice la producción de las economías regionales.

Trabajadores que sostenían a los productores de alimentos
Los técnicos llegaron hasta el edificio de la Secretaría de Agricultura para poner un freno a la disolución de la política pública y el reconocimiento a sus años de trabajo. Viajaron desde una decena de provincias y cada uno tiene historias de acompañamiento productivo que deja en evidencia las mentiras gubernamentales.

La pregunta que surge es qué objetivo sostiene los argumentos falsos del gobierno nacional. "Somos técnicos y técnicas que estamos en el territorio, que llegamos a los lugares donde no llegaba nadie, que fortalecemos las organizaciones y acompañamos procesos de gente que quiere permanecer en el lugar que habitaba, que cuidaban el monte y los recursos naturales. Éramos el Estado en territorio. Es todo lo que este Gobierno no quiere”, define Agnelli, que continúa asistiendo a las productoras caprinas, muchas veces a través de videollamadas, ante la falta de recursos.

Las facultades delegadas le sirvieron también al gobierno nacional para eliminar el régimen de promoción de la Actividad Caprina y el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque). Dos políticas centrales para el trabajo que Agnelli desarrolló monte adentro. "Son los campesinos y campesinas las que cuidan el monte. Había familias que se dedicaban al carbón y con el Fobosque pasaron a la conservación, porque es su medio de vida, pero también porque el Estado los acompañaba", ejemplifica.

Negrete trabajó sus primeros años como técnica en la Puna estableciendo sistemas de agua para la cría de ganado, principalmente llamas —otro régimen de promoción eliminado por las facultades delegadas—. En su trabajo buscaban espejos de agua que abastecieran a las comunidades campesino con agua que no estuviera contaminada por la minería de litio. “Por un lado, nos echan a nosotros y, por el otro, avanzan con el RIGI, que son las inversiones que quieren para su modelo económico”, apunta Negrete, que pasó sus últimos años en el cordón hortícola bonaerense.

“La gran parte de los productores de la agricultura familiar están en tierras codiciadas: en la Puna por la minería, en el sur jujeño por el agronegocio. No les interesa que las familias vivan en el campo y produzcan alimentos", completa García, técnica que trabajó en el sur jujeño. Puertas adentro de la Secretaría de Agricultura, el subsecretario de Economías Regionales es Martín Giaccio, ex presidente de Prograno, asociación que nuclea a los productores de commodities (soja, maíz, porotos) de Salta y Jujuy.

Desde la Patagonia, Wilvers marca el sostenido trabajo de territorio que llevó construir mesas de desarrollo en las que se sentaran funcionarios nacionales, provinciales y municipales para coordinar proyectos con organizaciones campesinas e indígenas. A pesar de que el decreto de disolución habla de falta de “procedimientos de seguimiento”.

"Muchas de esas mesas siguen activas sin la presencia de agricultura familiar, pero la seguían conformando integrantes de Desarrollo Social o el INTA, que ahora también están casi destruidos", advierte.

El diálogo de Jujuy a Chubut era construido con los campesinos y los pueblos originarios, para respetar sus formas de gobernanza. La degradación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es otra señal del gobierno nacional en una misma línea de destrucción. "Si había algo que podíamos garantizar los técnicos era que la política pública llegara a todos”, asegura Wilvers y señala que aún despedido continúa acompañando proyectos.

"El gobierno de Chubut no tomó ninguna medida para reemplazar la política abandonada desde Nación. La 'libertad' es dejar la Meseta (zona centro de la provincia) vacía de productores para poder avanzar con la minería, de la mano del RIGI. No ocurre porque todavía hay resistencia social, pero lo que están pensando es militarizar y avanzar”, analiza.

"Nosotros trabajamos con las comunidades que producen alimento, con las comunidades que resisten con su producción al saqueo y al extractivismo”, reivindica Negrete una política de soberanía alimentaria que está sentenciada para los años que resten de gestión de La Libertad Avanza.

Representante de la Mesa Agroalimentaria Argentina, Diego Montón consideró que la disolución del Inafci “afecta al derecho a la alimentación de un pueblo, afecta a la vida rural y a la producción”. Sostuvo que van a recurrir al Poder Judicial con “amparos en diferentes provincias" y señaló que van a "insistir al Congreso para que rechace los decretos"

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El mundo indigena en Argentina 2025

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Escrito por Carolina Mariano

Categoría: articulos

Publicado: 21 Julio 2025

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Argentina es un país federal integrado por 23 provincias y una ciudad autónoma (Buenos Aires, capital), con una población total de 45.892.285 millones de personas, según los datos del censo de 2022. Este último censo contabilizó 1.306.730 personas en viviendas particulares que se reconocieron indígenas o descendientes de Pueblos Indígenas, lo cual representa el 2,9 % del total de la población en este tipo de viviendas. A su vez, los resultados del censo determinaron la existencia de 58 Pueblos Indígenas. Legalmente poseen derechos constitucionales específicos a nivel federal y en la mayoría de Estados provinciales.

Además, están vigentes, conformando el bloque de constitucionalidad, un conjunto de tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, entre otros. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene jerarquía supra legal (no se encuentra dentro del bloque de constitucionalidad), fue ratificado en 2000 y está vigente con estatus de tratado internacional desde 2001. En Argentina, la Declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se encuentran vigentes y tienen fuerza normativa.

Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas.

Profundización de un marco normativo adverso a los derechos indígenas

En Argentina, la gestión de gobierno, que cumplió su primer año en diciembre de 2024, ha llevado adelante profundas reformas normativas en amplios sectores, algunas de las cuales inciden notablemente en los derechos de los Pueblos Indígenas. En sólo un año, se transformaron instituciones, se eliminaron otras y se está construyendo un marco normativo que favorece las grandes inversiones, lo que socava inequívocamente los derechos territoriales indígenas.

En este contexto, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), contemplado en un decreto de necesidad y urgencia, ha generado un debate sobre sus alcances. Su objetivo central es favorecer las inversiones a través de la concesión de importantes beneficios, entre otros, exenciones impositivas. Los sectores comprendidos incluyen la industria forestal, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y el gas.

Si bien sus objetivos prometen beneficios para grandes sectores de la población, cuesta entender cuáles serían –principalmente por las experiencias ya vividas en provincias como Catamarca, con la explotación del litio, y Neuquén, con la explotación hidrocarburífera. A su vez, es difícil comprender por qué se diseña un esquema tan conveniente y generoso para los inversores, especialmente los extranjeros.

Ciertamente, el RIGI es un esquema normativo que atenta contra los derechos indígenas vigentes. No contempla el derecho a la consulta, prevé actividades de alto impacto para los territorios indígenas, ni siquiera menciona los derechos ambientales y su afectación, y mucho menos se refiere a los pasivos ambientales y a las potenciales formas de remediación.

En el plano jurídico es posible que termine judicializándose, con resultados inciertos. Sin embargo, en el plano político debe encontrar resistencia en propuestas alternativas, que demuestren que el extractivismo no es la panacea ni la respuesta a la crisis energética y a la falta de recursos económicos.

Por otra parte, y siguiendo un derrotero de afectación de derechos indígenas, específicamente el derecho a gozar de la personería jurídica, se emitió una resolución que tuvo por finalidad la eliminación del Registro Nacional de las Comunidades Indígenas (RE.NA.CI). Este registro fue creado en 1995 por medio de la resolución 781 y la resolución 4811/96 fijó los criterios para autorizar su inscripción. La resolución abroga la 4811/96 que honraba los compromisos constitucionales. Las personerías jurídicas impactan en la relación del Estado con los Pueblos Indígenas. Éstos son reconocidos como sujetos colectivos y políticos y sus personerías jurídicas son de carácter público, lo que determina la concepción del Estado sobre los Pueblos Indígenas y, a la vez, les reconoce identidad, derecho también reconocido por el inciso constitucional.

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Los pueblos indígenas de Venezuela eligen a sus representantes en 69 concejos municipales

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Escrito por Carolina Mariano

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Publicado: 04 Agosto 2025

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Agencia EFE
dom, 3 de agosto de 2025

Caracas, 3 ago (EFE).- Los pueblos indígenas de Venezuela eligieron este domingo a sus 69 representantes en un mismo número de concejos municipales del país, quienes se suman a los 2.402 concejales proclamados ganadores en los comicios de hace una semana, que incluyeron también la elección de 335 alcaldes.

El proceso comenzó a las 07.00 horas locales (11.00 GMT), con la apertura de 88 centros de votación y un total de 111 mesas electorales, en ocho regiones (Anzoátegui, Bolívar, Sucre, Amazonas, Apure, Monagas, Zulia y Delta Amacuro).

Hasta las 11.35 hora local (15.35 GMT), el Consejo Nacional Electoral (CNE) calculaba una participación del 35 % de los 6.598 voceros indígenas elegidos previamente por sus comunidades para participar en estas votaciones.

El vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, reiteró que la proclamación de los ganadores se llevará a cabo este lunes, 4 de agosto, con lo que se cerrará un proceso en el que el chavismo fue declarado ganador en la mayoría de las 335 alcaldías.

Estos comicios, como las regionales y parlamentarias del pasado mayo, fueron rechazados por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), por considerar que no hay garantías electorales luego de que denunciara un "fraude" en las presidenciales de 2024, en las que el CNE -controlado por funcionarios afines al chavismo- proclamó ganador a Nicolás Maduro y desde entonces no ha publicado los resultados desglosados de ese proceso.

Por su parte, la ministra venezolana de los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, celebró que hoy los llamados grupos originarios hayan sido "protagonistas" en la elección de sus concejales entre 278 candidatos y con la participación, dijo, de "más de siete organizaciones nacionales y regionales".

"Es un día histórico", expresó Vidal, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante la que aseguró que en Venezuela hay "más de 44 pueblos indígenas".

La ministra señaló que los delegados que votaron este domingo fueron escogidos en "más" de 4.000 asambleas que se celebraron en las comunidades de estas minorías.

Uno de los que votaron este 3 de agosto, y en representación del pueblo añú, fue el gobernador del estado Zulia (noroeste), el chavista Luis Caldera, quien indicó que estos comicios se celebraron en 20 de los 21 municipios de esta región fronteriza con Colombia.

"Estamos ejerciendo el derecho al voto para cerrar el proceso electoral municipal con veinte concejales en todas estas tierras ancestrales (de Zulia)", expresó el mandatario regional.

El pasado junio, las comunidades indígenas venezolanas eligieron, en una votación que se celebró en nueve regiones del país, a tres representantes a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) cercanos al chavismo, según informó entonces el ente electoral.

 

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Proteger a la niñez de la zona rural

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Escrito por Carolina Mariano

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Publicado: 03 Julio 2025

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La protección de la niñez que sobrevive en la zona rural será una realidad cuando desde el Estado se realicen políticas que impliquen, entre sus virtudes, “una acción de contingencia” que dé un impulso definitivo contra la miseria, la desnutrición y el abandono que persiste en el campo, especialmente en la población infantil.
La niñez es un “activo invaluable” para el país. Por tanto, urge que sea protegida, pero especialmente la que habita en las zonas rurales. Los gobiernos no sopesan la situación que vive la infancia del campo. En esa línea de acción, apremia que los partidos y los liderazgos políticos elaboren y apliquen programas específicos, especiales, para auxiliar a los niños de las zonas rurales.

En la actual coyuntura, el liderazgo de la nación, sin importar los colores partidarios, tienen que crear una sólida base de asistencia alimentaria que salvaguarde a los niños de la zona rural. Se requiere armar el más formidable blasón para el sostén de la calidad de vida y el nivel cognitivo de la niñez campesina, en sentido general.

Es tiempo de que el Estado dominicano, y en especial los líderes políticos, en estos tiempos de campaña, asuman, discutan y contemplen en sus respectivos programas de gobierno, iniciativas a favor de la niñez campesina durante el período del 2024 a 2028. Hablamos de destinar grandes recursos para crear estructuras, especies de guarderías, “aldeas nutricionales infantiles” que tengan como único propósito garantizar a los niños rurales un esquema de alimentación balanceada, vacunación preventiva, recreación y educación, todo en un solo lugar.

Se alimentan muy mal

Muchos niños de zonas rurales se alimentan muy mal, lucen desnutridos, lánguidos y a veces obesos, aunque “coman de todo”, como se dice con mucho “orgullo” en nuestros campos. Una cosa es comer y otra es alimentarse, nutrirse sanamente.

Es un secreto a voces. Aquí todo el mundo sabe que un elevado número de la niñez de zonas rurales, especialmente del Sur lejano, sufre problemas de desnutrición. Y a veces no es ni siquiera porque falte comida, sino por falta de educación y buenos hábitos alimenticios. Lo malo de este síndrome es su consecuencia, como es la lamentable expresión, deplorable situación que se da cuando los nuevos ciudadanos provenientes del campo reflejan malnutrición mental y confrontan de por vida problemas cognitivos, tanto en su desarrollo cotidiano, como en el aprendizaje y, por ende, en su plena integración a la sociedad.

A la vez que es visible la desnutrición de la niñez rural, en la adultez esta persona muestra un estado de torpeza, luce atolondrado. Duele pensar que este estado de cosas se manifieste en el rol de la vida de esta persona, que tenga un marcado déficit de entendimiento, además de que afloren en él dificultades para integrarse a complejos procesos productivos propios de esta época. Y no exageramos. “El mal comido no piensa”, es una socorrida, aunque lamentable frase de la parafernalia política.

Pero ¿importa a nuestra clase política la situación que atraviesan estos seres humanos? ¿Se dan por aludidos frente a este problema, tanto el sector gobernante o los que aspiran a tomar las riendas del poder a partir de este año? Parece que no. Sus visiones del gobierno apuntan para otros lados: construcción, turismo, zonas francas, transporte, etc. No piensan que para que estos sectores sean exitosos se necesitan buenos ciudadanos, en todos los sentidos, particularmente con excelentes dotes cognitivas.

¿Prefieren una población bruta?

Se ha dicho que “los políticos prefieren que haya una población bruta”, porque es más fácil de manipular para sus proyectos partidarios. No lo creo y ni quisiera creer que eso es verdad.

Pero hay algo peor en esa realidad. Y es que: ¿se le ha ocurrido a algún periodista preguntar al presidente Luis Abinader o a cualquiera de los aspirantes a la presidencia de la República sobre cuáles son o serán sus políticas frente a la niñez, especialmente la niñez rural?

El tema no es nuevo, ha sido planteado durante años por CONANI, UNESCO, UNICEF, Visión Mundial, ONG y otras entidades. Todas estas instituciones coinciden en la necesidad de aplicar políticas de protección integral a favor de la niñez.

La asistencia puntual a los niños en el país está recogida en un código de la niñez, un marco teórico, normativo y regulatorio, y fue establecida, asimismo, en la Agenda 2030 de la República Dominicana. El único problema está en que muchas de las recomendaciones de estos organismos nacionales e internacionales no se aplican. En ese aspecto, se requiere que el Estado ponga en marcha sus políticas de asistencia y destine más recursos para la protección de los infantes.

De hecho, existe el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y adolescencia, el cual contiene “principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que orientan la intervención del Estado con la finalidad de integrar, estructurar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas y acciones para la atención integral de niños y adolescentes a nivel nacional”.

Para poner en marcha el señalado Sistema está el Consejo Nacional de Protección a la Niñez (CONANI). Esta institución no solo está llamada a “diseñar las políticas públicas, planes y programas a favor de la niñez y la adolescencia”, sino que también debe elaborar propuestas y velar por el cumplimiento de las normas y decisiones adoptadas a favor de este sector de la población.

En ese entorno tenemos, además, a la UNICEF, a la UNESCO, a Visión Mundial, fundaciones y entidades ONG que han estado haciendo aportes puntuales a la protección integral de la niñez en el país. Pero según nuestro parecer, no ha sido suficiente, se requieren más acciones puntuales, sectorizadas y, por consiguiente, más recursos. ¿A qué aspiramos?

Anhelamos que se realice lo siguiente:

1) Que la protección de la niñez se coloque como tema principal de los debates de los candidatos presidenciales para las elecciones del 19 de mayo de este año 2024.
2) Que la inversión en la niñez se redireccione para hacer hincapié en programas de nutrición para niños de zonas rurales.

3) Los programas de gobierno de los distintos partidos o colores políticos que se disputan las riendas del gobierno, deben contemplar entre sus planes la creación o construcción en poblaciones campesinas de “Aldeas de Nutrición de la Niñez de las zonas rurales”.

4) Que el nuevo gobierno –aunque sea una prolongación del actual- disponga de mayores recursos para poner en marcha un profundo programa de asistencia nutricional de los niños en los campos del país, especialmente en el Suroeste.

Invertir en la niñez

El estudio sobre “La inversión pública dirigida a la niñez y la adolescencia en la República Dominicana en 2021”, que fue publicado por el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el CONANI y UNICEF, publicado en mayo de 2023, establece las directrices de inversiones para este sector, por lo que en la actualidad solo habría que direccionar esas inversiones a la niñez de la zona rural.

“En el caso de la República Dominicana, -señala el estudio- el bienestar de los niños, niñas y adolescentes es primordial para el desarrollo y la sostenibilidad social. Para estos fines, tanto en el marco normativo nacional como internacional, se establece como una obligación a cargo del Estado destinar una proporción adecuada del gasto público a la infancia y la adolescencia”.

“En ese sentido, este estudio fue realizado con el propósito de cuantificar la proporción del presupuesto público que se destinó a la niñez y adolescencia en la República Dominicana durante el período 2021, tanto de manera directa como indirecta.

Por consiguiente, el análisis pretende facilitar a las autoridades la toma de decisiones vinculadas a satisfacer las necesidades colectivas y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, y fortalecer las políticas que hacen posible el cumplimiento de los derechos”. Para la medición se utilizaron dos categorías de análisis por tipo de inversión: la inversión directa, que responde a programas específicos para beneficiar a la niñez y la adolescencia; y la inversión indirecta, que corresponde a las iniciativas que, sin haber sido diseñadas específicamente para este grupo poblacional, repercuten de manera visible en su bienestar.”

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