Muertes por malnutrición en Salta: fallecieron tres niños wichis en una semana
Los decesos se dieron entre el martes y el sábado poniendo de relieve la crítica situación de los pueblos originarios en el norte argentino.

En el Hospital de Santa Victoria Este, provincia de Salta, se registró este sábado la muerte de un niño dos años de edad que pertenecía a la comunidad Wichí. Había estado internado dureante cuatro días y, según informaron los médicos, las causas de su fallecimiento fueron insuficiencia orgánica, diarrea y vómitos.

De acuerdo al diputado provincial Ramón Villa, el padre del menor había solicitado que fuera trasladado a una institución médica de mayor complejidad. “Pero lo pidió antes de que el nene empeorara. Sé que cuando vio a su hijo ya grave dijo ‘para qué lo van a trasladar si ya se va a morir’, y al final falleció”, relató el legislador al diario Página/12.

Se trata de la tercera víctima fatal en una semana en el Chaco salteño. El martes 7 de enero fue un niño de un año y dos meses de la comunidad La Mora 1, ubicada cerca de Tartagal. En este caso, el parte oficial habló de muerte por deshidratación. Asimismo, otro chico wichi de dos años, de la comunidad Misión El Quebrachal, murió este sábado en su domicilio.

A la situación económica crítica que viven las comunidades, donde la mayoría de la población no tiene trabajo, se le suma la falta de agua. “No tenemos presión de agua y en estas épocas de calor no sale nada de agua. Y la delegación municipal manda el tractor con tanque de agua a la comunidad, pero a veces no mandan”, relató el cacique Fabián Fernández de la comunidad Misión La Chirola, en el municipio de Embarcación.

El líder comunal también comentó que viene pidiendo desde hace días atención para un niño de un año y cuatro meses cuyo estado es crítico, producto de la desnutrición. Recién este domingo le brindaron asistencia y lo trasladaron al hospital municipal.

“No dijeron nada. Solo dijeron que lo llevan a hacerle los estudios y lo traen hoy mismo”, apuntó Fernández.

El diputado Villa remarcó que en la provincia está vigente la ley 7856 pero que, en cinco años, nunca fue reglamentada.

La normativa, impulsada por el legislador, plantea la conformación de una Red de Apoyo Sanitario Intercultural e Interinstitucional para Pueblos Originarios “Sumaj Kausai (Buen Vivir)”. Así se busca garantizar atención médica y accesibilidad a la alta complejidad, así como también facilitadores bilingües en los hospitales, con el objetivo de permitir una adecuada armonización intercultural entre el sistema de salud occidental y el paciente originario, garantizando su atención y contención.

Ante esta situación, desde el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) expresaron su “preocupación” y anunciaron que harán un pedido de informe al gobierno provincial sobre la política social y sanitaria hacia las comunidades indígenas. “Queremos llamarles la atención porque registramos varias situaciones alarmantes”, definió la titular de ese organismo, Magdalena Odarda.

“No es la primera vez que pasan cosas así, solo que en los últimos cuatro año estuvieron invisiblizadas y ahora las vamos a visibilizar”, completó la funcionaria.

Fuente https://notasperiodismopopular.com.ar/2020/01/12/muertes-malnutricion-salta-fallecieron-tres-ninos-wichis-semana/

Los mata la indiferencia, la desidia, la inacción y la incompetencia. No hace cuatro años que están ahí y este tema NO TIENE QUE SER USADO para hacer política partidaria. Lo que hace falta es que alguien capacitado tome las riendas de una buena vez y se activen mecanismos de auxilio eficaces de manera urgente.

"Tú drume negrita
si te duerme voy a hace'
una cunita
que va a tene' capitel
que va a tene' cascabel".

Sonia Guajajara, coordinadora de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, culpa al Gobierno brasileño de fomentar el racismo hacia los indígenas


Es un icono de la resistencia pacífica en la Amazonía. Sonia Guajajara (Maranhão, Brasil, 45 años) está graduada en Letras, Enfermería y Educación Especial en la Universidad Estatal de Maranhão y lidera el grupo de Pueblos Indígenas de Brasil. Lleva años luchando por la dignidad de las comunidades del país y alzando la voz por los más de 800.000 indígenas brasileños. Con la llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia de la República, su voz se ha endurecido y no tiembla al criticar las políticas "xenófobas y extremistas" que amenazan a su comunidad y que, según Guajajara, legitiman el discurso del odio de los brasileños. Hace un par de semanas que llegó a Madrid para asistir a la COP 25 y poner en valor el conocimiento y la sabiduría ancestral de las comunidades e incidir en el “continuo ataque del Gobierno a la población indígena”.


Pregunta. El sábado volvieron a asesinar a otros dos activistas indígenas en Brasil. Hace poco más de un mes fue Paulo Paulino Guajajara. ¿Por qué es tan peligroso ser ecologista e indígena en Brasil?

Respuesta. Mi país se ha convertido en un lugar muy peligroso para los que defienden los derechos humanos. Y principalmente para nosotros, los indígenas, los que estamos en primera línea de lucha en la defensa de los territorios. La tierra se convirtió en un objeto central en la disputa del poder político y económico. Ellos quieren cambiar y flexibilizar la legislación medioambiental para acabar con nuestros derechos territoriales y el Gobierno incita continuamente a la explotación de madera y minera. Entonces, si nosotros estamos haciendo el trabajo de protección y conservación y tratamos de garantizar nuestros derechos: somos el enemigo. Los indígenas nos hemos convertido en el enemigo del Gobierno. Y nosotros solo queremos mantener nuestros modos de vida.

P. ¿Quiénes están detrás de estos asesinatos?

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R. Mira, la manera en la que el Gobierno se posiciona hoy, fomenta mucho la rabia: promueve el odio y la violencia. Todas esas personas que se encontraban en nuestra contra se sienten ahora respaldados por el Gobierno, porque legitima ese discurso agresivo. La sociedad brasileña guardaba desde hace mucho tiempo ese racismo que ahora está apoyado por esa posición tan clara del presidente de la República. No hay forma de desvincular esos asesinatos de esa postura del Gobierno Federal.

P. ¿El racismo del que usted habla está más presente desde que Jair Bolsonaro está en el poder?

R. Mucho más, principalmente en las redes sociales. Ya no existe un mínimo de pudor. La gente expresa ese racismo de manera muy violenta. Son ataques muy muy graves. Estamos sintiendo en la vida real todo lo que se entrevé en las redes. Los asesinatos no son crímenes aislados. Están muy bien articulados por actores que no consiguen empatizar con nuestra visión sobre el territorio. Estábamos construyendo políticas para poner en valor nuestra cultura, pero con el Gobierno de Bolsonaro hemos vuelto a la nada. Como es un presidente que ataca continuamente a los negros, a los que vienen de la periferia, jóvenes, pobres, indígenas, activistas… Estimula mucho el coraje para que la gente lo exprese abiertamente.

P. En una entrevista reciente, el ministro brasileño de medio ambiente Ricardo Salles advirtió que los indígenas corresponden al 1% de la población, y sin embargo ocupan el 14% de la tierra. Además, aseguró que hay grupos organizados que no son indígenas y deciden por ustedes.

R. Es un ataque abominable que el ministro, que debería de proteger nuestros derechos, nuestra vida, nuestro medio ambiente, se apoye en una estrategia que promueve el separatismo. Busca el enfrentamiento entre nosotros. Ellos quieren deslegitimar a todas las personas que luchan y que están dispuestos a construir; solo quieren el camino libre para implementar sus políticas, que para nosotros es una agenda totalmente destructiva.

P. ¿Cuál es el papel de los pueblos indígenas en la preservación del medio ambiente?

R. Los pueblos indígenas tienen un modo de vida propio que protege de forma gratuita la vegetación, mantiene el agua limpia y cuida la biodiversidad. Los indígenas representamos el 5% de la población mundial y con nuestro modo de vida protegemos el 82% de la biodiversidad. Está comprobado que los territorios indígenas funcionan como barreras del calentamiento, de forma que si los pueblos indígenas estamos amenazados, la biodiversidad también lo estará.

P. ¿Y qué le parece la representación indígena en la COP? ¿Qué espera que pase después del 13 de diciembre?

R. Aún falta mucho para tener una presencia indígena más representativa. Porque es difícil: la burocracia es grande, las acreditaciones son muy restrictivas… Todavía falta abrir un gran espacio para que la voz indígena sea escuchada de verdad. El conocimiento de nuestros pueblos es una de las últimas alternativas para contener el calentamiento global pero falta tener a indígenas dentro de las negociaciones. Hoy no tenemos ese espacio.

P. ¿Y por qué aún no forman parte de esas negociaciones?

R. Por ese discurso tan agresivo que surge del Gobierno y que te comentaba. Pero nosotros no queremos compartir esa forma de hacer política desde el ataque. Queremos concienciar a la gente para elegir parlamentarios que representen de facto sus ideales. Y estamos en ese camino: el año pasado lanzamos 130 candidaturas indígenas y para las próximas elecciones municipales, estamos intentando involucrar a más indígenas y especialmente mujeres.

P. ¿Por qué?

R. En los últimos años, las mujeres hemos asumido un protagonismo gigante en las principales luchas sociales. Estamos saliendo a la primera línea. Y nosotras, las mujeres indígenas, estamos dentro de ese avance también. Antes lo hacíamos desde atrás, pero llega un momento en el que toca ser las protagonistas. Ya no aceptamos ser sumisas porque a final de cuentas tenemos las mismas aptitudes y compromisos que ellos.

 

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El proyecto de Ley para la creación del Censo Indígena y Sistemas de información del Buen Vivir fue presentado en la Legislatura nacional.

El Tejido de Profesionales Indígenas, junto a los y las diputados nacionales, Mónica Macha, Daniel Filmus y Horacio Pietragalla entre otros, presentaron en el Congreso de la Nación el Proyecto de la Creación del Censo Indígena y Sistemas de Información para el Buen Vivir.

Verónica Aipiroz Cleñan, politóloga de origen mapuche, manifestó: “el sistema estadístico argentino está basado en un pensamiento eurocéntrico y los territorios queremos construir categorías e indicadores que den cuenta de las filosofías de vida que tenemos los pueblos originarios, para mostrar que hay otros modos de vida, que también se puede planificar otro tipo de política pública que sea más respetuosas de nuestras formas de vivir, de morir, de sembrar, de administrar el territorio”.

En este año electoral, ninguna de las fuerzas políticas habla de la cuestión indígena en sus plataformas.

Verónica, quién también es militante del Frente de Todos, expresó: “la sociedad argentina ha reconocido el genocidio de los 70, pero no ha hecho lo mismo con el genocidio fundante del Estado. Por lo tanto, todo el tiempo dentro de las estructuras partidarias está la tensión de quienes militamos dentro, que queremos el reconocimiento y protagonismo, y quienes lo niegan o no dan espacio”.
Por otro lado reconoció que hay un problema interno dentro del movimiento indígena en Argentina, debido a que “algunos no quieren disputar espacios de poder dentro de las estructuras partidarias o se manifiestan apartidarios o neutrales”.

“No hay dentro del movimiento indígena una posición mayoritaria que defina que la vía política es la vía” completó.
Fuente aqui

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha identificado ocho frenos que impiden el desarrollo social de la región y que van desde la enquistada pobreza a la desigualdad crónica, pasando por la falta de inversión en el tejido social y los impactos del cambio climático. Para superarlos, propone crear políticas centradas en los derechos y la igualdad, siguiendo los pasos marcados por la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.

Los países de América Latina y el Caribe están ante el desafío de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo basado en la igualdad, la inclusión social y laboral, la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico.

Hacer frente a este desafío implica impulsar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la social, la ambiental y la económica.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que lo social no se juega en lo social exclusivamente, sino también en la economía, la política y el medioambiente.

Durante la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que concluye este jueves en la Ciudad de México, el organismo de la ONU presentó un estudio de 70 páginas en el que identifica ocho obstáculos que impiden el desarrollo social en la región:

1. La persistencia de la pobreza

En 2017, el número de personas en situación de pobreza en América Latina llegó a los 184 millones, equivalente al 30,2% de la población, de los cuales 62 millones, un 10,2%, vivían en la pobreza extrema.

Además, en 2016, el 41,7% de las personas ocupadas en América Latina recibían ingresos laborales inferiores a los salarios mínimos nacionales. Este porcentaje era especialmente elevado entre las mujeres jóvenes, un 60,3%.

Aunque, entre 2002 y 2014, la pobreza bajó del 44,5% al 27,8% y la pobreza extrema, del 11,2% al 7,8%; entre 2015 y 2016 se registraron aumentos sucesivos de ambos indicadores, lo que representó un retroceso significativo. Las cifras de 2017 revelaron un incremento adicional de la pobreza extrema y un estancamiento de la tasa de pobreza registrada en 2016.

A pesar de las diferencias que se observan de país en país, la pobreza presenta rasgos comunes en toda la región:

- mayor incidencia entre las mujeres
- mayor incidencia entre los menores
- mayor incidencia entre las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y las personas con discapacidad

Luchar contra la pobreza y la desigualdad es, según la CEPAL, clave para un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

2. Las desigualdades estructurales y la cultura del privilegio

“Los altos niveles de desigualdad existentes en la región conspiran contra el desarrollo y son una poderosa barrera para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos y la gobernabilidad democrática”, asegura la CEPAL.

Y añade que “la desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica”.

Entre 2002 y 2017, la desigualdad en la distribución del ingreso, expresada mediante el índice de Gini del Banco Mundial -que mide la desigualdad de ingresos de los ciudadanos en un país-, se redujo de 0,534 a 0,466, lo que es un resultado significativo.

Los altos niveles de desigualdad existentes en la región conspiran contra el desarrollo.

Sin embargo, el ritmo de la disminución entre 2014 y 2017 se ha ralentizado y, a pesar de los avances, América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo.

Más allá del apartado económico, las desigualdades abarcan la desigualdad en el ejercicio de los derechos, las capacidades y los niveles de autonomía. También incluye la desigualdad de género, la étnica y raciales, y la territorial, entre otras.

Esas desigualdades se ven acentuadas y bloqueadas por la llamada cultural del privilegio que naturaliza las jerarquías sociales y las profundas asimetrías de acceso a los frutos del progreso, la deliberación política y los activos productivos.

3. Las brechas en educación, salud y de acceso a servicios básicos

La CEPAL observa que, en las últimas décadas, América Latina ha experimentado importantes avances en ámbitos como la salud y la educación, así como en el acceso a la vivienda, los servicios básicos tales como el agua potable, la electricidad y el saneamiento, e internet.

Sin embargo, persisten las brechas. A nivel regional, 6 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 24 años concluyeron la educación secundaria, lo que muestra una mejora desde comienzos de la década de 2000, pero que aún debe ampliarse para universalizar la conclusión de este nivel educativo. En ese sentido, es necesario fortalecer las estrategias para prevenir la temprana deserción del sistema escolar.

Además, la educación superior sigue reservada para una proporción reducida de la población: en promedio, en 2016, mientras que más de un 40% de los jóvenes de entre 25 y 29 años del quintil de mayores ingresos concluyeron al menos cuatro años de educación terciaria, solo el 3,6% de quienes pertenecen al quintil de menores ingresos alcanzaron ese nivel.

Lo mismo ocurre con la salud, donde los indicadores generales han mejorado, pero donde la región aún enfrenta grandes desafíos, especialmente con respecto a ciertas poblaciones.

Como ejemplo, la CEPAL señala que, en algunos países, la mortalidad infantil entre los afrodescendientes llegaba a ser hasta 1,6 veces mayor que la registrada en el caso de los no afrodescendientes, mientras que la tasa de mortalidad entre los niños indígenas casi duplica las de los no indígenas.

Los indígenas conforman el 8 por ciento de la población total de América Latina y el Caribe. Foto: PNUD/Honduras
Los indígenas conforman el 8 por ciento de la población total de América Latina y el Caribe. Foto: PNUD/Honduras

4. La falta de trabajo y la incertidumbre del mercado laboral

“El trabajo es la llave maestra para la igualdad, el desarrollo personal y el crecimiento económico”, asegura el documento.

Sin embargo, la estructura y las dinámicas de los mercados de trabajo en la región siguen caracterizándose por su incapacidad para generar empleos productivos y un trabajo decente, rasgo que nuevamente hunde sus raíces en las profundas desigualdades de género, raza y edad.

El trabajo infantil “representa una de las antítesis más claras de la noción de trabajo decente.

En América Latina, los ingresos de los ocupados en sectores de baja productividad no alcanzan a la mitad de los que perciben los ocupados en los sectores de productividad media y alta. Además, la tasa de pobreza entre las personas ocupadas en empleos de baja productividad (30,4%) triplica la de los ocupados en empleos de alta productividad.

El desempleo juvenil es motivo de especial preocupación, mientras el trabajo infantil “representa una de las antítesis más claras de la noción de trabajo decente y un fuerte obstáculo para el desarrollo social inclusivo”.

Al reto de proporcionar mejores empleos, se añade ahora la incertidumbre que crea el impacto de los cambios tecnológicos. No obstante, puede ser un momento de oportunidad a condición de que se combine con políticas dirigidas a la promoción del trabajo decente.

5. Acceso parcial y desigual a la protección social

A pesar de que la protección social es un derecho y es clave para eliminar la pobreza, que evita la marginación; y a pesar de los grandes avances registrados, la capacidad efectiva de los Estados de América Latina para proveer garantías universales de protección social a lo largo del ciclo de vida sigue siendo limitada.

La CEPAL destaca que la protección social representa una de las funciones más relevantes del gasto público, a la que en 2016 se destinó un monto equivalente en promedio al 4,1% del PIB, según datos de un conjunto de 17 países de América Latina y el Caribe.

También se ha hecho un gran esfuerzo en la afiliación o cotización a sistemas de salud de los ocupados de más de 15 años, ya que entre 2002 y 2016, aumentó del 36,8% al 57,3% en 14 países.

No obstante, los avances, persisten las brechas de cobertura, sobre todo entre los trabajadores pertenecientes a los estratos de ingreso más bajos, aquellos que viven en zonas rurales y las mujeres.

Por ejemplo, en 2016, mientras que el 65,1% de los ocupados de 15 años y más del quintil de mayores ingresos estaban afiliados o cotizaban a un sistema de pensiones, solo el 19,4% de los ocupados del primer quintil de ingresos estaba en esa situación, proporción que se reducía al 16,3% en el caso de las mujeres de este grupo.

6. La institucionalización de política social aún en construcción
Desde el punto de vista de la Agenda 2030, la institucionalidad es el marco en el que deberían expresarse los compromisos para su cumplimiento, a través de la implementación de políticas a largo plazo y con amplia legitimidad social.

Esto, sin embargo, está lejos de ser una realidad, y más bien constituye un proceso en curso en la mayoría de los países de la región.

“En muchos casos, las políticas y programas sociales en general, y la protección social en particular, descansan sobre bases institucionales frágiles y están sujetas a cambios abruptos de orientación, a una limitada capacidad de coordinación entre los actores gubernamentales relevantes y a poca claridad en sus objetivos y alcance”, explica la CEPAL.

7. Una inversión social insuficiente

Financiar las políticas sociales es un factor clave para el logro del desarrollo social inclusivo, así como transformar la idea de gasto corriente en la de inversión social.

Un elemento clave para destinar recursos a políticas sociales es la carga tributaria. En 2017, los ingresos tributarios totales en América Latina y el Caribe ascendieron al 22,8% del PIB, en comparación con un promedio del 34,2% del PIB en el caso de los países de la OCDE.

Además de aumentar la tributación, parte del problema del financiamiento de las políticas sociales podría resolverse mejorando la efectividad de la recaudación.

Este es un gran desafío para la región, considerando que el nivel de evasión fiscal en América Latina ascendió a un total del 6,3% del PIB, el equivalente a un total de 335.000 millones de dólares en 2017.

“Si los países pudieran reducir una parte de este incumplimiento, esos ingresos adicionales podrían dar un ímpetu importante para lograr las metas sociales y económicas incorporadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, resalta la CEPAL.

8. Obstáculos emergentes

A los obstáculos anteriores, la CEPAL añade cinco trabas emergentes para el de desarrollo social:

La violencia: América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, algo inesperado dado su nivel de desarrollo económico, político y social. Por ejemplo, la tasa de homicidios de la región es cinco veces mayor que el promedio mundial. La violencia no solo se refiere a homicidios, sino también a otras expresiones de violencia, como asaltos e incidentes de violencia sexual.

Los desastres naturales y el cambio climático: La mayor frecuencia con que ocurren desastres naturales y fenómenos extremos relacionados con el calentamiento global hace que sea indispensable diseñar estrategias para reducir la exposición de la población.
La transición demográfica: Si bien existen grandes diferencias entre los países de la región respecto del descenso de la fecundidad, las tasas de fecundidad pasaron de un promedio de 5,5 hijos por mujer entre 1965 y 1970 a 2,05 hijos entre 2015 y 2020. Al proyectar estas tendencias, se espera que en el futuro las tasas de dependencia aumenten debido al incremento en la proporción de personas mayores.
Las migraciones: Las nuevas presiones en el entorno mundial, comenzando por la actual política migratoria estadounidense, han imprimido mayor urgencia a esta temática. A su vez, la región no está exenta de flujos migratorios forzados por desastres naturales y climáticos poco predecibles, así como por crisis económicas e inestabilidad política.
Los cambios tecnológicos: Las transformaciones tecnológicas están teniendo notables efectos en la educación y la formación. De no universalizar el acceso para aprovechar las nuevas herramientas, continuará reforzándose la desigualdad.

Al concluir la reunión de la Conferencia Regional en México, aprobaron una agenda regional encaminada a avanzar hacia la implementación de la dimensión social de la Agenda 2030.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló que “América Latina y el Caribe tiene que demostrarle al mundo que tiene un compromiso profundo con el desarrollo social, con el combate a la desigualdad, a la pobreza y a la pobreza extrema, a pesar de los problemas, obstáculos y dilemas económicos, políticos y sociales por los que atravesamos”.

Bárcena enfatizó que “no podemos bajar la guardia porque la economía nos está imponiendo restricciones muy severas. Los programas sociales deben seguir siendo prioridad para los países de nuestra región”.

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El director del Comité por la Libre Expresión, Edy Tábora, afirmó que cerca del 20 por ciento de las concesiones mineras y de producción de energía e hidrocarburos en Honduras se encuentra en territorios indígenas y negros, aumentando la conflictividad en el país considerado uno de los más peligrosos para la defensa del medioambiente.

Comunidades Pech, Tolupanes, Misquitos, Chortis, Lencas, Tawahkas y garífunas han sufrido criminalización, judicialización, despojo y asesinatos de algunos de sus líderes.

Tábora indicó que el procedimiento para la instalación de los proyectos extractivistas y la resistencia de los pueblos siempre es de la misma manera, es decir, el Congreso Nacional (CN) da una licencia a una concesión sin hacer ninguna consulta a los Pueblos Indígenas o a las comunidades.

Después de eso, las municipalidades dan un permiso de operaciones también inconsulta y luego las comunidades se organizan, hacen resistencias, y las empresas privadas presentan las denuncias ante el Ministerio Público, criminalizando a los defensores, manifestó.

En Honduras hay 101 concesiones mineras en intersección con territorios habitados y reconocidos por los pueblos Indígenas y afrodescendientes. De estas, hay 47 concesiones de pequeña escala clasificadas como artesanal, banco de préstamo o pequeña minería.

Igualmente, hay 54 concesiones y reservas mineras de mayor escala dentro de tierras indígenas y afrodescendientes. De estas, 8 están en estado de explotar, 33 en explorar, incluyendo 2 zonas de reserva minera y 26 en solicitud.

Es decir, si todas las concesiones en estado de exploración, solicitud y suspenso se suman a las concesiones en explotación, se vería un aumento del 575 por ciento de minas en tierras indígenas y afrodescendientes.

En cantidad de concesiones, el pueblo indígena Lenca se ve más afectado, tiene 34 concesiones en territorios designados lencas, y otras 23 en zonas multiétnicas aledañas a tierras lencas.

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