Al menos cuatro personas defensoras del territorio murieron cada semana. Brasil, Filipinas, México y Colombia son los países más afectados.
Una mujer que luchó por los afros y los indígenas, Emilsen Manyoma, es recordada por estar al tanto de todo lo que necesitaba su comunidad.

Desde indígenas que defienden la riqueza natural en el Amazonas, hasta guarda parques que protegen las reservas naturales de la República Democrática del Congo, las caras de las y los defensores del medio ambiente y el territorio están enfrentando las mismas amenazas de manera silenciosa y valiente.

Según el último reporte de Global Witness, organización inglesa que cada año monitorea los actos de violencia contra estos líderes, en 2017 fueron asesinadas 197 personas, un número similar al de 2016, cuando 201 personas perdieron la vida, la cifra más escalofriante registrada hasta el momento.

Emilsen Manyoma forma parte de esa lista. El 17 de enero del año pasado se encontraron los cadáveres de ella y de su esposo, Joe Javier Rodallega, en Buenaventura. Emilsen era lideresa de la red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) que protege los derechos de los grupos afrodescendientes, indígenas y campesinos. Emilsen se enfrentó a empresas que querían quitarles sus tierras para proyectos mineros y fue asesinada por un desertor de las Farc.

América Latina mantiene el primer lugar en el ranking de asesinatos, siendo Brasil, México y Colombia los países más peligrosos. La agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas, muchos de ellos indígenas y campesinos (juntas representan el 60 por ciento) relacionados con proyectos de soja, palma de aceite y caña de azúcar. A su vez, la defensa de parques nacionales continúa siendo uno de los trabajos más peligrosos del mundo, con 21 asesinatos vinculados con la caza ilegal.

Defender la tierra, el agua y los recursos, cada vez más peligroso

América Latina es el lugar más peligroso para luchar por la tierra y el medioambiente.
“Las personas que se atreven a alzar la voz continuarán siendo violentadas, encarceladas y asesinadas hasta que empresas, inversionistas y gobiernos realmente incluyan a las comunidades en las decisiones sobre el uso de sus tierras y recursos naturales”, advierte Rachel Cox, funcionario de Global Witness.

“La mayoría de los asesinatos ocurrieron en áreas forestales remotas de países en desarrollo, particularmente en América Latina, donde la abundancia de recursos a menudo es inversamente proporcional a la autoridad de la ley o la regulación ambiental”, advierte el informe. Brasil, con 46 asesinatos, fue una vez más el país más peligroso para los defensores, seguido de Filipinas (41), Colombia (32), México (15) y la República Democrática del Congo (13).

De los 197 asesinatos, 37 están relacionados con el sector agropecuario, 23 con la caza furtiva, 36 con minería, 19 con explotación maderera, y 3 con agua y proyectos de represas, entre otros.

Según el informe de Global Witness, los asesinatos representan el extremo de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a los protectores de la naturaleza, que incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestros, multas, ataques legales, desplazamientos forzados, estigmatización mediática, robos y lesiones personales. Los paramilitares, la policía y los terratenientes fueron los principales responsables de las muertes en 2016.

El asesinato de líderes sociales no cesa en el país. Hoy se registró la muerte de la ambientalista Yolanda Maturana, en Risaralda, una mujer dedicada a defender los recursos naturales, en la zona limítrofe entre los departamentos de Risaralda y Chocó.

EL TIEMPO. REDACCIÓN MEDIO AMBIENTE
Twitter: @ElTiempoVerde

Fuente Aquì

20 julio, 2018

Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), encabezados por Esteban Velásquez y Jaime Mulet, presentaron este jueves un proyecto que modifica la ley sobre Universidades Estatales para promover la creación de universidades indígenas interculturales, iniciativa que se desarrolló y fundamentó en conjunto con la Fundación Instituto de Desarrollo del Liderazgo Indígena de Chile.

Al respecto, el diputado por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez, señaló que “en el marco del permanente refuerzo por reconocer a los pueblos originarios que como regionalistas hemos impulsado, buscamos con esta iniciativa establecer la creación de la Universidad Andina en Calama, la Universidad Diaguita en Vallenar y la Universidad Mapuche en Purén, en tierras y territorios donde efectivamente desarrollamos el trabajo con nuestros pueblos originarios”.

Por su parte, el diputado por la Región de Atacama y primer vicepresidente de la Cámara Baja, Jaime Mulet, destacó la relevancia del proyecto pues “estamos exigiendo al Estado de Chile que cumpla con todas sus obligaciones del Convenio OIT 169 que Chile firmó en 2008, para reconocer, promover y proteger los derechos de los pueblos originarios”.

“Dentro de las disposiciones de este acuerdo internacional, se establece también la obligación del Estado de promover las instituciones de enseñanza superior indígenas, de manera que tengan todos los pueblos, todas las naciones en Chile, sus propias universidades en la lógica de la interculturalidad, y hoy día en nuestro país estos acuerdos no se están cumpliendo. Y como regionalistas que buscamos y promovemos la multiculturalidad y la plurinacionalidad en nuestro país, creemos que es un paso significativo para que el Estado de Chile se ponga al día y cumpla”, resaltó Mulet.

En la oportunidad, el presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo del Liderazgo Indígena de Chile, Diego Ancalao, señaló que “esta es una reivindicación que lleva 100 años planteada al Estado y que no ha respondido, por ello es que hemos ingresado este proyecto de ley que además fue planteado dentro de las demandas estudiantes por FEMAE, y es una oportunidad para que Chile avance sustancialmente en la interculturalidad de verdad, dando oportunidad a los no indígenas a conocer los pueblos indígenas, ya que la discriminación y el racismo nacen del desconocimiento y la ignorancia, para la cual la educación superior intercultural es el remedio. Y por eso, es una responsabilidad del Estado y debe ser pública, estatal y sin discriminación, no es un problema de privados, es un problema de política pública y de la deuda del estado, este es el camino a la solución y no gastarse el dinero en comandos Junglas, en una región que no hay terrorismo ni tampoco existen junglas”.

Ancalao fue el principal impulsor de la iniciativa junto con los dirigentes de la Comisión Regional para las Universidades Indígenas, Francisco Huircaleo y René Trangulao, entre otros dirigentes de comunidades indígenas.

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Este martes 1º de agosto se celebró en Argentina el Día de la Pachamama, la jornada en que se adora a la Madre Tierra, la más popular de las creencias de los pueblos originarios de América Latina. "Pacha” significa universo, mundo, mientras que “Mama” es madre.

Agosto es momento de adorar a la Madre Tierra, de agradecer por la cosecha, el buen tiempo y la abundancia del suelo. El primer día del mes se realiza el ritual de la gratitud y, según el lugar, se expresa de diferentes maneras. Los quechuas, los aymaras y otras etnias de la región andina realizaban ancestralmente ofrendas para la Pachamama.

En Argentina, el Día de la Pachamama es muy tradicional en el Norte del país. Por ejemplo, en Salta se recuerda lo que proviene de la tierra y se recurre al sahumerio para ahuyentar los posibles males. En Jujuy, se cava un hoyo en la tierra y se le da de comer y beber a la Tierra.

El significado de la bebida de caña con ruda

"Honrar a la Pachamama con la protección de la caña con ruda", reza el lema en muchas de las provincias del norte y el litoral argentino. Se trata de un remedio casero para mejorar la salud, atraer la suerte y alejar los maleficios. La caña con ruda se bebe en ayunas y en tres sorbos, aunque también la ingesta se realiza en siete sorbos o de un trago largo. Se toma en agosto, mes que en que aumentaban las muertes en la población por el frío y las lluvias. “Julio los prepara y agosto se los lleva”, decía el refrán.

Es un brebaje que se prepara con anticipación: dentro de una botella de caña, se echan algunas hojas de ruda macho y se dejan macerar.

El ritual se celebra como símbolo de agradecimiento por todo lo recibido durante el último año. Es que, como es costumbre, en toda la región del norte y especialmente en la provincia de Jujuy, desde el primer día del mes de agosto se le da de comer a la tierra, gesto que ancestralmente se realiza con respeto en honor a la “Pacha”.

En la historia de Santiago del Estero está presente el saqueo de recursos naturales y la explotación de trabajadores rurales. Actualmente, diferentes movimientos y organizaciones aúnan esfuerzos para luchar por sus derechos.
En la búsqueda de espacios de encuentro y comunicación es que se realiza este Primer Congreso en el cual los propios actores sociales se manifiestan de esta manera:

Desde hace muchos años venimos fortaleciéndonos como Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Aquello que nació en 1996 como articulación política en el marco de la mesa nacional de organizaciones de la agricultura familiar, fue tomando cuerpo orgánico y político a partir del año 2003, donde varias organizaciones (algunos con mucha trayectoria en el territorio provincial) fortalecimos la idea de construir un movimiento de carácter nacional y autónomo con desarrollo territorial y con la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria Integral como horizontes en el camino hacia una nueva sociedad, donde no existan explotados ni explotadores, y en la cual convivamos con la madre naturaleza sin agredirla como en la actualidad.

El camino es lento y sinuoso, pero hoy podemos decir conformes de que el MNCI se ha desarrollado en 10 provincias con una participación activa de más de 20 mil familias campesinas e indígenas (del campo y la ciudad) y una acción territorial que incide en más de 100 mil familias.

Las organizaciones provinciales que integran el MNCI son el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE - VC), el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza y San Juan, la Red Puna de Jujuy, Encuentro Calchaquí de Salta y Mesa Campesina del Norte Neuquino, Giros (Grupo Independiente Rosarino Organizado Solidariamente), y Organizaciones Comunitarias Urbanas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.
Algunas organizaciones ya pertenecían a Vía Campesina internacional, sin embargo en la V Conferencia Internacional de Vía Campesina la membrecía del MNCI fue ratificada. Además integra la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC).

11 de julio de 2018

El 12 de julio el Museo de La Plata restituirá restos humanos de nueve indígenas Qom a la Colonia Aborigen Napalpí de Chaco.

En el marco de la política de restitución que impulsa el Museo serán restituidos los restos de nueve individuos tobas o Qom a la comunidad reclamante Colonia Aborigen Napalpí.

Esta Colonia fue creada en 1911 por un decreto del entonces presidente Roque Sáenz Peña y está ubicada en los departamentos Veinticinco de Mayo y Quitilipi de la provincia del Chaco. Según datos estadísticos oficiales, se trataría de una de las mayores comunidades indígenas de la Argentina.

El pedido de restitución fue respaldado por el Consejo de Participación Indígena de Chaco y de Buenos Aires como también de las comunidades del Pueblo Qom y las autoridades del Concejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina.

En un Acto que se desarrollará al mediodía en el Museo de La Plata, se restituirán los restos humanos de un indio toba fallecido en el Hospital Militar de Buenos Aires, uno llamado Pichón fallecido a los 24 años en 1887, otro denominado cacique León, muerto en el Tragadero en 1887 por las tropas argentinas y un toba fusilado en 1886 en Resistencia.

También se restituirá un indio toba denominado Petizo, fusilado en 1886, uno llamado Cacique Löwöreraik que vivió entre Resistencia y Reconquista, Chaco, muerto en enero de 1887, otro identificado como Cacique y dos individuos registrados como tobas sin especificación.

Los datos originales sobre los restos figuran en Catálogo de la Sección Antropológica del Museo de La Plata, elaborado por el científico Robert Lehmann-Nitsche en 1910.

A su vez, el informe de la Sección Demandas Académicas y Comunitarias de la División Antropología del Museo de La Plata, elaborado por la Doctora Marina Sardi, explica que "se trata en todos los casos de restos humanos que formaron parte de las primeras colecciones del Museo de La Plata" y que hasta el momento "se carece de documentación histórica de la que sea posible reconstruir con mayor certeza la biografía de las personas involucradas".

Según explica Sardi en el documento "el momento de obtención de los restos mencionados se corresponde con las últimas décadas del siglo XIX, período vinculado con los procesos de avance y control militar y político del territorio comprendido entre los ríos Pilcomayo, Paraguay, Paraná y Salado y sobre sus poblaciones aborígenes", proceso que se inició una vez finalizada la Guerra del Paraguay.

En 1870, las hoy denominadas provincias de Chaco y Formosa, así como Chubut, Misiones, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego "fueron incorporados al Estado Nación en calidad de Territorios a partir de 1884, tuteladas por altos mandos militares y relacionados con una elite política e intelectual que favoreció el proyecto de ocupación legitimado bajo los ideales de la civilización y el progreso", señala el informe.

La devolución de restos humanos conservados en el Museo de La Plata forma parte de una política de reparación histórica que impulsa esta institución.

Esencialmente, estos procesos son el resultado de una serie de debates complejos, basados en la aplicación del Código de Deontología para Museos del ICOM, que indica que un museo debe responder con diligencia, respeto y sensibilidad a las peticiones formuladas por las comunidades de las que proceden restos humanos para que sean retirados de la exposición al público, sugiriendo una respuesta igual ante las peticiones de devolución con políticas que establezcan claramente el procedimiento de respuesta para esos reclamos.

A su vez, las restituciones se encuentran amparadas por la Ley 25.517 sancionada en el año 2001, que explica en su artículo primero que "los restos mortales de aborígenes, cualquiera fuera su característica étnica, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas, deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen".

Como resultado de todas estas legislaciones, disposiciones y recomendaciones, el Museo de La Plata fijó en el año 2006 las pautas de un nuevo esquema de tratamiento para los restos humanos que se encuentran en la institución, el retiro de exhibición todos los restos de origen americano, el análisis de los pedidos de restitución de los mismo y el ordenamiento de los depósitos a cargo de la División Antropología.

 

Fuente: Comunicación institucional del Museo de La Plata, Buenos Aires, Argentina