Del 21 al 24 de junio en Jujuy, ceremonias ancestrales, festivales, homenajes y encuentros comunitarios marcarán una agenda cultural que reafirma las raíces andinas del norte de país.

A través de ceremonias ancestrales, expresiones artísticas y encuentros comunitarios, el Inti Raymi vuelve a cobrar relevancia en este encuentro de comunidades andinas que celebran el renacimiento de un nuevo ciclo de la Tierra. Así es como Jujuy vuelve a consolidarse como uno de los principales escenarios de esta celebración ancestral, donde cultura, espiritualidad e identidad se unen para mantener vivo un legado que atraviesa generaciones.

Considerada una de las manifestaciones culturales más importantes del mundo andino, la celebración reúne a las comunidades en torno al agradecimiento al Sol, conocido como Taita Inti, y a la Madre Tierra o Allpamamita por las cosechas recibidas, al tiempo que se pide prosperidad para el ciclo que comienza con el solsticio de invierno.

El Inti Raymi representa una reafirmación de las raíces culturales de los pueblos Kolla, Omaguaca y Quechua del noroeste argentino. Su creciente presencia en la agenda pública refleja el reconocimiento de tradiciones que forman parte de la identidad histórica de la región.

La celebración también expone un fenómeno singular de convivencia cultural, donde las ceremonias andinas coinciden con festividades cristianas como las fogatas de San Juan, lo que da lugar a expresiones que combinan herencias ancestrales y tradiciones religiosas en una misma comunidad.

Al mismo tiempo, el Inti Raymi transmite valores vinculados al respeto por la naturaleza, el cuidado del agua y la preservación de la tierra. De esta manera, una ceremonia milenaria continúa con un constante diálogo con los desafíos contemporáneos relacionados con la sustentabilidad y el ambiente.

Una celebración que fortalece la identidad andina

La jornada central tendrá lugar el domingo 21 de junio, cuando las ceremonias se desarrollen desde las primeras horas de la mañana. En Rinconada-Santo Domingo se recibirán los primeros rayos del sol desde las 8 horas, mientras que en Huacalera se llevará adelante una amplia programación que incluirá vigilia artística, apertura de la Pachamama, salutación al Tata Inti, el tradicional Festival del Sol y actividades de formación vinculadas a la cosmovisión andina.

La agenda cultural tendrá continuidad el martes 23 de junio en Maimará, donde se desarrollará la fiesta patronal en honor a San Juan Bautista. Las actividades comenzarán a las 10.30 en el paraje Cieneguillas e incluirán desayuno comunitario, misa, procesión de antorchas y destrezas gauchas.

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junio 5, 2026
El Gobierno intenta avanzar con un proyecto de ley de tierras para facilitar la venta a extranjeros y, al mismo tiempo, poner en riesgo los territorios de pueblos indígenas, familias campesinas y productores familiares. Argentina es un país con alta concentración de tierras en pocas manos. "Es tiempo entonces de retomar el debate por la reforma agraria en el país", retrucan desde la investigación y militancia.

Apuntes del Proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Como parte de la denominada “batalla cultural”, el gobierno de Javier Milei declaró a su primer año de gestión (2024) como el "Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad" (Decreto N° 55/2024). Esta disposición fue una marca simbólica del gobierno acerca del devenir de sus políticas ultra neoliberales.

En este registro se enmarcan sus principales políticas de ajuste del presupuesto público, del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el despido masivo de trabajadores estatales, la destrucción de una vasta constelación de políticas públicas de apoyo a sectores vulnerables (como el recorte de planes de asistencia social), asfixia a los apoyos a las personas discapacitadas, aniquilamiento de las políticas de género, licuación de las jubilaciones, desmantelamiento de las políticas en torno a la agricultura familiar, campesina e indígena, estrangulamiento al sistema de Ciencia y Técnica y las Universidades Públicas, entre cientos de reformas realizadas en poco más de dos años de gestión.

También el intento de derogación de la Ley 26.737, denominada Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (conocida como "Ley de Tierras"), establecida por el artículo 154 del DNU 70/2023 dictado por Milei ilustra esta orientación que, en este caso además, favorece la extranjerización de la propiedad de la tierra (probado de forma clara en el informe realizado por el Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires).

Apuntes del Proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

La presentación del Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es un paso más en esta lógica de una revolución ultraconservadora que intenta llevar a cabo con relativo éxito el gobierno libertariano. Las implicancias de este proyecto son al mismo tiempo simbólicas y materiales.

Simbólicas pues revitaliza en el centro la idea de la propiedad privada como un valor inalienable de la sociedad argentina (cuestión que ya está más que consagrada en la propia Constitución Nacional), mientras relega y niega otras formas de entender la propiedad: colectiva, comunitaria, pública, estatal, cooperativa fiscal; que son tan válidas como la de la propiedad privada.

Materiales porque implica el fortalecimiento de los procesos de concentración de la tierra urbana y rural y el despojo de las tierras comunitarias, ancestrales, cooperativas, fiscales; muchas de ellas con figuras reconocidas en la Constitución Nacional y/o en el código civil, otras de las cuales no tienen reconocimiento jurídico, pero si legitimidad social.

Estas son las razones del Gobierno para impulsar una ley semejante que pareciera responder a una amenaza inminente sobre la propiedad privada de la tierra en nuestro país.

Ahora, cuando analizamos la estructura agraria actual de la Argentina y vemos las formas de tenencia de la tierra, los datos arrojan un resultado totalmente contrario. Según los datos del último Censo Nacional Agropecuario, realizado en 2018, el 96 por ciento del dominio de la tierra en Argentina es de propiedad privada, el tres por ciento es estatal (fiscal y repartida entre las distintas jurisdicciones, nacional, provinciales y municipales) y solo el uno por ciento se encuentra en un estado indeterminado (que podría computarse para tierras ocupadas, tierras comunitarias indígenas u otro tipo de tenencia ni estatal ni privada).

Estos datos son correlativos con los del régimen de tenencia de la tierra, que se reparte entre un 69 por ciento de la superficie que corresponde a propiedad privada directa, seguida por la modalidad de arrendamiento con el 19 por ciento, sucesión indivisa el tres por ciento, ocupación con permiso tres por ciento y un cinco por ciento asignada a otros regímenes de tenencia (aparcería, comodato, concesión, contrato accidental, usufructo). Los números son elocuentes: la ocupación de hecho implica tan sólo el uno por ciento de la tenencia de la tierra rural en la Argentina.

Apuntes del Proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2018 (Indec).

El informe “Mujeres campesinas, cuidados y crisis climática” visibiliza los graves efectos del abandono estatal sobre las mujeres.

La agricultura campesina produce el 60% de los alimentos que se consumen.

El informe “Mujeres campesinas, cuidados y crisis climática” visibiliza los graves efectos del ajuste económico y el abandono estatal sobre el tiempo y los cuerpos de las mujeres y diversidades de la agricultura familiar. El trabajo, realizado por medio de encuestas con perspectiva de género y entrevistas en profundidad a 150 familias campesinas en 5 provincias argentinas, estableció que el 66,7% de los hogares relevados cuenta con ingresos inferiores a la línea de pobreza.

El documento, presentado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra (MNCI-ST), señala que durante el último año casi 4 de cada 10 unidades productivas abandonaron al menos una producción. Los motivos principales fueron la falta de rentabilidad, la escasez de agua y los eventos climáticos extremos (sequías y heladas), lo que evidencia una alta vulnerabilidad económica y ambiental.

Frente a la escasez de agua o la precariedad económica, las mujeres realizan un mayor esfuerzo físico e incrementan los trabajos de cuidado no remunerados, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y su salud. En períodos de sequía —mencionada por el 85% de las encuestadas— se impone una carga adicional de 2 a 3 horas diarias dedicadas exclusivamente al acarreo de agua; mientras que los calores extremos, presentes en el 75% de los casos, obligan a reconfigurar los horarios laborales hacia la madrugada, disminuyendo las horas de descanso y afectando los cuidados de las personas a cargo.

Esto se traduce en un incremento de la “pobreza de tiempo estructural” que sufren las mujeres campesinas, quienes enfrentan jornadas de 16 a 18 horas de trabajo realizando dos, tres o más tareas en simultáneo, como producir alimentos, cocinar y cuidar de las infancias. Esta no es una realidad nueva: el tiempo de las mujeres de la ruralidad viene sosteniendo la falta de infraestructura básica (como el acceso al agua o al gas) y la carencia de políticas de cuidado y servicios públicos. Sin embargo, resulta alarmante comprobar la agudización de esta brecha a medida que el Estado se retira y la comercialización de las producciones campesinas se ve más afectada.

Esta simultaneidad de tareas no es una elección, sino una condición impuesta por la necesidad de sostener la vida y la unidad productiva en contextos de alta precariedad, donde el aporte económico que realizan es invisibilizado y las posibilidades de autocuidado son escasas. Así, el deterioro de la salud es otra de las variables donde impacta la asfixia económica actual sobre quienes sostienen la defensa de los territorios frente a la expansión del extractivismo.

El relevamiento pone en evidencia cómo las mujeres priorizan la vida de otros a costa del desgaste de su propio cuerpo, funcionando como la variable de ajuste final ante la ausencia de sistemas públicos de salud y la presión de la crisis climática. El 48% de las encuestadas no realiza las consultas médicas necesarias, y no por un estado de bienestar: el deterioro de la salud integral es abrumador. El 85% reportó estrés constante y el 70% manifestó sufrir enfermedades físicas, al tiempo que la mayoría expresó sentir tristeza y desánimo ante las pérdidas productivas y la migración familiar. Además, aquellas más afectadas por eventos climáticos extremos presentaron los indicadores de mayor vulnerabilidad física y psicológica.

La agricultura campesina produce el 60% de los alimentos que se consumen en el país mientras dispone de solo el 13% de la tierra cultivable. En tiempos donde la vida es amenazada y donde el avance de los extractivismos y los capitales extranjeros sobre la tierra y el agua ponen en riesgo la soberanía alimentaria, se vuelve imprescindible reconocer el rol central de las mujeres campesinas.

Es urgente redoblar los esfuerzos en el desarrollo de políticas públicas y de la infraestructura necesaria para la reconstrucción de un país que pueda garantizar un futuro para todos y todas. “La sostenibilidad de la vida no se construye a partir del sacrificio silencioso, sino del acceso efectivo a derechos, del fortalecimiento comunitario y de una redistribución más justa del cuidado y de los recursos”, concluye el informe.

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Argentina es un país federal integrado por 23 provincias y una ciudad autónoma (Buenos Aires, capital), con una población total de 45.892.285 millones de personas, según los datos del censo de 2022. Este último censo contabilizó 1.306.730 personas en viviendas particulares que se reconocieron indígenas o descendientes de Pueblos Indígenas, lo cual representa el 2,9 % del total de la población en este tipo de viviendas. A su vez, los resultados del censo determinaron la existencia de 58 Pueblos Indígenas. Legalmente poseen derechos constitucionales específicos a nivel federal y en la mayoría de Estados provinciales. Además, están vigentes, conformando el bloque de constitucionalidad, un conjunto de tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, entre otros.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene jerarquía supra legal (no se encuentra dentro del bloque de constitucionalidad), fue ratificado en 2000 y está vigente con estatus de tratado internacional desde 2001. En Argentina, la Declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se encuentran vigentes y tienen fuerza normativa.

Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí

Contexto adverso, ausencia de políticas públicas

El contexto político en Argentina es francamente adverso al reconocimiento e implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas. Las regresiones en materia de políticas han sido documentadas en un informe especial;[1] sin embargo, es pertinente insistir en la desinstitucionalización que ha significado la relocalización en el organigrama estatal del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y su desdibujamiento, en un marco estatal que ignora la existencia de los Pueblos indígenas.

De la mano de la reducción del Estado nacional, se trasladan las facultades a los Estados provinciales que habilita espacios de discrecionalidad local (por ejemplo, para explotar territorios indígenas, reconocer/desconocer esos territorios, o reconocer/desconocer personerías jurídicas, como es el caso de Neuquén). Esta dinámica no contribuye a alcanzar un piso mínimo a nivel nacional de protección de derechos indígenas. La ausencia de políticas públicas se hace sentir cuando los despojos territoriales se profundizan; cuando se insiste con la estrategia de la estigmatización/criminalización (como en los casos de Facundo Jones Huala y Pablo Colhuan Nahuel, detenidos con prisión preventiva en Chubut, o en la detención de referentes de la comunidad Wichí de la Misión Chaqueña en la provincia de Salta); o cuando se explota y contamina sus territorios.

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil obliga a revisar el rol del Estado en una problemática que tiene de rehenes a las infancias.
12/06/2026

Cada 12 de junio, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil nos interpela como sociedad. Nos obliga a mirar una realidad que muchas veces permanece invisible y que golpea con mayor fuerza en los sectores más vulnerables. Nos obliga, especialmente, a mirar hacia las zonas rurales, donde miles de niños y niñas siguen viendo vulnerados sus derechos más básicos.

Las cifras son contundentes. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, 138 millones de niños y niñas en todo el mundo se encuentran en situación de trabajo infantil y 54 millones realizan tareas peligrosas que ponen en riesgo su salud, su seguridad y su desarrollo integral. La agricultura continúa siendo el sector con mayor incidencia, concentrando aproximadamente el 61% de los casos registrados a nivel mundial.

Detrás de cada número hay una historia. Hay una infancia que pierde oportunidades, que abandona o retrasa su trayectoria educativa, que ve afectado su desarrollo físico y emocional. Hay niños y niñas que asumen responsabilidades que no les corresponden y que deberían estar destinadas a los adultos.

En Argentina, esta problemática adquiere características particulares. Los datos de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) muestran que el trabajo infantil tiene una incidencia significativamente mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Esto es consecuencia de desigualdades estructurales, de la falta de infraestructura básica, de las dificultades para acceder a servicios esenciales y de la ausencia de políticas públicas sostenidas que garanticen igualdad de oportunidades para quienes nacen y crecen lejos de los grandes centros urbanos.

Por eso resulta imposible abordar el problema del trabajo infantil sin hablar del rol del Estado. Su erradicación requiere decisión política, inversión pública y presencia territorial. Requiere escuelas, caminos, conectividad, acceso a la salud, programas de acompañamiento familiar e inspecciones laborales eficaces. Requiere garantizar empleo registrado y salarios dignos para los trabajadores y trabajadoras rurales, porque cuando el ingreso de los adultos no alcanza, son los niños quienes terminan pagando las consecuencias.

Infancias a la deriva

La reciente Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra volvió a poner en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de protección laboral. Allí, tras las presentaciones realizadas por las organizaciones sindicales argentinas, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT instó al Gobierno nacional a reforzar la inspección del trabajo, garantizar el diálogo social y adoptar medidas concretas para cumplir con los compromisos asumidos ante la comunidad internacional. Estas recomendaciones no pueden ser ignoradas cuando hablamos de trabajo infantil, porque la fiscalización y la presencia estatal son herramientas fundamentales para prevenir situaciones de explotación y vulneración de derechos.

En este contexto, preocupa la retirada del Estado nacional de numerosas políticas de protección social y la falta de iniciativas orientadas a fortalecer la presencia institucional en los territorios más vulnerables. También hemos asistido a discursos que relativizan el papel del Estado en la protección de derechos.

Sin embargo, cuando hablamos de trabajo infantil no hay lugar para ambigüedades: la pobreza, la desigualdad y la ausencia de políticas públicas generan condiciones que favorecen la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. El verdadero desafío consiste en garantizar empleo registrado, salarios dignos y acceso efectivo a derechos para que las familias no tengan que enfrentar esa realidad.

La Argentina ha ratificado los Convenios 138 y 182 de la OIT, que establecen la edad mínima de admisión al empleo y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. Estos compromisos internacionales no pueden convertirse en declaraciones vacías. Deben traducirse en acciones concretas y sostenidas que coloquen a la niñez en el centro de las prioridades públicas.

La defensa de las infancias rurales es una responsabilidad colectiva. Por eso acompañamos iniciativas como los Centros CRECER impulsados por RENATRE, espacios de cuidado, contención y acompañamiento para hijos e hijas de trabajadores rurales durante los períodos de cosecha y mayor demanda laboral.

Del mismo modo, defendemos y promovemos el fortalecimiento de las escuelas rurales, una herramienta fundamental para garantizar derechos, prevenir el trabajo infantil y generar oportunidades de desarrollo en comunidades que muchas veces se encuentran alejadas de los grandes centros urbanos. Cada escuela abierta y cada espacio de cuidado representan una oportunidad concreta para construir un futuro con más igualdad.

Los trabajadores rurales conocemos mejor que nadie las dificultades que atraviesan las comunidades del interior profundo. Sabemos que donde falta una escuela, un centro de salud, un camino transitable o una oficina pública, los derechos se vuelven más frágiles. Por eso el movimiento obrero organizado seguirá siendo una voz activa en la defensa de las infancias rurales, impulsando políticas de protección, denunciando situaciones de explotación y promoviendo oportunidades para las nuevas generaciones.

La deuda con las infancias rurales no se salda con discursos. Se salda con inversión pública, educación, salud, infraestructura, trabajo registrado y presencia estatal. Ese es el camino que la Argentina necesita recorrer si realmente pretende erradicar el trabajo infantil.

Desde UATRE seguiremos trabajando junto a las familias rurales, las organizaciones sociales, la comunidad educativa y todos los actores comprometidos con la defensa de los derechos de la niñez. El movimiento obrero tiene una responsabilidad histórica en esta tarea: proteger a quienes más lo necesitan y construir condiciones para que las futuras generaciones tengan más oportunidades que las anteriores. Porque la infancia no trabaja. La infancia estudia, juega, aprende y sueña. Y esos derechos deben ser garantizados por una sociedad y un Estado presentes.

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