Abril 2020
En el mundo, la población femenina produce la mitad de los alimentos, pero siete de cada 10 pasa hambre. Es hora de abordar los retos a los que se enfrentan las campesinas.

Abordar las desigualdades y reducir las brechas que afrontan las mujeres rurales requiere conocer la situación que ellas viven todos los días como productoras, reproductoras e integrantes de organizaciones.

“Esa creencia de que la mujer rural es invisible es para los que no quieren ver”
Mujer indígena: la desigualdad de género en Colombia

Políticas públicas sólidas, programas y acciones afirmativas que incorporen el enfoque de género al ámbito rural requieren también, junto a estrategias adecuadas, una gran coalición social capaz de sensibilizar sobre un aspecto crucial para el mundo moderno.

Las mujeres que viven en el campo se caracterizan por la diversidad: son indígenas, afrodescendientes, campesinas, pescadoras, artesanas, migrantes, jóvenes y adultas. En América Latina y el Caribe viven 60 millones de mujeres rurales, de las cuales 17 millones están registradas como económicamente activas y solo 4,5 millones son consideradas como productoras agrícolas. A pesar de que muchas son grandes productoras, exportadoras y líderes de organizaciones, todavía se las considera “la esposa del productor” o una “ayudante”, relegándolas a un rol subordinado.

En el mundo las mujeres producen la mitad de los alimentos, pero siete de cada 10 personas con hambre son de sexo femenino.
Las mujeres poseen menos del 15% de las tierras y menos del 2 % de las propiedades en los países en desarrollo. Además, reciben solo el 10 % de los ingresos en el mundo pese a realizar dos tercios de todo el trabajo. De 800 millones de personas analfabetas, las mujeres rurales constituyen hasta dos tercios y representan el 43 % de la mano de obra agrícola en el mundo.

Más del 60 % de las familias más pobres están encabezadas por mujeres y viven en tierras marginales, sin acceso a los avances tecnológicos.

En el caso de las jóvenes, trabajan más horas, pero menos horas remuneradas, por lo que suelen carecer de ingresos propios, lo que las hace más dependientes de sus padres, hermanos o parejas. Esto deriva en muchos casos en situaciones de abuso y control, y otras expresiones de violencia de género.

Las mujeres en las zonas rurales tienen los peores índices de empleo y de acceso a los servicios básicos, y predominan en los trabajos informales y de más baja remuneración. Si tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres, el rendimiento de sus cosechas aumentaría hasta un 30%, con una reducción del hambre de hasta un 17%.
Más del 60 % de las familias más pobres están encabezadas por mujeres y viven en tierras marginales, sin acceso a los avances tecnológicos que permiten una producción de más alto rendimiento. Su pobreza incluso les impide acceder a los insumos básicos para la producción, como fertilizantes, pesticidas y maquinaria básica para participar en las cadenas productivas y de comercialización. Estas desigualdades afectan directamente la productividad de los territorios rurales y la seguridad alimentaria del mundo.

La subrepresentación política y la exclusión digital son otros aspectos de esta realidad.
Se trata de un escenario que nos obliga a pasar a la acción y promover decididamente, con la participación de gobiernos, organismos internacionales, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, el ejercicio de ciudadanía de todas las mujeres en los territorios rurales de nuestra América.
Una acción rápida, consistente y con visión a largo plazo producirá un enorme y beneficioso impacto social.
Las mujeres que reciben ingresos son más propensas que los hombres a invertir en la alimentación y una mejor educación para sus hijos e hijas. Por eso, además de inmoral, la discriminación es ineficiente.  No se puede esperar más.

Manuel Otero es director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

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Marzo, 2020

“La situación de salud de los pueblos indígenas por enfermedades infecto contagiosas introducidas ya es grave debido a su alta prevalencia y el muy deficiente servicio de salud. El coronavirus agravaría más esta situación”, dice la antropóloga peruana Beatriz Huertas, especializada en pueblos indígenas, sobre las condiciones de salud y los riesgos que deben enfrentar ahora los pueblos amazónicos ante la presencia del COVID-19 o coronavirus.

Una pandemia que tiene en vilo a la población mundial y que ha llevado a varios países de América Latina al cierre de fronteras y la declaración del estado de emergencia, como medidas de contención frente el aumento de los casos de personas infectadas por el virus.

En Perú, el presidente Martín Vizcarra decretó estado de emergencia nacional por 15 días; mientras que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó cuarentena en siete estados del país. Ecuador también dispuso restricciones para la movilización de personas y vehículos, mientras los aeropuertos están prohibiendo la llegada y salida de vuelos a diferentes partes del mundo.

Dentro de este paquete de medidas no se ha mencionado cómo tienen planeado los gobiernos de Latinoamérica atender a las poblaciones indígenas. Se ha comenzado a conversar con expertos y líderes de estos grupos para tener un panorama claro de los riesgos que enfrentan estas comunidades y, sobre todo, los pueblos en aislamiento y contacto inicial de la región.

En riesgo permanente

La situación de los pueblos indígenas es de extrema vulnerabilidad. Huertas menciona que en las comunidades indígenas la prevalencia de enfermedades como la hepatitis B, la tuberculosis, la malaria o el dengue es alta. “¿Cómo afrontarán el COVID-19? Además, las altas tasas de anemia afectan su sistema inmunológico y los dejan sumamente expuestos a las enfermedades”.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más del 50% de los indígenas mayores de 35 años padece diabetes tipo 2. Además, los pueblos indígenas experimentan altos niveles de mortalidad materna e infantil, desnutrición, afecciones cardiovasculares, VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas —como el paludismo y la tuberculosis—, se menciona en la página web del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

“Los pueblos indígenas tienen una salud mucho más precaria, más probabilidades de quedar discapacitados y de que su calidad de vida disminuya y, en última instancia, de morir más jóvenes que los demás pueblos”, explican desde la ONU.

25 marzo, 2020 por Luis Hallazi / Rebelion

La paradoja de los pueblos indígenas ha sido sobrevivir a epidemias sin provocarlas, lo han venido haciendo desde la llegada del Imperio español que trajo consigo la viruela, la gripe y el sarampión que provocó el colapso de la civilización amerindia. Además de resistir a otros “virus” sociales como el colonialismo, la esclavitud y el racismo como formas de control, las epidemias foráneas han sido una constante. La historia republicana, no fue la excepción a epidemias como la fiebre amarilla, malaria o cólera focalizadas en población nativa y originaria, que se alternaron con la explotación esclavista y extractiva como ocurrió en la época del caucho, donde se calcula que murieron cuarenta mil indígenas y otros miles fueron desplazados. Es tan grande la discriminación que hay poca información sobre los impactos de infecciones foráneas a poblaciones indígenas a lo largo de la historia de Perú y Latinoamérica.

La historia reciente sigue escondiendo diversos mecanismos de explotación hacia los pueblos indígenas y hacia la naturaleza que se dan por la sobre explotación de recursos naturales que continúan dejando una huella violenta en territorios indígenas. Recordemos la exploración del proyecto de gas de Camisea a inicios de los 80, hecha por la multinacional Shell, que llevó a la muerte de la mitad del pueblo Nahua, debido a la alta vulnerabilidad de su sistema inmunológico. En el Perú hay aproximadamente diez pueblos en aislamiento voluntario en circunstancias similares, cuya manera de protegerlos por parte del Estado, sigue siendo insuficiente y las pocas medidas implementadas son constantemente quebrantadas por normas de excepción a favor de actividades extractivas.

De la misma manera, las cerca de diez mil comunidades campesinas y nativas de nuestro país han estado expuestas a la intromisión de empresas extractivas en sus territorios, que de acuerdo a su codicia han ido modificando y destruyendo ecosistemas enteros, generando impactos irreversibles. Nuevas investigaciones científicas vienen corroborando la relación que existe entre dicha destrucción y nuevas mutaciones de virus, producto del hacinamiento de diversas especies animales en espacios reducidos por efecto de la deforestación o contaminación de ríos y suelos. La historia del ébola y ahora el Covid-19 tiene relación con estas alteraciones a los ecosistemas[1].

Hoy estamos en medio de una cuarentena planetaria para evitar más contagios del Covid-19, a la que nuestros sistemas sanitarios no podrían resistir, donde si bien las poblaciones rurales son las menos expuestas, son sin duda las más vulnerables. Es el caso del Estado peruano es poco lo que podría hacer al respecto si la epidemia llegará a la Amazonia o a zonas alto andinas. A esa situación hay que agregarle la irracionalidad del poder fáctico que socava nuestro débil Estado, cuando el Decreto Supremo 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional para detener el brote del Covid-19 es burlado por las empresas extractivas de minerales y otras, que no lo acataron y al día siguiente lograron corregir el decreto para que se exceptuara la actividad minera. Esa es la historia reciente del Perú: la excepción a la norma para favorecer al poder corporativo, aunque haya vidas en riesgo.

Tomemos en cuenta que dentro del 35% de las tierras de comunidades campesinas se explora y explotan recursos mineros. Muchos de los campamentos están alejados, como también lo están las comunidades, sin embargo el personal que trabaja allí, tiene una alta movilidad. Lo mismo ocurre en la cuenca amazónica donde el 12% del territorio está destinado a concesiones de hidrocarburos, que se superponen a 412 comunidades. Un brote del virus en estas zonas donde no existe un sistema de salud o el que existe se reduce a una posta médica, sin insumos ni personal sanitario, sería catastrófico para esas poblaciones.

Los límites de nuestro Estado en esas zonas se hacen notar por ejemplo respecto al subsidio de S/ 380 donde solo se cuenta con información para la población urbana en pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a través de su Sistema Nacional de Focalización de Hogares (SISFOH), mas no para la población de las comunidades campesinas y nativas. Lo que nos demuestra que las herramientas para proteger a los pueblos indígenas siguen siendo insuficientes y limitadas, puesto que no se trata tan solo de traducir información en las 48 lenguas indígenas, lo cual es importante, sino en asegurar que esa información en su lengua materna llegue y se entienda en dichas poblaciones.

La actual situación de pandemia ha desnudado por completo la fragilidad de nuestro Estado y la perversión del sistema capitalista en su versión neoliberal. La pandemia del coronavirus extendida por todo el planeta nos hace vulnerables a todos y todas en cualquier rincón del mundo, lo que no debe confundirse con no reconocer la alta vulnerabilidad por la situación de exclusión histórica de los pueblos indígenas, población que se entiende como parte de la naturaleza, y que guarda en su conocimiento secretos para hacer frente a las múltiples crisis del futuro inmediato, sea sanitario, ambiental, climático o pandémico.

Lo que estamos viviendo hoy en nuestro aislamiento social no tiene parangón, nunca antes en la historia de la humanidad tanta gente sana tuvo que internarse en sus viviendas para evitar el contagio de un virus, aún no es tiempo de evaluaciones pero sin duda, ésta es la oportunidad para enfrentar otro futuro posible. Lo cierto es que no podremos volver a la normalidad de nuestra anterior rutina de consumo desbocado a costa de la destrucción de la naturaleza, porque ese precisamente es el problema y si logramos entender lo que nos estamos jugando, otra paradoja está a punto de cumplirse: el fin del modelo neoliberal que padecemos y posibles mejoras ecológicas.

Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Fuente: https://rebelion.org/naturaleza-y-pueblos-indigenas-en-tiempos-de-coronavirus/
Mas información https://argentina.indymedia.org/2020/03/25/naturaleza-y-pueblos-indigenas-en-tiempos-de-coronavirus-2/

Pueblos originarios reclaman políticas públicas propias

En medio de la emergencia, haciendo tan oici tiempo que tres niños wichi murieron por desnutrición, referentes indígenas de siete pueblos se reunieron en Tartagal para debatir sobre su realidad.

Representantes de pueblos originarios de la provincia de Salta reclamaron la aplicación de leyes sobre salud intercultural, agricultura familiar y acceso al agua. También el cumplimiento de la ley 26160, que ordena relevar la propiedad comunitaria indígena, y la entrega de los títulos comunitarios de sus territorios.

Estas exigencias surgieron como conclusión del Primer Congreso de Políticas Públicas Indígenas Propias realizado el 15 y 16 de enero dde 2020 en la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín y del que participaron representantes de los pueblos chulupi, tapiete, chane, chorote, guaraní, wichi y toba.

Los asistentes debatieron en torno a tres ejes: social, territorial e institucional.

En la emergencia, con tres niños muertos por causas vinculadas a la malnutrición, la cuestión social se impuso en el inicio del intercambio. En primera instancia hubo acuerdo en que es hora de que el Estado habilite la "participación de las comunidades y organizaciones indígenas en las decisiones de las políticas públicas que (las) afecten", en cumplimiento del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Concretamente, sobre las falencias en la atención de la salud estuvieron de acuerdo en exigir la reglamentación y aplicación plena de la ley provincial 7856, que crea una “Red de apoyo sanitario intercultural e interinstitucional para los Pueblos Originarios Sumaj Kausai (buen vivir)”, que busca “garantizar una adecuada y equitativa atención médica y accesibilidad a la alta complejidad médica” de integrantes de comunidades originarias “en el marco de un ambiente de respeto a sus valores culturales y ancestrales”. Esta ley, que también prevé la existencia de facilitadores interculturales bilingües en los hospitales, fue sancionada en noviembre de 2014 y publicada en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, sigue sin reglamentarse.

Los congresistas también coincidieron en que debe reglamentarse la ley nacional 27118, que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena y crea un régimen de reparación histórica para ese sector. Esta norma fue sancionada en diciembre de 2014 y promulgada en enero de 2015.

El último punto del ámbito social fue sobre el acceso al agua y, bajo la consigna "sin agua no hay vida", hubo coincidencia en que deben darse soluciones de fondo.

En cuanto al territorio, los referentes comunitarios no necesitaron de mucho intercambio para acordar en que debe cumplirse la ley 26160, que declara la emergencia de la propiedad comunitaria indígena y dispone un relevamiento territorial con el objetivo de regularizar la ocupación ancestral.

Esta ley fue sancionada a fines de 2006 con una vigencia de cuatro años en los que se debían realizar las tareas dispuestas para cumplir con su finalidad. Sin embargo, todavía no se concluyó con el relevamiento y la situación de emergencia de la propiedad comunitaria indígena es cada vez más acuciante debido a la presión de empresas que buscan expandir la frontera agropecuaria.

Por estos motivos, la ley 26160 ya se prorrogó tres veces, en 2009, 2013 y 2017, esta última vez mediante la ley 27400, que tiene vigencia hasta noviembre de 2021. En el Congreso de Tartagal los pueblos originarios presentes concluyeron que debe aprobarse urgente una ley de entrega de títulos comunitarios de los territorios indígenas.

Instituto indígena, intervención estatal

En el eje institucional, los congresistas analizaron la situación del Instituto de Pueblos Originarios de la Provincia de Salta (IPPIS) y coincidieron en exigir que se haga la "elección de los vocales dentro de los 60 días solicitados por representantes de Tartagal y Santa Victoria Este".

Es que en las comunidades provocó malestar la decisión del gobierno de Gustavo Sáenz de prorrogar por otros seis meses la intervención del organismo. Mediante el decreto 56, del 10 de enero, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia prorrogó la no normalización con el argumento de que "subsisten los motivos que generaron originariamente la intervención" porque "no han podido subsanarse las observaciones señaladas por la Sindicatura, no encontrándose las autoridades del IPPIS en condiciones de asumir la correcta conducción del ente”.

El IPPIS es un órgano estatal, pero su conducción está a cargo de un directorio indígena de nueve miembros (uno por cada pueblo oficialmente reconocido), uno de ellos (elegido por el directorio) es promovido a la presidencia.

Los congresistas también estuvieron de acuerdo en exigir la modificación y actualización de la ley 712, de "Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Salta".

Hubo un capítulo dedicado a considerar la situación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dado que las comunidades pretenden que se elijan a los representantes al Consejo de Participación Indígena (CPI), por el cual se promueve la institucionalización de la participación indígena, una decisión que tuvo gran incidencia en el territorio, con la presencia de los consejeros o "Cepeís", como los llaman. En las conclusiones del Congreso se añadió sobre este particular que "se respete la reglamentación del INAI"

Asimismo, las siete pueblos participantes del Congreso proponen la "Creación de un organismo provincial manejando por un equipo de dirigentes y profesionales jurídicos de pueblos originarios con capacidad de fiscalizar y hacer respetar los derechos indígenas".

Embarcación pide espacio
A pedido de la delegación Embarcación, se hará un segundo congreso en esa localidad, en fecha a determinar.

Las comunidades originarias que habitan en Embarcación vienen planteando una zonificación del IPPIS, por entender que la cantidad de habitantes originarios y la complejidad de las cuestiones que les atañen ameritan una representación zonal en el Instituto Indígena de la provincia.

De hecho, en estos momentos los referentes comunitarios de esta zona analizan la posibilidad de iniciar una medida de fuerza en reclamo de la pronta regularización del IPPIS y de la instalación de una oficina de este organismo en Embarcación.

El Primer Congreso tuvo sus antecedentes en otros encuentros o asambleas realizados en Embarcación, Santa Victoria y Tartagal. La decisión de realizarlo en esta última ciudad se refrendó el 13 de enero, en un acta firmada por representantes de los pueblos chorote, chulupi, chane, tapiete, guaraní, wichi y toba.

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El informe que las organizaciones presentarán ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 3 de marzo detalla el desmantelamiento de la política ambiental e indigenista
FEB 2020

Tres ONG advierten en la ONU sobre el creciente riesgo para los indígenas aislados de BrasilLos pueblos indígenas, el vínculo fundamental en la lucha por el planeta
La nueva amenaza de la reserva indígena Raposa Serra do Sol
El impacto de una de las minas de cobre más grandes del mundo
Son los más vulnerables entre los vulnerables. Tres ONG brasileñas se han aliado para alertar ante Naciones Unidas sobre el grave riesgo que supone el desmantelamiento de la política medioambiental de Brasil para los indígenas aislados, los que no tienen contacto permanente con la sociedad. Advierten estas organizaciones que el aumento de la deforestación y de las invasiones de mineros y madereros ilegales ha sido mucho más acentuado en las tierras donde ha sido confirmada su presencia o donde se sospecha que viven estas minúsculas comunidades especialmente sensibles a enfermedades y a la desaparición de la flora y la fauna.

El Instituto Socioambiental, la Comisión Arns y Conectas Derechos Humanos han elaborado un informe que “detalla el proceso de desmantelamiento de las políticas ambientales e indigenistas por parte de este Gobierno” que, encabezado por Jair Bolsonaro, tomó posesión hace casi 14 meses. Ya desde la campaña electoral, el militar retirado anunció su intención de permitir la explotación económica de las tierras indígenas -el proyecto de ley está en el Congreso— y debilitar la política ambiental. El líder indígena David Kopenawa Yanomami será el encargado de presentar el estudio ante la comisión de derechos humanos de la ONU el próximo 3 de marzo en Ginebra (Suiza).

Brasil es el país con más indígenas aislados. Está confirmada la presencia de 28 comunidades y la existencia de otras 87 está en fase de estudio, según el informe de ISA, la Comisión Arns y Conectas, que menciona cifras oficiales.

Una de las medidas que mejor encarna el giro impulsado por Bolsonaro es el nombramiento de un misionero evangélico para dirigir el órgano dedicado a la protección de los indígenas aislados y recién contactados.
Las enfermedades de los blancos y los evangelizadores son dos de las grandes amenazas a estos grupos desde el desembarco de los jesuitas con la conquista portuguesa. Ricardo Lopes Dias trabajó durante muchos años con una organización estadounidense denominada Missão Novas Tribus, un culto centrado en indígenas y de agresivas tácticas. Según la ONG Survival, proclaman que pretenden llegar hasta la última tribu porque solo entonces Cristo regresará.

Esta especie de SOS que quieren lanzar a la ONU se asienta sobre los alarmantes balances del año pasado. “Más de 21.000 hectáreas fueron destruidas solamente en 2019 en tierras con indígenas aislados, lo que supone un aumento del 113%. Es un incremento muy superior a los valores medios en la Amazonia y las áreas protegidas (por ley) en general, lo que indica el aumento de ilegalidades e invasiones y la gravedad del problema”, afirma el detallado estudio.

Las ONG apuntan cuatro casos de peligro inminente: la presencia constante de misioneros en el valle del Jabari, la tierra indígena con más pueblos aislados, unida al asesinato de un antiguo empleado de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y al tiroteo de una de sus bases; en la tierra Yanomami la amenaza son los 20.000 garimpeiros (mineros ilegales) que han degradado 300.000 hectáreas y que, con su mercurio, contaminan los ríos; los 60 indígenas aislados awa, filmados recientemente, viven en una reserva donde los madereros ilegales ya han construido más de mil kilómetros de vías para extraer su botín y donde un indígena de una patrulla de vigilancia de la flora fue asesinado; y el cuarto grupo en grave peligro fue avistado por última vez cuando huía de los incendios en la isla de Bananal.

En línea con las conclusiones de una cumbre de líderes indígenas celebrada en la Amazonia brasileña este enero, el trío de ONG alerta del creciente riesgo de etnocidio (eliminación de una cultura) y de genocidio aunque ninguno de los dos términos aparece en el documento que será presentado ante la ONU.

Las ONG reclaman a la ONU que exija al Gobierno brasileño que fortalezca los órganos oficiales de protección de los indígenas (la Funai), del medio ambiente (el Ibama), de la biodiversidad (el Instituto Chico Mendes) y los encargados de la fiscalización, notablemente debilitados en los últimos meses por una serie de medidas que lograron reunir a todos los anteriores ministros de Medio Ambiente vivos para expresar juntos su preocupación. También piden una mayor inversión para localizar a indígenas aislados y que los procesos de demarcación de tierras indígenas (que les brinda una protección legal) sea retomado.

 

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