Representantes indígenas de Argentina, Bolivia, Chile y Perú se reunieron en El Moreno, Jujuy, para denunciar los impactos de la minería de litio en sus territorios. Foto: Jenny Salazar

Desde hace más de 50 años y gracias a su perseverante activismo, el movimiento indígena ha incidido en el ámbito internacional para lograr el reconocimiento de nuestros derechos colectivos, como pueblos, dentro de los Estados. El cambio climático, que atenta contra toda la humanidad y nuestra Madre Tierra, nos plantea la necesidad de incidir frente a los Estados. Sin dudas, somos los Pueblos Indígenas quienes enfrentamos los mayores impactos del calentamiento global. La transición energética necesaria para afrontar el cambio climático debe contemplar los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, sus conocimientos ancestrales y los objetivos de desarrollo sostenible.

La transición energética, como proceso de cambio hacia un sistema energético más sostenible, es necesaria y urgente para mitigar el cambio climático y cumplir con el Acuerdo de París. Para ello es imperioso reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir el consumo de energía e incrementar la participación de las energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica). Además, se debe reducir la dependencia de los combustibles fósiles y, promover la innovación y el desarrollo tecnológico.

El marco normativo de la República Argentina respecto a los Pueblos Indígenas tiene rango constitucional: se reconoce su preexistencia y el derecho a la propiedad comunitaria de sus territorios y la gestión de sus recursos naturales. Si bien la Argentina ha suscrito el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, no existen leyes que reglamenten la propiedad comunitaria ni la Consulta Previa, Libre e Informada. Por ello, el acceso de los Pueblos Indígenas al pleno ejercicio de sus derechos colectivos específicos suele quedar sujeto a la voluntad de los Estados nacional y provincial.

Retrocesos normativos y vulneración de derechos en Argentina

La República Argentina firmó y ratificó el Acuerdo de París. En diciembre de 2020, Argentina presentó la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional y se comprometió a no superar la emisión neta de 359 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2030, de conformidad con el artículo 4.4 del Acuerdo. No obstante, las actuales acciones del gobierno apuntan a una dirección contraria. El presidente Javier Milei, quien niega el cambio climático e insiste que “es otra mentira que se cae”, ordenó el retiro de la misión argentina en el tercer día de la COP29, celebrada en la ciudad de Bakú (Azerbaiyán), lo cual generó una gran conmoción entre las delegaciones.

Además, en el último tiempo, el gobierno ha introducido algunos cambios normativos que generan importantes y preocupantes vulneraciones en los derechos de nuestras comunidades indígenas. Estas medidas desregulan los sistemas de control sobre actividades extractivistas y tienen un impacto significativo sobre los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. Asimismo, promueven y favorecen la explotación intensiva de recursos naturales mediante la derogación de leyes calificadas como “restrictivas” y la eliminación de estructuras estatales de supervisión, lo que refleja un enfoque de liberación total en sectores como el agropecuario, energético y minero.

A su vez, el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia 1083/2024 que deroga la última prórroga a la Ley de Emergencia Territorial Indígena. La finalización de la emergencia territorial expone a las comunidades a posibles desalojos (algunos ya han empezado a concretarse), lo cual contribuye a una conflictividad que debe evitarse en forma inminente con la sanción definitiva de la ley de instrumentación de la propiedad comunitaria indígena. Además, en 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia “Lhaka Honat vs Argentina”, en la cual, la Corte obliga a la Argentina a que adopte “medidas legislativas y/o de otro carácter para dotar de seguridad jurídica el derecho humano de propiedad comunitaria indígena”.

Un nuevo tipo de colonialismo

En este contexto adverso para los derechos indígenas, avanza la explotación del litio, un mineral crítico para la transición energética. La Directora Ejecutiva Adjunta de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Pía Marchegiani, sostiene que en los últimos años se ha registrado un aumento vertiginoso en la demanda del litio, debido a las crecientes presiones del Norte Global para avanzar hacia un modelo de transición energética. “¿Qué pasa con los ecosistemas y los derechos humanos?”, cuestiona la especialista.

Efectivamente, se han intensificado las denuncias de los Pueblos Indígenas debido a la explotación de los recursos naturales, que realizan las empresas con el apoyo de gobiernos provinciales y nacional, sin considerar los informes de impacto ambiental ni los derechos humanos de quienes sufren las consecuencias. Por ello, si bien es urgente abandonar la explotación y consumo de los combustibles fósiles, hacerlo replicando el modelo actual de uso desmedido de los recursos naturales perpetuará las mismas lógicas del modelo energético actual: un esquema extractivista abusivo, individualista y violatorio de los derechos humanos.

La lógica colonialista se intensificó en las últimas décadas en toda la región por la concentración de tierra y recursos en manos de grandes corporaciones extranjeras habilitadas por los gobiernos locales. No obstante, las organizaciones indígenas están respondiendo.
La extracción de litio ha causado graves daños en varias regiones de Argentina. Este fenómeno no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una larga historia de saqueo y sacrificio de bienes naturales que se repite en todo el continente. Desde la colonización europea, los territorios de América Latina han sido concebidos como reservas de materias primas para el Norte global. En este contexto, las resistencias frente al extractivismo evidencian una continuidad en la defensa de los territorios.

La lógica colonialista se intensificó en las últimas décadas en toda la región como parte del proceso de concentración de tierra y recursos en manos de grandes corporaciones extranjeras habilitadas por los gobiernos locales. No obstante, las organizaciones indígenas están respondiendo.

Colombia

Con rostros de alegría y voces firmes que claman “¡Esta tierra sí es mía!”, cien mujeres campesinas de Planeta Rica y Sahagún, muchas de ellas cabezas de familia, recibieron 1.162 hectáreas de tierra como parte del Programa Especial de Acceso a Tierras para Mujeres Rurales. La adjudicación fue realizada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el marco de la Reforma Agraria impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los predios, adquiridos mediante compra voluntaria a privados, marcan un antes y un después para las beneficiarias, quienes por años trabajaron como jornaleras en tierras ajenas. Hoy, gracias al Decreto 1396 de 2024, son propietarias legales de sus parcelas, listas para sembrar y producir alimentos para sus comunidades.

“Nos sentimos felices y orgullosas por este regalo que nos ha hecho el presidente Gustavo Petro y Felipe Harman, director de la ANT. Antes no éramos escuchadas, pero ahora tenemos tierra, proyectos y esperanza”, expresó Denis Zarabia Reyes, integrante de la Asociación Rosmu y beneficiaria en el corregimiento Campo Bello.

Los tres predios entregados en Planeta Rica —La Pintada, Nuevo Horizonte y otro adicional— suman 940 hectáreas, mientras que en Sahagún se adjudicaron 222 hectáreas del predio La Macarena. Esta entrega eleva a 18.000 las hectáreas distribuidas por la ANT en Córdoba, consolidando un paso histórico en la redistribución de la tierra en una región marcada por la concentración de la propiedad y el conflicto armado.

Durante el acto de entrega, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, subrayó la importancia de este avance para el campo colombiano: “Aquí no estamos expropiando, estamos construyendo paz desde el acceso voluntario a la tierra. Hoy nace la Ruta de Acceso Integral para Mujeres Rurales, y ellas, con perrenque, sembrarán futuro, alimentos y dignidad”.

Esta entrega también se enlaza con procesos de reparación colectiva. El pasado 8 de mayo, en Planeta Rica, la ANT entregó 210 hectáreas del predio Martirio a víctimas del conflicto pertenecientes a la ANUC, fortaleciendo así la justicia territorial y el desarrollo rural con enfoque de género y reparación.

Con acciones como estas, el Gobierno Nacional busca transformar el modelo de tenencia de tierras, con el respaldo de ganaderos y empresarios que, en un gesto sin precedentes, han ofrecido voluntariamente sus predios para avanzar en la Reforma Agraria y darles a las comunidades campesinas un nuevo horizonte de dignidad y autonomía.

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En el marco del Día Nacional de la Niñez Indígena, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) celebramos y honramos a las niñas y niños indígenas de Colombia: semillas de los pueblos, portadores de la vida y guardianes del futuro.

La niñez indígena no es solo el mañana, es el presente que florece en medio de los territorios y comunidades. Cuidar sus sueños significa defender la vida, la cultura y la memoria de los pueblos originarios. Su bienestar es inseparable de la defensa de los territorios, pues crecer con amor, salud, identidad y libertad es un derecho fundamental que debe ser garantizado sin discriminación, miedo ni violencia.

Reafirmamos que la niñez indígena debe estar lejos de la guerra y del reclutamiento forzado. La niñez no pertenece a ningún conflicto armado, pertenece a la vida y a la alegría. Decimos con fuerza: no al despojo, no al miedo, no a la violencia.

El cuidado de las niñas y los niños indígenas es un compromiso colectivo: es abrazo de comunidad, tejido de afecto, protección espiritual y compromiso compartido con la vida y el territorio. Su protección no depende únicamente de las familias, sino de la responsabilidad integral de pueblos, comunidades y del Estado.

Escuchar sus voces es reconocer su derecho a ser oídos, a decidir y a participar en la construcción de sus territorios. Sus palabras son semilla y guía que orienta la vida colectiva.

En este Día Nacional de la Niñez Indígena reiteramos: cuidar la niñez es cuidar la vida misma, el futuro de nuestros pueblos y la dignidad de toda Colombia.

¡Defender a la niñez indígena es defender la vida y los territorios!

 

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Con el despido de 900 trabajadores —muchos con más de veinte años de trabajo—, el Gobierno vació los territorios del apoyo técnico que recibían familias campesinas, pueblos indígenas y cooperativas. Se movilizaron hasta la Secretaría de Agricultura, exigieron las reincorporaciones y denunciaron la política oficial de destrucción de economías regionales. Voces de norte a sur.

Por Nahuel Lag
El decreto 462/2025 anunciado el último día de las facultades delegadas puso en letra una realidad que los campesinos y pueblos indígenas de todo el país sufren desde marzo de 2024: la disolución del Instituto de Agricultura Familiar Campesinas e Indígena (Inafci). Para justificar la disolución, el decreto habla de personal en todo el territorio “sin una distribución que responda a criterios basados en necesidades”, de “una fuerte carga burocrática y estructural que no demostró ser eficaz” o falta de “procedimientos de seguimiento” sobre los proyectos. Sin embargo, escuchar las voces de los técnicos y técnicas de todo el país, precarizados durante todos los gobiernos, permite desarmar los argumentos oficiales. Y queda en evidencia la decisión presidencial para quitar del territorio a quienes asistían a 250 mil pequeños productores en todo el país: dejar el territorio sin Estado que asista a los pequeños productores y dar vía libre a los negocios del extractivismo.

Delegados, técnicos y técnicas despedidos (y otras reincorporados mediante medidas cautelares), nucleados en ATE-Agricultura Familiar realizaron una acción en la puerta del histórico edificio de la Secretaría de Agricultura en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es sostener el reclamo por la reincorporación de todos los trabajadores y evitar “el desmantelamiento definitivo, extremando la vulnerabilidad de los pueblos, la soberanía alimentaria y la defensa de los territorios y el agua para la vida”.

Hace más de un año, el vocero Manuel Adorni anunció la intervención y cese de contratos de los 900 técnicos y técnicas —ingenieros agrónomos, trabajadores sociales y profesionales de carrera— y prometió reducirlo a un planta de 60 personas en la sede de la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, un grupo de alrededor de 50 trabajadores del organismo disuelto permanece en el edificio central de la Secretaría de Agricultura en Paseo Colón y menos de 20 fueron reinstalados en sus puestos en el resto del país.

“La decisión del gobierno fue desterritorializar la política pública de la agricultura familiar, retirarse de las provincias, la política pública para este sector ya no existe”, denuncia Eliana Negrete, técnica del organismo con 16 años de trabajo con productores desde la Puna hasta los cordones hortícolas bonaerenses. “En la Ciudad de Buenos Aires no están los productores ni las productoras, no está el campo, lo que hicieron fue retirarse de las provincias", agrega.

Los argumentos oficiales del decreto de disolución —las negociaciones en el Congreso no pusieron al Inafci en la lista de los que no podían ser disueltos como pasó con el INTA o el INTI— surgen de la intervención que estuvo al mando de Inés Liendo —abogada y militante macrista ajena al sector— que se limitó a cerrar las oficinas de las provincias y dejar sin infraestructura (autos, computadoras) el organismo.

"La interventora jamás pidió un informe provincial. La oficina se cerró y todo lo que estábamos trabajando quedó archivado. Nadie fue a preguntar nada. Lo que dicen es para justificar el cierre, con nosotros instalaron la idea de los ñoquis”, denuncia Néstor “Bily” Wilvers, trabajador despedido de Chubut, donde acompañaba proyectos productivos de organizaciones campesinas e indígenas del valle hasta la cordillera.

Siembra de tomate en Andalgalá.

El decreto 462 confirmó que lo único que quedará en pie de la Ley 27.118 de “Reparación Histórica de Agricultura Familiar” será el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf), bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura por “cumplimiento de la normativa Mercosur N° 25/07”.

Pero quienes aún permanecen contratados por el Estado no tienen diálogo ni con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta —hombre del ministro Luis Caputo—, ni con el subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos, que debería estar a cargo del área. “Estamos moviéndonos para buscar información. Es tanta la desidia que nadie nos dice nada, mientras que los productores nos siguen consultando a nosotros”, explica Negrete.

Tres décadas con trabajadores precarizados
El Gobierno, al disolver el Inafci (creado por decreto en 2022), eliminó el organismo de aplicación de la Ley 27.118, sancionada en 2014 y reglamentada recién en 2023. Es un punto de quiebre de una política estatal que se construyó por goteo desde la creación del Programa Social Agropecuario (PSA) en la década del 90, materializada en el organigrama del Estado con la Secretaría de Agricultura Familiar tras la pelea con “el campo” por la Resolución 125 (en 2008) y desfinanciada durante el macrismo con la Sociedad Rural al frente del Ministerio de Agroindustria.

“Tras décadas de precarización y lucha por nuestro derecho a la estabilidad laboral ante cada gobierno de turno, hoy continuamos repudiando un nuevo intento del gobierno nacional por concretar el desmantelamiento definitivo”, denunciaba ATE-Agricultura Familiar en la previa de la acción realizada esta semana. El punto débil de la política para el sector fue, en gran parte, la precarización de los trabajadores que lo llevaban adelante.

Matías Gibaja, vino con su familia desde capital veinte años atras, buscando cambiar el modo de vida, Desde ese momento compraron con su compañera un terreno y comenzaron a producir agroecologia. Primero se dedicaron a la fruta fina y la elaboración de dulces. Luego pasaron a dedicarse a la verdura agroecolica y a la venta en el pueblo de trevelin. También abren los sábados y domingos para que la gente visite y compre directamente en la chacra Anduin.
Foto: Alumbra - Minga
“Este Gobierno no negocia con nosotros y no negocia con nadie. Lo que estamos haciendo es mantener un fueguito encendido para cuando esto cambie”, se da fuerzas Anastasia García, trabajadora social y técnica del Inafci despedida después de 15 años de trabajar con campesinas y comunidades indígenas en Jujuy. "La primera autocrítica, desde lo gremial, es haber pasado tantos años sin estar en planta permanente, a pesar de que con este Gobierno todos los empleados estatales están en peligro".

Belén Agnelli es ingeniera agrónoma de agricultura familiar desde la época del PSA y en los últimos ocho años trabajó junto a grupos de mujeres campesinas dedicadas a la cría cabras y elaboración de derivados, como dulce de leche y quesos, en el nordeste de Córdoba. “Al Inafci le faltó fortalecer el proceso de las políticas para la agricultura familiar con la incorporación de todos los trabajadores que tenemos más de 20 años en territorio”, reconoce y advierte que las políticas para el sector quedaron amenazadas ante la imposibilidad de “pensar que el trabajo que realizás durante años tenga continuidad”.

“No hay muchos técnicos que quieran ir a territorio y si encima es tan precario… ¿qué profesionales quieren ir monte adentro? El Estado no generó ninguna de esas condiciones”, afirma.

“Bily” Wilvers también mirá en retrospectiva y marca que faltaron más técnicos en territorio, más herramientas para profundizar las políticas, pero sincera como sus compañeras que el problema actual es “borraron la institución no solo a los despedidos”. Y alerta sobre el peligro que enfrentan campesinos y pueblos indígenas con poblaciones envejecidas y jóvenes emigrando a la ciudad por la falta de oportunidades, sin una política integral que dé infraestructura y valorice la producción de las economías regionales.

Trabajadores que sostenían a los productores de alimentos
Los técnicos llegaron hasta el edificio de la Secretaría de Agricultura para poner un freno a la disolución de la política pública y el reconocimiento a sus años de trabajo. Viajaron desde una decena de provincias y cada uno tiene historias de acompañamiento productivo que deja en evidencia las mentiras gubernamentales.

La pregunta que surge es qué objetivo sostiene los argumentos falsos del gobierno nacional. "Somos técnicos y técnicas que estamos en el territorio, que llegamos a los lugares donde no llegaba nadie, que fortalecemos las organizaciones y acompañamos procesos de gente que quiere permanecer en el lugar que habitaba, que cuidaban el monte y los recursos naturales. Éramos el Estado en territorio. Es todo lo que este Gobierno no quiere”, define Agnelli, que continúa asistiendo a las productoras caprinas, muchas veces a través de videollamadas, ante la falta de recursos.

Las facultades delegadas le sirvieron también al gobierno nacional para eliminar el régimen de promoción de la Actividad Caprina y el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque). Dos políticas centrales para el trabajo que Agnelli desarrolló monte adentro. "Son los campesinos y campesinas las que cuidan el monte. Había familias que se dedicaban al carbón y con el Fobosque pasaron a la conservación, porque es su medio de vida, pero también porque el Estado los acompañaba", ejemplifica.

Negrete trabajó sus primeros años como técnica en la Puna estableciendo sistemas de agua para la cría de ganado, principalmente llamas —otro régimen de promoción eliminado por las facultades delegadas—. En su trabajo buscaban espejos de agua que abastecieran a las comunidades campesino con agua que no estuviera contaminada por la minería de litio. “Por un lado, nos echan a nosotros y, por el otro, avanzan con el RIGI, que son las inversiones que quieren para su modelo económico”, apunta Negrete, que pasó sus últimos años en el cordón hortícola bonaerense.

“La gran parte de los productores de la agricultura familiar están en tierras codiciadas: en la Puna por la minería, en el sur jujeño por el agronegocio. No les interesa que las familias vivan en el campo y produzcan alimentos", completa García, técnica que trabajó en el sur jujeño. Puertas adentro de la Secretaría de Agricultura, el subsecretario de Economías Regionales es Martín Giaccio, ex presidente de Prograno, asociación que nuclea a los productores de commodities (soja, maíz, porotos) de Salta y Jujuy.

Desde la Patagonia, Wilvers marca el sostenido trabajo de territorio que llevó construir mesas de desarrollo en las que se sentaran funcionarios nacionales, provinciales y municipales para coordinar proyectos con organizaciones campesinas e indígenas. A pesar de que el decreto de disolución habla de falta de “procedimientos de seguimiento”.

"Muchas de esas mesas siguen activas sin la presencia de agricultura familiar, pero la seguían conformando integrantes de Desarrollo Social o el INTA, que ahora también están casi destruidos", advierte.

El diálogo de Jujuy a Chubut era construido con los campesinos y los pueblos originarios, para respetar sus formas de gobernanza. La degradación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es otra señal del gobierno nacional en una misma línea de destrucción. "Si había algo que podíamos garantizar los técnicos era que la política pública llegara a todos”, asegura Wilvers y señala que aún despedido continúa acompañando proyectos.

"El gobierno de Chubut no tomó ninguna medida para reemplazar la política abandonada desde Nación. La 'libertad' es dejar la Meseta (zona centro de la provincia) vacía de productores para poder avanzar con la minería, de la mano del RIGI. No ocurre porque todavía hay resistencia social, pero lo que están pensando es militarizar y avanzar”, analiza.

"Nosotros trabajamos con las comunidades que producen alimento, con las comunidades que resisten con su producción al saqueo y al extractivismo”, reivindica Negrete una política de soberanía alimentaria que está sentenciada para los años que resten de gestión de La Libertad Avanza.

Representante de la Mesa Agroalimentaria Argentina, Diego Montón consideró que la disolución del Inafci “afecta al derecho a la alimentación de un pueblo, afecta a la vida rural y a la producción”. Sostuvo que van a recurrir al Poder Judicial con “amparos en diferentes provincias" y señaló que van a "insistir al Congreso para que rechace los decretos"

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Agencia EFE
dom, 3 de agosto de 2025

Caracas, 3 ago (EFE).- Los pueblos indígenas de Venezuela eligieron este domingo a sus 69 representantes en un mismo número de concejos municipales del país, quienes se suman a los 2.402 concejales proclamados ganadores en los comicios de hace una semana, que incluyeron también la elección de 335 alcaldes.

El proceso comenzó a las 07.00 horas locales (11.00 GMT), con la apertura de 88 centros de votación y un total de 111 mesas electorales, en ocho regiones (Anzoátegui, Bolívar, Sucre, Amazonas, Apure, Monagas, Zulia y Delta Amacuro).

Hasta las 11.35 hora local (15.35 GMT), el Consejo Nacional Electoral (CNE) calculaba una participación del 35 % de los 6.598 voceros indígenas elegidos previamente por sus comunidades para participar en estas votaciones.

El vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, reiteró que la proclamación de los ganadores se llevará a cabo este lunes, 4 de agosto, con lo que se cerrará un proceso en el que el chavismo fue declarado ganador en la mayoría de las 335 alcaldías.

Estos comicios, como las regionales y parlamentarias del pasado mayo, fueron rechazados por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), por considerar que no hay garantías electorales luego de que denunciara un "fraude" en las presidenciales de 2024, en las que el CNE -controlado por funcionarios afines al chavismo- proclamó ganador a Nicolás Maduro y desde entonces no ha publicado los resultados desglosados de ese proceso.

Por su parte, la ministra venezolana de los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, celebró que hoy los llamados grupos originarios hayan sido "protagonistas" en la elección de sus concejales entre 278 candidatos y con la participación, dijo, de "más de siete organizaciones nacionales y regionales".

"Es un día histórico", expresó Vidal, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante la que aseguró que en Venezuela hay "más de 44 pueblos indígenas".

La ministra señaló que los delegados que votaron este domingo fueron escogidos en "más" de 4.000 asambleas que se celebraron en las comunidades de estas minorías.

Uno de los que votaron este 3 de agosto, y en representación del pueblo añú, fue el gobernador del estado Zulia (noroeste), el chavista Luis Caldera, quien indicó que estos comicios se celebraron en 20 de los 21 municipios de esta región fronteriza con Colombia.

"Estamos ejerciendo el derecho al voto para cerrar el proceso electoral municipal con veinte concejales en todas estas tierras ancestrales (de Zulia)", expresó el mandatario regional.

El pasado junio, las comunidades indígenas venezolanas eligieron, en una votación que se celebró en nueve regiones del país, a tres representantes a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) cercanos al chavismo, según informó entonces el ente electoral.

 

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