Se desarrolló el Segundo Congreso de sanadores y sanadoras originarios, en el cual diferentes pueblos originarios intercambiaron conocimientos sobre prácticas medicinales ancestrales.

Sanadora y sanadores de los pueblos kolla, huarpe, amaicha, diaguita, charrúa, guaraníes y mapuche, compartieron sus saberes en el Museo Arqueológico Adán Quiroga y en el sitio Pueblo Perdido.

La capital de Catamarca fue la sede el pasado fin de semana del Segundo Congreso de Medicina Ancestral, organizado por el Consejo de Sanadores Indígenas de Argentina (Cosindia). El Consejo reúne a sanadores y sanadoras de los pueblos originarios y se formó hace 4 años como un espacio de transmisión intercultural. El primer encuentro se celebró en Los Toldos en Provincia de Buenos Aires.


Mamay Kantuta Killa, de la comunidad quechua Ayllu Mayu Wasi, integrante de Cosindia y del Consejo de Amautas indígenas del Tawantinsuyu comenta:

“Brindamos atención a la interculturalidad y transmitimos los conocimientos de esta medicina ancestral a todos los hermanos y hermanas y para toda la comunidad también, con la intención de que se brinde un servicio de salud más integrativo y pluricultural”, dijo la sanadora en su visita a Catamarca.

Mamay explicó que la medicina ancestral es la aquella que se transmite de generación en generación en los pueblos originarios. “No se mezcla con conocimientos de terapias alternativas ni con otras culturas. No somos curanderos tampoco, porque los curanderos mezclan con la santería”, señaló la mujer.

En este sentido explicó las variantes que existen: “Nuestra medicina ancestral se practica con medicina de las plantas en tizanas, preparados, macerados, emplastos; con la medicina de los animales, con sus grasas, por ejemplo; con la medicina de las piedras, con la vibración de su energía; con los elixires; con la medicina del fuego; con la medicina de la palabra también, porque sanamos la parte psicológica con la palabra espiritual; con la medicina de la tierra, cataplasmas con barros medicinales; con la medicina del agua para equilibrar las aguas internas, para depurar, hacer baños de florecimiento, baños medicinales; hay muchísimas prácticas de medicina ancestral y son todas medicinas de la madre tierra, nuestra Pachamama, no son medicinas químicas”.

Una de las actividades del Congreso consistió en una caminata de reconocimiento de plantas nativas medicinales.

Mamay señaló que, a través de los encuentros, buscan poner en valor una forma alternativa de sanar con “una medicina que nos brinda nuestra Madre Tierra y que no es costosa, simplemente debemos conocerla y conocer a los sanadores y sanadoras de nuestros pueblos que estamos en el territorio".

En este sentido expresó la importancia de "conocer los centros interculturales de salud indígenas que existen al servicio de la salud ancestral originaria que se complementa con la medicina universitaria".

También estuvieron presentes Tayta Wari Rimachi (Pueblo Quechua Kolla), Tayta Antonio Cruz (Pueblo Diaguita Calchaquí), Abuela Ernestina Valderrama (Pueblo Amaicha), Tayta José Charquiagu Jofre (Huarpes) y el Abuelo Mario Toro (quechua).

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La relación entre la artesanía y los grupos de mujeres indígenas es mucho más que un recurso económico, es una forma de reivindicarse dentro y fuera de sus comunidades

En la zona norte de Argentina, en la provincia de Salta, se encuentra la comunidad del pueblo wichi denominada “Kilómetro 6″. Su nombre se debe a que se encuentra a esa distancia de Tartagal, la ciudad más grande cercana a la comunidad, en dirección al norte. En este lugar hablamos con una integrante de un grupo de mujeres wichi que se han organizado para vender sus artesanías y para mucho más.

Para entender la importancia de esta iniciativa, debemos partir de la base de que existe discriminación laboral para las mujeres y no hay corresponsabilidad en los cuidados. Pero las estructuras patriarcales se sienten con más fuerza cuando se realiza un análisis interseccional de las vulnerabilidades, como dice la escritora, antropóloga y activista feminista argentina Rita Segato. Además, estamos hablando de la región con más problemas económicos del país, del pueblo originario que sufre mayor discriminación, especialmente las mujeres.

Sin embargo, estas vulnerabilidades, como expresaba la antropóloga argentina Dolores Juliano, son muchas veces los contextos más adecuados para que las mujeres activen estrategias colectivas de reivindicación.
La herramienta que se está utilizando en este caso es uno de los saberes ancestrales de esta población, el uso del chaguar. La búsqueda y recolección de la planta chaguar con fines textiles, así como el proceso de extracción de la fibra, el hilado, la tinción y el posterior tejido, son actividades realizadas casi exclusivamente por las mujeres. Uno de los productos estrella son las famosas bolsas denominadas yicas.

La artesanía ha sido siempre un trabajo de mujeres en la comunidad, que se ha transmitido generación tras generación. Aunque, como reclama Lucrecia, nunca ha sido un trabajo reconocido públicamente, no hay maestras en ninguna escuela, ni ninguna que reciba un sueldo por transmitir esta técnica. Por ello, sienten que se están imponiendo los estudios oficiales para las menores, debido a que la educación primaria y secundaria es obligatoria, y se deja poco tiempo para la transmisión de estos saberes, que están fuera de la educación oficial.

Sin embargo, la mayoría de las jóvenes de la comunidad no se encuentran trabajando. Por un lado, las normas de la comunidad todavía son reacias a que las mujeres trabajen en espacios públicos, fuera del hogar. Luego, la tasa de embarazos adolescentes es muy alta, por lo que tienen que atender los trabajos de cuidados desde muy jóvenes.
El Anuario Estadístico del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta informó que, de un total de 12.939 partos en 2018, 2.922 fueron de niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años, un 22,6% del total. Y sufren discriminación en el mercado laboral.

La artesanía es una de las formas de los pueblos indígenas de reivindicar su cultura, sus tradiciones, su historia. Por lo que es muy importante que sea contado, o tejido, por voces de mujeres

Enero 2023
La abogada Luz Estella Romero Villalba huyó de su país después de que policías armados trataran de secuestrar a su hijo en Barranquilla para que dejara de abogar por los derechos de las campesinas, la mujer ha sido galardona por el Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia que otorga la Iglesia sueca, posa en centro histórico de la ciudad española de Cáceres.

Luz Estella Romero Villalba (Baranoa, Colombia, 45 años) ha vivido gran parte de su vida rodeada de violencia. Creció en el departamento de Magdalena (norte), uno de los más peligrosos del país latinoamericano, en mitad de un conflicto armado que entre 1985 y 2018 ha provocado la muerte de más de 450.000 personas, según la Comisión de la Verdad, la entidad surgida del acuerdo de paz con las FARC. Las barbaries que la guerrilla, el paramilitarismo y las propias fuerzas públicas cometieron contra la población civil, y de las que esta abogada ecofeminista asegura haber sido testigo, hicieron que la resistencia contra las violaciones de derechos humanos se convirtiera en su vocación. Con un doble objetivo: frenar los desplazamientos forzosos de civiles de sus propias tierras —la Comisión de la Verdad cifra en casi 753.000 las personas obligadas a abandonar su hogar entre 1985 y 2019—y situar a la mujer como pilar del desarrollo. En 2022 fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia que otorga en Bogotá la iglesia sueca con el apoyo de Suecia. Pero también la ha obligado a exiliarse a España junto a su hijo, que en 2019 sufrió un intento de secuestro por parte de policías colombianos en Barranquilla.

La defensa de los derechos humanos es “lo más hermoso que uno puede hacer en la vida”, asegura Romero Villalba durante una entrevista en la ciudad española de Cáceres. Ha dedicado su energía a esta tarea desde que era estudiante, cuando comenzó a ayudar a la gente de su comunidad, a “sus vecinos de siempre”. El contexto que se vivía en aquella Colombia rural de los noventa, una década en la que el país sufrió un recrudecimiento del conflicto armado —entre 1995 y 2004 se concentra el 45% de las víctimas mortales, según la Comisión de la Verdad—, era de una gran crisis humanitaria. Es entonces, concretamente en 1998, cuando la activista, todavía estudiante de Derecho, creó junto con otras universitarias el Colectivo de Mujeres al Derecho (COLEMAD). Su primer caso fue el de una señora demandada por miles de millones de pesos colombianos para despojarla de sus tierras, un proceso que aunaba el doble objetivo de Romero, propiedad y género.

La verdadera raíz del problema radica en la invisibilización de la mujer en las leyes colombianas

“Estoy hablando de una época en que no se hablaba todavía de despojo. Empezamos a analizar las leyes, los proyectos, los tratados internacionales de libre inversión, e intuimos que detrás de todo esto había poderes económicos desconocidos hasta el momento”, explica la abogada. Pero la verdadera raíz del problema, según considera, radica en la invisibilización de la mujer en las leyes colombianas. El más claro ejemplo está en la propiedad de tierras. Como explica Romero, el enfoque familiar de las leyes rurales privilegia al hombre sobre la mujer y provoca que ellas nunca obtengan la titularidad. “Soy feminista por decisión y convicción. Por eso creo que la ley tiene que tener un enfoque feminista para transformar la realidad de un mundo excluyente que no incluyó a las mujeres y a las niñas”, afirma.

COLEMAD descubrió que el Estado estaba enjuiciando a familias mediante la invención de causas, como abandono o presuntas deudas, para justificar la expropiación de sus tierras, según cuenta la abogada. Y las del departamento de Magdalena no solo eran ricas en petróleo, sino que los terrenos son tan productivos que permiten prácticamente cualquier tipo de cultivo. Sin embargo, según relata la activista, quienes acaparaban aquellas propiedades, plantaban principalmente palma aceitera, un cultivo utilizado en muchos casos para ocupar la superficie o como tapadera para la producción de base de coca. Magdalena, además de fértil, alberga la Ciénaga Grande de Santa Marta, un enclave geoestratégico por su salida al mar, ya que facilita el tráfico de esta sustancia.

Como buena conocedora de las leyes, Romero Villalba se empeñó en demostrar casos concretos en los que el Estado colombiano no estaba cumpliendo la convención internacional que había firmado del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en su sigla en inglés) de Naciones Unidas. Su artículo 14 establece que “los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios”.

La discriminación histórica que las mujeres habían sufrido hasta entonces en Colombia jugó, sin embargo, a favor del colectivo COLEMAD, según recuerda Romero, ya que cree que les facilitó adentrarse en los territorios sin levantar sospechas para probar que las mujeres estaban siendo víctimas de desplazamientos forzosos. En un primer momento, lograron detener 23 procesos de expropiación. Después, documentaron el caso de 55 comunidades que estaban a punto de perder sus tierras y lo llevaron al Congreso para demostrar que las mujeres estaban sufriendo un despojo de sus propiedades. Era legal, según la legislación colombiana, pero contrario a las convenciones internacionales. El año pasado lograron que un juez condenara al antiguo Gobierno del expresidente Iván Duque por aquel caso y que obligara al Estado a entregar 1.500 hectáreas de tierra a aquel grupo de campesinas. Pero no cualquier tierra, reclama Romero, que exige que se han de tener en cuenta “sus formas de producción, porque el Estado normalmente manda a las mujeres para una tierra sin pensar que unas son agricultoras, que otras se dedican a la pesca o a la artesanía”.

El riesgo de defender la tierra

El activismo contra los desplazamientos forzosos está plagado de riesgos. Entre 2012 y 2021, fueron asesinados 322 defensores de la tierra y del medio ambiente, según la ONG Global Witness. Y los crímenes continúan: en el primer semestre de 2022 fueron documentadas en Colombia 42 agresiones contra estos activistas, que se traducen en 11 asesinatos, 19 amenazas, cuatro desplazamientos y ocho atentados, según una investigación realizada por la Corporación Regional Yariguies Grupo de Estudios Sociales Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio (CRY-GEAM) junto con la Fundación Conflict Responses (CORE) y la organización Extinction Rebellion Colombia.

Romero también ha sido víctima de esta violencia. La primera amenaza que COLEMAD enfrentó en la Magdalena ocurrió a nivel local, como sucedía en muchas otras regiones colombianas. La abogada relata que los paramilitares y otros grupos armados establecieron vínculos con los poderes públicos de la región, como alcaldes, gobernadores, jueces y funcionarios. Y a partir de 2008, la amenaza también comenzó a llegar desde sectores militares y policiales. “Entonces llegan estos actores de las Fuerzas Armadas con la intención de intimidar a las comunidades para que dejen los procesos, y nosotras también empezamos a tener vigilancia militar. Nuestros vecinos nos avisaban de que había soldados que preguntaba por nosotras, empezamos a tener rondas policiales que nunca habíamos pedido o un coche de la policía que estaba siempre enfrente de nuestra oficina,” denuncia.

Nuestros vecinos nos avisaban de que había soldados que preguntaba por nosotras y había un coche patrulla que estaba siempre enfrente de nuestra oficina
A partir de 2018, las amenazas llegaron directamente desde actores privados. Romero denuncia que sufrió el robo de sus documentos informáticos y que fue intimidada de forma directa para sentarse a negociar. Pero lo más grave, y lo que le ha obligado a abandonar su país para exiliarse en España, fue que su familia se convirtiera en objetivo de los ataques. En diciembre de 2019, un grupo de al menos seis policías armados trataron de llevarse a su hijo en una zona pública de Barranquilla sin dar ninguna explicación.

“Como no me habían podido callar, decidieron atacar a mi hijo”, lamenta Romera. Ahora el joven es solicitante de asilo. “Lo voy a dejar en España, y a todas las personas que tengo aquí les pido que me lo protejan porque yo me voy a regresar a Colombia a seguir luchando por ganar estos casos. Porque si no puedo lograr este sueño, los sueños no me dejarán dormir,” sentencia Luz evidentemente emocionada.

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Decreto 729/2022
DECNU-2022-729-APN-PTE - 03/11/2022

VISTO el Expediente N° EX-2022-105743299-APN-DGDA#MEC, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificaciones), las Leyes Nros. 26.737 y 27.118 y su modificatoria, el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que el Prólogo de Recomendaciones de Política para la Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe publicadas en 2014 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (F.A.O.) de la ORGANIZACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS (O.N.U.) sostiene que la agricultura familiar es un sector clave para lograr la erradicación del hambre y el cambio hacia sistemas agrícolas sostenibles en todo el mundo.

Que, en ese sentido, allí se destacó que los pequeños agricultores y las pequeñas agricultoras son aliados y aliadas de la seguridad alimentaria y actores protagónicos y actoras protagónicas en el esfuerzo de los países por lograr un futuro sin hambre, señalando asimismo que en la región de América Latina y el Caribe el 80 % de las explotaciones pertenecen a la agricultura familiar, convirtiéndose en la principal fuente de empleo agrícola y rural.

Que, asimismo, el citado documento remarcó que los referidos agricultores y las referidas agricultoras no solo producen la mayor parte de los alimentos para el consumo interno de los países de la región, sino que habitualmente desarrollan actividades agrícolas diversificadas, que les otorgan un papel fundamental a la hora de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, razón por la cual el año 2014 fue declarado por la 66ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas como el “Año Internacional de la Agricultura Familiar (A.I.A.F.)”.

Que, a tal efecto, se estableció como meta posicionar a dicho sector en el centro de las políticas agrícolas, ambientales y sociales en las agendas nacionales, identificando desafíos y oportunidades para promover un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado.

Que los resultados alentadores obtenidos durante el Año Internacional de la Agricultura Familiar (A.I.A.F.) se consideraron la mejor garantía para prever un período de gran utilidad para los agricultores y las agricultoras familiares alrededor del mundo, razón por la que poco tiempo después se proclamó la solicitud de un Decenio para la Agricultura Familiar.

Que, por ello, en 2019 la F.A.O. conformó el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028) con el objetivo de aportar una nueva perspectiva sobre lo que significa ser un agricultor o una agricultora familiar en un mundo que cambia rápidamente y destacar el importante papel que desempeñan los campesinos y las campesinas familiares en la erradicación del hambre y en la construcción de nuestro futuro alimentario.

La pandemia por COVID-19 afecto desproporcionadamente a más de 800 pueblos indígenas con sobrerrepresentación en la informalidad y entre los más pobres, pocas oportunidades de trabajo decente, así como obstáculos a su acceso a educación y participación política, dice nuevo informe de la OIT

15 de diciembre de 2022. LIMA


La crisis provocada por la COVID-19 puso en evidencia la vulnerabilidad en la que viven más de 800 pueblos indígenas en América Latina, y replanteó el desafío de lograr una mejor cobertura de los sistemas de protección social en toda la región, destacó hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La crisis ha afectado desproporcionadamente a los pueblos indígenas, poniendo de relieve las barreras preexistentes a que dichos pueblos se enfrentan en el acceso a la atención de salud y a la seguridad social”, dice un nuevo informe elaborado por la Oficina Regional de OIT, al señalar que esto ha sido “consecuencia de la discriminación y marginación histórica”.

“Las brechas preexistentes en el acceso a la protección social han colocado a estos pueblos en una situación de mayor vulnerabilidad enmarcada en el contexto pandémico”, añade.

El documento titulado “Panorama laboral de los pueblos indígenas en América Latina: La protección social como ruta hacia una recuperación inclusiva frente a la pandemia de COVID-19 ” tiene como objetivo presentar un panorama sobre las características socioeconómicas de los pueblos indígenas en América Latina y el estado de su acceso a la protección social.

En la región hay casi 55 millones de mujeres y hombres indígenas, “representando el 8,5 por ciento del total de la población” latinoamericana.

Se advierte que “hay tendencias globales que se reproducen en la región, como la sobrerrepresentación de los pueblos indígenas en la economía informal y entre los más pobres, el bajo acceso al trabajo decente, así como los obstáculos a su acceso a la educación y a la participación política”.

Se destaca que entre los pueblos indígenas se está produciendo una tendencia importante, como es el crecimiento de la población indígena que vive en centros urbanos. En la actualidad aproximadamente el 52 por ciento de la población indígena vive en zonas urbanas, el 48 por ciento vive en zonas rurales.

La migración hacia zonas urbanas está impulsada por un lado por la búsqueda de mejores oportunidades de generación de ingresos y, por otro lado por factores impulsores como el despojo de tierras, el cambio climático, el deterioro ecológico, los desplazamientos debido a conflictos y violencia, entre otros.

Con respecto a la situación en el empleo, datos de la OIT demuestran que un 85 por ciento de las mujeres y hombres indígenas en América Latina y el Caribe están ocupados en la economía informal, muy por encima de la tasa de alrededor de 50 por ciento para la población ocupada en general.

Los trabajadores indígenas tienden a ser más autoempleados y trabajadores familiares no remunerados que el resto de la población. De acuerdo con los datos disponibles el 16 por ciento de los indígenas en edad de trabajar están en el trabajo familiar no remunerado, el porcentaje para sus contrapartes no indígenas es del 4 por ciento.

Además, América Latina es la región con la mayor brecha de ingresos laborales. Los salarios indígenas equivalen a un 33 ciento de los que perciben no indígenas.

Los datos recopilados por OIT provienen de información recogida en las encuestas de hogares de los países. Aún así, de los 18 países de América Latina y el Caribe que disponen de información de encuestas de hogares y empleo, solo 8 cuentan con información étnica de las personas, indagando sobre su pertenencia a pueblos indígenas, a saber, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú.

La OIT considera que esto genera una situación de “invisibilidad estadística”, que constituye “el primer peldaño dentro de una secuencia de tratos no igualitarios que pueda recibir este segmento de la población”.

“Al no estar representados en las estadísticas oficiales es más difícil incluirlos dentro de los indicadores de metas de desarrollo de los países, y su condición de bienestar tiene menos probabilidades de ser materia de políticas públicas”, advierte el documento.

Garantizar el acceso a oportunidades de trabajo decente para las personas indígenas, así como su acceso a la protección social, son pasos decisivos para corregir la situación de postergación, dice el informe.

En cuanto a la protección social, los pueblos indígenas de la región son en menor proporción aportantes y pensionistas que los no indígenas, y tienen menor acceso a los sistemas de salud, dice el informe. Al mismo tiempo, “en los países analizados, las mujeres y hombres indígenas dependen más de los sistemas de ayuda social que sus homólogos no indígenas”.

Frente a este escenario socioeconómico, la OIT considera que “el establecimiento de sistemas de protección social, incluidos los pisos de protección social, que consideren las particularidades de los pueblos indígenas es fundamental para acortar la brecha de las desigualdades y vulnerabilidades que los afectan”.

El documento recuerda que la Recomendación núm. 202 de OIT indica que los pisos de protección social deberían comprender por lo menos las cuatro siguientes garantías básicas:
La protección social de la infancia: beneficios familiares y por niño
La protección social de las mujeres y de los hombres en edad de trabajar: prestaciones de maternidad y discapacidad, protección en caso de accidentes laborales, enfermedad profesional y desempleo, pensiones de invalidez, prestaciones de enfermedad
La protección social de las mujeres y de los hombres mayores: las pensiones de vejez y sobrevivientes
La protección de la salud
La necesidad de garantizar una mayor protección en materia de seguridad social y en salud a los pueblos indígenas también está claramente establecida en el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) de la OIT .

 

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