El máximo representante para los derechos humanos pide garantizar la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Insta a las instituciones nacionales y mundiales a proteger a los defensores indígenas y medioambientales, recordando que se encuentran en primera línea en la lucha contra el cambio climático.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó este lunes a poner fin a la discriminación y la exclusión de las comunidades aborígenes durante una sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, se refirió a la protección de sus derechos y la amplificación de sus voces como “una parte esencial de la labor de derechos humanos”.

Durante su visita a principios de este año a Colombia, Ecuador, Venezuela y Kenya, Volker Türk se reunió con representantes de comunidades originarias, donde tomó nota del impacto de las industrias extractivas sobre su medio ambiente y sus derechos; de la desposesión de tierras ancestrales y de la militarización de sus territorios.

“Me hablaron del impacto de la crisis climática. Sobre el alcance y el impacto de la discriminación y la exclusión sistémicas. Hay que poner fin a estas violaciones”, declaró.

Las Naciones Unidas estiman que hay 476 millones de miembros de pueblos originarios en todas las regiones del mundo. Aunque constituyen el 6,2% de la población mundial, la discriminación, la exclusión, el desposeimiento y la explotación hacen que representen el 18,2% de los pobres del mundo, según la Organización Internacional del Trabajo.

“Sin embargo, sobreviven y prosperan con una enorme dignidad y capacidad de recuperación, fruto de la sabiduría y los conocimientos adquiridos de generación en generación”, añadió Türk. “El conocimiento de nuestros antepasados, especialmente, los antepasados indígenas, contiene muchas lecciones para el mundo moderno, mientras navegamos por la creciente turbulencia y los extraordinarios riesgos de nuestra era”, prosiguió.

Además, el máximo representante de los derechos humanos se refirió en particular a las mujeres indígenas como maestras de la sabiduría, y como las encargadas de transmitir los conocimientos entre las generaciones pasadas y las comunidades de hoy.

En primera línea ante el cambio climático

Volker Türk señaló que, aunque el cambio climático es una crisis mundial, sus efectos están desigualmente distribuidos. En este sentido, los pueblos originarios se ven empujados a situaciones de vulnerabilidad debido a su estrecho vínculo con la tierra y sus recursos.

“Los pueblos indígenas se encuentran entre los más afectados por las condiciones meteorológicas extremas, la pérdida de biodiversidad y la disminución de los recursos naturales”, afirmó el Alto Comisionado.

Sin embargo, precisamente gracias a sus conocimientos y su relación con el medio ambiente, los pueblos indígenas pueden ayudar a encontrar soluciones para remediar los daños causados por la triple crisis planetaria, señaló.

Participación y toma de decisiones

Fuente aquíVolker Türk destacó la necesidad de crear más espacios como el Mecanismo de Expertos para que los pueblos indígenas participen en la labor de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Derechos Humanos. Con ello, pueden ser parte de la toma de decisiones en asuntos que les afecten a través de representantes elegidos por ellos según sus procedimientos.

Esto garantizaría la protección de sus derechos fundamentales: el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible; a la igualdad; a la autodeterminación; a ser consultados plena y significativamente; y a dar su consentimiento libre, previo e informado a las medidas legislativas o administrativas que les afecten.

Protección de defensores indígenas y del medio ambiente

Por último, Türk subrayó el deber de proteger a los defensores indígenas y medioambientales y a los activistas, quienes fueron los grupos objeto de violencia y amenazas con más frecuencia en 2022, según un informe de la organización Front Line Defenders.

“Las instituciones nacionales, regionales y mundiales deben redoblar sus esfuerzos para protegerlos de los ataques. También necesitamos amplificar sus voces, para garantizar que todos podamos escuchar los conocimientos y las soluciones que aportan”.

En este sentido, Türk instó a incluir las aportaciones de los pueblos indígenas en otros espacios como la COP28, los Exámenes Periódicos Universales del Consejo, las reuniones de los Órganos de Tratados, y en el Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

“Todos los derechos humanos conciernen a los pueblos indígenas. Y ha llegado el momento de garantizar que puedan participar de forma plena, libre y segura. Ha llegado el momento de ir más allá del debate y pasar a la acción concreta y específica para proteger sus derechos”, finalizó.

Fuente aquí

En un estudio realizado en 2018 se determinó que uno de cada dos habitantes del sector rural es pobre, y uno de cada cinco, es indigente. El ingreso de un trabajador del sector rural era de 363 dólares anuales en 2015, menos de la mitad de los 804 que recibían los trabajadores urbanos. La región ha sufrido un histórico aumento en su pobreza rural en los últimos años y los Gobiernos deben tomar medidas urgentes para reducirla.

La pobreza rural en América Latina creció en dos millones de personas por primera vez en diez años, alerta un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), presentado este miércoles en Argentina.

El Panorama de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe advierte sobre una histórica reversión en la pobreza rural de la región, que alcanzó un total de 59 millones de personas en 2016, después de haber caído en casi el 20% entre 1990 y 2014.

Entre 2014 y 2016, tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron dos puntos porcentuales cada una, alcanzando, respectivamente, 48,6 % y 22,5%.

La última vez que la región pasó por un retroceso de esta magnitud en materia de pobreza rural fue por los efectos de la crisis financiera internacional de 2008.

Hemos sufrido una reversión histórica, un quiebre que vuelve patente que nos estamos olvidando del campo.

“No podemos tolerar que uno de cada dos habitantes rurales sea pobre, y uno de cada cinco, indigente. Peor aún, hemos sufrido una reversión histórica, un quiebre que vuelve patente que nos estamos olvidando del campo”, señaló Julio Berdegué, Representante Regional de la FAO.

La pobreza afecta más a las comunidades rurales

De acuerdo con el Panorama, pese a que solo el 18% de la población total de la región vive en zonas rurales, éstas concentran el 29% de las personas pobres en América Latina y el 41% de quienes sufren de pobreza extrema, alrededor de 27 millones.

“El campo y lo rural son lugares claves para el crecimiento económico de los países, para el desarrollo de sus exportaciones y para el empleo de millones. Allí está la base de la agroindustria, que impulsa la innovación científica y tecnológica en la región, y también está la agricultura familiar que hoy produce la mayor parte de los alimentos de consumo local”, explicó Berdegué.

Entre 1990 y 2014, hubo varios países que fueron exitosos en reducir su pobreza rural:

Brasil redujo del 71% al 29% su pobreza rural
Bolivia del 79% en 1997 al 54% en 2013.
Chile del 29% al 7%.
Colombia del 61% en 1991 al 42% en 2014.
Ecuador del 66% al 27% entre 2000 y 2015.
Paraguay del 70% al 51%.
Perú de 73% en 1997 a 47% en 2014.
(Los argentinos no estamos)

Sin embargo, en la región persisten enormes diferencias entre las posibilidades de desarrollo de los territorios urbanos y rurales. Tanto así, que para llegar a equiparar la infraestructura básica y servicios educativos de los jóvenes rurales con el de los que viven en las ciudades, tomaría entre 22 y 40 años en el Perú, entre 19 y 29 años en México, y entre 17 y 41 años en Chile.

Las tendencias migratorias

La migración desde el campo está vinculada a territorios diezmados por la pobreza, la inseguridad y la vulnerabilidad climática.

La FAO asegura que el ingreso laboral anual promedio de un trabajador del sector rural en América Latina en el 2015 era de 363 dólares anuales, menos de la mitad de los 804 que recibían los trabajadores urbanos.

La mayoría de los centroamericanos que dejaron su territorio de origen lo han hecho huyendo de municipios rurales, entre ellos pueblos de menos de 100.00 habitantes. En Honduras, el 76% de los emigrantes provienen de 295 municipios del campo; en El Salvador, el 70% procede de 257 de esos municipios; y en Guatemala, el 61% de 325 zonas rurales.

“La migración irregular e insegura desde el campo es un asunto social y políticamente prioritario. Su solución incluye convertir los territorios rurales en lugares prósperos y socialmente cohesionados”, asegura Berdegué.

Eliminar la pobreza rural es clave para enfrentar las economías ilegales como el tráfico de drogas, la trata de personas, así como la deforestación y la minería ilegal, que han venido ganando espacio en la región y aumentan la inseguridad.

Hacia el futuro

La FAO asegura que existen cinco medidas claves para reducir la pobreza rural:

Crear sectores agrícolas eficientes, incluyentes y sostenibles:

Esto se puede lograr a través de una mayor inversión en los bienes públicos y un aumento del acceso a la tierra, a los servicios rurales, a una mayor información y a la gestión de riesgos en el sector agrícola.

Mayor protección social:

Se debe aumentar la cobertura de la protección social para la población rural, además de promover alianzas con el sector productivo, especialmente con el sector agrícola.

Gestión sostenible de los recursos naturales:

Se deben vincular las políticas de reducción de la pobreza con la sostenibilidad ambiental y promover la resiliencia de las poblaciones rurales ante los choques ambientales y económicos.

Impulso al empleo rural no-agrícola:

Fomentar los vínculos urbano-rurales, la inversión privada y la provisión de infraestructura básica, así como vincular el trabajo agrícola con mercados de bienes y servicios, y la implementación de programas públicos en esta área con presupuesto propio y a gran escala.

Mejorar la infraestructura:

La FAO señala que se debe aumentar e intensificar la inversión pública en activos territoriales, y vincular la infraestructura con servicios públicos asociados.

Fuente aquí

La idea de crear un museo en Maimará surge por iniciativa de un grupo de socios de la Cooperativa CAUQUEVA, con el fin de gestionar y poner en valor aquellos objetos que consideraban de interés para conocimiento de las futuras generaciones. La vida campesina y el trabajo agrícola no contaban hasta entonces con un espacio que los describiera.

Ese museo no solo iba a representar una época histórica de la región, sino el proceso cultural que se ha desarrollado desde los tiempos prehistóricos, tratando de comprender su continuidad. Con esa misión abrió sus puertas el 21 de diciembre del 2004, buscando resguardar y difundir la labor, la vida y tradiciones del agricultor.

Desde 2019 se ofrece una nueva propuesta museológica y museográfica, que fue realizada por las entonces alumnas de la Tecnicatura Superior en Museología del I.E.S Nº 2 de Tilcara: Flavia Altamirando, Eliana Cañizares, Daniela Guanuco, Elizabeth Méndez y Mariana Salas. La dirección del proyecto estuvo a cargo de la lic. Flavia Santesso.

Cómo se compone la muestra:

SALA UNO. HISTORIA DE CAUQUEVA

La Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Unión Quebrada y Valles, se fundó el 16 de enero de 1996 por parte de productores de la Quebrada de Humahuaca, en su mayoría pertenecientes a los Pueblos Originarios de la región. Su objetivo fue elevar el nivel de vida los socios, principalmente para solucionar problemas de comercialización de los productos frutihortícolas de la región.

En la actualidad ofrece variados productos, agregándole valor al fruto de nuestros campos y apuntando a distintos segmentos como el de quienes requieren el consumo de harinas libres de gluten. Así ofrece su variedad de fideos, alfajores, chicitos, galletas y purés.

SALA DOS. LAS HERRAMIENTAS Y LOS FRUTOS

El mes de agosto marca el comienzo de la agricultura con la Pachamama, cuando se le agradece para propiciar abundancia en la producción. Junto a la Madre Tierra, la gran influencia de la luna marca los tiempos de preparar las herramientas para limpiar las quintas, de sembrar y de esperar a la cosecha de sus frutos.

En esta segunda sala de nuestro museo compartimos con el visitante las herramientas con que nuestros agricultores laboraban la tierra, así como una muestra de la rica variedad de sus frutos.

SALA TRES. CALENDARIO Y PLANTAS MEDICINALES

Se representa nuestro calendario cultural-social, vigente tanto en la localidad de Maimará como en el conjunto de la zona quebradeña, y diversos objetos de la vida doméstica de las familias agricultoras. Para finalizar el recorrido, el panel de Hierbas Medicinales de doña Josefina Vilte:

Las culturas se han relacionado siempre con su entorno natural, y en ese vínculo muchas especies vegetales nos brindan sus atributos medicinales. En la región existen diversas especies que se cultivan o colectan con un fin terapéutico. Si bien su número es muy amplio, logramos resumir algunas de las más importantes.

Si ingresan al link que se ofrece en la fuente, se llega al artículo original que ofrece descargar una Revista de Medicina Ancestral.


Fuente aquí

En tiempos llamativamente cortos y bajo el argumento de una supuesta “gravedad institucional”, la Corte Suprema le ordenó al Estado nacional no implementar una sentencia que les reconocía la propiedad sobre las tierras donde vive esa comunidad mapuche. El máximo tribunal debe convocar a una audiencia pública y escuchar a los pueblos indígenas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado nacional no implementar una sentencia que le reconocía a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue la propiedad sobre las tierras en las que viven. Una vez más, las comunidades indígenas ven postergado su derecho a la posesión y propiedad comunitarias de sus territorios ancestrales, reconocido en la Constitución nacional desde 1994. La decisión de la CSJN llega, además, en un contexto de mensajes racistas de distintos sectores políticos contra los pueblos originarios como, por ejemplo, la aprobación en la Legislatura de Mendoza de una declaración para no reconocer al pueblo mapuche como pueblo originario.

La comunidad, integrada por 6 familias, vive desde siempre en la ladera oeste del Cerro Otto, a 8 kilómetros del centro de Bariloche, y a un kilómetro del Lago Gutiérrez. Son pequeños agricultores y ganaderos familiares que conservan y protegen el bosque milenario del despojo forestal andino. También en ese territorio, un machi (médico mapuche) atiende a más de 100 personas cada vez que visita la región. Las tierras que la comunidad reclama desde hace ya muchos años, habían sido tituladas a nombre de la Administración de Parques Nacionales, luego de la mal llamada Campaña del Desierto, y en la década de 1940, esas tierras pasaron a estar registradas a nombre del Ejército Argentino. Durante todo ese tiempo, sin reconocimiento formal alguno, la comunidad continuó habitando el territorio que hoy reivindica.

En el año 2020, el Juzgado Federal de Bariloche le ordenó al Estado nacional que le entregue a la comunidad mapuche Millalonco Ranquhue el título de propiedad comunitaria de sus tierras, en el marco de una acción de amparo iniciada por la comunidad. El territorio donde vive había sido relevado por el INAI en 2012, en el marco de la ley 26.160 de emergencia territorial indígena. El INAI reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de esa comunidad sobre una superficie de 180 hectáreas. Sin embargo, casi 10 años después, el Estado no había realizado ninguna acción concreta para que ese relevamiento se transforme en un instrumento jurídico (título de propiedad comunitaria, por ejemplo) que les otorgue un nivel mayor de seguridad jurídica en la tenencia de las tierras. Ante un desalojo parcial en 2020, la comunidad decidió iniciar la acción de amparo para de una vez por todas contar con su título de propiedad.

El Ministerio de Defensa apeló este fallo. Por haberlo hecho fuera de plazo, la Cámara de segunda instancia rechazó la apelación y, por este motivo, el Procurador General de la Nación Interino y el Ministerio de Defensa de la Nación se presentaron con un recurso de queja ante la CSJN y le solicitaron que de manera inmediata suspenda la ejecución de la sentencia y no se le otorgue la propiedad comunitaria a la comunidad.

Desde el CELS nos presentamos como amicus ante la CSJN y solicitamos que se llame a una audiencia pública. En la presentación sostuvimos que, de hacer lugar al recurso de queja, se estaría incumplimiento con obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Finalmente, en su resolución del 29 de marzo, la CSJN hizo lugar a la solicitud de la Procuración y el Ministerio de Defensa y dictó, en tiempos llamativamente cortos, la suspensión de la implementación de la sentencia, amparándose en una supuesta “gravedad institucional”, sin fundamentarla.

La Corte Suprema debería convocar a una audiencia pública para resolver el caso y escuchar ampliamente a comunidades indígenas y a otras organizaciones, de modo de hacer valer los compromisos constitucionales y los asumidos a nivel internacional con los pueblos indígenas y el reconocimiento de sus derechos territoriales. Hace ya tres años, la Corte IDH, en el caso “Lhaka Honhat contra la Argentina”, le reclamó al Estado una ley que reconozca el derecho a la propiedad comunitaria indígena y la obligación de contar con una legislación sobre consulta libre, previa e informada.

Fuente aquí

 

Acceso a la tierra, inflación, dolarización de insumos, sequía, cambio climático y falta de recursos destinados al sector.

Hablar de agricultura familiar es hablar de un modelo económico y alimentario que se contrapone al del campo que solo produce commodities. Hoy en día, en Argentina, el 60% de los alimentos que consumimos son producidos por familias campesinas. A pesar de esto, el 70% de ellas no son dueñas de sus tierras.

Las problemáticas son variadas y diversas. En San Juan, el acceso a la tierra, la inflación, la dolarización de los insumos, la sequía, el cambio climático y la falta de recursos destinados por parte del Estado para apoyar a los pequeños productores son los principales problemas de un listado mucho más amplio. Si no fuera por las organizaciones que luchan día a día por la soberanía alimentaria, la situación sería peor.

Vera Pérez – Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) – Somos Tierra (San Juan)

Desde el movimiento, venimos trabajando fuertemente en la Mesa Agroalimentaria, que ya se ha lanzado en varias provincias y que prontamente se presentará en San Juan. Esta mesa fomenta llevar la voz del sector del campo que alimenta teniendo como objetivo la Ley de Acceso a la Tierra y la producción de alimentos agroecológicos.

No hay en el país suficientes políticas públicas para las y los trabajadores de la agricultura familiar, por eso, desde el MNCI, estamos trabajando para fortalecer nuestra organización.

Con respecto a la comercialización, acá en San Juan, estamos por inaugurar un almacén campesino, para fomentar el comercio justo y visibilizar las pequeñas producciones locales de la agricultura familiar, campesina e indígena. Esto es un canal de comercialización donde se produce un comercio justo y se eliminan muchos intermediarios, entonces llega a las góndolas del consumidor y de la gente de la ciudad que no puede acceder a estos alimentos directo de sus productores.

En este almacén, van a poder encontrar todos los productos de los distintos sectores y comunidades, como, por ejemplo, la comunidad Talquenca en El Encón, a quienes se les imposibilita por las distancias tener un lugar fijo para vender sus producciones. Hay también pequeños productores de Pocito que forman parte del movimiento y la gran feria Punta de Rieles, que si bien es una organización urbana, hay muchos trabajadores de la economía social y solidaria con la idea de fomentar la producción local y contar con productos de provincias que también forman parte de este movimiento.

El pasado 17 de abril, reafirmamos la posición y nuestras banderas de lucha que tienen que ver con la soberanía alimentaria mediante la práctica de la agroecología y su papel como respuesta a la crisis climática, a la producción local de alimentos y la autodeterminación de los pueblos, el feminismo campesino y popular.