Se requieren medidas urgentes para enfrentar las consecuencias de la pandemia entre los pueblos indígenas, afectados en forma desproporcionada por la pobreza y la informalidad. Un análisis de OIT destaca que es necesario afrontar la emergencia sanitaria y también “una marginación centenaria”.

Lima – Las vulnerabilidades arrastradas desde antes de la crisis actual se traducen en consecuencias particularmente graves de la COVID-19 para 55 millones de mujeres y hombres indígenas que viven en América Latina y el Caribe, de acuerdo con un análisis de OIT difundido hoy que hace un llamado tanto a enfrentar la emergencia sanitaria como a reducir “una marginación centenaria”

“Un conjunto de distintas vulnerabilidades socioeconómicas, sanitarias y ambientales en el contexto de la COVID-19 exponen a los pueblos indígenas y tribales a los efectos particularmente graves de la crisis actual”, destacó el documento de OIT, que lanzó una alerta ante los efectos de la pandemia sobre 476 millones de personas indígenas en el mundo de las cuales 11,5% viven en esta región.

El Director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, destacó que “la cara más nefasta de esta pandemia es la de la desigualdad, porque la enfermedad y sus consecuencias sociales y económicas afectan más a los que menos tienen, como son los pueblos indígenas y tribales quienes a menudo carecen de protección social y suelen tener acceso limitado a cualquier tipo de atención en salud.

“Además de vivir en condiciones de precariedad, en la región una vasta mayoría de mujeres y hombres indígenas trabajan en condiciones de informalidad en los sectores más afectados por la crisis, lo cual se traduce en la pérdida de los medios de vida”, agregó Pinheiro.

En América Latina y el Caribe la tasa de informalidad entre trabajadores indígenas es de 82%, casi 30 puntos porcentuales del 54% para la población en general, de acuerdo con un informe publicado a comienzos de este año en ocasión del 30 aniversario del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, 1989 (núm. 169) .

El mismo informe destaca que los pueblos indígenas y tribales constituyen 8,5% de la población, pero son 30% de las personas en pobreza extrema. El 31,7% de la población ocupada indígena en la región no ha tenido ninguna formación, frente a 12,8% de los no indígenas, y menos de 30% han tenido educación intermedia y avanzada, frente a más de 48% de los no indígenas.

La OIT destaca que la situación social y económica producida por la COVID-19 ha generado situaciones como la “migración inversa” de personas que retornan a sus comunidades ante la falta de medios de subsistencia, lo que sumado a otros movimientos de personas que circulan en medios rurales aumentan los riesgos de contagio. Es importante además hacer esfuerzos para garantizar la protección de los indígenas que viven en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial.

El documento dice que “varios países han adoptado medidas específicas para evitar que la COVID-19 se propague hacia las comunidades indígenas y dentro de ellas”, pero de acuerdo con la OIT será necesario redoblar esfuerzos debido a la velocidad del contagio y a la severidad de sus efectos económicos.

En cuanto al impacto sobre el empleo, el análisis recuerda que en todo el mundo decenas de millones de mujeres y hombres indígenas también han estado trabajando en sectores particularmente afectados por la crisis causada por la COVID-19, desde los servicios, incluido el trabajo doméstico, la hostelería y el turismo, hasta el comercio, el transporte, la manufactura y la construcción.

A medida que las pérdidas de ingresos afectan a los trabajadores en general, sus consecuencias son especialmente graves para las mujeres y los hombres indígenas, dado que tienen más probabilidades de estar ocupados en condiciones de informalidad.

La OIT advierte sobre “efectos en cascada de los colapsos económicos, con signos alarmantes de pérdida de ingresos, inseguridad alimentaria y efectos agravados en las mujeres indígenas”.

“Con la reducción de la demanda y de la posibilidad de ofrecer su mano de obra, sus bienes y sus servicios debido a los cierres, las perturbaciones de la cadena de suministro y la crisis económica imperante en general, la capacidad de los pueblos indígenas para adquirir productos básicos, incluidos los alimentos, está disminuyendo y el espectro de la hambruna se cierne sobre muchos hombres y mujeres indígenas”.

Las recomendaciones de medidas que hace la OIT apuntan en primer lugar a las necesidades urgentes de protección ante la pandemia, incluidas las de prevención, información en lenguas nativas, o atención sanitaria de emergencia, así como otras de apoyo y protección sostenidos para los trabajadores, los empresarios y las comunidades indígenas para hacer frente a la crisis que afectará a los mercados laborales en el futuro próximo.

Además, destaca la importancia de fortalecer la institucionalidad que se ocupa de los pueblos indígenas que presentan deficiencias en todo el mundo. “La crisis causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto estas deficiencias, ya que los gobiernos a menudo no pueden responder adecuadamente a las necesidades de protección de las comunidades indígenas, con su participación plena y efectiva”, agrega el documento.

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En junio del 2021, los pobladores indígenas de Caquetá vieron cinco embarcaciones ilegales cerca de las comunidades de Berlín y La Tagua. Imágenes satelitales de una organización que prefiere no ser revelada para proteger a su personal en campo llegaron a mostrar hasta 19 embarcaciones en el mismo mes en el río Puré, uno de sus afluentes.

Según Víctor Moreno, coordinador del proyecto Paisajes Amazónicos Sostenibles de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), poner en operación una balsa minera puede costar hasta 150 millones de pesos (cerca de 39.000 dólares), y el pago para quienes trabajan en las embarcaciones, alrededor de seis u ocho personas, no supera los 3 millones de pesos quincenales (787 dólares) con jornadas de trabajo de hasta 20 horas diarias.

Los militares en sus actividades de control y algunos habitantes locales, según cuenta Moreno, manifiestan que los verdaderos dueños, a los que se les llama “gasteros”, están en ciudades como Cali, Medellín o Bogotá —bien lejos de los daños ambientales—.

Amenazas

Intangible. Así se nombra a gran parte del territorio de casi un millón de hectáreas del Parque Nacional Natural (PNN) Río Puré, ubicado entre el río Caquetá y el río Putumayo, en el extremo sur de la Amazonia colombiana. Es la tierra de los indígenas no contactados, los yurí-passé, que se creían extintos hasta que en 2012 el investigador Roberto Franco comprobó que hace más o menos 120 años ellos eligieron internarse en la selva para aislarse del mundo occidental. Hoy, la minería ilegal a lo largo del río Caquetá y sus afluentes, como el río Puré, se convirtió en un nuevo riesgo para su existencia.

Daniel Aristizábal, coordinador del proceso de Pueblos en Aislamiento Planicie Amazónica de la organización Amazon Conservation Team, destaca varios riesgos. El primero: que se viole su deseo de no ser contactados. Para evitar controles militares, indica, quienes ejercen la minería ilegal se adentran en las selvas buscando rutas sin presencia estatal.

El PNN Río Puré, donde habitan los aislados, es una de esas rutas y la posibilidad de que los indígenas reconozcan que hay extraños pisando su territorio no es poca. Para Aristizábal, esto lleva al segundo riesgo: que el miedo al contacto los esté arrinconando y haciendo cada vez más pequeño el espacio por el que transitan.

El tercer peligro es que los mineros ilegales de las balsas también cazan y pescan, lo que se traduce en una reducción de recursos para que los yurí-passé mantengan sus formas de vida.

El cuarto riesgo, y uno de los más grandes, según dice Aristizábal, es que los aislados contraigan nuevas enfermedades. Por ejemplo, si algún minero está infectado de malaria y es picado por un mosquito, este luego puede llevar la infección a los no contactados y causar una epidemia.

A todo este escenario de preocupación se suma, por supuesto, la contaminación por mercurio que deja la minería ilegal. Aristizábal cree que las enfermedades que se ven en los resguardos indígenas de la cuenca media del río Caquetá —como malformaciones en fetos y afectaciones neurológicas— también se estarían dando en territorio de los aislados ya que los efectos se pueden extrapolar e incluso asumir como mayores, pues el río Puré es mucho más angosto y tiene muchas más balsas ilegales buscando oro.

Si el mercurio está causando un exterminio en la población, señala el experto de Amazon Conservation Team, se trataría de un fenómeno muy silencioso y sin testigos.

Deterioro en la salud

Desde 1986, el río y sus pueblos han recibido constantemente lo que la minería desecha: mercurio. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición y consumo de este metal pueden ser tóxicos, provocar graves trastornos neurológicos y causar alteraciones en fetos y niños en sus primeros años de vida. Es más, en poblaciones indígenas que practican la pesca de subsistencia en países como Colombia y Brasil, la OMS ha observado que entre 1,5 y 1,7 de cada 1.000 niños presentan un leve retraso mental causado por el consumo de pescado contaminado.

El mercurio que se usa para separar el oro y la tierra del río llega a las aguas y, allí, las bacterias del ecosistema lo transforman en metalmercurio —su forma más tóxica—, después pasa a algas y plantas y luego a los peces. Es una preocupación mayor pues todas las comunidades indígenas en la parte media y baja del río basan su dieta en la pesca y esta es su mayor fuente de proteína.

En septiembre del 2018, un muestreo realizado por la Secretaría de Salud del Caquetá, Parques Nacionales Naturales y el Ministerio de Justicia en las 12 comunidades (ver gráfica) que forman parte del resguardo Puerto Zábalo encontró que en la comunidad Los Monos sus habitantes registraron hasta 100 microgramos de mercurio por litro de sangre. Cuatro veces el máximo permitido.

Muestreo realizado por la Secretaría de Salud del Caquetá, Parques Nacionales Naturales y el Ministerio de Justicia en las 12 comunidades.

¿Quiénes están detrás?

Fuentes en territorio aseguran que quienes están detrás de la minería ilegal son los mismos que controlan los cultivos ilícitos de la zona: las disidencias y grupos de crimen organizado. De hecho, en un análisis histórico que va desde 1970 hasta 2019, GAIA Amazonas encontró que cuando aumenta la bonanza del oro baja el narcotráfico, y viceversa. En efecto, en el 2018, el comandante de la Brigada del Ejército Contra la Minería Ilegal, coronel Carlos Alberto Montenegro, dijo que la minería ilegal era más rentable que el narcotráfico.

Tan solo durante los primeros seis meses del 2020, el Ejército destruyó 20 dragas usadas para extraer oro del río Caquetá. Las Fuerzas Armadas aseguraron que pertenecían, en su mayoría, a disidencias de las Farc o al grupo criminal ‘clan del Golfo’.

Sin embargo, Víctor Motta, poblador indígena uitoto y secretario de Salud del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas en Colombia, cree que la solución no está en atacar dragas, sino en trabajar con las comunidades indígenas para que sean ellas mismas quienes planteen los caminos que quieren seguir.

CAROL SÁNCHEZ

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Todos los años, el 15 de octubre, el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer Rural, reconociendo el papel fundamental de la mujer en las zonas rurales. Este día nos recuerda a todos la importante contribución de la mujer rural, incluida la mujer indígena, al desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.

Las mujeres desempeñan un papel importante en la economía rural como agricultoras, asalariadas y empresarias. También asumen la responsabilidad del bienestar de los miembros de sus familias, incluido el suministro de alimentos y el cuidado de los niños y los ancianos. Sin embargo, las mujeres de las zonas rurales se enfrentan a limitaciones para participar en actividades económicas debido a la discriminación por motivos de género y las normas sociales, la participación en trabajos no remunerados y el acceso desigual a la educación, la atención de la salud, la propiedad y los servicios financieros y de otro tipo. La promoción y garantía de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer rural no sólo contribuye al crecimiento económico inclusivo y sostenible, sino que también aumenta la eficacia de las iniciativas de reducción de la pobreza y seguridad alimentaria.

Urbanización
La población mundial está aumentando rápidamente, pero ese crecimiento dista mucho de estar distribuido de manera uniforme en todas las zonas geográficas, con una evidente tendencia a la urbanización. Mientras que en 1990 alrededor del 57% de la población mundial vivía en zonas rurales, en 2019 sólo el 44% de la población seguía siendo rural, y se prevé que esta proporción disminuya al 40% para 2030.
Esta tendencia de urbanización mundial ha ido acompañada naturalmente de cambios en ocupación . A medida que las zonas urbanas se expanden y atraen cada vez a más personas, las actividades agrícolas (típicas de las zonas rurales) se vuelven menos frecuentes en términos de personas empleadas. En consonancia con ello, en 1991, el 44% de los trabajadores del mundo estaban empleados en la agricultura, mientras que el 34% de ellos trabajaban en los servicios y el 22% en el sector industrial. En 2019, el sector de los servicios representaba la mitad del total mundial ocupación . Mientras que el sector industrial se mantuvo bastante estable en cuanto a la proporción de ocupación , que representaba el 23% del total de ocupación en 2019, la proporción de ocupación agrícola se redujo considerablemente al 27% en 2019.

Sin embargo, aunque la agricultura está profundamente asociada a las zonas rurales, no todas las ocupación rurales son agrícolas y no todas las actividades agrícolas están ubicadas en las zonas rurales. De hecho, las estimaciones recientes de OIT muestran que el 89% de la agricultura mundial ocupación está ubicada en zonas rurales, lo que significa que el 11% de los trabajadores agrícolas del mundo viven en zonas urbanas. Tal vez lo más sorprendente sea que sólo el 49% de todos los trabajadores del mundo que viven en zonas rurales trabajan en la agricultura, mientras que el 10% de ellos trabajan en la industria manufacturera y el 8% en la construcción.

La diferencia de participación de la mujer en la fuerza de trabajo es mayor en las zonas rurales de la mayoría de las regiones
En 2019, la tasa de participación de la fuerza de trabajo rural en el mundo era del 62%, en comparación con el 60% en las zonas urbanas. La tasa de participación en la fuerza de trabajo es mayor en las zonas rurales que en las urbanas de África y Asia y el Pacífico, mientras que en América, Europa y Asia central y los Estados árabes ocurre lo contrario. En lo que respecta al nivel de ingresos de los países, las personas participan en la fuerza de trabajo a tasas más altas en las zonas rurales en todos los grupos de ingresos, salvo en los países de altos ingresos.

Esto podría sugerir que en las regiones más desarrolladas económicamente, los mercados laborales rurales son menos impulsores de la creación de ocupación que los mercados laborales urbanos. Por el contrario, en las economías menos desarrolladas (y especialmente en los países de bajos ingresos), las personas que viven en las zonas rurales tienen una mayor tendencia a participar en la fuerza de trabajo, y en particular en ocupación . Las personas de las zonas rurales pueden verse obligadas a incorporarse a ocupación independientemente de las características del trabajo o de las condiciones laborales, mientras que en las zonas urbanas los desempleados pueden estar más capacitados para permitirse buscar un trabajo adecuado durante más tiempo o para abandonar la fuerza de trabajo por completo. Entre las personas que no forman parte de la fuerza de trabajo figuran (entre otros) los jubilados, los estudiantes que se dedican a tiempo completo a su educación y las amas de casa. Cuando la informalidad está más extendida en las zonas rurales, la correspondiente menor cobertura de protección social y las insuficientes pensiones de vejez en las zonas rurales pueden hacer que las personas mayores se vean obligadas a permanecer en ocupación en lugar de jubilarse. Asimismo, el contexto socioeconómico de las zonas rurales puede impedir que los estudiantes se dediquen exclusivamente a su educación.

La persistencia de los estereotipos de género se traduce en tasas de participación en la fuerza de trabajo más elevadas para los hombres que para las mujeres en todas las regiones y todos los grupos de ingresos del mundo. Además, la diferencia de género en la participación en la fuerza de trabajo es mayor en las zonas rurales que en las urbanas en todas las regiones, excepto en África, y en todos los grupos de ingresos, excepto en los países de bajos ingresos. Esto sugiere que en la mayor parte del mundo las normas sociales de género están más arraigadas en las zonas rurales.

Así pues, para ser eficaces, las políticas destinadas a promover la igualdad de género en los mercados laborales deben tener en cuenta las circunstancias particulares de las zonas rurales.

Es importante señalar que la participación en la fuerza de trabajo se refiere a la participación en una forma específica de trabajo: ocupación (trabajo remunerado realizado para ser utilizado por otros). Esto excluye otras formas de trabajo, como la agricultura de subsistencia, el trabajo de cuidado no remunerado y otros tipos de trabajo de producción de uso propio, que suelen realizar las mujeres y que típicamente prevalecen en las zonas rurales.

Para más información, consulte el informe completo aquí

Alrededor de 500 lideresas de pueblos originarios se dan cita en la Segunda Conferencia Global de Mujeres Indígenas para definir sus desafíos, proteger sus derechos y exigir una mayor representación en la toma de decisiones

Tienen mucho que decir y poco espacio en la sociedad para hacerlo. Las mujeres indígenas son el motor de muchas comunidades a lo largo y ancho del globo y, sin embargo, su representación en la toma de decisiones sigue siendo aún un enorme desafío. A menudo, enfrentan la peor cara de los daños sociales y ambientales, y son testigos de la violación de los derechos de los pueblos originarios, sin que su liderazgo sea tenido en cuenta. La discriminación para ellas es doble. Para ponerle fin a la cadena de desigualdades, este jueves dará comienzo la Segunda Conferencia Global de Mujeres Indígenas, un espacio virtual en el que se citan cerca de 500 lideresas de todo el mundo para abordar los grandes retos que enfrentan como la disputa por la tierra, las múltiples violencias que sufren y la soberanía alimentaria basada en la identidad cultural. El horizonte es común: “Nada sobre nosotras, sin nosotras”.

Soluciones para un mundo enfermo de patriarcado

Los indígenas de Colombia a los que nadie ve

¿Cómo salvar la biodiversidad que custodian los pueblos indígenas?
Los pueblos originarios representan el 6,2% de la población mundial. Cerca de 476,6 millones de personas pertenecen a una comunidad ancestral. De todos ellos, 238,4 millones son mujeres. En cambio, son el 15% de las personas más pobres del planeta, según los datos del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNPFII). La pobreza es una enorme zancadilla de las comunidades ancestrales, que, según el Estudio global sobre la situación de las Mujeres y Niñas Indígenas en el marco del 25 Aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, realizado por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), ha provocado la migración forzada de estas a la ciudad debido a la escasez de oportunidades económicas, la falta de servicios sociales básicos y la expropiación de la tierra.

Este informe, publicado en 2020, hace hincapié en los retos similares a los que se enfrentan estas mujeres. Los cinco informes regionales documentaron de forma independiente altos niveles de violencia estructural, discriminación y marginación. Por otra parte, la renuencia de varios gobiernos de África, Asia y el Pacífico a reconocer a los pueblos indígenas como tales sigue representando el problema fundamental para la protección y promoción de sus derechos humanos. Son invisibles en el desarrollo de las políticas públicas. Y ellas, más.

Queremos decir: aquí estamos. Y mostrarnos como agentes de cambio de lo local a lo global que somos

En 2013 más de 200 lideresas de todo el mundo se reunieron en la Conferencia Global de Mujeres Indígenas en Lima, Perú. Entonces se consensuó un Posicionamiento Político y Plan de Acción para impulsar la creación de políticas públicas y la asignación de presupuestos específicos en áreas como la eliminación de la violencia, la erradicación de la pobreza y la incorporación de estas en la política, la economía y la promoción del acceso a la tierra, la educación y la salud. Ocho años después, y a propósito de la evaluación de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín en 2021, las mujeres indígenas celebran el segundo encuentro para llevar a cabo su propio balance.

Para Teresa Zapeta, directora ejecutiva de FIMI, el objetivo es claro: “Queremos decir: aquí estamos. Y mostrarnos como agentes de cambio de lo local a lo global que somos”. La líder maya k’iche’ espera que la plataforma global sirva para juntar diferentes contextos y realidades similares en las siete regiones rurales y “también para dar a conocer nuestras buenas prácticas y nuestros aportes en las comunidades y los países”.

En la #2CGMI tendremos la oportunidad de intercambiar conocimientos entre Mujeres Indígenas de todo el mundo. Será un espacio para compartir, inspirarnos y encontrar soluciones a desafíos comunes.

Sobre el evento: https://t.co/hlkPFjcj6R pic.twitter.com/CG0V6VNeoE

Las conferencias, con temáticas que van desde educación a salud sexual y reproductiva o el acceso a la tecnología, serán virtuales (y se podrán seguir aquí) a causa de la pandemia y se llevarán a cabo todos los jueves del próximo mes, en diferentes horarios para que puedan ser seguidas desde cualquier rincón. Las ponentes se postularon para participar en el acto tras obtener el respaldo de su organización o comunidad, asegurando así que sean ellas las voces de los pueblos en la conferencia y que ellas repliquen a estos las conclusiones.

Ellas, motores del cambio

Durante la conferencia se intercambiarán experiencias sobre cómo están transformando el mundo, desde los liderazgos en cargos públicos e instituciones internacionales, pero también desde las buenas prácticas transformadoras y sostenibles en lo local. Los conversatorios reúnen lideresas indígenas de distintas regiones y experiencias –parlamentarias, artistas, miembros de Naciones Unidas, alcaldesas y activistas sociales– para compartir un testimonio en primera persona.

Así, el jueves 12 de agosto, la conferencia inaugural versará sobre la influencia de estas en la agenda internacional y participarán la ministra de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, la maorí Nanaia Mahuta; la ministra de Género y Derechos Humanos de Burundi, la twa Imelde Sabushimike; la nepalí Pratima Gurung, de la Red Global de Personas Indígenas con Discapacidad; la activista quechua y presidenta de FIMI, Tarcila Rivera Zea, y la sami Christina Henriksen, presidenta del Consejo Sami en Noruega.

Los jueves 19 y 26 de agosto se ampliará la discusión con lideresas como Victoria Tauli-Corpuz, relatora de la ONU para los Pueblos Indígenas hasta 2020; la actual Secretaria del Interior de los Estados Unidos, Debra Anne Haaland; la ministra de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Nanaia Mahuta; la parlamentaria keniana Silvia Kihoro Museiya, de la Asamblea del condado de Nairobi; la ambientalista filipina, Joan Carling, y Gladys Acosta, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).

“Esperamos salir de este encuentro con un documento base o una agenda global que recoja nuestras principales líneas de acción y las prioridades para los próximas”, añade Zapeta. “Queremos que quede claro dónde pondremos nuestra fuerza y también dónde le estamos pidiendo al estado que responda a su responsabilidad con nuestros derechos individuales y colectivos”.

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El 4 de julio, en una decisión cargada de simbolismo, los 155 convencionales constituyentes que transitan el desafío de redactar una nueva Constitución para Chile, eligieron como presidenta del cuerpo a Elisa Loncón.

La profesora, lingüista y activista mapuche –la etnia indígena mayoritaria del país sudamericano– logró el respaldo de 96 curules en la segunda vuelta de la sesión inaugural de la asamblea; su designación provocó gran sorpresa dentro y fuera del país sudamericano.

“Agradezco el apoyo a las diferentes coaliciones que depositaron su confianza y sus sueños en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, para cambiar la historia de este país”, señaló la lideresa al celebrar el triunfo y aceptar el reto más trascendente de su vida política, según reconoció. Lo hizo con el puño en alto y enfundada en una wiphala, la bandera de los pueblos originarios del continente.

En una entrevista con Deutsche Welle –el servicio de radiodifusión internacional financiado por el presupuesto federal de Alemania–, Loncón plantea su certeza de que “el modelo económico neoliberal es el que ha sacrificado a las comunidades y a los recursos naturales” en Chile.

“Esto no se resolverá con más dinero en los bolsillos. Tenemos empresas multinacionales que explotan la naturaleza. Ya es hora de instalar un nuevo paradigma”, razona y propone.

“Queremos que la Constitución que surja de esta Convención sea plurinacional, intercultural y que instale los derechos de la madre naturaleza”.
Elisa Loncón
En otro tramo del diálogo con DW, Loncón reconoce que la plurinacionalidad significa para las comunidades indígenas que “se incorporen los derechos colectivos” de los pueblos originarios: “la autodeterminación, la autonomía, derechos territoriales, derechos lingüísticos, culturales, a tener una historia e identidad distintas”, lista.

“Es esa plurinacionalidad la que favorecerá la demanda de más pluralidad en la nueva Constitución. Entre ellas, las demandas de las mujeres, de las regiones, de los movimientos por el agua y por una mayor diversidad sexual”, agrega.

Consensos

Consultada sobre la dificultad para lograr acuerdos al interior de la Convención, la lideresa mapuche responde que “la responsabilidad de conseguir consensos es una tarea de todas y todos”, y que “al Gobierno le falta comprender el proceso social histórico que está ocurriendo”, tanto en su país como en otros lugares de la Región. “Los derechos van por la línea de la condición humana, por la línea del buen vivir. Necesitamos el equilibrio en las comunidades y el equilibrio con la naturaleza”, propone.

Loncón suscribe, además, la declaración para pedir al Gobierno la liberación de los detenidos en el contexto del estallido social de octubre de 2019. “Para los convencionales sí existe la prisión política por manifestarse en contra de un sistema que estaba reduciendo los derechos sociales y de todas las personas. Nosotros debemos a esa movilización que hoy día exista el debate de la nueva Constitución”, argumenta.

“Yo soy profesora, y nosotros tenemos el deber ético de pronunciarnos frente a la falta de democracia. Nosotros queremos ver a nuestros jóvenes libres”, señala Loncón al respecto.

Militarización de la Araucanía

En relación con la militarización de la Araucanía, la lideresa mapuche sostiene que “no se puede naturalizar esa idea. Es difícil escribir y trabajar en una Constitución, mientras los niños están siendo afectados por esa militarización”, reconoce.

La región de la Araucanía, en el centro del país, abarca una superficie de 31.844 kilómetros cuadrados; varía desde la costa del Pacífico en el oeste hasta los volcanes y las montañas de los Andes en el este. Al sureste está la región de Los Lagos de Chile, con lagos de agua dulce y bosques lluviosos templados. Las reservas de la naturaleza, como el Parque Nacional Huerquehue y el Parque Nacional Conguillío, protegen los ecosistemas con lagos, ríos y bosques de araucarias.

“Todo lo que está ocurriendo en la zona se debe a una negación de nuestros derechos. No es un problema de seguridad, es un problema político”, opina. “Gran parte del problema es que no hemos sido incorporados como agentes políticos, como parte de la solución”..
Elisa Loncón
“Queremos que la lectura de este proceso sea desde la libre determinación y no desde un sistema colonial, racista, donde otros decidan por nosotros”, concluye la presidente de la Convención Constituyente de Chile.

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