El 29 de septiembre, cerca de 1.500 indígenas de 13 pueblos originarios desplazados a Bogotá por el conflicto armado, se asentaron en esta zona verde para exigir al Gobierno políticas públicas que les garanticen la vivienda y otros servicios básicos. Este jueves, 23 días de manifestación después, la decisión de desalojo fue avalada por el inspector de la Policía Javier Orozco, quien otorgó a la Alcaldía un plazo de 48 horas para hacer la caracterización de estas comunidades y, además, pidió usar “la menor cantidad de fuerza posible”.

El proceso de caracterización y catastro empezó la mañana del viernes mediante un equipo de la Administración pública en terreno aunque, según varios líderes comunitarios consultados, con inconvenientes lingüísticos, ya que muchos de los integrantes de la protesta no hablan español. Jairo Montáñez, líder y defensor de los Derechos Humanos del Pueblo wayuu es muy crítico: “El proceso presenta muchas irregularidades. No es legítimo ni real, esto es una estrategia más para legitimar la intervención violenta para recuperar el espacio público. Es inconcebible que la dignidad humana esté por debajo de eso”.

Fruto del frío, 20 personas han sido trasladadas al hospital, seis niños estuvieron ingresados en la UCI y tres embarazadas están hospitalizadas por posibles abortos, aseguran los líderes.

Los indígenas en protesta son desplazados por el conflicto armado interno y llegaron a Bogotá –algunos hace años, otros apenas hace unos meses– desde diferentes departamentos. Aquí se instalaron con subsidios del Distrito que finalizaron el 30 de septiembre. Ahora, reclaman garantías y viviendas dignas que les “devuelvan sus derechos”. Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, informó mediante un comunicado a los medios que, “por ley, no se pueden extender las ayudas”: “Los subsidios de arrendamiento solidario y los apoyos a las víctimas de conflicto armado tienen un término de un año. La ley impide que este tipo de apoyo se dé de manera indefinida”. Sin embargo, animó a que estas reivindicaciones escalaran a ámbito nacional. “La unidad nacional de víctimas sí puede entrar en otro proceso de reparación. Estamos a la espera de que, ojalá, sea muy pronto”.

La Alcaldía de Bogotá ha destinado 1.895 millones de pesos (aproximadamente 430.000 euros) desde marzo de 2020 para atender a los pueblos indígenas a través del pago de alquileres y bonos de alimentación. “La solución integral y la salida estructural de esta situación, le corresponde al Gobierno Nacional de manera inmediata”, indicó la institución el martes en un comunicado.

No somos de otro país. Somos colombianos y estamos desplazados porque somos víctimas, no porque queremos

“¿Para dónde me voy?”, se pregunta Damari Teresa Eva Valencia, de 27 años, desde la caseta en la que vive con sus tres hijas de diez, ocho y cuatro años, desde hace dos semanas. “Me fui del Chocó porque me amenazaron de muerte y vivo acá, en el barrio de Santa Rosa, desde hace cuatro meses. Hace dos que no recibo ayudas. No tengo de qué vivir y soy madre soltera”, cuenta mientras ellas rebuscan juguetes entre las mochilas que trajeron. Desde que dejaron de subvencionar la vivienda, el casero echó a su familia a la calle y se instalaron aquí, según manifiesta. “Solo me dejaron guardar el colchón”. Rosmira Campo Murillo, indígena embera de 32 años, criticala falta de “voluntad política y compromiso”: “Solo queremos un techo para vivir tranquilos. Ellos se comprometieron. No somos de otro país. Somos colombianos y estamos desplazados porque somos víctimas, no porque queremos”.

Tanto Valencia, como el resto de indígenas, exigen una mesa de diálogo con la Administración y la presencia en el Parque Nacional de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien insistió el miércoles en que se trasladasen al Parque de Florida: ”Es un albergue con techo seguro, alimentación y puesto de salud. Para los líderes como Montáñez, mudarse no es una opción: “aún estando ante este inclemente frío tenemos más garantías acá”.

Las condiciones en las que han habitado casi 1.500 personas (de las cuales, la mitad eran niños) han sido muy precarias. Hacinados en casetas de lonas de plástico negro y sin casi abrigo ni mantas han aguantado lluvias y granizos. Los pequeños corretean descalzos y sucios entre el humo de las hogueras de leñas en las que las familias cocinan los ingredientes que han ido dejando decenas de donantes. Fruto del frío, al menos 20 personas han sido trasladadas al hospital, seis niños estuvieron ingresados en la UCI (uno de ellos sigue crítico) y tres embarazadas hospitalizadas por posibles abortos, aseguran los líderes. “Sentimos que para el Gobierno somos basura”, dice Campo.

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Es uno de los principales problemas de fondo que enfrenta actualmente Chile: el conflicto de la Araucanía, marcado hace décadas por la lucha del pueblo mapuche por sus tierras ancestrales, pero que en los últimos años se ha incrementado en niveles de violencia, en parte por la aparición de otros fenómenos, como el robo de madera de las forestales. El presidente Sebastián Piñera ha declarado este martes el estado de excepción constitucional en zonas de la Araucanía y Biobío “para enfrentar con mejores instrumentos el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se ha enraizado en esos territorios”, según aseguró para justificar su decisión.

“En ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos”, aseguró el Jefe de Estado, que se refirió a “la grave alteración del orden público”. Lo hace justamente cuando el 1º de octubre pasado dejó de regir el estado de excepción Constitucional de catástrofe vigente por la pandemia en todo el territorio desde de marzo de 2020.
Las zonas que tendrán presencia militar son las provincias de Biobío y Arauco en la región del Biobío, y las provincias de Malleco y Cautín, en la región de La Araucanía. Piñera recordó que estos graves hechos “han cobrado vidas de personas inocentes y de miembros de Carabineros y Policía de Investigaciones”. El presidente habló de los atentados y amenazas contra autoridades, como fiscales del Ministerio Público y miembros del Poder Judicial. “Estos violentos hechos también han destruido y quemado casas, iglesias, instalaciones y bienes destinados a actividades industriales, agrícolas, comerciales y turísticas e infraestructura pública”, describió el mandatario, cuyo segundo mandato termina en marzo de 2022. Piñera agregó que los atentados han impedido la ejecución de órdenes judiciales por parte de las policías, “las que han sido resistidas mediante el uso de la violencia y el empleo de armas de fuego de grueso calibre, incluso armas de guerra”, como ha sucedido en los últimos meses.

La última víctima fue un hombre de 49 años. Falleció el 3 de octubre, luego de 14 días internado de gravedad tras un incendio intencional en su hogar que lo dejó con el 40% del cuerpo quemado. “No queremos tener más muertos, no queremos más gente herida, más lesionado. No queremos que el Estado siga dando señales equívocas”, lamentó hace unos días el coordinador nacional de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar. “No basta con las policías, el Ministerio Público, el Gobierno. Se necesita una perspectiva y una colaboración de todos los poderes del Estado”, aseguró el delegado del Gobierno que tiene como misión la coordinación para enfrentar la escalada de violencia.

El estado de excepción constitucional de emergencia contempla la designación de jefes de la Defensa Nacional y tendrá una duración de 15 días, prorrogables por otros 15 días, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley. Las Fuerzas Armadas, deberán colaborar, pero no reemplazar a las Fuerzas de Orden y Seguridad (Carabineros y la Policía de Investigaciones), “por lo que no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones de naturaleza policial”, aseguró Piñera.

La presidenta de la convención constitucional que redacta una nueva Carta Magna, Elisa Loncon, académica mapuche, calificó de “preocupante” la instauración de Estado de emergencia. “Lo que la ciudadanía aquí necesita son soluciones políticas, son soluciones en función de la cultura, soluciones en torno de llevar adelante procesos económicos que permitan superar la pobreza que afecta a las comunidades”, aseguró Loncon, que criticó que la medida haya sido anunciada este 12 de octubre, en que el pueblo mapuche conmemora el Día de la Resistencia Indígena. “Es el día que nosotros no podemos celebrar, porque es cuando se inició el genocidio”, criticó la líder de la asamblea constituyente chilena.

En paralelo, la web Werkén Noticias, que difunde las declaraciones de la Coordinadora Arauco Malleco –una organización político-militar mapuche de carácter indigenista y nacionalista étnica, que nació a fines de los noventa– anunció este martes que los “grupos de combate mapuche de los Meli Wixan Mapu [cosmovisión mapuche] se preparan para hacer frente al Estado de Emergencia decretado por el Gobierno”.

En el inicio de la actual Administración, Piñera llevó adelante un profundo plan en la Araucanía, a cargo de su actual ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Pero el homicidio del joven mapuche Camilo Catrillanca por un disparo policial el 18 de noviembre de 2018, en la comunidad mapuche de Temucuicui, cortaron los diálogos con el Gobierno y los privados.

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Qué se celebra el 12 de octubre: por qué los homenajes a Cristóbal Colón se están terminando

El 'descubrimiento' de América se ha celebrado a lo largo de la historia en España y en América Latina. En los últimos años, sin embargo, este homenaje va desapareciendo
Ilustración sobre Colón y el descubrimiento de América.

En los libros de texto se marca el 12 de octubre de 1492 como el glorioso día en que Cristóbal Colón descubrió América. El 'descubrimiento' fue la llegada, totalmente azarosa, de Colón al continente americano en su empeño por demostrar que la Tierra era redonda. En su camino hacia las Indias, se topó con este obstáculo, de miles de kilómetros de costa a costa, obstáculo que acabó definido a este lado del océano como el 'nuevo mundo'. No obstante, con el tiempo este concepto ha comenzado a disgustar en tierras iberoamericanas, donde muchos no conciben que a día de hoy se siga celebrando el hecho de que los americanos fueran "descubiertos". Si bien en España el 12 de octubre es festivo nacional, son muchos los trabajadores que agradecen tener un día libre pero que, por principios, prefieren no celebrarlo. De hecho, el sindicato Intersindical-CSC está intentando promover que el Día de la Hispanidad sea laboral porque, consideran, representan conmemoraciones alejadas del sentido de algunos trabajadores que "se niegan" a celebrar fechas relacionadas con "genocidios supremacistas". El Día de la Hispanidad es, ciertamente, celebración en España, pero su origen fue una denominación extraoficial, el Día de la Raza, y con este nombre aún se celebra cada 12 de octubre en muchos países latinoamericanos, como México, Colombia, Honduras o Uruguay.

El 12 de octubre en América Latina: del día de la raza al día de la resistencia indígena

No obstante, muchos otros han decidido ir cambiando la denominación de la "fiesta": en Argentina ha pasado a llamarse Día de la Diversidad Cultural; en Chile, el día del Encuentro de los Dos Mundos; en Ecuador ha pasado a ser el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad... y así en muchos otros países. ¿Pero se modifica la percepción de la festividad cambiando solamente su denominación? La respuesta a esta pregunta difiere, en función de a quién preguntemos. En Ecuador, por ejemplo, fue el expresidente Rafael Correa quien declaró en 2011 que el 12 de octubre fuera el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, con la intención de dejar atrás un festejo basado en el concepto de colonia española y subrayando la coexistencia de "diversas nacionalidades indígenas".

¿Quién defiende a los indígenas?

Desde la población indígena, no obstante, no consideran que haya sido el cambio correcto. "Sí, se reconoce que no se puede festejar una invasión, pero esa historia no se cambia por la que consideramos que fue la verdadera historia, la historia de masacre, explotación, violación y ultraje", explica a El Confidencial Katy Betancourt Machoa, quien fue dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) hasta 2017, momento desde el cual ostenta el cargo de secretaria de su propia comunidad kichwa. "La historia de hoy ya no es la de la invasión, aquella historia que cuenta que vino el héroe europeo Cristóbal Colón y nos dio la luz. Ahora ya asomamos los pueblos indígenas, ya existimos, pero lo hacemos en una relación de intercambio de culturas que no fue tal", añade. Lo cierto es que el cambio de denominación sí ha modificado también la percepción de la fiesta, según Machoa, pero no como debería: "Ahora se dice que ya somos reconocidos, que no somos animales como lo éramos antes y tenemos derechos. Pero eso no es cierto, porque la condición histórica de desigualdad aún no se ha superado".

Agosto de 2021


El Tribunal Electoral de Salta denegó una presentación que solicitaba incluir idiomas de los pueblos originarios en las pantallas del sistema de votación electrónica. El motivo de la decisión fue que estas ya habían sido aprobadas por lo que no podían ser modificadas para las elecciones legislativas provinciales del 15 de agosto.

El organismo respondió al pedido realizado por un partido político salteño, que solicitaba garantizar el acceso al voto en el idioma de los pueblos originarios.

En particular, la presentación reclamaba que “se permita al votante elegir su lengua en las pantallas y botones del sistema de voto electrónico y en los audios disponibles” y que “se emitan manuales y material de ayuda en dichas lenguas originarias”.

“Sabíamos que en el tiempo que quedaba era materialmente imposible solucionar este problema, pero queríamos que al menos se comprometieran para el futuro”, expresó, luego de recibir la respuesta del tribunal.

Fuentes judiciales informaron que la audiencia para fijar las pantallas del sistema de votación electrónica de Salta ya se había realizado, y en el momento no se realizó este planteo, por lo que el Tribunal respondió que ya no se podían formular las modificaciones solicitadas.

El “tema del lenguaje” en el idioma de los grupos originarios hubiera sido importante porque “no existen medios de comunicación disponibles”.

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Cientos de miembros de pueblos nativos han acampado en Brasilia para presenciar un juicio histórico en el Supremo que definirá la demarcación de sus territorios

Hay 1000 indígenas frente a las puertas del edificio del Tribunal Supremo Federal (STF) en Brasilia. Es miércoles 31 de agosto, y el grupo ve en una gran pantalla el juicio que puede determinar el futuro de todos los pueblos nativos de Brasil. Muchos están sentados, otros bailan con pinturas en la cara y en el cuerpo y con adornos de colores. Los magistrados de la Corte acaban de reanudar el juicio sobre el proceso del “hito temporal”, que definirá la demarcación de las tierras indígenas y el porvenir de los indios, y que continúa esta semana en la capital brasileña. El hito propone que solo se reconozcan los pueblos que estaban en sus tierras en 1988, el año en que se promulgó la Constitución después del régimen militar (1964-1985).

El Congreso brasileño decide extinguir la Amazonia

Los guardianes de la Amazonia quieren su parte de la pasión por el açai, la baya ‘milagrosa’
Ni un centímetro más para los indígenas o la biodiversidad en el Brasil de Bolsonaro

Hoy los indígenas son dueños de un 12,2% de las tierras de Brasil, según la Fundación Nacional del Indio (Funai). Sin embargo, varios pueblos pelean en la justicia por las tierras de sus ancestrales de donde fueron expulsados por dueños de haciendas, madereros y exploradores de piedras preciosas. Varios procesos de expulsión ocurrieron durante la dictadura, que dejó a los pueblos originarios vulnerables, mientras se priorizó el desarrollo económico en la selva. Durante la democracia se restauraron algunos de sus poderes y se demarcó parte de sus tierras.

Casi 40 años después, se ven amenazados de nuevo bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro, que no demarcó ninguna tierra más. En pleno cambio climático, la decisión de la Corte ya no se trata de defender al casi 1 millón de indios que viven en Brasil. Los pueblos nativos son agentes naturales de preservación del medio ambiente en el país que ha visto la deforestación avanzar violentamente con Bolsonaro.

A cuatro quilómetros del edificio de la Corte, cientos de indígenas de distintas etnias provenientes de todas las regiones del país armaron carpas donde protestan desde hace más de una semana para reivindicar el derecho a las tierras. “Somos vistos como extranjeros en nuestro propio país”, resume Valdelice Veron, una guaraní-kaiowá de Mato Grosso do Sul. Veron es alta, tiene ojos pequeños y una mirada triste. Aún así, muestra una gran disposición para resistir. “Hoy, a diferencia de cuando se promulgó la Constitución, hablamos portugués, no tenemos miedo. No saldremos de nuestros bosques y tampoco dejaremos salir a quienes entren”.

El grupo cuenta con el apoyo de varios políticos que visitaron el campamento durante la semana. Guilherme Boulos (Partido Socialismo y Libertad), candidato en las últimas elecciones municipales, hizo acto de presencia este miércoles. Luís Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) no acudió, pero envió un breve audio, que reprodujo la presidenta de su partido, Gleisi Hoffmann, en el que enaltecía la lucha indígena.

Tienen en contra, sin embargo, a la poderosa agroindustria interesada en avanzar con plantaciones de soja, creación de ganado y abrir espacio para carreteras. Son ellos quienes le dan soporte al presidente Bolsonaro en su cruzada por reducir el espacio de los indígenas. También la Cámara de los Diputados refuerza la lucha en contra los indígenas a través de un proyecto de ley, que impone la tesis del hito temporal en la legislación, que establece, entre otras cosas, la apertura de los territorios para la explotación de proyectos y permite el contacto con indígenas aislados.
Hoy existen 680 procesos de demarcación de tierras indígenas, de los cuales 443 son de territorios homologados, con sus límites definidos, y reconocidos oficialmente. Los demás son reivindicados por pueblos nativos cuyas delimitaciones están en trámite, bajo una compleja evaluación, que incluye la pesquisa antropológica de sus tierras ancestrales.

El juicio puede durar días o semanas. Durante toda la tarde del miércoles, la pantalla improvisada que veían los indígenas mostraba a abogados y activistas involucrados en el proceso haciendo sus defensas en este debate histórico. El hito temporal que desean los terratenientes puede excluir muchos de los procesos de demarcación que se arrastran hace años en la justicia y ponen en riesgo las tierras ya oficializadas como indígenas. “Los indígenas sin territorio no son indígenas”, dice Jaciene Brito, de la etnia tupinambá, en el estado de Bahía.

Lucas de Matos, de la etnia Bororó, recordaba a sus antepasados para fortalecer sus anhelos. “Si no tenemos buenas noticias, vamos a cantar, a llamar a nuestros ancestros. Somos indígenas, no desistimos fácilmente”. Acampados durante más de diez días, muchos se despidieron de Brasilia este miércoles. Aun así, el campamento no se desmontará. Este fin de semana comenzaron a llegar mujeres indígenas para la marcha de las mujeres, que tendrá lugar entre el 7 y el 11 de septiembre. El acto genera la incertidumbre sobre posibles enfrentamientos, ya que empieza justo el día en que se espera que partidarios de Bolsonaro salgan a las calles para defender al presidente.

 

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