Cientos de kilómetros para un control médico, discriminación por parte de los profesionales de la salud, negativa a que decidan sobre su propio cuerpo, afectación por agrotóxicos. Son hechos confirmados en una investigación del CELS, realizada durante dos años, con mujeres rurales de Argentina. El rol clave de las organizaciones campesinas para exigir el cumplimiento de derechos.

Mujeres campesinas y acceso a la salud

“Muchas mujeres resignan la propia salud por la sobrecarga en sus tareas cotidianas de sostenimiento de la vida.” La frase, que resonará en el cuerpo de toda mujer que la lea, forma parte del inicio del informe “Campesinas. Organización para la salud” elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que explora el acceso a ese derecho básico por parte de las campesinas en Argentina. La investigación muestra que la desigualdad de género se ve agravada aún más cuando esas mujeres habitan en parajes y poblaciones rurales. Los resultados son concluyentes: las malas condiciones de acceso a la atención médica, la sobrecarga en las tareas de cuidado y la falta de políticas públicas hacen que no accedan al derecho a la salud.

Una de las conclusiones del estudio es que las mujeres de zonas rurales no cuentan con disponibilidad del mismo tratamiento que en zonas urbanas, sobre todo cuando se trata de acceder a métodos anticonceptivos, controles ginecológicos frecuentes, el seguimiento de un embarazo o las posibilidades de su interrupción, y adecuada atención del momento del parto y el postparto.

La investigación, a la que se puede acceder aquí, recupera testimonios de mujeres de distintas provincias del país. En ellos se revela que, en el campo, todo queda lejos y a contramano. Las largas distancias por recorrer para llegar a un lugar de atención primaria se agrava por la falta de profesionales especializados y la imposibilidad de darle continuidad a los tratamientos.

Las conversaciones en los territorios fueron clave para relevar la realidad que viven cotidianamente. Las autoras del informe, Daiana Aizenberg y Agustina Bender, explican que estuvieron con comunidades campesinas alejadas de las capitales de Santiago del Estero, Mendoza, Misiones y Jujuy. También visitaron la zona de Abasto, en la provincia de Buenos Aires, donde se ubica el cinturón hortícola platense.

Las dificultades se transitan de forma diferente y con distintas estrategias, pero en todos los casos las mujeres campesinas quedan más lejos de gozar de sus derechos. En ese contexto, mencionan las propias entrevistadas, las organizaciones campesinas son una respuesta fundamental para el ejercicio de los derechos negados por un Estado que pocas veces llega a las comunidades rurales.

Entre lo que dice el marco legal, que es un paraguas amplio, y las maneras en que esos derechos se garantizan, hay un trecho, resumen las autoras. “Los derechos están, pero poder acceder es una tortura” subraya Leti, una de las entrevistadas en Quimilí, Santiago del Estero.

Las mujeres de Quimilí deben recorrer 200 kilómetros hacia la capital de la provincia para acceder al hospital regional más cercano. Para las infancias, el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) Eva Perón y el Hospital de Niños son los dos establecimientos que más valoran, pero también se encuentran en la capital. El dato grafica la “tortura” que implica el lograr una atención adecuada.

La odisea para conseguir un turno

La salud depende de las condiciones estructurales de acceso. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) —recuerda el informe— esto incluye la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo, agua potable, alimentación y vivienda adecuadas”.

En las zonas rurales de Argentina, la infraestructura adecuada para facilitar la atención médica siempre queda lejos. Las distancias que deben recorrer muchas mujeres para encontrar lugares de atención impiden la consulta de control. Sólo se llega a la consulta cuando pasa algo grave. Además de los problemas y gastos que implican el traslado, la odisea no termina allí. Es habitual que los turnos no sean el mismo día. Si eso ocurre, tienen que conseguir un lugar para quedarse en la capital o, en el peor de los casos, viajar nuevamente hasta sus casas y volver en unos meses.

“Concurren a atenderse cuándo ya no pueden más del dolor. Antes que atender sus propias dolencias, les dan prioridad a los niños o a las personas adultas mayores. Resignan su propia salud, el autocuidado, por la sobrecarga de tareas.”, cuenta Lucía de la Vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS y del relevamiento realizado. De este modo, la prevención de los problemas de salud queda absolutamente relegada.

Una de las entrevistadas (solicitó mantener anonimato), de la comunidad misionera de San Antonio, afirma: “Es tan complicado hacerse estudios médicos, que me los termino haciendo únicamente cuando estoy embarazada”. A la dificultad de las distancias, se le suma la complejidad de la logística familiar para el cuidado de su salud. Los viajes que realizan en esa provincia son de 120 a 170 kilómetros, para llegar a las ciudades de Eldorado, Puerto Iguazú y San Vicente. Allí se encuentra la mayoría de los hospitales de alta complejidad.

A las dificultades materiales se le suma la incomprensión. Las campesinas manifiestan sentirse, y con frecuencia, juzgadas por el personal de salud durante las consultas. En algunos casos reciben críticas sobre el tiempo que pasa entre una consulta y la siguiente, sin considerar la odisea que implica movilizarse. No faltan relatos que señalan también un fuerte cuestionamiento sobre el uso que ellas hacen de la medicina ancestral: “Te anulan, te hacen olvidar tu sabiduría. Después ellos se quedan sin remedios, y nosotras sin el pan y sin la torta”, dice en el informe Guadalupe, una de las integrantes de la Red Puna (en Jujuy), organización que es parte del MNCI Somos Tierra.

Ese acceso sin equidad a la salud se profundiza aún más cuando sólo se depende de la atención pública. En las zonas en las que se depende sólo de instituciones estatales, éstas se encuentran en menor cantidad y con menos complejidad para la atención. Con la cantidad de personal médico y de enfermería ocurre lo mismo.

Según los datos publicados por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (2024), aproximadamente el 32 por ciento de los establecimientos de salud del país son públicos. Sin embargo, en el NOA y en el NEA los establecimientos públicos alcanzaron proporciones que superan este promedio, con 42 por ciento y 53 por ciento respectivamente. El NEA y NOA fueron las de mayor relación de establecimientos públicos por habitantes.

Estas regiones, a su vez, tuvieron la mayor frecuencia de Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), que —en algunos casos— logran achicar las distancias. Pero en la mayoría de ellos, según el relevamiento del CELS, no se cuenta con medicamentos, equipamiento ni personal médico de especialidades necesarias.

Cuerpos y vidas a la deriva

La vida sexual y reproductiva de una mujer abarca múltiples aspectos. Esos accesos inequitativos a los servicios más básicos de salud las alejan del pleno goce de sus derechos y de la posibilidad de tomar elecciones informadas sobre sus cuerpos. Lo mismo sucede con los partos y sus controles, tanto antes como luego del nacimiento.

Muchas campesinas de Santiago del Estero hacen sus controles en puestos móviles o “camioncitos de salud”. En esos casos, las distancias se achican. Pero el recorrido de estas postas móviles no siempre es constante ni frecuente. En Bernardo de Irigoyen (Misiones) y en Quimilí (Santiago del Estero), las mujeres campesinas relatan que jamás recibieron los resultados de sus estudios de papanicolau (que sirve para detectar el cáncer de cuello uterino), colposcopía (examen de cuello de útero, vagina y vulva) y mamografía, por lo que quedaron sin saber su estado de salud.

A pesar de las leyes nacionales de Parto Humanizado y de Protección Integral de las Mujeres, las campesinas relatan que los sentimientos, percepciones, experiencias y saberes sobre el propio cuerpo, muchas veces resultan ignorados durante el proceso de pre y post parto. Maltrato verbal o físico, deslegitimación, restricción de información sobre los procesos y las decisiones que pueden tomar, medicalización al momento del parto y escaso acompañamiento fueron algunos de los temas que se repitieron.

La violencia obstétrica persiste en muchas clínicas y hospitales. El 79 por ciento de la violencia obstétrica es de tipo psicológica, el 40 por ciento es física y el 14,7 por ciento de las personas que se comunicaron a la línea 144 informaron haber sufrido violencia sexual.

Los relatos ilustran esos números. “Ser mujer, marrona y campesina es un orgullo para Susana, pero en el hospital de La Plata donde se atiende son sesgos de discriminación: ‘Te ven con esa tonada de que sos de provincia y te dejan de lado’", se lee en el informe. El mismo cuenta también la historia de otra mujer, en Santiago del Estero, a quien le negaron la internación cuando comenzó su trabajo de parto. Su bebé falleció; a ella le realizaron un legrado (raspaje del útero con una cureta) y le dieron el alta. Otro caso fue el de Leonor, que pasó la noche parada en el pasillo del Hospital de La Banda (Santiago del Estero), con su hija recién nacida y luego de una episiotomía, porque faltaban camas y no había más colectivos para volver a Quimilí.

La episiotomía es un corte que se hace en el tejido entre la abertura vaginal y el ano durante el parto, y dicha práctica está cuestionada incluso por la Organización Mundial de la Salud. ”A dos de cada tres personas gestantes primerizas en nuestro país les hacen episiotomías”, denuncian desde el CELS.

Como estrategia ante lo complejo de asistir a un centro de salud cuando llegan los síntomas del parto, algunas mujeres rurales optan por cesáreas programadas. “María, vecina de Quimilí, prefiere organizar su parto de ese modo porque vive muy lejos del hospital, no tiene vehículo y se le dificulta volver a realizarse los controles; entonces una internación de varios días le resulta más conveniente. No es que no haya hospital público en Quimilí, pero derivan todos los partos a la capital provincial. La cesárea, que debería aparecer como una práctica médica extraordinaria, se impone muchas veces por la complejidad logística”, dice el informe.

Otra dificultad es el acceso a los anticonceptivos. El relevamiento cuenta que, en Misiones, Miriam decidió, ante el nacimiento de su quinto hijo, solicitar una ligadura tubaria (método anticonceptivo permanente). Su intención era aprovechar el parto para realizar la intervención. Sin embargo, en el hospital de Eldorado se la negaron sin motivo y le ofrecieron en su lugar colocarle un dispositivo intrauterino (DIU, otro método no permanente), a los dos meses. A Mónica, de Bernardo de Irigoyen, el ginecólogo le pidió la autorización de su esposo para realizarle una ligadura tubaria (pese a lo que dice la ley para estos casos). A Laura se la negaron porque “aún era joven y podía arrepentirse”.

Entre objetores y agrotóxicos

Toda mujer debe decidir sobre su cuerpo y su embarazo. En las comunidades rurales, muchas no pueden decidir por las consecuencias de los agrotóxicos que interrumpen sus embarazos. En otros casos, cuando son ellas quienes quieren ejercer el derecho a no continuar una gestación, encuentran trabas concretas que cercenan sus derechos.

Según el Centro de Derechos Reproductivos, las mujeres fumigadas tienen un 75 por ciento más de posibilidades de sufrir un aborto espontáneo en el primer trimestre de gestación. “Fue en las asambleas donde surgió un tema que no habíamos contemplado al comienzo de la investigación: la incidencia de los agrotóxicos en los abortos involuntarios. En varios lugares, los testimonios se repetían, y eran coincidentes, además de la pérdida de embarazos referenciaban descomposturas y reacciones en la piel o problemas respiratorios relacionados con el uso de agrotóxicos”, explican desde el CELS. El informe contiene todo un capítulo específico sobre el tema.

En 2015, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia advirtió que existen vínculos documentados entre la exposición prenatal a sustancias químicas ambientales y los resultados adversos para la salud. En agosto de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió un informe del Centro de Derechos Reproductivos y otras organizaciones en el que señala la evidencia científica sobre las consecuencias de la exposición al glifosato y otros pesticidas.

Los impactos de los agrotóxicos en la salud humana, especialmente en la salud reproductiva, incluyen trastornos de fertilidad, abortos involuntarios, nacimiento de niños y niñas con bajo peso, riesgo de parto prematuro, preeclampsia (complicación del embarazo potencialmente severa caracterizada por una presión arterial elevada), aumento de hospitalizaciones post parto por infecciones en mujeres, malformaciones congénitas, infecciones y hasta aumento en la probabilidad de muerte de recién nacidos.

Por otra parte, el aborto elegido, en las comunidades rurales, no está exento de debates que aún atraviesan el tema, pero, concretamente, la posibilidad de acceder al derecho al aborto se enfrenta de lleno con la presencia de muchísimos impedimentos, que se hacen más notorios en las provincias más conservadoras. La oposición de efectores de salud a la práctica y el número de objetores en el sector público son un obstáculo real.

En el Hospital de San Antonio (Misiones), se grafica en la investigación, el equipo de salud es objetor. “Por lo tanto, quienes opten por interrumpir su embarazo deberán desplazarse hasta Pozo Azul, una localidad a 100 kilómetros de distancia. La vigencia y cercanía de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo todavía está atravesada por sesgos morales y religiosos que, en algunos casos, obstaculizan la apropiación de derechos conquistados. Aún así, las organizaciones sociales toman la decisión política de acompañar el plan de vida de sus integrantes”, resalta.

Sostener y tejer comunidad

En este presente de achicamiento y desmembramiento del Estado todo hace prever que el acceso a la salud integral, ya en deuda, se complique aún más. Ahí, desde siempre, están y estarán las propias mujeres acuerpándose para tejer redes. Y para seguir exigiendo que el derecho a la salud sea posible para todas, independientemente de la condición social, económica, laboral, de género, de capacidad y de ubicación geográfica. Cuidar a quienes cuidan y a quienes nos alimentan se hace urgente y necesario en un presente que pareciera olvidarse de la importancia del sostenimiento de la vida.

“Hoy nos encontramos con las provincias haciendo malabares y con el Estado nacional que se ha corrido. Sin insumos, sin medicamentos y con el desmantelamiento de programas enteros destinados a prevenir embarazos en adolescentes, por ejemplo”, explican desde la Coordinación de Agenda Feminista del CELS.

El organismo de DDHH detalla que “las organizaciones sociales funcionan como puente para llegar al primer nivel de atención a la salud. Muchas veces garantizan el plato de comida, así como dan apoyo escolar y juegos para niños y niñas. Son el telar de solidaridad y afecto en un tejido social cada vez más desintegrado”. También marca la necesidad de reconocer y fortalecer el rol de las promotoras de salud y de género y garantizar la representación de las organizaciones campesinas e indígenas en las mesas de trabajo y en los espacios de definición de las políticas públicas que afecten a sus comunidades.

Los cuidados comunitarios son estratégicos para el desarrollo de las comunidades rurales, por su inserción territorial, por las posibilidades de sostenibilidad y por la pertenencia a una trama cultural común. “Lo que vimos y escuchamos a lo largo de todas las entrevistas es que el acompañamiento de las organizaciones de la propia comunidad es clave para tratar de sortear tantos obstáculos. En algunos casos las ayudan a gestionar los turnos, pero en todos son quienes se encargan de insistir para que no se pierda esa conciencia de la necesidad del autocuidado. Algo que resulta fundamental”, afirma de la Vega.

“Una señora se nos acercó en Misiones y nos compartió un consejo que practica y comparte con otras: ‘Aunque estés tapada de trabajo, tomate unos matecitos y, aunque sea, dedicate una hora para vos’. Ese registro, ese espacio que nos damos, para pensarnos, son algunos de los aprendizajes que nos trajimos de esos encuentros. Y resultan centrales para poder conectarse”, comenta.

Esa autoconciencia, ese reconocimiento, esa conexión con el propio cuerpo, no es suficiente, pero es un primer paso necesario para escucharse. Este “parar la pelota” se da fundamentalmente a través de talleres. Pero el acompañamiento no se queda sólo ahí. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), por citar un ejemplo, sostiene una red de promotoras de salud. Ellas trabajan para generar esa conciencia y juegan un rol de comunicación con el Estado que resulta clave para atender las demandas y para garantizar el acceso a tratamientos o a medicación antes escasos, hoy cada vez más lejanos.

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Los estudios preliminares del Atlas de Lenguas Indígenas en Peligro de Desaparición arrojan datos actualizados sobre el estado de las lenguas indígenas en la región: el 38,4 % de las 556 lenguas indígenas de América Latina y el Caribe se encuentran en riesgo de desaparición, aproximadamente 18 puntos porcentuales más que en 2009, cuando se publicó el último Atlas

Iberoamérica avanza en la elaboración de un nuevo Atlas Latinoamericano de Lenguas Indígenas en Peligro de Desaparición, un documento clave para entender el estado de las lenguas originarias en la región y garantizar su supervivencia. La propuesta ha sido presentada este jueves, en Colombia, por el Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas (IIALI), uno de los 30 programas de cooperación iberoamericana promovidos por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

El documento, impulsado por IIALI, junto al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para América Latina y el Caribe (FILAC) y SEGIB, ofrecerá informaciones actualizadas sobre el estado de las lenguas indígenas en la región respecto al último atlas disponible (2009). Según los datos revisados hasta la fecha, el 38,4 % de las 556 lenguas originarias se encuentran en riesgo y situación crítica, aproximadamente 18 puntos porcentuales más que hace 15 años. El documento destaca también que ninguna de ellas está a salvo y al menos 66 lenguas indígenas de la región cuentan con menos de 99 hablantes; en Bolivia, por ejemplo, al menos 7 lenguas de 33 tendrían menos de 10 personas de avanzada edad que las hablan, entienden o recuerdan.

Según el estudio, que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la vulnerabilidad de las lenguas guarda una relación estrecha con al menos tres factores: el racismo y la discriminación en contra de las personas, sociedades y conocimiento indígena; el incumplimiento por parte del Estado de la legislación vigente (que debería proteger, fomentar y visibilizar a las lenguas indígenas); y la interrupción de la transmisión intergeneracional de las lenguas.

«La actualización del Atlas Latinoamericano de las Lenguas en Peligro es necesaria para que los países, los Gobiernos, así como las organizaciones indígenas tomen decisiones adecuadas sobre el futuro de sus lenguas, las cuales conservan ese cúmulo de conocimiento que los pueblos originarios transmiten», afirma el lingüista e investigador peruano Luis Enrique López-Hurtado, encargado de coordinar la propuesta de Atlas de Lenguas Indígenas en Peligro de Silenciamiento.

El Laboratorio para las Lenguas Indígenas

Ante la crítica situación que viven las lenguas indígenas en Latinoamérica y el Caribe, el IIALI también ha presentado una propuesta de creación de un laboratorio que contribuya a la revitalización de las lenguas de los pueblos originarios.

De acuerdo con el lingüista peruano Roberto Zariquiey, el Laboratorio para la Vitalidad y el Uso de Lenguas Indígenas busca promover el intercambio entre las distintas iniciativas de revitalización lingüística que existen en la región. Además de su papel como articulador, el proyecto también es concebido como un espacio de experimentación, formación e investigación, que permita retroalimentar el Atlas de las Lenguas Indígenas en Peligro de forma constante e interactiva.

«La buena noticia es que, desde el último atlas de 2009, las iniciativas de revitalización cultural y lingüística de las sociedades indígenas se vienen incrementado día a día, particularmente por la decisión de actores clave de las comunidades lingüísticas, como las mujeres y hombres jóvenes que han decidido reaprender las lenguas patrimoniales de sus familias y comunidades», agrega López Hurtado.

Sobre el IIALI

La Iniciativa Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas (IIALI) fue impulsada en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en Andorra en 2021, y nace con el objetivo de fomentar el uso, la conservación y el desarrollo de las lenguas indígenas habladas en América Latina y el Caribe, apoyando las sociedades indígenas y los Estados en el ejercicio de los derechos culturales y lingüísticos.

IIALI, uno de los 30 programas de cooperación iberoamericanos, celebró este semana en Colombia su Consejo Intergubernamental, en el marco del cual Bolivia traspasó la presidencia de la iniciativa a Colombia.

La creación de la IIALI constituye una contribución plena al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032) y pone al conjunto de Iberoamérica en el desarrollo de acciones regionales concretas, en una muestra de un trabajo constructivo y colectivo entre gobiernos y pueblos indígenas.

«El instituto dedica sus esfuerzos a reducir la pérdida de tradiciones y culturas, especialmente en un contexto de globalización y triple crisis planetaria. La extinción de lenguas ancestrales representa un grave riesgo para la transmisión intergeneracional del conocimiento de los Pueblos Indígenas, quienes han demostrado una gran resiliencia frente a los desafíos actuales gracias a dichos sistemas», apunta la coordinadora del programa de Juventudes y Mujeres de la FILAC, Dali Ángel.

El especialista del Área de Cohesión Social de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Jorge Luis Díaz Scharff, reafirma el apoyo de la SEGIB a las «acciones que contribuyen al sostenimiento y revitalización de las lenguas indígenas, dinamizando la tradicional transmisión intergeneracional de las mismas y el desarrollo de políticas para su uso público».

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En el Chaco salteño se encuentra una comunidad Wichi denominada "La Emboscada". En el caserío donde viven 20 familias arman una biblioteca con paredes de barro y madera. La historia de una comunidad que sueña con poder brindarle más de educación y cuidado a los niños.

"Ausencia de libros, no es ausencia de sueños", es la última entrega del informe del equipo de El Doce integrado por Luchi Ybañez y Keko Enrique que viajó al chaco salteño a documentar las dramáticas experiencias y la forma de supervivencia que atraviesan a estas personas.


En el Impenetrable, los habitantes de la comunidad Wichi "La Emboscada" están llevando adelante un sueño: hacer un espacio de biblioteca y escuela con paredes de barro y techos de lona. "Quiero ayudar a los chicos, que no abandonen el estudio y salgan adelante".
En el campamento donde residen hay un rancho de madera y chapa que resguarda con un candado los pocos libros que tiene la comunidad, están todos amontonados en cajas y cubiertos de polvo. Cuando hay viento se les vuela el techo y eso arruina los libros.

"Tenemos un quincho con techo de nylon y la idea es armarlo como un espacio de estudio. Ya contamos con el pizarrón y algunos estantes. Entre todos nosotros nos ayudamos a mejorarla", agregó Marcia.


Los niños no cuentan con la base de la educación tradicional a la cual puede acceder el resto de la población argentina, debido a la distancia en la que se encuentra esta comunidad. Solo pueden completar el nivel inicial (jardín) y no mucho más. La idea de este espacio es que el aprendizaje no tenga un freno obligado. Marcia Benito cuenta con entusiasmo que esta iniciativa les llena el corazón. Ella no es maestra pero se predispone a enseñar a los niños y siente que lo hace con vocación.

La comunidad Wichi de La Emboscada está construyendo el proyecto de armar la biblioteca con sus propias manos. Entre tantas necesidades, ahora los niños podrán tener otra opción, otro camino.

"Ahora hay que salir adelante. Los chicos suelen trabajar en puestos, hacen changas, despues se van a cosechar tomates y dejan de estudiar. Por eso los apoyamos para que puedan hacerlo".

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En total 28.868 mujeres han sido beneficiadas, de las cuales 5.677 son campesinas, 1.358 de comunidades negras, 21.468 de resguardos indígenas y 473 de restitución

En el marco del Día Internacional de la Mujer el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina, ratificó la apuesta de la entidad para empoderar a la mujer en los territorios.

De acuerdo con cifras oficiales, en siete meses del Gobierno nacional se han formalizado más de 1,4 millones de hectáreas en el país, de las cuales 1.015.000 corresponden a predios rurales y 396.000 a zonas de reserva campesina, como la de Sumapaz, en Bogotá, y la de Guayabero en el departamento del Meta.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina, ratificó la apuesta de la entidad para empoderar a la mujer en los territorios.

“Durante los siete primeros meses del Gobierno del Cambio se han entregado títulos por más de 1,4 millones de hectáreas de tierra, de los cuales el 50% ha sido para mujeres porque ellas no solo han sido las principales afectadas de la violencia en el país, sino que son fundamentales para la construcción de la paz, la conservación del territorio y tejido social”, dijo el funcionario.
Las declaraciones de Vega Medina se hicieron en la entrega de la tercera versión del premio Mujer Transformadora de Colombia Rural, que con 98 postuladas, tuvo el récord para este reconocimiento que nació en 2020 para destacar a todas aquellas mujeres beneficiarias de los diferentes programas de entidad y han aportado al crecimiento y desarrollo rural del campo colombiano.

En ese sentido, en total 28.868 mujeres han sido beneficiadas, de las cuales 5.677 son campesinas, 1.358 de comunidades negras, 21.468 de resguardos indígenas y 473 de restitución, en el marco de la reforma rural.

Al respecto, Vega agregó que dicha tierra ha sido comprada, en su mayoría, a terceros, teniendo en cuenta que se viene “trabajando donde la tierra sea más fértil. Tierra que sea fértil para producción de alimentos, que no tengan procesos de restitución, que no esté reclamada por otras personas en los Consejos de Restitución, que no esté inundada, que no sea inundable y tierra que no esté ocupada”.

Sobre la meta del Gobierno de Gustavo Petro para la entrega de tierras en la zonas rural del país, el director de la ANT sostuvo que: “Pretendemos hacer una entrega de 3 millones de hectáreas en estos 4 años”.

Durante la entrega del premio Mujer Transformadora de Colombia Rural, que se realizó en La Plata (Huila), Eveniz Rodríguez Meneses, del Cauca, fue la ganadora en la categoría Mujer Constructora de Paz, mientras que Yamileth Ospina Hernández, de Tolima resultó ganadora de la categoría Mujer Conservadora del Territorio. Ambas recibieron un reconocimiento y la participación en el encuentro Internacional de Mujer Rural, en España, donde darán a conocer sus experiencias.

Yamileth Ospina Hernández, una de las ganadoras, dijo luego de la ceremonia:

“Estoy muy contenta con este premio, que reconoce el trabajo de mi comunidad por la conservación del territorio en mi municipio. Allí tenemos un proyecto de ganadería en los predios que nos fueron titulados, pero también de piscicultura y reforestación para proteger el medioambiente”.
De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 que realizó el Dane, en las zonas rurales de Colombia, se ubicó el 24,2% de la población del país, es decir, 11.969.822 personas: el 48,13% de la población rural son mujeres (5.760.524 personas) y el 51,87% son hombres (6.209.298).

En el informe se destaca que el mercado laboral en las zonas rurales es desfavorable para las mujeres; ellas enfrentan tasas de ocupación más bajas y tasas de desempleo más altas, en comparación con las de los hombres.

Con respecto a la educación, entre las mujeres de zonas urbanas y las de zonas rurales se observan grandes disparidades, como lo son saber leer y escribir, participación y acceso a la educación, entre otras.

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Argentina es un país federal integrado por 23 provincias y una ciudad autónoma (Buenos Aires, capital), con una población total de 45.892.285 millones de personas, según los datos del censo de 2022. Este último censo no brinda datos específicos de la cantidad de población indígena existente en el país y que se autoperciben como indígenas. Son 35 los pueblos indígenas oficialmente reconocidos, aunque los procesos de recuperación identitaria son dinámicos y este número es variable, llegando a alrededor de 40 pueblos, de acuerdo a sus organizaciones. Legalmente poseen derechos constitucionales específicos a nivel federal y en la mayoría de Estados provinciales.

Además, están vigentes, conformando el bloque de constitucionalidad, un conjunto de tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, entre otras. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene jerarquía supra legal (no se encuentra dentro del bloque de constitucionalidad), fue ratificado en 2000 y está vigente con estatus de tratado internacional desde 2001. Asimismo, en Argentina se encuentran vigentes, y tienen fuerza normativa, la Declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Si bien hay nueva gestión que asumió en diciembre de 2023, ya sus primeras medidas auguran un escenario político y jurídico desfavorable para los pueblos indígenas. El 2023 estuvo signado por la campaña electoral y por las pujas políticas y, a su vez, las comunidades indígenas no fueron ajenas a las tensiones que se generaron.
Las comunidades indígenas y sus organizaciones (entre otras, la Confederación Mapuche Neuquina, CMN) rechazan estos instrumentos jurídicos porque atentan contra su territorio al promover el modelo extractivo; socavar la soberanía alimentaria, y generar las condiciones para la concentración del poder económico.

La situación actual fue gestándose, en algún sentido, con el anterior gobierno –que, en definitiva, abrió las puertas al nuevo modelo libertario- y se encuentra refrendada en decisiones de los gobiernos provinciales. Basta señalar como una enorme fuente de conflictos con las comunidades indígenas, que aún subsiste, la reforma constitucional llevada adelante por el gobierno de la provincia de Jujuy. La reforma inconsulta con las comunidades y profundamente inconstitucional (no cumplió con los requisitos de forma y fondo), construye un modelo estatal que avanza sobre los territorios. Fue centralmente pensada para la ampliación de la explotación del litio, principal recurso de la región y globalmente muy requerido por sus usos y las limitaciones de su existencia.

Esta reforma constitucional, sin participación ciudadana, sin consulta a los pueblos indígenas, en tiempos excesivamente cortos, atenta contra cualquier principio democrático. Si bien el texto incluye temas que en la actualidad serían considerados “políticamente correctos”, tales como el cambio climático, el bienestar animal, el bienestar espiritual, etc.; una lectura atenta desnuda finalidades incompatibles con un Estado que se pretende construir como igualitario, y que discursivamente señala que respeta a los pueblos indígenas. Las movilizaciones indígenas que se están desarrollando desde junio de 2023 cuestionando su legitimidad (y que llegaron a la Ciudad de Buenos Aires), y la represión ordenada por el gobierno para acallar las protestas, dan cuenta de ello.

Por otra parte, es interesante prestar atención a una nueva forma de despojo territorial de los pueblos indígenas, a través de la creación de parques nacionales y reservas naturales de manera inconsulta, instalando una suerte de “modelo neocolonial de la conservación verde”, que configura una nueva forma expansiva sobre los territorios indígenas que ignora su presencia. Activistas, académicos y académicas denuncian la proliferación de estas estrategias, principalmente en el noroeste argentino, ejemplificando con la creación del Parque Nacional Aconquija, en la provincia de Tucumán, imponiendo visiones conservacionistas sin garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, lo que impacta sensiblemente en la Nación Diaguita. Así fue discutido, entre otras instancias, en el XIX Congreso internacional sobre integración regional, fronteras y globalización en el continente americano de noviembre de 2023, llevado adelante en la Universidad de Chilecito, provincia de La Rioja[1].

Revisando las disputas suscitadas alrededor de los territorios indígenas en el último año, el conflicto territorial que existe en las inmediaciones de Villa Mascardi, provincia de Río Negro (ver El Mundo Indígena 2023) lejos está de resolverse. Vale la pena recordar que se produjo un violento desalojo en 2022, por el cual cuatro mujeres con sus hijos permanecieron privadas de su libertad por casi seis meses, se realizaron tres mesas de diálogo en donde se llegaron a algunos acuerdos preliminares: entre ellos se reconocía el sitio sagrado del lugar (rewe) y se facilitaba su acceso a la machi (autoridad espiritual) para que pueda llevar adelante sus prácticas espirituales y sanadoras. Asimismo, se discutió la relocalización de la comunidad indígena mapuche Lafken Winkul Mapu en las cercanías del lugar del conflicto. Luego de seis meses de firmado el acuerdo, en diciembre de 2023, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) les informó que el acuerdo no se cumpliría, alegando “el resultado de las elecciones” y la inminente asunción de un nuevo presidente.

En definitiva, los ejemplos mencionados ilustran las dificultades de las comunidades indígenas para gozar de sus derechos territoriales, la negación permanente del Estado de su reconocimiento efectivo, y un futuro que se vaticina con mayor conflictividad.

Reafirmando derechos: la ley de consulta en la provincia de Neuquén
En diciembre de 2022 la legislatura de la provincia de Neuquén aprobó por unanimidad la Ley de Consulta Libre, Previa e Informada a las Comunidades Indígenas (Ley 3.401), de acuerdo a lo que dispone el Convenio 169 de la OIT y las Declaraciones respectivas. Dicha ley es la réplica de un Decreto del Ejecutivo que se encontraba ya vigente, y que fue consensuado con la Confederación Mapuche de Neuquén.

Esta ley, la primera en Argentina, es central para reconducir la relación con el Estado y, a través de éste, con la industria hidrocarburífera. Más aún en una provincia en donde la explotación del yacimiento “Vaca Muerta” con la técnica del fracking (fractura hidráulica que utiliza toneladas de químicos e ingentes cantidades de agua, método altamente contaminante) lleva una década, y ha ocasionado innumerables conflictos con las comunidades indígenas que habitan la zona.

Esta ley es relevante por un conjunto de razones. En primer lugar, va de la mano con lo dispuesto en los instrumentos jurídicos internacionales que están vigentes en Argentina. En segundo lugar, considera a las comunidades indígenas que habitan la provincia de Neuquén como sujetos políticos con quienes se debe dialogar. Si bien esta ley no se reduce a las cuestiones territoriales, son las que indudablemente se destacan. En tercer lugar, establece un procedimiento para implementar el derecho a la consulta.

Sin embargo –advirtiendo que esta ley merece un análisis más exhaustivo- tiene dos aspectos negativos que no pueden soslayarse. Por una parte, solo pueden ejercer este derecho las comunidades con personería jurídica inscriptas en la provincia (art. 8), dejando de lado aquellas que –por las razones que fueren- no la hayan obtenido. Por la otra parte, el resultado de la consulta no es vinculante. Si bien contempla la inclusión de las observaciones o sugerencias de las comunidades, la administración finalmente puede adoptar la medida en cuestión (art. 15), lo que distorsiona en gran medida el objetivo principal de la ley.

A pesar de estas consideraciones, la promulgación de esta ley es positiva y así ha sido entendida por la Confederación Mapuche de Neuquén. El gran desafío pendiente es su implementación, y monitorear cómo su autoridad de aplicación (la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente) activará los mecanismos contemplados en la ley para una participación efectiva.

Conclusiones
El 2023 en Argentina ha estado signado por una notable ineficiencia del Estado en ejecutar sus políticas. Los pueblos indígenas, como destinatarios de ciertas políticas territoriales, no han sido ajenos a esta falta de gestión, y la parálisis para avanzar en la demarcación y posterior titulación de los territorios indígenas, ha sido evidente.

Por otra parte, y como consecuencia de lo anterior, los conflictos territoriales se agudizaron. A la falta de respuesta a nivel nacional, los Estados provinciales también han demostrado rechazo al reconocimiento, generando una protesta extendida de las comunidades indígenas y una fuente permanente de tensiones que subsisten hasta el presente.

Si bien existen algunas acciones positivas, como la promulgación de la Ley de Consulta en la provincia de Neuquén, a los aspectos controvertidos señalados debe sumarse un contexto político extremadamente incierto que pronostica un impacto directo en las comunidades indígenas. Un análisis político y jurídico de este último año permite señalar que un Estado ausente o inoperante deslegitima una gestión de gobierno, pero lo que es peor socava los derechos indígenas alcanzados, colocando a los pueblos indígenas en una situación más debilitada.

Asimismo, principalmente en un país federal como Argentina, los estados provinciales tienen un protagonismo en la protección de derechos. Aunque no han demostrado una vocación de garantizarlos, principalmente por los bienes comunes naturales presentes en su espacio geopolítico, y lo que representa la explotación del gas, petróleo o litio en términos de recursos económicos; todos estos bienes comunes naturales se encuentran presentes en los territorios reivindicados por las comunidades indígenas.

Finalmente, es racional anticipar una proliferación de disputas territoriales en el futuro inmediato, un abandono del relevamiento territorial que existe a partir de 2006 (con escasos resultados), y una priorización de actividades económicas sobre los territorios indígenas, que es abiertamente contradictoria con sus derechos.

Silvina Ramírez es abogada. Doctora en Derecho. Docente de Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad de Palermo y de otras universidades argentinas y de América Latina. Integrante fundadora de la Asociación de Abogadas y Abogados de Derecho indígena (AADI). Asesora Académica del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS). Integrante de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y referente de Argentina de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU).

 

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