En América latina y el Caribe, las comunidades indígenas constituyen más del 8,5 por ciento de la población total regional. Las prácticas discriminatorias y la falta de posibilidades afectan en general a las etnias nativas.
Desde 1994, el 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
La fecha fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para recordar la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre las múltiples Poblaciones de Pueblos Originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, celebrada en 1982.
El órgano asesor del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas recuerda que hay más de 476 millones de personas que pertenecen a pueblos indígenas repartidos en 90 países; representan alrededor del 6,2 por ciento de la población mundial.
En América latina y el Caribe los pueblos originarios constituyen más del 8,5 por ciento de la población, la proporción más elevada de todas las regiones del mundo. También son los que tienen el mayor porcentaje de personas en situación de pobreza extrema, según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acerca de la aplicación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 169; se trata de un compromiso adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989 y ratificado por 22 estados miembro del organismo especializado de la ONU que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales.
De los países firmantes, 15 son de América latina y el Caribe; entre ellos, la Argentina.
Artífices de su destino
El objetivo de este convenio es superar las prácticas discriminatorias que afectan a los pueblos originarios y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas, previstas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por los 193 dirigentes mundiales que participaron en la cumbre de la ONU en Nueva York.
El plan global contiene seis referencias específicas a los pueblos indígenas, incluido el compromiso de duplicar la productividad agrícola de los pequeños agricultores indígenas, y de garantizar el acceso igualitario a la educación para los niños indígenas. Además, hace menciones directas a las aspiraciones de las comunidades originarias en las esferas económica, social y ambiental.
En la sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas realizada del 19 al 30 de abril último en Nueva York, se actualizó información relacionada con la situación de los pueblos indígenas en el mundo.
En la oportunidad, se remarcaron las desigualdades existentes y las injusticias históricas que enfrentan los pueblos indígenas, cuestiones que se agudizaron de manera sensible desde la irrupción de la pandemia de Covid-19.
Pobreza extrema
El trabajo de la OIT mencionado con anterioridad en esta nota destaca además que a partir de la información suministrada por nueve países de la región se estableció que el 30 por ciento de la población censada vive en situación de pobreza extrema, cuando el promedio mundial es del 19 por ciento.
La problemática en el continente está asociada al género. De acuerdo con la OIT, el 85 por ciento de las mujeres indígenas trabajan en la economía informal y reciben una paga inferior a la de sus homólogas no indígenas.
Además, los pueblos indígenas tienen posibilidades muy acotadas de conseguir empleo de calidad.
El documento señala también que el salario de las personas indígenas con empleo remunerado está un 31 por ciento por debajo del de otros trabajadores, la mayor brecha salarial de las personas indígenas en el mundo.
Otra desigualdad manifiesta se advierte en el plano de la educación. Mientras el 47 por ciento de las personas indígenas que trabajan no tienen estudios, las no indígenas que se encuentran en esa situación representan el 17 por ciento.
Como se dijo, la pandemia de Covid-19 expuso con crudeza y exacerbó las desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a poblaciones de todo el mundo que ya sufrían pobreza, enfermedades, discriminación, inestabilidad institucional y otros males.
Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el contraste es aún más marcado.
De ahí que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas insistirá hoy con la necesidad de revisar el contrato social en los países signatarios del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 169 de la OIT, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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