Un asentamiento agrícola paraguayo llamado Rosarino, cercano a la frontera con Brasil, amaneció hace unos meses con el estruendo de disparos al aire. Las tierras donde vivían unas cien familias desde 2008 estaban siendo invadidas por civiles armados disfrazados de policías. Todas las personas corrieron a refugiarse en un pequeño bosque cercano. Lograron llegar hasta la comisaría de Maracaná, departamento de Canindeyú, también frontera con Brasil, y presentar una denuncia.

Cuatro días después, un grupo de agricultores que salía de la comunidad en coche fue asaltado por los mismos civiles armados que hicieron los disparos al aire. Esta vez apuntaron directamente al vehículo. Un hombre resultó gravemente herido y otros leves.

“No es la primera vez, siempre guardias privados vienen a hacer sus locuras”, dijo el mismo día el comisario de la zona, Roberto Romero. Las tierras son un asentamiento campesino desde hace 13 años, pero un inversor alemán pretende ahora ocuparlo, según Celino Salinas, dirigente de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT). Salinas denunció también que la policía no persigue a los asaltantes porque “las autoridades de la zona actúan en complicidad con la mafia local”. El dirigente campesino Arnaldo Solís, de 33 años, fue asesinado a balazos por un matón “al servicio del dirigente colorado Gerónimo Sanabria, que es uno de los tantos terratenientes que se apropiaron de tierras falseando títulos y aprovechando influencia política”, según denunció el Partido Comunista Paraguayo.

La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) afirmó que este suceso es similar a otros recientes, con asesinatos incluidos, “de paraguayos, que buscan acceder al derecho a la tierra, medio que les permite la alimentación y una vida digna”. Por lo menos 124 líderes campesinos han sido asesinados desde 1989 hasta hoy. La ONG instó a las autoridades a investigar las denuncias sobre civiles armados, figura cada vez más frecuente para avasallar a campesinos, campesinas y sus familias. Aunque han pasado 150 años de la Guerra Guasú (grande en guaraní) en la que Argentina y Brasil invadieron, saquearon y ocuparon Paraguay, un 15% del territorio paraguayo está ocupado actualmente por latifundistas brasileños, una cifra que llega al 35% en los departamentos fronterizos con Brasil.

Son medio millón de hectáreas dedicadas íntegramente al agronegocio, una superficie como la que se quemó en 2020 en los incendios de California, según una investigación de la organización paraguaya Base-Is. Antaño estas tierras eran selvas tropicales, tierras ancestrales de pueblos indígenas, con abundantes ríos y manantiales, valles y colinas, de numerosos pequeños agricultores en un país mayoritariamente rural. Pero ahora son silos gigantes, camiones humeantes y tractores modernísimos entre un inmenso mar verde de monocultivo de soja transgénica y pastos para las vacas que han sustituido a los árboles, los pájaros o los jaguares, y a la mayoría de las comunidades agrícolas nativas y criollas.

Al menos un millón de agricultores paraguayos han abandonado el campo en dirección a la capital, Asunción, y también hacia Buenos Aires, São Paulo y Madrid, según la Federación Nacional Campesina (FNC), ante la falta crónica de trabajo y tierras.

Este país sin mar, ubicado en el corazón de América del Sur, es uno de los diez mayores exportadores de granos y carne del mundo, pero esa inmensa riqueza está concentrada en menos del 2,5% de la población que es dueña de más del 85% de las tierras cultivables. Es uno de los países con la distribución de la tierra más desigual de América y del mundo, según datos de Naciones Unidas.

Ardía el sol de verano a las tres de la tarde cuando unos 35 hombres con escopetas y picanas eléctricas aparecieron por sorpresa en otro asentamiento rural de casas de madera y lona que se llama Loma Piro’y. Golpearon a hombres, mujeres y niños, varios tienen brazos fracturados. Quemaron sus casas, su pequeña iglesia y su escuela. Robaron sus teléfonos y su comida. También sus animales. Los agredidos son un centenar de personas del pueblo mbya guaraní que viven en sus tierras ancestrales. Ocurrió el 16 de diciembre de 2020 y los agresores no han sido detenidos.

“Es tierra ancestral, es nuestra tierra, nos pertenecía hace miles de años”, cuenta tras el desalojo Mario Rivarola, miembro de la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI). Los mby’a guaraní son uno de los cinco pueblos guaraníes, de los 19 pueblos o naciones indígenas diferentes que viven en Paraguay desde antes de la colonización europea. El 75% de ellos está en situación de extrema pobreza según el censo, y las pocas tierras que les quedan, se las quieren quitar empresarios y terratenientes.

El 75% de mby’a guaraní está en situación de extrema pobreza según el censo, y las pocas tierras que les quedan se las quieren quitar empresarios y terratenientes
“Nosotros somos los dueños verdaderos, nosotros somos los títulos vivientes”, destaca Rivarola. La líder de la comunidad Elida Prieto reclama que quedaron absolutamente desamparados y que las autoridades nada hacen para protegerlos y garantizar su territorio por más que está reconocido por el propio Instituto de la Tierra (Indert) gubernamental.

Tres días antes de la expulsión de los mbya guaraní, otras 300 personas fueron desalojadas de una comunidad campesina no muy lejos de allí, también con violencia de por medio, pero, esta vez, causada por la policía. Ocurrió en el distrito 3 de Mayo del departamento de Caazapá. Hubo al menos 35 detenidos, entre ellos mujeres, niños y ancianos que fueron torturados, según denunciaron sus familias.

El acecho a la agricultura campesina no se detiene. En junio se viralizaba en redes un helicóptero de la policía disparando a labriegos y otros enfrentamientos con la policía. Pero, ¿cómo comenzó todo esto?

El origen de la desigualdad

Los campesinos ocupaban tierras “mal-habidas”, el término usado en Paraguay para los ocho millones de hectáreas de territorio público, el tamaño de Panamá, que debían ser para la reforma agraria y terminaron en manos de las familias, empresas y socios de los responsables de la dictadura más larga de América Latina. La de Paraguay.

Entre 1954 y 1989, el general Alfredo Stroessner, además de exiliar, torturar y asesinar a miles, repartió tierras a sus allegados y aliados; en democracia, estas familias han ampliado sus propiedades, empresas y concesiones con el Estado de forma exponencial. Aumentando la concentración de tierras que venía desde la Guerra Guasu. A costa de los que las tenían antes, los agricultores, que han tenido que emigrar, y a costa de seis millones de hectáreas de bosques destruidos en medio siglo.

Muchos de los propietarios —políticos vinculados a la dictadura, empresarios y militares— tienen tantas tierras que ni las visitan ni las utilizan
Muchos de estos propietarios —políticos vinculados a la dictadura, empresarios y militares— tienen tantas tierras que ni las visitan ni las utilizan, las abandonan durante décadas; es entonces cuando los campesinos vecinos se organizan y las ocupan para trabajarlas.

La ley paraguaya permite reclamar un terreno agrícola abandonado si este se cuida y aprovecha, y así, las asociaciones campesinas han salvados miles de hectáreas que iban a ser deforestadas o seguir abandonadas. Pero el Gobierno, el Poder Judicial y la mayoría de los legisladores, así como los principales medios de comunicación paraguayos, criminalizan las ocupaciones y a los movimientos campesinos, pese a que son pacíficos. Y se producen más y más enfrentamientos violentos.

Una de las familias beneficiadas con tierras “mal-habidas” es, precisamente, la del actual presidente del país, Mario Abdo Benítez, hijo del exsecretario privado del dictador. Su padre recibió al menos 2.906 hectáreas de tierras, que a precio de hoy costarían más de un millón de dólares si solo fueran rurales, según el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia realizado al término del régimen.

Otro es el presidente anterior, Horacio Cartes (2013-2018), hoy dueño de un emporio de más de 20 empresas: desde tabacalera, banca, publicidad, farmacias, fútbol, medios de comunicación y, por supuesto, un sinfín de hectáreas dedicadas al agronegocio. Su tío, Rubén Viveros Cartes, recibió 6.457 hectáreas de la dictadura que estaban destinadas a la reforma agraria estatal, según la Comisión de Verdad y Justicia, hoy en día valoradas en al menos en 2,5 millones de dólares.

Cartes ha sido investigado nacional e internacionalmente por delitos de evasión de divisas, lavado de dinero procedente del narcotráfico, contrabando de tabaco y apropiación irregular de tierras del Estado. Apareció hasta en los papeles diplomáticos filtrados de Wikileaks por su empresa Banco Amambay, hoy reconvertida en Banco Basa, y en la filtración de cuentas bancarias de HSBC. Hoy es considerado el segundo terrateniente del país, según el informe anual Los dueños de la tierra en Paraguay, de los economistas Arantxa Guereña y Luis Rojas Villagra.

Los herederos impunes

En la lista de la Comisión de Verdad y Justicia figuran también el exministro de Exteriores, Eladio Loizaga (16.000 hectáreas), acusado de apoyar económicamente el Plan Condor, el exministro de Obras Públicas, José Alberto Planás, que recibió al menos 4.000, y hasta el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, con 8.000, quien fuera asesinado de un bazucazo precisamente en Asunción, la capital paraguaya.

También aparece Blas N. Riquelme (4.000 hectáreas), exsenador ya fallecido del oficialista Partido Colorado, que disputaba a miles de campesinos las tierras de Marina Kue, un terreno público que debía ser destinado a la reforma agraria pero que él ocupó con su empresa agroganadera Campos Morombí y que se convirtió en la tumba de 17 vidas y del primer gobierno progresista de Paraguay (2008-2012).

En Marina Kue (Tierras de la Marina en guaraní) se produjo en 2012 la conocida en Paraguay como “masacre de Curuguaty”, donde 11 campesinos y seis policías fueron asesinados en un desalojo irregular, como muchos de los que siguen ocurriendo hoy día. El suceso fue utilizado una semana más tarde por el Partido Colorado como excusa para iniciar un juicio político al gobierno del expresidente y exobispo Fernando Lugo y terminar con su mandato en solo 24 horas.

Hoy, los descendientes de Riquelme hacen lobby para mantener las tierras bajo su propiedad, mientras las familias de los campesinos asesinados ruegan que formen parte de la reforma agraria, como estaba previsto.

La impunidad es total: nunca nadie ha sido procesado en Paraguay por las tierras “mal habidas”, ni han tenido que devolver ni una sola de esas hectáreas. Sus herederos disfrutan de estancias, empresas y viviendas de lujo en su país y en el extranjero. Se presentan como artistas, emprendedores o funcionarios públicos. Viajan de vacaciones a Brasil, París, Dubái y Miami, y lo muestran en sus redes sociales, sin rubor, mientras el 60% del país gana menos del salario mínimo vigente de unos 340 dólares.

La impunidad es total: nunca nadie ha sido procesado en Paraguay por las tierras “mal habidas”, ni han tenido que devolver ni una sola de esas hectáreas
Hay una pequeña esperanza de justicia gracias a un anteproyecto de ley presentado el 10 de diciembre de 2020, coincidiendo con el aniversario de la declaración universal de los Derechos Humanos, que pretende crear una Comisión para el estudio de mecanismos de recuperación de las tierras “mal habidas”, identificadas en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008.

La iniciativa, impulsada por la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, vuelve a colocar en la escena política un tema recurrente, pero todas las veces eludido por las autoridades. Una medida imprescindible, según sus impulsores, para “cerrar las deudas de la democracia con la población mayoritaria del país y brindar la posibilidad de un avance distinto en la agricultura familiar campesina, la soberanía alimentaria y la autonomía de la producción diversificada”.

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