Pese al Estado Plurinacional, en el Chaco del Oriente boliviano el pueblo guaraní sigue viviendo en condiciones muy precarias y como fuerza de trabajo semi-esclava. Esta situación no es nueva ni desconocida por las autoridades, lleva sucediendose por más de un siglo, el pueblo que sufre esta situación es el Guaraní, que resistió la colonización española por más de cuatro siglos, hasta que el Estado facilitó su derrota y usó como mano de obra barata si es que no esclava.

Matthias Zizka

En Bolivia este pueblo vive un estado de ‘ciudadanos de segunda clase’ o inclusive peor desde la batalla de Kuruyuki en 1892. Los guaraníes han vivido en condiciones de esclavitud o servidumbre a diferentes hacendados en la región del Chaco. En algunos casos han recibido ayuda monetaria o legal del gobierno, para afianzarse con el territorio que ha servido de vivienda a los pobladores guaraníes por generaciones. La ayuda monetaria vino bajo la excusa de que el Estado es ‘incapaz’ de proveer educación a las poblaciones remotas que viven en el Chaco, dejando esta tarea a los hacendados, dándoles remuneraciones monetarias por llevar a cabo esta tarea. La educación que se le ha dado a la población guaraní en las haciendas, ha sido una totalmente paternal con la consigna y objetivo de hacer dóciles y serviles a los pobladores, para que estxs no intenten una vez más levantarse contra sus opresores quienes explotan a la población guaraní. ¡Expropiación obrero-campesina de las tierras sin indemnización del estado al patrón!

Las personas afectadas se encuentran viviendo en chozas que ni siquiera cumplen con los requerimientos básicos, con jornadas laborales desde las 6 de la mañana hasta que se ponga el sol y en una parte de los casos, al terminar estas horas de trabajo para el patrón, han de ir a trabajar a su propio sembradío para poder comer, el cual tiene que estar dentro de la hacienda. El explotador además determina la jornada de más de 12 horas diarias con un pago de entre 2 a 15 bolivianos según los hallazgos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que de todas formas no tendrán donde usar dado que no pueden dejar la hacienda sin permiso del explotador. Por esto, generalmente la paga no se dará en dinero, sino más bien en especia, dándosele un poco de comida, usualmente no la suficiente para una subsistencia saludable; además, todos estos bienes contarán como deuda para con el patrón, imposibilitando así el salir de una deuda que se hace eterna. Inclusive lxs niñxs que están en edad de ir a la escuela, trabajan para ellos en las mismas condiciones de vulnerabilidad y extorsión; además, cada trabajador tiene cuotas mínimas de producción en la hacienda que de ser incumplidas serán castigadxs con reprimendas físicas, como lo son latigazos o azotes con cinturón. Derechos básicos como el acceso al agua son sujetos al humor de los patrones, y hay testimonios de trabajadores teniendo su único acceso al agua, en el mismo lugar donde el ganado del patrón hará de sus necesidades.

Esta situación se nos dio a conocer en las últimas décadas por la CIDH, la cual, mediante investigaciones que tomaron lugar el 2009 en el Chaco Boliviano, no solo confirmó los hechos, si no que también encontró su labor obstaculizada por los mismos hacendados. Estos no solo cerraron con candado las rejas encontradas en los caminos que van por el Chaco, sino que llegaron a emboscar con armas de fuego a grupos de guaraníes que querían ir a testificar. Durante estos procesos la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) acompañó a los hacendados a acosar a las autoridades [2], esto nos demuestra que la infraestructura y el aparato político en esta región, están altamente controlados por los mismos patrones que esclavizan a la población guaraní.

Los caminos de la región han sido hechos por los patrones desencadenando que las poblaciones que viven dentro de las haciendas vean su uso imposibilitado de no tener el permiso del patrón. Ellos hacen también uso de estos caminos como propiedad, cerrando su uso a otras personas, dificultando el tránsito a lxs miembrxs de la comisión investigadora, que también tenían que recibir el permiso de los hacendados para hacer uso de los caminos. Aún así esta comisión consiguió testimonios y evidencia de personas viviendo en situación de esclavitud, semiesclativud y servidumbre y que la mayor parte de estas personas viven en condiciones paupérrimas que atentan contra sus derechos humanos. ¡Basta opresión contra el pueblo Guaraní y todas las naciones indígenas!

La naturaleza del estado como instrumento de dominación de una clase sobre otra también ha tenido la consecuencia de ver a los mismos patrones haciendo de autoridades gubernamentales y cívicas, ya sea como alcaldes, gobernadores o en los comités cívicos, evidenciando la imposibilidad de las personas en condición de esclavitud para acceder al sistema de justicia, que de por si no cuenta con personas bilingües para poder interpretarlos en los comicios y hacer denuncias sobre su situación. A esto, se suman amenazas y actos de violación sexual y linchamientos, como por ejemplo a un abogado guaraní quien fue azotado y golpeado con palos hasta perder la conciencia tras lo cual se lo ato de pies y manos para ser atado a un poste, suceso que se dio a conocer gracias al informe de la CIDH en 2009 y linchamiento al cual la propia alcaldesa de Cuevo estuvo presente [3] o el caso de violación a una periodista guaraní quien quería dar a conocer la situación de su pueblo, que demuestra que además de la doble explotación sufrida por las mujeres guaraníes en el Chaco, quienes tienen que ejercer el doble de trabajo al tener que cuidar de su propio hogar y de la labor reproductiva no remunerada, son explotadas con largas jornadas laborales en las haciendas y son víctimas de diversas formas de violencia sexual patronal que violan sus derechos como seres humanos. ¡La opresión es sistemática, por la unidad de nuestras luchas contra el sistema capitalista!

El informe de la comisión en el 2009 no fue la última evidencia, en 2023 se supo de 14 familias que vivían en el predio agropecuario “La Tunita”, ubicado en la provincia de Cordillera en Santa Cruz(3). A pesar de ser un suceso horrible, no es una sorpresa para lxs trabajadorxs y campesinxs vivir en estás situaciones, ya que el Estado burgués siempre ha sido un aparato de dominación; no es la ausencia del Estado la que desencadena esta opresión, sino más bien el Estado está hecho para oprimir a aquellos que generan la riqueza, la clase obrera. Que esto se siga dando en pleno siglo XXI no es algo fuera de la norma, pues esta clase opresora y explotadora disfruta de la plusvalía histórica de la esclavitud como del trabajo asalariado que también conlleva explotación.

Desde la LOR-CI, denunciamos las condiciones en las que estas personas se encuentran y denunciamos tanto a los hacendados que cometen estos actos como al Estado que mantiene estas condiciones para beneficio de los oligarcas terratenientes ricos. La solución a la esclavitud o al robo del trabajo de lxs obrerxs no vendrá de la mano del Estado, ni mucho menos de la buena bondad de la burguesía, está en la movilización independiente y en la autoorganización democrática, desde abajo, de lxs trabajadores en alianza con el campesinado y los pueblos originarios. ¡Basta de explotación a lxs obrerxs y campesinxs! ¡Expropiación inmediata de las tierras de los terratenientes y puesta bajo control de lxs trabajadorxs del campo!

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