Cuatro comunidades wichí junto con actores territoriales, el INTA, Universidades y organizaciones nacionales e internacionales, analizaron las prácticas productivas y modos de vida para identificar las causas profundas que derivaron en la emergencia socioalimentaria. En el marco del proyecto “Por una Alimentación de Vida”, se inició un proceso de Investigación Acción Participativa cuyo primer producto es el calendario cultural.

La vida de la comunidad y su alimentación está íntimamente ligada al territorio. De hecho, los conocimientos que dejaron sus ancestros sobre estas prácticas son su mayor legado junto con el idioma que define la cultura de los pueblos originarios. Wichí Lahäk –que significa comidas del pueblo wichí– es una construcción colectiva que busca revalorizar los saberes ancestrales y modos de vida para fortalecer las comunidades del norte de Salta.

“En chelchup –verano– llega el tiempo de la siembra, antiguamente sembrábamos maíz, sandia, anco, zapallo; es el tiempo de la algarroba, una fruta silvestre que da abundancia de comida. También se caza en el monte”, explicó Robin Díaz, miembro de la comunidad wichí de La Puntana, en Santa Victoria Este –Salta–, y desde 2017 es parte del equipo técnico del INTA como representante de pueblos originarios.

“Antes de fwiyetil –invierno– llega el tiempo de la pesca, nosotros tenemos el Pilcomayo, donde llega el sábalo que nosotros pescamos por dos o tres meses. Vendemos los peces en la frontera con Bolivia, miles de pescados. Ese es el sustento, entre otras cosas, de la gente wichí. Cuando llega la época se vende, son temporadas que cuando pasan ya no hay más ventas”, agregó Díaz, quien fue parte importante en la construcción colectiva del calendario que busca revalorizar los saberes ancestrales y modos de vida para fortalecer las comunidades del norte de Salta. En su comunidad viven 600 familias wichí, lo que representan alrededor de 1500 personas.

Las comunidades indígenas se alimentan de los productos que cosechan, cazan, recolectan y pescan. Sin embargo, en esta época del año hay poco consumo porque “la comida blanca” de los negocios de cercanía es una opción más accesible para las comunidades. Debido a que para poder pescar o recolectar –por ejemplo– algarroba, muchas veces tienen que caminar 20 kilómetros con las bolsas de arpillera al hombro.

“El calendario tiene contenidos propios de la zona, implica el saber de las prácticas y conocimientos de los recursos disponibles junto con la ritualidad y la cultura que le da sustento a todo eso. La idea es difundir y rescatar los saberes para fortalecer a las comunidades a través de un proceso de diálogo”, detalló Álvaro Penza –jefe de la Agencia de Extensión Rural de Santa Victoria Este, Salta– y agregó: “Los tiempos del calendario están marcados por la naturaleza: las flores, el viento, la sequía, las estrellas y las lluvias. Estos eventos se presentan año tras año, en una sucesión cíclica”.

“Wichí Lahäk” surge como parte de un proceso de investigación-acción-participativa para indagar en las diferentes prácticas productivas y estrategias comunitarias conectadas con la producción y el consumo de alimentos de diferentes comunidades caracterizadas como las más vulnerables en la zona de emergencia socioalimentaria de la provincia de Salta. “El proyecto surge en el marco del proyecto ‘Por una Alimentación de Vida’, a partir del aumento de casos de mortalidad infantil por desnutrición”, señaló Penza.

El primer producto de esta investigación es una producción colectiva entre distintas instituciones, organizaciones y comunidades indígenas que surgen de un diálogo intercultural: el calendario de alimentación tradicional wichí. “En el calendario wichí tenemos las mismas cuatro estaciones del calendario blanco: chelchup, fwiyetil, inawop y yachup”, describió Díaz.

Para la creación del calendario se incluyeron a los tres tipos de economías y modos de vida de la zona: comunidades cazadoras-recolectoras (que incluyen a los pueblos wichí, chorote, qom, chulupi), comunidades agricultoras (guaraní y tapiete) y comunidades pastoras (campesino - criollas).

Se trata de un proyecto que promueve estrategias de producción y consumo de alimentos tradicionales de la región, difunde prácticas ancestrales que no dañan el ambiente y generan procesos de autonomía y reivindicación cultural para las comunidades indígenas. La clave es revalorizar los productos para volver a conseguir parte de la diversidad en la alimentación que se perdió, lo que implica mejorar la calidad nutricional de la dieta actual

“Elegimos algunas comunidades de la zona en emergencia e hicimos un muestreo para tratar de dar cuenta de toda la diversidad de situaciones que existe dentro de nuestro territorio. Empezamos por trabajar en talleres participativos, tratando de identificar los problemas, averiguar cuál fue el proceso de transición alimentaria”, describió Penza.

En particular, aquellas donde son más recurrentes problemas graves de desnutrición (cazadores-recolectores) se diferenciaron cuatro tipos distintos, según sus características demográficas y de formas de usos de los recursos naturales: una comunidad pequeña de la costa, una comunidad del monte una comunidad urbana integrada a un pueblo rural mediano y un colectivo con representantes de comunidades periurbanas de la ciudad de Tartagal.

El objetivo fue identificar y comprender las causas sociales, culturales, políticas y ecológicas de los problemas nutricionales de estas comunidades para resolver problemas estructurales.

“Una de las cosas que observamos fue que habían dejado de consumir alimentos tradicionales debido a que se asociaban a la pobreza, tenían una carga simbólica negativa y por esto de querer pertenecer o ser parte de las nuevas dinámicas socioeconómicas la gente incorporó alimentos nuevos, por lo general procesados. Con los bajos ingresos que tienen solo podían acceder a esos alimentos de peor calidad nutricional”, señaló Penza.

El equipo de investigación destacó que era muy importante generar procesos de revalorización cultural, proponer acciones para trabajar la autoestima individual tanto como colectiva, así iniciaron un proceso de rescate de prácticas y conocimientos sobre alimentos tradicionales.

Penza comentó que “las mismas comunidades pidieron que la investigación se convierta en un documento para que las generaciones futuras no pierdan este conocimiento. Pensamos que el calendario podía ser un producto que sirviera de contenido curricular para las escuelas”.

Los talleres se hicieron en el idioma de la comunidad, para ello, el equipo incorporó técnicos en indígenas con el objetivo de una intervención intercultural. También se realizaron salidas al campo para compartir las experiencias que se describen en el calendario.

“Invertimos un poco los roles, pasamos de ser los que brindábamos información a ponernos como receptores de las comunidades y aprender. Se dio un espacio en donde ellos nos contaban a nosotros cómo se produce alimento, cuáles son las técnicas de producción y conservación de caza, pesca, recolección y agricultura”, comentó Penza.

Se espera que el calendario pueda crear puentes intergeneracionales al difundirlo en las escuelas de la zona, incorporar los productos y prácticas tradicionales que tienen calidad nutricional, mejorar la alimentación y procesos de desarrollo local para fortalecer el proceso de identidad cultural y organizativo de las comunidades.

El equipo que lleva adelante el proyecto está conformado por la Agencia de Extensión Rural Santa Victoria Este y de Tartagal, la Red de abordaje institucional para pueblos indígenas del INTA, el IPAF NOA, la Secretaría de Agricultura Familiar Campesino Indígena y el Centro de Estudios sobre Comida y Alimentación (Universidad de Napoli “L’Orientale”)

También organizaciones e instituciones como el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, ARETEDE (Asociación Regional de Trabajadores en Desarrollo) y actores sociales territoriales como La Voz Indígena, comunidades wichií Vertientes Chica yLarguero, Inhate, Lantawos, Cooperativa Indígena Choway, Colectivo de Artesanas Indígenas Thañi y la Asociación de Pequeños Productores Real Frontera.

Proteger derechos y preservar cultura

En el mundo existen alrededor de 476 millones de Indígenas viviendo a lo largo de 90 países y representan poco más del 5% de la población mundial. A lo largo de la historia, los pueblos Indígenas heredaron y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente. Guardan, además, rasgos sociales, culturales, económicos y políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que viven.

Por esto y para dar a conocer las necesidades de estos grupos, cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en reconocimiento a la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre la población Indígena que tuvo lugar en Ginebra en 1982. Así, la comunidad internacional reconoce que son necesarias medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida.

De acuerdo con Nacira Muñoz, vicepresidenta del INTA, señaló que “el INTA tiene un trabajo articulado, histórico, que cada vez se consolida más en términos de la importancia del trabajo con comunidades originarias que tiene diversos componentes”. Y añadió: “En el siglo de la diversidad y de la interculturalidad, y gracias a la capilaridad territorial del INTA, destacamos la importancia de estar cerca y de acompañar a todos los sujetos socioproductivos, que incluyen los pueblos originarios”.

“Nuestra institución está interpelada constantemente por la sociedad y, por esto, trabajamos con mucho respeto y predisposición con todas las comunidades. De hecho, seguimos la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que plantea cómo se debe interactuar con pueblos originarios respetando los derechos que están establecidos en normativas, que son internacionales y nacionales”, destacó Muñoz quien subrayó en la importancia de poner en valor el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

En este contexto, la investigación acción participativa se llevó a cabo en el territorio en el que se enmarca la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado nacional. Esta sentencia responde al reclamo que en 1998 iniciaron las organizaciones indígenas por la entrega de un título único de las tierras que ocupan ancestralmente.

En 2018, el caso llegó a la Corte IDH que ordenó al Estado ejecutar los acuerdos, en lo que respecta a delimitar, demarcar y otorgar los títulos de propiedad, y generar las condiciones para garantizar la relocalización de las familias criollas.

Además, el Estado debe elaborar un plan que permita asegurar el acceso y garantía de los derechos a la alimentación, el agua, el ambiente sano y la identidad cultural de las comunidades indígenas. Para ello se conformó una Unidad Ejecutora Nacional que depende de la Secretaría de Derechos Humanos donde el INTA junto a otros organismos participa aportando trabajo, experiencias y recursos en el Plan de Cumplimiento de Sentencia del Caso Lhaka Honhat.

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