Especialmente
relacionada con el Tercer Ciclo de la EGB, se reeditó fuertemente
en el discurso oficial la preocupación por retener e incluir en
el sistema a la población de menores recursos económicos y
sociales, tendiente históricamente a abandonar la escolarización
una vez concluido el antiguo nivel primario. Desde el discurso político
educativo, se insistió con particular intensidad en la necesidad
de trabajar en pos de la permanencia en la escolaridad de esta
población, bajo la premisa de que ello habría de tener
pretendidos efectos en la inclusión social y en el ejercicio de
una ciudadanía plena. Se esperaba, pues, que la implementación
de la EGB 3 impactara positivamente en la retención
de aquellos estudiantes cuya situación social se hallaba signada
por la marginación e incluso la incorporación temprana y
precaria al mundo del trabajo, pudiendo ofrecerles un camino
diferente.
Este
espíritu se mantuvo en la nueva ley sancionada en 2006 (Ley de
Educación Nacional n° 26.206) y en los proyectos político-pedagógicos
a ella asociados. Si bien volvieron a producirse cambios –entre
ellos, en la estructura, reapareciendo en escena los niveles
primario y secundario-, ya en los artículos iniciales de la
mencionada ley (Título I, Cap. I, arts. 2 y 3) la
educación se define como “un bien público y un derecho
personal y social, garantizados por el Estado”, y se
constituye “en política de Estado para construir una
sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional,
profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar
los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el
desarrollo económico-social de la Nación”. Se entiende
asimismo que la educación habrá de brindar “las
oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación
integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en
cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida,
basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad,
respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común”
(Título
I, Cap. I, art.
8). Para conseguir estos objetivos, la retención en el sistema
educativo y la permanencia en la escolaridad obligatoria resultan
fundamentales.
Así
lo expresan también los lineamientos en materia de política
educativa en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En sus
declaraciones oficiales sobre el tema, la Dirección General de
Cultura y Educación (2006b) concibe la educación como “una
dimensión social donde se decide una parte sustancial de las
posibilidades de inclusión de los niños y los jóvenes de hoy en
la sociedad argentina de mañana...” y señala a la escuela
como “uno de los factores privilegiados en la construcción
de las condiciones de vida que facilitan o sustraen el derecho de
acceder al conocimiento y el derecho a la propia realización...
donde la sociedad pone a prueba la calidad de su justicia
social”, reconociendo de este modo que la escolaridad, en
especial a partir de la consecución de la retención en el
sistema y el efectivo cumplimiento de su obligatoriedad “será
un instrumento de inclusión social si además de garantizar el
acceso a toda la población logra hacer accesibles los
conocimientos y los valores que la sociedad prescribe y selecciona
en su currículum histórico, actual y futuro”.
Sin
embargo, la cotidianeidad del trabajo escolar suele enfrentar a
las metas y los objetivos que se plasman en las formulaciones de
la política educativa con una serie de situaciones que los
interpelan. Mi
experiencia profesional en instituciones educativas de distintos
niveles, desarrollando tareas de docencia, investigación,
transferencia de conocimiento científico en ciencias sociales,
asistencia técnica y divulgación, así como también los
resultados arrojados por las investigaciones de campo que he
llevado adelante (Caffarelli, 2003; Caffarelli, 2008), conducen al
planteo de ciertos interrogantes en torno del rol de la escuela
como herramienta de inclusión y de la permanencia en ella como un
aporte en este sentido. El presente volumen examina la modalidad
que toman la retención y permanencia en el sistema educativo y la
extensión de la obligatoriedad escolar, para analizar el
significado que adquiere la inclusión escolar a la luz de las
circunstancias actuales, así como también el aporte que dicha
permanencia es capaz de realizar a la propia inclusión social.
La
premisa de retener a los estudiantes, asociada a la extensión de
la escolaridad obligatoria, hizo que ingresaran al sistema una
importante cantidad de alumnos de los sectores más castigados
económicamente -históricamente excluidos de éste-, en un
momento en que los procesos de empobrecimiento agudizaban su
situación social y alcanzaban a la clase media, imprimiéndole
una particular movilidad descendente a esta última. Ello produjo
un impacto tanto cuantitativo como cualitativo en las
instituciones y en sus actores, cuyo procesamiento social es
motivo de reflexión en el texto. De las prácticas y
representaciones de docentes, directivos, miembros de los equipos,
auxiliares educativos resulta una estigmatización de los
estudiantes de sectores desfavorecidos que se expresa bajo
diferentes formas (connotación negativa, rotulación,
inferiorización, patologización, magnificación de las
diferencias respecto del otro) y que refuerza la conformación de
una imagen estereotipada de los alumnos, con repercusión en
acciones y decisiones relacionadas con su trayectoria escolar.
Dichas acciones y decisiones obstaculizan el desempeño y la
permanencia de los estudiantes en la escolaridad, afectando
negativamente los alcances y la eficacia de los objetivos de
inclusión trazados desde la política educativa.
Más
allá del deterioro que atraviesa y de la multiplicidad de
demandas que se le plantean, la centralidad que continúa teniendo
la institución educativa en nuestra vida social indica la
necesidad de estudiar qué relación establecen los actores que
participan en el sistema con los lineamientos políticos
que se les presentan como marco de acción: qué visión tienen de
estos últimos, qué prácticas instrumentan en relación con los
mismos y qué efecto ello produce sobre la realidad escolar, donde
día a día se construye (u obstruye) al sujeto político, aquel
que podrá interpretar su época, ser parte de ella, operar en
relación con ésta.
(…)
La perspectiva que he de adoptar, pues, es la perspectiva del
actor, para evaluar luego qué efecto producen las prácticas y
representaciones de docentes, directivos, miembros de los
equipos de orientación escolar y auxiliares de docencia sobre la
retención y permanencia en el sistema, que en los lineamientos
políticos se presentan como pilares teóricos de la promesa de
inclusión social y de la recreación de la ciudadanía.
(…)
La investigación se desarrolló bajo
los cánones del trabajo antropológico, esto es, el método
etnográfico. Los datos que se exponen fueron recogidos en el
trabajo de campo realizado en distintas etapas, entre 1998 y 2006,
en escuelas del interior de la provincia de Buenos Aires, República
Argentina. A esta actividad se sumaron otras tales como análisis
de documentos y estadísticas nacionales, provinciales,
municipales e institucionales. Se tuvo en cuenta además el marco
jurídico-político y normativo que representan la Transformación
Educativa de 1993 con la Ley Federal de Educación n° 24.195, la
nueva Ley Nacional de Educación n° 26.206 promulgada en 2006 y
la Ley Provincial de Educación n° 13.688 sancionada en 2007.
Cabe agregar que el escrito se ha visto enriquecido por el
conjunto de experiencias y reflexiones antecedentes a él, ya que
las
actividades de asesoramiento a docentes, directivos y equipos de
orientación escolar; facilitación; docencia e investigación en
la Universidad pública y privada promovieron mi acercamiento al y
comprensión del problema que se aborda.
Antes
de dar paso al trabajo, quiero señalar que el mismo no representa
sino el abordaje de un recorte de la realidad. No obstante, pienso
que el modo y la intensidad con los que se constituye la que
Svampa (2005) ha dado en llamar “sociedad excluyente” plantean
una sentida demanda a la comunidad académica y educativa toda,
esto es, la de explorar críticamente aquellos espacios sociales
donde se construye el sujeto-ciudadano, para renovar el compromiso
de hacerlos mejores. Creo pertinente, pues, reflexionar sobre el
impacto de las prácticas educativas en relación con la inclusión
y la construcción de la ciudadanía en sectores socialmente
vulnerables.
(…)
Imbuido de este espíritu, el examen del problema ofrece elementos
a partir de los cuales interpretar y repensar las prácticas
cotidianas y las representaciones que las sostienen, cuyos efectos
se proyectan en el campo social y son de alto impacto político.
La puja entre la inclusión y la exclusión en los sectores
desfavorecidos, la contradictoria constitución de la ciudadanía
en los tiempos que corren y el papel que le cabe a la educación
como práctica sociopolítica son, pues, materia de deliberación
en estas páginas.
Bibliografía.
ATKINSON,
P. et. al. (2001)
Handbook of ethnography. Thousands Oaks.
CAFFARELLI,
C. 2008. Impacto
de la política educativa en sectores de vulnerabilidad social.
Tesis de Doctorado. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del
Salvador. Buenos Aires, República Argentina.
Dirección
General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires
(2006a) “Cobertura del sistema educativo y pobreza. Tasas de
escolarización por categoría de ingreso 1995 a 2006”.
www.abc.gov.ar
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(2006b) “Una mejor educación para una mejor sociedad.
Definiciones de política educativa bonaerense”, www.abc.gov.ar
-----
(2007a) “Nueva Ley Provincial de educación nro. 13.688”,
www.abc.gov.ar
Ley
Federal de Educación nro. 24.195.
Ley
Nacional de Educación nro. 26.206.
SVAMPA,
M. (2005). La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo
del neoliberalismo, Buenos Aires, Taurus.
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