La mencionada comisión se reunió días pasados en la sede de la Facultad con el objetivo de evaluar y resolver un conflicto de partes suscitado con la emisión de permisos de investigaciones arqueológicas en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

La Dirección Provincial de Patrimonio Cultural es la encargada de conceder permisos de investigación a los distintos equipos y resolver en los casos en que se presenten superposiciones temáticas y de áreas de estudio. Esta situación se enmarca dentro de lo considerado en el punto 10 del Reglamento de Pautas para la Solicitud de Permisos de Realización de Investigaciones Arqueológicas y/o Paleontológicas (modificatoria Res. 0321/07). “10 – Cuando se presenten solicitudes para realizar estudios dentro de un área que ha sido previamente otorgada a otro equipo de investigación, se constatará que no haya superposición de temas y/o periodos de estudio. De haberla, y si las partes llegaran a un acuerdo, quien solicita el permiso deberá adjuntar debidamente completada y firmada el Acta de Acuerdo por Superposición que se anexa en el Reglamento. En caso contrario, se prevé hacer los acercamientos pertinentes y tomar la resolución más apropiada, de acuerdo con el presente Reglamento y en concordancia con el Art. 28 de la Ley Nacional Nº 25743/03 y su Decreto Reglamentario 1022/04”.

 En este caso, la comisión reunida en la Facultad fue convocada por la Dirección Provincial de Patrimonio para analizar y proponer resoluciones ante la presencia de superposición temática y de áreas por parte de tres equipos de investigación. Según explicó el Dr. Curtoni, decano de la Facultad, "el objetivo final de este tipo de mediaciones es, por un lado, lograr acercar a las partes intervinientes en la búsqueda de acuerdos mutuos que permitan a todos los equipos poder realizar investigaciones sin superponer intereses y por otra parte, promover la idea de definición de áreas de estudio sin exclusividad, de manera que no se generen monopolios de territorios extensos que limitan el acceso a otros investigadores y clausuran espacios para la investigación".

Asimismo, Farías Gómez sostuvo que “la exclusividad en el uso del espacio por el investigador es relativa, según mi concepto de la Ley,  porque todo lo que está bajo tierra es del Estado “. Además, manifestó que “la  idea de mi dirección es que todo el mundo trabaje. Habrá unos 600 arqueólogos en nuestro país, un país con mucha historia arqueológica  y poco investigada”.

 Cabe recordar que, de acuerdo a la Ley, las universidades nacionales participan en  las funciones de protección y difusión del conocimiento sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico, realizando acuerdos con la autoridad de aplicación; por lo cual se involucran en la evaluación y administración de concesiones, designación de veedores, diseño patrimonial y su preservación.