Dossier especial. El encierro en el encierro. Reflexiones e informes iniciales sobre cárcel, universidad y prácticas políticas en contexto de pandemia.
Analía Umpierrez, María José Rubin y María Chiponi
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En marzo cambió el mundo, nos replegamos al espacio privado, nos quedamos en casa. Una pandemia de orden mundial nos colocó en una vorágine de incertidumbres, desplazando de la escena pública a muchos movimientos sociales y populares (ambientalistas, juveniles, feministas, etc.) que venían promoviendo largas luchas en las calles latinoamericanas. Cierta quietud pareció habernos invadido en las primeras semanas y la falta de certezas intentó instalarse como una constante de lo cotidiano.
Surgieron nuevos campos semánticos que se reprodujeron en todas las pantallas, palabras que se repetían incansablemente en la tapa de los diarios: aislamiento social obligatorio, circulación del virus, protocolos, infectados. Sentidos que hoy se han cristalizado en los discursos cotidianos y que se vuelve necesario implosionar para evitar representarnos como enemigos invisibles. Un riesgo que no vemos, que hace cuerpo en cualquiera de nosotros/as/es, nos reviste de cierta peligrosidad, provocando alejamiento y expulsiones, prácticas que no hacen sino poner en evidencia lo más oscuro que podemos ser como sociedad: segregarnos y descolectivarnos. Es la misma sociedad que soporta tener tras los muros, en instituciones anquilosadas, a lo que considera el desecho humano, lo supernumerario, el sobrante que hay que ocultar. No podemos soslayar la pregunta sobre quiénes son las personas seleccionadas por el sistema penal para transitar sus maquinarias de castigo.
Paralelamente, otras prácticas se potenciaron en la trama social, combinadas con las asistencias de emergencia que el gobierno nacional dispuso para diversos sectores: ollas populares, organizaciones barriales de cuidados solidarios, colectas de instituciones, tejidos comunitarios para resistir a un problema sanitario nunca antes conocido.
Nuevas formas de pensarnos y hacer se instalaron y nos interpelaron contundentemente. ¿Todos/as/es podemos quedarnos en casa? Interrogante, este, que se combinaba con relatos que “romantizaban” el aislamiento social como oportunidad para aprovechar un tiempo de ocio. Estas posiciones no hacían más que poner en evidencia el acceso desigual, no solo a las posibilidades tecnológicas y conectividades necesarias para aspirar a esa idea del aprovechamiento de la cuarentena, sino a derechos básicos como disponer de una vivienda digna, alimentación, etc.
En las cárceles (provinciales y federales) se suspendieron las actividades educativas, culturales y deportivas, el ingreso de familiares y relaciones afectivas, la entrega de paquetes,2 las salidas transitorias, las actividades judiciales, los destinos laborales, entre otras cosas. El aislamiento social preventivo y obligatorio también tenía que efectuarse en instituciones donde el confinamiento es su escena cotidiana; ante esto ¿cómo impactaba el encierro dentro del encierro? ¿Era posible implementar estas medidas preventivas y obligatorias en contextos donde históricamente el acceso a derechos básicos como salud y alimentación no están garantizados? Ante prisiones donde la superpoblación y el hacinamiento son realidades que no logran superarse, ¿cómo gestionar y administrar políticas sanitarias para evitar el colapso del sistema de salud público?
Organismos nacionales, regionales e internacionales3 rápidamente expusieron recomendaciones de atención a los manejos sanitarios dentro de estos contextos y plantearon la necesidad de reducir la población carcelaria con medidas alternativas a la prisión. Lo hizo la OMS, luego la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas –a través de su alta comisionada, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet–. También el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura hizo esta advertencia, argumentando que la sobrepoblación impide las medidas de aislamiento. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una recomendación donde pedía a los países revisar las prisiones preventivas para reemplazarlas por otras medidas (con prioridad para las personas mayores, con discapacidades o enfermedades preexistentes y las mujeres embarazadas o con hijos/as).
Cabe señalar que esta nómina de recomendaciones fue recogida por organismos de derechos humanos, universidades y organizaciones sociales con trabajo territorial en cárceles que reconocieron, a partir de ello, la posibilidad de discutir problemáticas estructurales de las prisiones argentinas: sobrepoblación, hacinamiento, interrupción sistemática del acceso a los derechos humanos básicos, deficiencia en la atención de la salud física y mental, entre algunos de los principales ejes.
Para quienes trabajamos en contextos de privación de libertad ambulatoria y posencierro, con prácticas de intervención-extensión, investigación, docencia y gestión, se intensificaron las preocupaciones. Buscamos modos de organizarnos, de poner en común qué estaba sucediendo en cada provincia, cómo se estaban llevando adelante acciones posibles para dar continuidad a las prácticas educativas, pero también, y principalmente, cómo se estaba implementando una política sanitaria acorde a un contexto de encierro. Se han dado situaciones diversas, formas de autoorganización y solidaridad dentro de las cárceles, pero también protestas y represión, en algunos casos con gravísimas consecuencias, incluyendo la muerte de personas privadas de su libertad.
Así fue que desde la Mesa Interuniversitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro,4 integrada por programas y proyectos de Universidades Públicas con trabajo en instituciones penales de todo el país, manifestamos nuestra posición en el comunicado emitido el 23 de marzo, incluido en este dossier. Asimismo, las Universidades de la Provincia de Buenos Aires se manifestaron en otro comunicado5 dada la compleja situación de los penales bonaerenses, donde se concentra la mayor cantidad de la población penal de la Argentina.
Educación, pandemia y cárcel es el sintagma que nos re-sitúa en esta coyuntura. Nos enfrentamos a la necesidad de re-pensar nuestras prácticas políticas y educativas en estos contextos donde el encuentro presencial es el acto pedagógico constitutivo para la disputa cotidiana a una institución opresiva, disciplinaria, de control de tiempos y espacios, que imprime dolor y sufrimiento sobre los cuerpos de quienes la transitan. Las instancias educativas, los talleres culturales y artísticos, los espacios de promoción de derechos, de acompañamientos socioeducativos son territorios definidos por esa capacidad de construir lazos. Es allí donde se tejen las resistencias, se traman y configuran proyectos posibles de vida, no solo para encontrar un modo de transitar el encierro, reducir sus daños y encontrar los límites del dolor, sino para que esto tenga un impacto real, posteriormente en el medio libre, en ese “afuera” caracterizado por la inexistencia de políticas pospenitenciarias que acompañen a otros escenarios de vida para quienes egresan de la prisión.
Nos llamamos a re-pensarnos, interrogarnos, ponernos en diálogo con la intención de generar acciones –y posiciones– que fortalezcan ese tejido previo, propicio para generar condiciones de posibilidad en estos contextos signados por la imposibilidad. Somos trabajadores/as/es de los lazos (Frigerio, Korinfeld y Rodríguez, 2017), un oficio del acompañamiento que habitamos desde estas prácticas profundamente políticas. Un modo que tensiona los límites estancos de las funciones universitarias configurando una integralidad donde la investigación, la docencia y la extensión no distinguen limitaciones, sino que convergen para componer aulas porosas; para habitar umbrales y desbordes que permitan crear –e implementar– proyectos éticos, políticos y vitales.
En todo lo expuesto radica el propósito del presente dossier, hacer una primera aproximación a sistematizaciones, informes y narraciones situadas que se ponen en común por las preocupaciones compartidas y el objetivo transversal de la Mesa Interuniversitaria: ampliar el derecho a la educación de quienes se encuentran privados/as/es de su libertad ambulatoria. Esta compilación está integrada por aportes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Universidad Nacional de Rosario (UNR), Universidad Nacional del Sur (UNS) y de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).
Aquí presentamos un mapa inicial con reflexiones de coyuntura donde se relatan diversas estrategias asumidas en pos de seguir acompañando, en este contexto, a estudiantes privados/as/es de su libertad, promoviendo prácticas de cuidado de la salud, así como narrativas que tensionen los sentidos comunes instalados sobre las recomendaciones de diversos organismos en favor de descomprimir la cárcel para evitar un colapso del sistema sanitario. Incluye producción de comunicados, textos académicos, sistematización de planes específicos para contextos de emergencia sanitaria, reflexiones y resonancias de estudiantes, publicaciones en diversos medios locales en diálogo con las problemáticas de cada provincia. Se trata de un mapeo aún en ciernes, que intenta visibilizar la coyuntura actual: cárcel y pandemia en el marco de las prácticas políticas que distintos/as/es actores y actoras llevamos adelante desde programas y proyectos universitarios.
Ponerlos en escena nos permite seguir abonando a la presencia en la agenda pública, política, universitaria, ciudadana y mediática. Por otro lado, como trabajadores/as (investigadores/as, extensionistas, docentes y responsables de gestión de programas) de las universidades públicas, nos parece imprescindible generar aportes sustanciales para tensionar la producción del dispositivo mediático y sus narrativas hegemónicas que instalan la decisión sobre la vida de quienes se configuran como individuos peligrosos/as/es, propiciando prácticas y discursos basados en el odio de clase y la racialidad, donde la condición humana desaparece y la eliminación del otro/a/e se instala como posibilidad.
Por tal motivo, poner a disposición los relatos en primera persona es un ejercicio que, por un lado, pone en circulación otras producciones; pero por otro, tensiona fuertemente aquellos argumentos tutelares y reproductores de identidades esencialistas que cristalizan la desigualdad social con proclamas como “dar voz a los que no tienen voz” o “visibilizar a los postergados”. Cuando una práctica es política desde una perspectiva de derechos y de género, operan los agenciamientos colectivos de enunciación (Guattari, 2013) y los procesos de autonomía necesarios para el ejercicio de una ciudadanía plena, en el marco de un entramado solidario y comunitario donde los diálogos de saberes “sueltan la lengua”6 y nos encuentran en procesos que generan condiciones de posibilidad para la construcción de sociedades más justas, que nos reconozcan a todos, todas y todes como sujetos de derechos.
Esta cartografía de coyuntura e iniciática nos devuelve al movimiento, a un tiempo creativo de potencia instituyente, de nuevas emergencias. Con el impulso de trabajar con otros/as/es, de sabernos en una red posible, así podremos continuar, volviendo a esa trama colectiva que nos sostiene.
BIBLIOGRAFÍA
FRIGERIO, Graciela, Daniel KORINFELD y Carmen RODRÍGUEZ (coords.) 2017. Trabajar en instituciones: los oficios del lazo. Buenos Aires. Noveduc.
GUATTARI, Félix. 2013. Líneas de fuga. Buenos Aires. Cactus.
María Chiponi (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.). Lic. en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario. Docente de la Residencia Integral del Profesorado en Comunicación Educativa, del Seminario de Actualización y Profundización del Postítulo en Periodismo (FCPOLIT-UNR) Integrante del Núcleo de trabajo sobre prácticas y experiencias culturales (CEI-UNR) y del Centro de Investigaciones en Comunicación en Contextos Sociodeducativos (FCPOLIT-UNR). Actualmente, a cargo de la Dirección Socio-Educativa en Contextos de Encierro del Área de Derechos (UNR).
María José Rubin (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.). Editora y doctoranda en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Integra el Programa de Extensión en Cárceles (FFyL, UBA) y en este marco coordina el Taller Colectivo de Edición en penales federales de Buenos Aires. Dictó talleres en los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado de CABA. Forma parte del comité organizador del Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel.
Analia Umpierrez (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.). Dra. (FFyL, UBA) y Mag. en Educación (FCH, UNICEN). Profesora Titular Exclusiva de la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN). Coordina el Programa Universidad en la cárcel (Sec. Extensión UNICEN) y el Programa Educación en contextos de Encierro (FACSO- UNICEN). Dirige el PIO (2019/20) - Directora del Proyecto Interdisciplinario Orientado “Acceso a derechos y vida cotidiana en la cárcel”, SECAT-UNCPBA. Miembro fundador y comité científico del Encuentro Internacional de Tesistas e Investigadores en temáticas de cárceles y derechos educativos (EITICE).
NOTAS
[1] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
2 Los “paquetes” son los elementos de limpieza e higiene personal y alimentos que los familiares llevan a los/as detenidos/as de manera semanal o quincenal (según la dinámica de cada cárcel) dado que lo que ofrecen los distintos servicios penitenciarios no logra abastecer lo necesario para la vida cotidiana.
3 Comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.asp; recomendación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura: https://www.mpf.gob.ar/procuvin/files/2020/04/07-04-Comit%C3%A9-Nacional-Prevenci%C3%B3n-Tortura.pdf; declaración de la Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/news-room/detail/13-05-2020-unodc-who-unaids-and-ohchr-joint-statement-on-covid-19-in-prisons-and-other-closed-settings
4 La Mesa nace en 2010 a partir de una convocatoria de la Universidad Nacional de Cuyo y el área de Educación en Contextos de Encierro del Ministerio de Educación de la Nación. A partir de ese encuentro se han realizado otros cinco, de modo rotativo (UNC; UNL; UNICEN; UNR y UNER). Este espacio se constituye como ámbito de articulación, intercambio y construcción política para la incidencia en temas de políticas públicas en la agenda de derechos de las personas detenidas/ en conflicto con la ley penal.
5 Disponible en línea: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1621087938072536&id=491669094347765
6 “Soltar la lengua” fue el lema del VI Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel (octubre de 2019), organizado anualmente por el Programa de Extensión en Cárceles (Facultad de Filosofía y Letras, UBA).
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