Las comunidades indígenas que fueron expulsadas de sus tierras por una hidroeléctrica en Guatemala hace cuatro décadas comienzan a recibir infraestructuras

Guatemala 4 NOV 2018 - 21:10 ART

Para entender el significado de los 17,5 kilómetros de camino rural que unen Chitomax y Pajales, dos comunidades mayoritariamente indígenas del interior de Guatemala, hay que remontarse 40 años atrás, concretamente a 1978, cuando empezaron los estudios de una hidroeléctrica que, poco después, provocaría el desalojo de 2.329 familias.

Donde vivían 33 comunidades se construyó un pantano de más de 50 kilómetros en una época de represión de indígenas que las dejó, dejándolas sin lugar a donde ir. La única persona que se resistió fue masacrada: de hecho, ocurrieron 444 asesinatos por quedarse en la tierra que les pertenecía.

Quienes pudieron, se reubicaron donde pudieron, sin orden ni ayuda oficial. La mayoría se instaló en las cercanías de la presa, dispersos por los montes que la rodean, prácticamente incomunicados salvo por tortuosos caminos de tierra, solo aptos para ser transtados a pie, caballo o moto, para los más intrépidos. Ni un puente cruzaba el pantano que los había separado; ni siquiera les llegaba la electricidad que generaba la hidroeléctrica, a la que accedieron décadas después.

“La carretera rural de Chitomax a Pajales es el resultado de la valentía y lucha incansable de las familias de 33 comunidades sobrevivientes de las graves violaciones de los Derechos Humanos por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy”, como reza un cartel al comienzo de la misma.

Son 17,5 kilómetros que comunican a las alrededor de 10.000 personas que viven hoy en las tierras de las seis comunidades que atraviesa: Chitomax, Pichal, Pachijul, Chibaquito, Pajales-Cubulco y Pajales-Chicamán, todas en el departamento de Baja Verapaz, excepto la última, en Quiché.

La mayoría de estas personas vive de la agricultura. Buena parte cultiva solamente maíz y frijol para subsistir. Este año, con la sequía, ni siquiera habrá suficientes granos para ellos. Pero, cuando sobra, comercian con estas materias primas. Algunos también reciben ingresos mediante la creación de artesanías, que venden en las ciudades próximas. 

La nueva carretera reduce a media hora un trayecto que hasta hace meses se tardaba en completar en tres o cuatro jornadas a pie.

Conseguir la carretera no ha sido fácil. Juan de Dios García, director de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí (Adivima) recalca que el Gobierno de su país no tuvo “ningún interés” por las condiciones de vida de las comunidades afectadas. En 2004 consiguieron sentarse al más alto nivel con el Ejecutivo para trazar un plan de reparación que no estuvo listo hasta 2010. Establecía responsabilidades y obligaba al país a indemnizar con 1.200 millones de quetzales (136 millones de euros) a las víctimas: 200 millones en ayudas directas y 1.000 que irían destinados a proyectos productivos en la zona.

La carretera no solo servirá para que las comunidades indígenas recuperen derechos. Abre también una nueva vía de comunicación en el centro de Guatemala que trazará nuevas rutas comerciales

En esa misma localidad viven la mayoría de los profesores que enseñan en los colegios de las comunidades por donde pasa el camino. Ellos serán algunos de los grandes beneficiados. La mayoría completaba el trayecto en moto, lo que suponía “caídas seguras”, según José Santiago, director de la Escuela Rural Mixta de la aldea Los Pajales. “Sobre todo en invierno, cuando esa parte se pone bien lodosa”.

Una de las culpables de que las comunidades finalmente accedieran a ceder terrenos o permitir el paso del camino fue Norma Paz Jiménez, parte del equipo social del proyecto. Se ha instalado en el terreno para gestionar día a día todos los reclamos de los vecinos. “Ha habido mucho problema con los derechos de paso. Muchos se opusieron porque decían que iba demasiado cerca de sus casas. Fue un reto. Pero cuando vieron el camino, están pidiendo que hagan terraplenes junto a sus casas porque quieren montar negocios”, explica.

Porque la carretera no solo servirá para que las comunidades indígenas recuperen derechos. Abre también una nueva vía de comunicación en el centro de Guatemala que trazará nuevas rutas comerciales. Para ello, ya está en marcha un puente que cruzará el río Blanco, que separa las comunidades del departamento de Quiché. Y, en estudio, otro sobre el Río Negro, que acompañará al peatonal que hay desde hace tres años. Ha habido que esperar cuatro décadas para que se haga algo de justicia para estas comunidades mayas que vieron sus derechos pisoteados.

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