Siguen los atentados contra líderes del Movimiento Nación Wayuu

En lo corrido del año 2018, el señor José Silva, presidente del movimiento Nación Wayuu, ya ha sido víctima de tres atentados contra su vida. Asimismo, los compañeros Matilde López Apshana y Ramón Viecco, también han sufrido intentos de asesinato. La respuesta del Estado ha sido quitar la Unidad de Protección por considerar que no hay suficientes pruebas que sostengan las denuncias.

Desde hace casi dos años, el Movimiento Indígena Nación Wayuú comenzó un proceso de resistencia en la región de Katsaliamana, donde buscaban que se respetaran sus derechos a la consulta previa en la administración de los recursos estatales para la atención a la primera infancia por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta situación se presentó ya que el movimiento se hizo consciente de las millonarias sumas que eran entregadas a los operadores, contrastando con las condiciones de desnutrición que imperan en la zona y donde, a pesar de que los recursos estarían disponibles, se convive con una crisis económica, social y ambiental, que tiene una explicación multicausal:

-  La actividad minera en la región, que ha alterado sus métodos tradicionales de subsistencia y de abastecimiento de agua (las comunidades denuncian que se han secado y contaminado más de 26 fuentes de agua por la actividad minera). Esto ha originado un rompimiento del tejido social, que  ha llevado a buscar asistencialismo y ha creado una dependencia respecto del Estado y organizaciones, haciendo que la autonomía de la comunidad decrezca.

- La represa de El Cercado, que prometió llevar agua a nueve municipios de la región, tiene a la comunidad esperando desde el 2010, año en que se terminó la represa, a que la segunda parte del proyecto se lleve a cabo, sin que esto ocurra. Esta agua está siendo utilizada para riego en la región, violandose el derecho fundamental del agua a las comunidades.

- La corrupción Estatal: que permite que las regalías se esfumen y que los implicados no respondan por los recursos que desaparecen.

La Corte Constitucional en sentencia T 302 del 2017, declara el ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONALES EN LA GUAJIRA, y le exige al Estado la atención inmediata de la crisis, mediante la garantía al acceso al agua, y a la solución estructural de la dramática situación que vive esta etnia del país. Es octubre del 2018, y la situación sigue como viene siendo denunciada por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, y distintos investigadores, periodistas y activistas desde el 2014.

Todas estas situaciones afectan seriamente a las comunidades hasta el punto de generar la muerte masiva por desnutrición de menores de edad (en lo corrido de 2018 las comunidades denuncian más de 60 casos, sin contar con los niños que conviven con este flagelo sin morir).

El movimiento NACION WAYUU ha participado ampliamente de procesos jurídicos y de acompañamiento a las comunidades en la defensa de sus derechos fundamentales en estos temas y, sin embargo, la respuesta ha sido múltiples atentados, secuestros y asesinatos de líderes.

“La resistencia continúa, y se seguirán elevando las denuncias correspondientes hasta tanto no se consiga dar cumplimiento a todas y cada una de las sentencias, leyes y demás mecanismos constitucionales e institucionales para que se restituyan los derechos de la etnia Wayuu en el departamento de la Guajira.

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