Enero 2023
La abogada Luz Estella Romero Villalba huyó de su país después de que policías armados trataran de secuestrar a su hijo en Barranquilla para que dejara de abogar por los derechos de las campesinas, la mujer ha sido galardona por el Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia que otorga la Iglesia sueca, posa en centro histórico de la ciudad española de Cáceres.
Luz Estella Romero Villalba (Baranoa, Colombia, 45 años) ha vivido gran parte de su vida rodeada de violencia. Creció en el departamento de Magdalena (norte), uno de los más peligrosos del país latinoamericano, en mitad de un conflicto armado que entre 1985 y 2018 ha provocado la muerte de más de 450.000 personas, según la Comisión de la Verdad, la entidad surgida del acuerdo de paz con las FARC. Las barbaries que la guerrilla, el paramilitarismo y las propias fuerzas públicas cometieron contra la población civil, y de las que esta abogada ecofeminista asegura haber sido testigo, hicieron que la resistencia contra las violaciones de derechos humanos se convirtiera en su vocación. Con un doble objetivo: frenar los desplazamientos forzosos de civiles de sus propias tierras —la Comisión de la Verdad cifra en casi 753.000 las personas obligadas a abandonar su hogar entre 1985 y 2019—y situar a la mujer como pilar del desarrollo. En 2022 fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia que otorga en Bogotá la iglesia sueca con el apoyo de Suecia. Pero también la ha obligado a exiliarse a España junto a su hijo, que en 2019 sufrió un intento de secuestro por parte de policías colombianos en Barranquilla.
La defensa de los derechos humanos es “lo más hermoso que uno puede hacer en la vida”, asegura Romero Villalba durante una entrevista en la ciudad española de Cáceres. Ha dedicado su energía a esta tarea desde que era estudiante, cuando comenzó a ayudar a la gente de su comunidad, a “sus vecinos de siempre”. El contexto que se vivía en aquella Colombia rural de los noventa, una década en la que el país sufrió un recrudecimiento del conflicto armado —entre 1995 y 2004 se concentra el 45% de las víctimas mortales, según la Comisión de la Verdad—, era de una gran crisis humanitaria. Es entonces, concretamente en 1998, cuando la activista, todavía estudiante de Derecho, creó junto con otras universitarias el Colectivo de Mujeres al Derecho (COLEMAD). Su primer caso fue el de una señora demandada por miles de millones de pesos colombianos para despojarla de sus tierras, un proceso que aunaba el doble objetivo de Romero, propiedad y género.
La verdadera raíz del problema radica en la invisibilización de la mujer en las leyes colombianas
“Estoy hablando de una época en que no se hablaba todavía de despojo. Empezamos a analizar las leyes, los proyectos, los tratados internacionales de libre inversión, e intuimos que detrás de todo esto había poderes económicos desconocidos hasta el momento”, explica la abogada. Pero la verdadera raíz del problema, según considera, radica en la invisibilización de la mujer en las leyes colombianas. El más claro ejemplo está en la propiedad de tierras. Como explica Romero, el enfoque familiar de las leyes rurales privilegia al hombre sobre la mujer y provoca que ellas nunca obtengan la titularidad. “Soy feminista por decisión y convicción. Por eso creo que la ley tiene que tener un enfoque feminista para transformar la realidad de un mundo excluyente que no incluyó a las mujeres y a las niñas”, afirma.
COLEMAD descubrió que el Estado estaba enjuiciando a familias mediante la invención de causas, como abandono o presuntas deudas, para justificar la expropiación de sus tierras, según cuenta la abogada. Y las del departamento de Magdalena no solo eran ricas en petróleo, sino que los terrenos son tan productivos que permiten prácticamente cualquier tipo de cultivo. Sin embargo, según relata la activista, quienes acaparaban aquellas propiedades, plantaban principalmente palma aceitera, un cultivo utilizado en muchos casos para ocupar la superficie o como tapadera para la producción de base de coca. Magdalena, además de fértil, alberga la Ciénaga Grande de Santa Marta, un enclave geoestratégico por su salida al mar, ya que facilita el tráfico de esta sustancia.
Como buena conocedora de las leyes, Romero Villalba se empeñó en demostrar casos concretos en los que el Estado colombiano no estaba cumpliendo la convención internacional que había firmado del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en su sigla en inglés) de Naciones Unidas. Su artículo 14 establece que “los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios”.
La discriminación histórica que las mujeres habían sufrido hasta entonces en Colombia jugó, sin embargo, a favor del colectivo COLEMAD, según recuerda Romero, ya que cree que les facilitó adentrarse en los territorios sin levantar sospechas para probar que las mujeres estaban siendo víctimas de desplazamientos forzosos. En un primer momento, lograron detener 23 procesos de expropiación. Después, documentaron el caso de 55 comunidades que estaban a punto de perder sus tierras y lo llevaron al Congreso para demostrar que las mujeres estaban sufriendo un despojo de sus propiedades. Era legal, según la legislación colombiana, pero contrario a las convenciones internacionales. El año pasado lograron que un juez condenara al antiguo Gobierno del expresidente Iván Duque por aquel caso y que obligara al Estado a entregar 1.500 hectáreas de tierra a aquel grupo de campesinas. Pero no cualquier tierra, reclama Romero, que exige que se han de tener en cuenta “sus formas de producción, porque el Estado normalmente manda a las mujeres para una tierra sin pensar que unas son agricultoras, que otras se dedican a la pesca o a la artesanía”.
El riesgo de defender la tierra
El activismo contra los desplazamientos forzosos está plagado de riesgos. Entre 2012 y 2021, fueron asesinados 322 defensores de la tierra y del medio ambiente, según la ONG Global Witness. Y los crímenes continúan: en el primer semestre de 2022 fueron documentadas en Colombia 42 agresiones contra estos activistas, que se traducen en 11 asesinatos, 19 amenazas, cuatro desplazamientos y ocho atentados, según una investigación realizada por la Corporación Regional Yariguies Grupo de Estudios Sociales Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio (CRY-GEAM) junto con la Fundación Conflict Responses (CORE) y la organización Extinction Rebellion Colombia.
Romero también ha sido víctima de esta violencia. La primera amenaza que COLEMAD enfrentó en la Magdalena ocurrió a nivel local, como sucedía en muchas otras regiones colombianas. La abogada relata que los paramilitares y otros grupos armados establecieron vínculos con los poderes públicos de la región, como alcaldes, gobernadores, jueces y funcionarios. Y a partir de 2008, la amenaza también comenzó a llegar desde sectores militares y policiales. “Entonces llegan estos actores de las Fuerzas Armadas con la intención de intimidar a las comunidades para que dejen los procesos, y nosotras también empezamos a tener vigilancia militar. Nuestros vecinos nos avisaban de que había soldados que preguntaba por nosotras, empezamos a tener rondas policiales que nunca habíamos pedido o un coche de la policía que estaba siempre enfrente de nuestra oficina,” denuncia.
Nuestros vecinos nos avisaban de que había soldados que preguntaba por nosotras y había un coche patrulla que estaba siempre enfrente de nuestra oficina
A partir de 2018, las amenazas llegaron directamente desde actores privados. Romero denuncia que sufrió el robo de sus documentos informáticos y que fue intimidada de forma directa para sentarse a negociar. Pero lo más grave, y lo que le ha obligado a abandonar su país para exiliarse en España, fue que su familia se convirtiera en objetivo de los ataques. En diciembre de 2019, un grupo de al menos seis policías armados trataron de llevarse a su hijo en una zona pública de Barranquilla sin dar ninguna explicación.
“Como no me habían podido callar, decidieron atacar a mi hijo”, lamenta Romera. Ahora el joven es solicitante de asilo. “Lo voy a dejar en España, y a todas las personas que tengo aquí les pido que me lo protejan porque yo me voy a regresar a Colombia a seguir luchando por ganar estos casos. Porque si no puedo lograr este sueño, los sueños no me dejarán dormir,” sentencia Luz evidentemente emocionada.
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