La Defensoría del Pueblo denunció que la EPS no la remitió a una unidad de cuidados intensivos por la falta del documento de identidad necesario para la afiliación. El papel se expidió una hora después de su muerte

Bogotá

Se llamaba María Camila, había nacido hacía apenas dos meses en un resguardo indígena de Tierralta, en el departamento de Córdoba y murió porque la Entidad Promotora de Salud (EPS) que la debía atender no la quiso remitir a una unidad especializada. Su pecado, no tener registro de nacimiento, el documento de identidad. El papel se expidió una hora después de su muerte.

Su historia, ha denunciado la Defensoría del Pueblo, es la muestra de cómo en Colombia mueren niños por negligencia. “Resulta inconcebible que por obstáculos administrativos se pierda la vida de una bebé que debió recibir atención sin importar si estaba o no afiliada oficialmente al sistema de salud y que, además, por pertenecer a un grupo étnico, debió ser tratada con protección reforzada”, ha dicho el defensor del Pueblo, el cordobés Carlos Camargo.

María Camila sufría de desnutrición severa y llegó al hospital después de que sus padres sortearan dificultades para salir del resguardo, que no tiene centro médico: seis horas en lancha hasta Tierralta y luego una hora más por carretera para llegar a Montería, la capital del departamento. Fue atendida en el hospital San Jerónimo, pero necesitó ser remitida a una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica. Sin embargo, según la Defensoría, la Nueva EPS no autorizó el traslado porque la menor no estaba afiliada por no tener registro civil de nacimiento.

Nadie tuvo en cuenta la barrera a la que se enfrentan los indígenas que no tienen a la mano un registrador. Usualmente, cuando nacen niños en los resguardos, los gobernadores indígenas los anotan en un certificado como “nacidos vivos” y luego, con ese papel los padres buscan una oficina de la Registraduría. Pero estas no están cerca de sus territorios y en ocasiones no entienden la lengua de las comunidades. En Koredó, donde nació Maria Camila, hay al menos 12.000 indígenas y de ellas solo 8.400 están afiliados al sistema de salud; del resto no se sabe.

Mientras intentaban expedir el documento para afiliarla, la niña falleció. Según cuentan funcionarios de la Defensoría, los padres metieron a su bebé en una caja de cartón y regresaron al resguardo. “En un estado social de derecho no puede permitirse que, por negligencia y trámites ordinarios, sigan poniéndose en riesgo la vida de los niños y las niñas”, agregó Camargo. La Nueva EPS difundió un comunicado asegurando que ellos sí garantizaron la atención de la niña. El caso ya está en la Superintendencia de Salud, que se lo confirmó a este diario.

En ese mismo hospital se vivió otra situación similar. Allí permanecía otro menor indígena de 4 meses que tenía una infección respiratoria y esperaba ser trasladado a una clínica de mayor complejidad. Como María Camila, Lian Erick Pernia, de la comunidad embera, no tenía afiliación por falta del documento. Lian tuvo mejor suerte: lograron registrarlo y afiliarlo en tiempo récord y lo trasladaron a una UCI donde se recupera.

Barreras estructurales

A las barreras administrativas como estas se suman la desnutrición y el dificil acceso a agua potable, que son estructurales y ponen en riesgo la vida de los indígenas, reconoce la Defensoría del Pueblo. Jairo Montañez, líder wayú y defensor de derechos humanos, dice que esa es una situación que no solo afecta a la comunidad embera, sino que se extiende a otros pueblos indígenas y dificulta que los niños sean atendidos. “Hay niños que nacen en los territorios y solo tienen un certificado de nacido vivo sin muchos detalles; a veces, los padres indígenas no tienen documentos o no los cargan con ellos y, en tercer lugar, muchos tienen dificultades para acceder a las notarías donde deben sacar el registro de nacimiento de los hijos”.

La denuncia se da cuando inicia el debate sobre la reforma a la salud que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro y que se dirige hacia la eliminación o reforma de las EPS, las empresas privadas o públicas que funcionan como aseguradoras y pagan a los prestadores de servicios médicos. Creadas en la década de los 90, manejan recursos públicos. Según la ministra de Salud e impulsora de la reforma, Carolina Corcho, la mayoría no cumplen las exigencias. “No es que las queramos eliminar, es que se han estado eliminando”, dijo en octubre a este medio y agregó que de las 30 EPS que existen, 14 están en proceso de liquidación. Corcho también aseguró que el sistema actual de salud “discrimina por raza y por ingresos económicos” y que los mayores problemas están en las zonas rurales.

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