Pascuala Vázquez, Consejera comunitaria de Chilón, Chiapas, señala que las autoridades los han ignorado totalmente en materia sanitaria por lo que no cuentan con cuidados preventivos frente al COVID-19.

El Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) presentó un amparo frente a la justicia federal exigiendo atención preventiva y sanitaria en sus lenguas de origen.

Servicios de salud, medicamentos y medidas de seguridad son los grandes faltantes en más de las 600 comunidades que están en el proceso de lucha por el reconocimiento de sus derechos a la libre determinación como pueblos originarios de Chilón. Asimismo, a través de un video subido a Youtube, la Consejera del gobierno local apunta que, de no ser atendidos, morirán en silencio.

Migrantes que solían trabajar en zonas turísticas, como Playa del Carmen o zonas agrícolas como Sonora, al regresar a sus comunidades de origen pasan por las comunidades chiapanecas, mientras que la población local, que trabaja en el campo y sale a vender en los mercados de la zona es considerada como riesgo ante la pandemia.
Las comunidades lidian lo mejor que pueden con los recursos que tienen.

Los mismos grupos locales se han organizado para entregar termómetros y formar pequeñas brigadas de monitoreo entre sus paisanos, ayuda humilde entre la que se encuentran medicamentos como el paracetamol, que por supuesto es señalado por parte de las comunidades como insumo insuficiente para la gente y que a su vez, toman sus propias medidas de seguridad con sus medicinas herbolarias.

Una completa falta de acción de trabajadores de salud, tanto locales como federales, se ha visto entre dichas comunidades, situación que la población de la zona califica de apariencia cuando reportan el estado en el que se encuentran ellos, que en realidad han sido abandonados a su suerte.

Otro punto importante a señalar es que no hay campañas de prevención ni información que se encuentre en las lenguas de los pueblos originarios, a fin de que sepan cómo atenderse y evitar los contagios por coronavirus en las 600 comunidades de la etnia Tseltal.

El impacto del virus en la zona se hizo evidente con la muerte de una de las 33 personas que han adquirido el COVID-19, un migrante que estuvo trabajando en Tijuana. Baja California, quien a finales de marzo regresó a su pueblo de origen en el municipio de La Independencia y murió el pasado 6 de abril.

Ante tal situación las mismas comunidades han planteado la posibilidad de aislar a los migrantes que estén de vuelta y, en situaciones extremas, el no permitirles regresar, hecho que Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) han confirmado como una realidad a la que se están enfrentando los indígenas migrantes que quieren volver a sus casas. Este grupo no cuenta con monitoreo ni con alggún tipo de cuidado o lugar de regreso, por lo que si enferman no cuentan con los medios necesarios para salir adelante.

El Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), es decir, parte del pueblo local organizado, presentó un amparo frente a la justicia federal, del que hasta el momento se sabe que se giró una orden a las autoridades estatales y sanitarias de Chiapas para que atiendan a la población demandante. Esto se hizo con mediación de la jueza Julissa González Rojas, quien ordenó que la información fuera provista en las lenguas maternas de los pueblos, tsotsil, tseltal, chol y zoque.

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