Abril 2020
En el mundo, la población femenina produce la mitad de los alimentos, pero siete de cada 10 pasa hambre. Es hora de abordar los retos a los que se enfrentan las campesinas.
Abordar las desigualdades y reducir las brechas que afrontan las mujeres rurales requiere conocer la situación que ellas viven todos los días como productoras, reproductoras e integrantes de organizaciones.
“Esa creencia de que la mujer rural es invisible es para los que no quieren ver”
Mujer indígena: la desigualdad de género en Colombia
Políticas públicas sólidas, programas y acciones afirmativas que incorporen el enfoque de género al ámbito rural requieren también, junto a estrategias adecuadas, una gran coalición social capaz de sensibilizar sobre un aspecto crucial para el mundo moderno.
Las mujeres que viven en el campo se caracterizan por la diversidad: son indígenas, afrodescendientes, campesinas, pescadoras, artesanas, migrantes, jóvenes y adultas. En América Latina y el Caribe viven 60 millones de mujeres rurales, de las cuales 17 millones están registradas como económicamente activas y solo 4,5 millones son consideradas como productoras agrícolas. A pesar de que muchas son grandes productoras, exportadoras y líderes de organizaciones, todavía se las considera “la esposa del productor” o una “ayudante”, relegándolas a un rol subordinado.
En el mundo las mujeres producen la mitad de los alimentos, pero siete de cada 10 personas con hambre son de sexo femenino.
Las mujeres poseen menos del 15% de las tierras y menos del 2 % de las propiedades en los países en desarrollo. Además, reciben solo el 10 % de los ingresos en el mundo pese a realizar dos tercios de todo el trabajo. De 800 millones de personas analfabetas, las mujeres rurales constituyen hasta dos tercios y representan el 43 % de la mano de obra agrícola en el mundo.
Más del 60 % de las familias más pobres están encabezadas por mujeres y viven en tierras marginales, sin acceso a los avances tecnológicos.
En el caso de las jóvenes, trabajan más horas, pero menos horas remuneradas, por lo que suelen carecer de ingresos propios, lo que las hace más dependientes de sus padres, hermanos o parejas. Esto deriva en muchos casos en situaciones de abuso y control, y otras expresiones de violencia de género.
Las mujeres en las zonas rurales tienen los peores índices de empleo y de acceso a los servicios básicos, y predominan en los trabajos informales y de más baja remuneración. Si tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres, el rendimiento de sus cosechas aumentaría hasta un 30%, con una reducción del hambre de hasta un 17%.
Más del 60 % de las familias más pobres están encabezadas por mujeres y viven en tierras marginales, sin acceso a los avances tecnológicos que permiten una producción de más alto rendimiento. Su pobreza incluso les impide acceder a los insumos básicos para la producción, como fertilizantes, pesticidas y maquinaria básica para participar en las cadenas productivas y de comercialización. Estas desigualdades afectan directamente la productividad de los territorios rurales y la seguridad alimentaria del mundo.
La subrepresentación política y la exclusión digital son otros aspectos de esta realidad.
Se trata de un escenario que nos obliga a pasar a la acción y promover decididamente, con la participación de gobiernos, organismos internacionales, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, el ejercicio de ciudadanía de todas las mujeres en los territorios rurales de nuestra América.
Una acción rápida, consistente y con visión a largo plazo producirá un enorme y beneficioso impacto social.
Las mujeres que reciben ingresos son más propensas que los hombres a invertir en la alimentación y una mejor educación para sus hijos e hijas. Por eso, además de inmoral, la discriminación es ineficiente. No se puede esperar más.
Manuel Otero es director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
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