El informe que las organizaciones presentarán ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 3 de marzo detalla el desmantelamiento de la política ambiental e indigenista
FEB 2020

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Son los más vulnerables entre los vulnerables. Tres ONG brasileñas se han aliado para alertar ante Naciones Unidas sobre el grave riesgo que supone el desmantelamiento de la política medioambiental de Brasil para los indígenas aislados, los que no tienen contacto permanente con la sociedad. Advierten estas organizaciones que el aumento de la deforestación y de las invasiones de mineros y madereros ilegales ha sido mucho más acentuado en las tierras donde ha sido confirmada su presencia o donde se sospecha que viven estas minúsculas comunidades especialmente sensibles a enfermedades y a la desaparición de la flora y la fauna.

El Instituto Socioambiental, la Comisión Arns y Conectas Derechos Humanos han elaborado un informe que “detalla el proceso de desmantelamiento de las políticas ambientales e indigenistas por parte de este Gobierno” que, encabezado por Jair Bolsonaro, tomó posesión hace casi 14 meses. Ya desde la campaña electoral, el militar retirado anunció su intención de permitir la explotación económica de las tierras indígenas -el proyecto de ley está en el Congreso— y debilitar la política ambiental. El líder indígena David Kopenawa Yanomami será el encargado de presentar el estudio ante la comisión de derechos humanos de la ONU el próximo 3 de marzo en Ginebra (Suiza).

Brasil es el país con más indígenas aislados. Está confirmada la presencia de 28 comunidades y la existencia de otras 87 está en fase de estudio, según el informe de ISA, la Comisión Arns y Conectas, que menciona cifras oficiales.

Una de las medidas que mejor encarna el giro impulsado por Bolsonaro es el nombramiento de un misionero evangélico para dirigir el órgano dedicado a la protección de los indígenas aislados y recién contactados.
Las enfermedades de los blancos y los evangelizadores son dos de las grandes amenazas a estos grupos desde el desembarco de los jesuitas con la conquista portuguesa. Ricardo Lopes Dias trabajó durante muchos años con una organización estadounidense denominada Missão Novas Tribus, un culto centrado en indígenas y de agresivas tácticas. Según la ONG Survival, proclaman que pretenden llegar hasta la última tribu porque solo entonces Cristo regresará.

Esta especie de SOS que quieren lanzar a la ONU se asienta sobre los alarmantes balances del año pasado. “Más de 21.000 hectáreas fueron destruidas solamente en 2019 en tierras con indígenas aislados, lo que supone un aumento del 113%. Es un incremento muy superior a los valores medios en la Amazonia y las áreas protegidas (por ley) en general, lo que indica el aumento de ilegalidades e invasiones y la gravedad del problema”, afirma el detallado estudio.

Las ONG apuntan cuatro casos de peligro inminente: la presencia constante de misioneros en el valle del Jabari, la tierra indígena con más pueblos aislados, unida al asesinato de un antiguo empleado de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y al tiroteo de una de sus bases; en la tierra Yanomami la amenaza son los 20.000 garimpeiros (mineros ilegales) que han degradado 300.000 hectáreas y que, con su mercurio, contaminan los ríos; los 60 indígenas aislados awa, filmados recientemente, viven en una reserva donde los madereros ilegales ya han construido más de mil kilómetros de vías para extraer su botín y donde un indígena de una patrulla de vigilancia de la flora fue asesinado; y el cuarto grupo en grave peligro fue avistado por última vez cuando huía de los incendios en la isla de Bananal.

En línea con las conclusiones de una cumbre de líderes indígenas celebrada en la Amazonia brasileña este enero, el trío de ONG alerta del creciente riesgo de etnocidio (eliminación de una cultura) y de genocidio aunque ninguno de los dos términos aparece en el documento que será presentado ante la ONU.

Las ONG reclaman a la ONU que exija al Gobierno brasileño que fortalezca los órganos oficiales de protección de los indígenas (la Funai), del medio ambiente (el Ibama), de la biodiversidad (el Instituto Chico Mendes) y los encargados de la fiscalización, notablemente debilitados en los últimos meses por una serie de medidas que lograron reunir a todos los anteriores ministros de Medio Ambiente vivos para expresar juntos su preocupación. También piden una mayor inversión para localizar a indígenas aislados y que los procesos de demarcación de tierras indígenas (que les brinda una protección legal) sea retomado.

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