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El director del Comité por la Libre Expresión, Edy Tábora, afirmó que cerca del 20 por ciento de las concesiones mineras y de producción de energía e hidrocarburos en Honduras se encuentra en territorios indígenas y negros, aumentando la conflictividad en el país considerado uno de los más peligrosos para la defensa del medioambiente.

Comunidades Pech, Tolupanes, Misquitos, Chortis, Lencas, Tawahkas y garífunas han sufrido criminalización, judicialización, despojo y asesinatos de algunos de sus líderes.

Tábora indicó que el procedimiento para la instalación de los proyectos extractivistas y la resistencia de los pueblos siempre es de la misma manera, es decir, el Congreso Nacional (CN) da una licencia a una concesión sin hacer ninguna consulta a los Pueblos Indígenas o a las comunidades.

Después de eso, las municipalidades dan un permiso de operaciones también inconsulta y luego las comunidades se organizan, hacen resistencias, y las empresas privadas presentan las denuncias ante el Ministerio Público, criminalizando a los defensores, manifestó.

En Honduras hay 101 concesiones mineras en intersección con territorios habitados y reconocidos por los pueblos Indígenas y afrodescendientes. De estas, hay 47 concesiones de pequeña escala clasificadas como artesanal, banco de préstamo o pequeña minería.

Igualmente, hay 54 concesiones y reservas mineras de mayor escala dentro de tierras indígenas y afrodescendientes. De estas, 8 están en estado de explotar, 33 en explorar, incluyendo 2 zonas de reserva minera y 26 en solicitud.

Es decir, si todas las concesiones en estado de exploración, solicitud y suspenso se suman a las concesiones en explotación, se vería un aumento del 575 por ciento de minas en tierras indígenas y afrodescendientes.

En cantidad de concesiones, el pueblo indígena Lenca se ve más afectado, tiene 34 concesiones en territorios designados lencas, y otras 23 en zonas multiétnicas aledañas a tierras lencas.

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