argumentos confunde1. Cualquier proyecto que proponga la baja de la edad de punibilidad es inconstitucional, ya que viola el principio de no regresividad en materia de derechos humanos (no se puede regresar de un derecho ya adquirido).
 
2. La baja de la edad de punibilidad es ineficaz como respuesta a la inseguridad, porque en términos estadísticos el porcentaje de delitos graves cometidos por menores de 18 años es ínfimo. Esto se acentúa aún más en la franja de 14 y 16 años, quienes pasarían a ser punibles de aprobarse el proyecto de ley. Un informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires establece que sobre 175 homicidios registrados en 2015, sólo 1 caso fue cometido por un menor de 16 años, mientras que 10 casos fueron atribuidos a adolescentes entre 16 y 18 años (el 3,8% del total).
En tanto, según estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, durante el 2015 se iniciaron 26.798 causas contra menores de 18 años, de las cuales 126 corresponden a homicidios dolosos, o sea menos del 0,5 % del total. 
 
3. La baja de la edad de punibilidad empeora la relación de los jóvenes con el delito en lugar de resolverla. En los países en los que se ha llevado a cabo una política de endurecimiento penal contra los adolescentes, lo que se evidencia es una profesionalización y una mayor organización del delito. Las experiencias internacionales demuestran que la estrategia de disminuir la edad de imputabilidad no es una medida efectiva en la lucha contra la inseguridad. 

 

4. En Argentina, en la actualidad, no existen penas alternativas al encierro para los adolescentes que delinquen, lo que ha costado al país algunas sanciones internacionales ya que es firmante de Tratados Internacionales y de Derechos Humanos que proponen priorizar otros métodos de punición como medidas socioeducativas, de reparación o trabajo comunitario. Se  destaca la necesidad de contar con un sistema de justicia especializada que privilegie un abordaje socioeducativo en todas las instancias del proceso penal. Con un enfoque de reinserción social, que ofrezca a los adolescentes oportunidades educativas, de formación laboral y recreativas, en línea con los estándares internacionales.